Este artículo fue originalmente escrito y publicado por Muy Waso
Este riesgo también está presente durante el embarazo. Además, los productos de las violaciones enfrentan un riesgo 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida. En Bolivia existen antecedentes recientes.
Los embarazos infantiles forzados no salvan ninguna vida, las ponen en situaciones de mayor peligro y violencia. Son una forma de tortura.
Bajo el lema de «salvemos las dos vidas» la cúpula eclesiástica boliviana y movimientos antiderechos obligan a una niña de 11 años a seguir con un embarazo provocado por una violación.
Sin embargo, diversos estudios, informes y reportes internacionales confirman que cualquier embarazo o parto infantil es de alto riesgo. Mientras menor sea la edad de la embarazada, mayor es el peligro.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las mujeres de 15 a 19 años en todo el mundo.
Otro reporte del mismo organismo confirma que el mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a adolescentes menores de 15 años. Allí también se puede leer que la probabilidad de que una mujer de 15 años acabe muriendo por una causa materna es de una en 180 (en países en desarrollo).
La organización Plan International, por su parte, advierte que las niñas de entre 10 y 14 años tienen cinco veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto.
Una cifra similar se registra en Perú. Datos del Seguro Integral de Salud de ese país, difundidas en una cartilla del proyecto Niñas No Madres, las menores entre esas edades tienen cuatro veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta.
Los embarazos infantiles forzados no salvan ninguna vida, ponen en riesgo la vida de niñas y revictimizan a aquellas que sufrieron abusos sexuales.
Riesgos para los recién nacidos
En los casos en los que se obliga a niñas y adolescentes no solo afecta la salud de las embarazadas. También implica riesgos para los fetos y neonatos.
Según Plan Internacional, la tasa de mortalidad de los recién nacidos de madres menores de 19 años es aproximadamente un 50% superior.
Esta información es corroborada por una publicación de la ONU, especialmente cuando se trata de países de ingresos bajos y medianos.
Este documento apunta que los productos de embarazos en menores de 20 años enfrentan un riesgo 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida, respecto a los fetos y neonatos de mujeres de 20 a 29 años.
Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer. Esto implica una serie de riesgos con efectos a largo plazo.
Entre las principales complicaciones que ponen en riesgo la vida y salud de menores embarazadas y productos del embarazo especialistas apuntanpartos prematuros, hemorragias, eclampsia, preeclampsia, endometriosis puerperal e infecciones sistémicas.
20 años antes, en 1999, una jueza le negó la Interrupción Legal del Embarazo a una niña de 11 años víctima de violación. El bebé murió antes de cumplir un año, según rememoró la periodista Beiby Vaca.
Las periodistas Zulma Alanes y Yolanda Salazar publicaron en 2016 un reportaje en el que dan cuenta de la situación. En él denuncian que la mortalidad materna en menores de 19 años es muy frecuente en Bolivia. Pese a la situación, apuntan en la publicación, «los registros oficiales son aun escasos, incompletos e inexistentes en varias regiones del país».
Los embarazos de niñas y adolescentes en Bolivia marcan cifras rojas desde hace varios años. El país tiene los peores indicadores de América Latina, la única región del mundo en la que los partos en menores de 10 a 14 años está en ascenso.
“¿Quién me va a proteger de tanto injusto y cruel sufrimiento?”, se pregunta un hombre que disfruta al máximo la vida mientras cuenta los días que le faltan para cumplir su propósito. Necesita una ley que en América Latina cada vez está más cerca pese a la herencia católica.
Daniel Eduardo Ostropolsky lleva años mirando al abismo. Al principio notaba los cambios en su cuerpo de forma paulatina, semana a semana; un calambre repentino, debilidad en la mano derecha o algo de lentitud al moverse. Ahora experimenta lo que, con voz muy calmada, describe como un “desmoronamiento”.
“Todo empieza a fallar, los músculos empiezan con todo tipo de dolores y dificultades”, cuenta por teléfono desde su estudio en Mendoza, Argentina.
Ostropolsky fue diagnosticado hace cuatro años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal.
La ELA mata las células motoras, precisa Ostropolsky con sonrisa velada. Y, sin esas células, lentamente el cerebro pierde la capacidad de generar los movimientos de los músculos.
“La asfixia es una sensación que empieza a acompañar al paciente que sufre esta enfermedad. Ningún aparato, invasivo o no, y ninguna operación de la naturaleza que sea calma esta sensación de asfixia”, asevera Ostropolsky, de 72 años, entre resoplidos y fatiga.
Mientras el cuerpo se hunde, su cerebro sigue volando: él cuenta que le arranca cada instante de placer a la música, la lectura y los luminosos amaneceres de su región: “El diagnóstico hasta ahora resignifica el valor de la vida y amplifica la belleza y las ganas de vivir. Pero esas ganas, esa belleza, se van a empañar si no se sale de la vida con la misma dignidad y elegancia con la que se ha vivido”.
Ostropolsky es un hombre de leyes, un experimentado abogado que todo lo filtra a través de la jurisprudencia, ésa es su manera de enfrentarse al abismo. El pasado 30 de mayo escribió un largo alegato en su cuenta de Facebook para llamar la atención de los legisladores argentinos, y del mundo entero, sobre la imperiosa necesidad de que se apruebe una ley de eutanasia.
En sus palabras, la ausencia de esa ley es un agravio a la condición humana porque, tanto él como muchas otras personas con enfermedades graves, tarde o temprano quedarán reducidos a un estado de “dolor permanente y sin esperanza de alivio ni mejoría”.
“Se nos condena a muerte… en vida”, lamenta.
Se calcula que la ELA afecta a 5 de cada 100,000 personas en todo el mundo y, hasta ahora, no tiene cura. Es conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, un beisbolista de los Yankees de Nueva York diagnosticado en 1937.
Sepúlveda solicitó el procedimiento ateniéndose a una reciente decisión de la Corte Constitucional colombiana que este año eliminó el requisito de tener un pronóstico terminal.
“Dios no me quiere ver sufrir a mí, yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos (…) Yo sé que el dueño de la vida es Dios, sí. Pero estoy sufriendo, y creo en un Dios que no quiere verme así”, dijo Sepúlveda, de 51 años y católica practicante, en una entrevista con Noticias Caracol.
Su caso ha impulsado el debate de la eutanasia en la región, donde en diversos países (como Chile, Uruguay y Argentina) ya existen proyectos de ley que buscan despenalizar el procedimiento. En todo el mundo, la eutanasia es legal en siete países: Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, España, Países Bajos y Colombia.
El término eutanasia proviene del griego euthanasía, formado por el prefijo eu (que equivale a bueno, dulce) y el vocablo thánatos (muerte), por lo que su significado sería la muerte buena, muerte dulce, o muerte fácil. Tanto en la Grecia clásica como en Roma era una práctica común y diversos filósofos escribieron al respecto. “Es preferible quitarse la vida, a una vida sin sentido y con sufrimiento”, reflexionaba Séneca en las Epístolas a Lucilio.
En la actualidad, consiste en provocar el fallecimiento de un paciente por decisión propia mediante la administración de fármacos o sustancias letales.
La eutanasia no es sinónimo de suicidio médicamente asistido. De manera general, en el caso del suicidio médicamente asistido el médico provee al paciente con la información o la medicación necesaria para que interrumpa su vida por su propia mano.
Los pacientes terminales o con enfermedades crónicas pueden caer en una situación de encarnizamiento médico o ensañamiento terapéutico. Estos términos se aplican cuando se siguen administrando tratamientos que, según los datos médicos, son inútiles, ante la esperanza de lograr alguna mejoría.
Daniel Ostropolsky, junto a una de sus hijas, durante unas vacaciones familiares en Alemania. Andrés Ostropolsky
En contraste, los cuidados paliativos buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes cuando están enfrentando situaciones de riesgo de vida, con tratamientos para el dolor y otros problemas físicos o psicológicos.
Personas con enfermedades incurables como Ostropolsky y Sepúlveda dicen amar la vida pero advierten de que sus existencias se van sumiendo en una espiral de limitaciones que les quita dignidad y los expone a dolores atroces.
“Una ley va a poner un manto de piedad para aquellos que se encuentran en una situación calamitosa, sin esperanza alguna. No hacerlo así, es prolongar el sufrimiento que acompaña a una agonía muy injusta”, explica Ostropolsky.
Colombia se convirtió en 1997 en el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia. Según los datos de su Ministerio de Salud, desde entonces se han practicado 157 procedimientos.
Hasta este año sólo se permitía en casos de enfermedades con diagnósticos terminales y una expectativa de vida de seis meses o menos. Sin embargo, la Corte Constitucional colombiana amplió en julio ese derecho, permitiendo el procedimiento “siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable”.
Cuatro días después, Martha Sepúlveda pidió permiso para tener una muerte digna, que le fue otorgado el 6 de agosto.
“Estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento, me río más, duermo más tranquila”, contó en ese momento.
Sus familiares y el equipo legal que la asesora han calificado la cancelación de la eutanasia como “ilegítima y arbitraria”. Y ya tomaron acciones al respecto: presentaron una tutela para solicitar a un juez la protección ante la vulneración de un derecho.
“Debía ser un procedimiento sencillo, lleno de amor y de tranquilidad en compañía de su familia”, dijo Lucas Correa Montoya, uno de sus representantes legales en conversación con Noticias Telemundo.
Adriana González, abogada colombiana que en 2015 estuvo a cargo del caso de la primera eutanasia legal en Colombia, explica que es normal que las entidades de salud revisen una decisión por temor a problemas legales.
“Ahora, cancelarlo a último momento, no: eso es lo insólito de estas situaciones”, remarca en una entrevista con Noticias Telemundo.
“Someter a un paciente y decirle sí, le vamos a aplicar la eutanasia y un día antes o media hora antes le dicen que no se la van a aplicar, eso es un acto de tortura”, insiste.
La eutanasia y el suicidio asistido son ilegales en México, pero en 2008 se aprobó la Ley de Voluntad Anticipada que permite que los ciudadanos decidan, en caso de padecer una enfermedad terminal, si quieren continuar o no con los tratamientos médicos que prolongan su vida (con respiradores, alimentación artificial, operaciones y otros métodos).
Más de 10,000 personas han firmado el documento de voluntad anticipada, pero como no es una ley federal solo está permitido en Ciudad de México y 13 estados.
Una encuesta realizada en 2016 por la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad reveló que un 68% de los adultos consultados considera que una persona con una enfermedad dolorosa, y en fase terminal, debería poder decidir si quiere morir. Además, una consulta llevada a cabo por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México en 2020 mostró que el 72% de los ciudadanos considera que la eutanasia debe legalizarse.
“Pero no tenemos la eutanasia que, en mi opinión, es un medio indispensable para que cuando alguien llega al límite de lo que quiere seguir viviendo por su enfermedad pueda tener la posibilidad de pedir ayuda para morir y recibirla de un especialista sin que tenga que ser clandestino y sin poner en riesgo a nadie», explica Asunción Álvarez del Río, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México.
«Se trata de tener una buena muerte, sin nada de dolor”, dice.
Álvarez del Río, de 64 años, ya hizo su solicitud y es enfática cuando explica sus razones. “Soy consciente de que tengo la posibilidad de perder la capacidad para decidir de un momento a otro y me queda claro que hay condiciones en las que no querría vivir, incluso si ya no me doy cuenta o si estoy completamente inconsciente en un estado vegetativo. Al pensar en la posibilidad de quedar así, me parece importante evitarlo”, asevera esta doctora en bioética.
En 2012, el Senado argentino aprobó una ley que autoriza a rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida de pacientes con síntomas terminales o irreversibles. Desde 2015, una modificación del Código Civil permite que las personas puedan formular directivas anticipadas: es decir, están en capacidad de permitir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud.
La eutanasia es ilegal, aunque se está preparando un proyecto de ley que busca regular “la prestación de ayuda para morir dignamente”. Es conocido como la Ley Alfonso, en homenaje a Alfonso Oliva, un hombre de 36 años que falleció en 2019 y quien, al igual que Ostropolsky y Sepúlveda, también sufría de ELA.
Durante más de 40 años, Carlos Soriano ha trabajado en salas de cuidados intensivos donde ha visto de todo. Desde curaciones sorprendentes, al filo de las explicaciones racionales, hasta lentas recuperaciones y suicidios fallidos de gente que hace cualquier cosa para intentar acabar con sus sufrimientos.
“La ausencia de una ley de eutanasia empuja a muchos pacientes a verse acorralados, entre la espada y la pared, por lo que se compran una pistola, una caja de fenobarbital o algún veneno contra hormigas y, lo peor, es que a veces quedan vivos con un sufrimiento mucho más terrible”, advierte en tono categórico este médico y especialista en bioética.
Daniel Ostropolsky, durante una sesión de lectura, en su casa de Mendoza, Argentina.Andrés Ostropolsky
Aunque dice haber visto de todo, no puede olvidar su primer encuentro con Oliva en 2019. Para entonces, el hombre ya no hablaba: estaba postrado en una silla de ruedas y usaba un software de computadora para comunicarse con pestañeos. Era una forma de hablar exasperante por la lentitud, pero había centrado toda su lucidez para preparar una carta, junto con su abogado, en la que abogaba por la eutanasia.
“Su vida era como una pesadilla pero al revés: en las noches soñaba que corría, que volaba, que hacía el amor. Pero cuando se despertaba estaba viviendo esa pesadilla cruel con un sufrimiento existencial terrible”, explica el médico, que, luego de conocerlo, abrazó a los familiares de Oliva y se desgajó en sollozos.
Elegir cómo morir tiene que ser un derecho de vida”.
ALFONSO OLIVA, PACIENTE DE ELA
Cuando el médico le preguntó qué es lo que extrañaba más, el hombre no lo dudó y le dijo que comer. Llevaba años alimentándose con una sonda que iba directamente a su estómago. “Esta cosa tan natural que es llevarse un pan a la boca o tomar un plato de sopa, él no lo podía hacer. Son sufrimientos prácticamente intangibles que muchos no entienden. Pero precisamente las personas que no viven eso son las que deciden si estos pacientes pueden decidir cómo morir. Es una locura”, comenta.
“Elegir cómo morir tiene que ser un derecho de vida”, es una frase de Oliva que sus familiares suelen repetir en diversas entrevistas. Es como un mantra que Soriano, quien asesora al equipo del proyecto de ley, también recuerda.
Al igual que Álvarez del Río, la experta mexicana, el médico argentino también tiene lista su solicitud de voluntad anticipada. A sus 68 años no quiere imprevistos que ensombrezcan la vida de sus familiares.
“La tengo en mi casa y se la di a mi familia. Estas cosas hay que hablarlas con tiempo para evitar controversias y sufrimientos, si lo dejas por escrito ya no hay discusión posible. Pero hay personas que no pueden hacer esta solicitud, lo cual es terrible. Por eso hay que tener una ley de eutanasia”, concluye.
En Chile, los pacientes en estado terminal pueden rechazar tratamientos desde 2012 y actualmente el Congreso debate un proyecto de ley sobre eutanasia y muerte digna que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora espera en el Senado.
En una sesión de la Comisión de Salud, celebrada el 31 de agosto, los senadores escucharon a una mujer de mirada profunda y verbo vehemente que hablaba sobre la tortura vive a diario y el derecho a morir que les exige a los legisladores.
“Decidí que la eutanasia sería para mí, no tengo la valentía de suicidarme, pero los dolores que tengo no los debería tener nadie. Por eso estoy pidiendo una ley de eutanasia, no un buen morir, no quiero una sedación paliativa, quiero una muerte segura”, decía Cecilia Heyder, activista y luchadora social chilena.
Heyder, de 55 años, ha sufrido varias complicaciones de salud que la atormentan y la llevaron a estar en una silla de ruedas. Además de presentar cáncer metastásico y lupus, desde 2019 sufre de un trastorno sanguíneo que la obliga a someterse a constantes transfusiones de plasma todas las semanas.
Cecilia Heyder, activista chilena que lucha por la aprobación de la ley de eutanasia en su país. Heyder sufre de cáncer, lupus y otras enfermedades.Esteban Felix / AP
“Es una crueldad salvaje, es una tortura estar consciente de que tu cuerpo ya no responde, y por no estar en un estado de semi inconsciencia o inconsciente, no tengo derecho a una eutanasia. No es normal sangrar por la nariz y no poder mantenerme o ir a comer y vomitar sangre. Mis articulaciones se desgarran por dentro y se inflaman. Los dolores son horripilantes”, explica Heyder quien tiene tres catéteres permanentes y le suministran morfina cada seis horas.
El proyecto de ley fue presentado al Congreso en 2014 por parlamentarios de centro izquierda y establece un marco legal para que los pacientes con enfermedades terminales puedan decidir cuándo finalizarán sus vidas. El documento establece que solo podrán gozar de ese derecho las personas mayores de 18 años que “presenten una enfermedad incurable, irreversible y progresiva, sin posibilidades de respuesta a los tratamientos curativos y con un pronóstico de vida limitado”.
La eutanasia va a ser mi última batalla porque la necesito desesperadamente»
CECILIA HEYDER ACTIVISTA POR LA EUTANASIA
Heyder ha librado una batalla legal en su país para impulsar la ley porque tiene la esperanza de verla aprobada antes de fallecer. En 2006 y 2011, antes de enfermarse, la activista ya había apoyado varios proyectos de ley de eutanasia que no fueron aprobados.
“Llevo más de 30 años en las calles luchando por la verdad, la justicia y contra la impunidad. Mi padre fue ejecutado en la dictadura militar del sangriento Pinochet y he luchado toda mi vida por causas como el aborto libre y gratuito, la marihuana medicinal y recreacional y también apoyé la eutanasia, pero nunca pensé que la iba a necesitar. La eutanasia va a ser mi última batalla porque la necesito desesperadamente”, dice en una entrevista con Noticias Telemundo.
Aunque las leyes peruanas prohíben la eutanasia, en febrero de este año una corte falló a favor de una solicitud de Ana Estrada, una psicóloga de 44 años que desde hace tres décadas padece una enfermedad degenerativa y reclamaba su derecho a la eutanasia.
Estrada sufre polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita sus músculos de manera crónica, y en 2015 comenzó a afectarle los músculos respiratorios por lo que tuvo que someterse a una traqueostomía y una gastrostomía (tiene sondas en la tráquea y en el estómago para respirar y comer), y quedó bajo el cuidado constante de enfermeras.
“Mi cuerpo falla, pero mi mente y mi espíritu están felices. Quiero que el último momento de mi vida siga siendo así, en libertad, con paz, tranquilidad y con autonomía, quiero que se me recuerde así”, dijo Estrada en una entrevista, poco después de la decisión que autoriza su eutanasia.
Sin embargo, el caso de Estrada todavía no se ha resuelto. En mayo fue elevado a la Corte Suprema que podría ratificar el fallo de febrero con lo que ya sería una sentencia firme o revisar el caso.
Lo que quiero para mí, y para todas las personas, es tener la autonomía de mi cuerpo».
FLORENCIA SALGUEIRO, ACTIVISTA POR LA EUTANASIA
Mientras tanto, Estrada, como muchos otros pacientes en América Latina, sigue esperando.
En Uruguay existe la ley conocida como de voluntad anticipada o del buen morir, que regula también la libertad de un paciente para rechazar un tratamiento, incluidos los cuidados paliativos, con el fin de acelerar su desenlace final.
Pero, como sucede en otros países, también se está presentando un proyecto de ley sobre la eutanasia que busca permitir que el personal médico pueda propiciar el fallecimiento de una persona “mayor de edad psíquicamente apta y enferma con una patología terminal, irreversible e incurable”.
Para Florencia Salgueiro, activista y miembro de Empatía Uruguay, una organización que impulsa la despenalización de la eutanasia, la discusión de la ley es un tema crucial para el futuro porque tuvo que ver cómo su abuelo, su tío y su padre sucumbían a los rigores de la ELA, sin poder hacer nada al respecto.
“Lo que quiero para mí, y para todas las personas, es tener la autonomía de mi cuerpo. Es decir, que la decisión sea vivir hasta el último segundo posible, y que irme antes de tiempo sea una posibilidad que esté en mis manos porque hoy en día eso no existe”, explica Salgueiro.
Una encuesta del Sindicato Médico de Uruguay en mayo de 2020 mostró que el 82% de los ciudadanos está a favor de la eutanasia y el 62% a favor del suicidio asistido.
«Hay una gran oportunidad porque el 82% de los uruguayos no estamos de acuerdo en nada, ni siquiera en el fútbol. Es el momento», asevera Salgueiro.
Otros países de la región también han desarrollado proyectos similares de leyes o reformas que contemplen a la eutanasia, pero no han sido aprobados como es el caso de El Salvador y Venezuela.
Los países latinoamericanos, en general, tienen poblaciones que mayoritariamente profesan la fe católica, por lo que las frecuentes críticas que los prelados religiosos hacen sobre las iniciativas legales para instituir la eutanasia suelen influir en la lentitud o el descarte de los proyectos de ley, según afirman diversos expertos.
«La religión debe ser respetada como cualquier tipo de creencia, pero no puede ser el único argumento porque qué hacemos con aquellas personas católicas que quieren morir dignamente, o con los ateos o la gente de otra religión que no está de acuerdo con que la vida es de Dios y que solo Dios nos la puede quitar», asevera Soriano.
Mientras continúan los debates, pacientes como Ostropolsky pasan sus días aprovechando al máximo los placeres de los actos cotidianos como el aroma de un platillo preferido o la delicada armonía de un movimiento musical.
El abogado argentino dice que, pese a todo, no abandona el buen humor.
Hace unos días, acompañaba a su hija en el jardín. Mientras ella trasplantaba unas macetas, hablaba por teléfono y le pidió a alguien que le trajera unas bolsas de tierra. Ostropolsky la interrumpió, entre risas, y le dijo “todavía no, hija, espera que me agrave un poco más”.
Sin embargo, se muestra muy serio cuando habla de sus últimos días. “Transito mi camino pensando en que va a existir esa ley. Si eso no sucede, ¿quién me va a proteger de tanto injusto y cruel sufrimiento?”, pregunta con semblante sombrío.
Organización y resistencia de ollas comunes. FOTO: Arturo Gutarra/ La Antígona
En el Perú, la pandemia ha afectado a todas las personas en distintos grados. Sin embargo, antes de la llegada del COVID-19, ya existían grupos sociales que vivían en situaciones precarias debido a la poca acción del Estado en atenderlos y apoyarlos. Estos grupos se enfrentaron a múltiples problemáticas: la falta de trabajo, un sistema de salud colapsado o la mala alimentación. Para afrontar esta última, se tuvieron que crear redes de apoyo mutuo y se conformaron las ollas comunes. La Antígona conversó con Carmen Zúñiga, líder en dichas organizaciones locales autogestionadas que brindan auxilio alimentario para lograr que nadie se quede sin un plato digno de comida.
EL INICIO DEL PROBLEMA
Al finalizar el último trimestre del 2020, un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que la población ocupada a nivel nacional disminuyó en 13%, es decir que un equivalente a 2 millones 231 mil 300 personas se quedaron sin empleo en el país.
Estas cifras demuestran una realidad que afectó a muchas familias peruanas. El desempleo hizo que una gran cantidad de personas se encuentre en situación de vulnerabilidad y no tenga la posibilidad de satisfacer necesidades básicas. Una de ellas, y la más urgente, fue la alimentación.
Carmen Zúñiga es una activista social que hizo resistencia a esta problemática latente. Originaria del departamento de Puno, radica en el distrito limeño de Villa María del Triunfo desde hace más de 35 años. Ella pertenece a la Federación de Mujeres de VMT y a la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, que tiene más de un año de existencia gracias al trabajo constante de más personas como ella.
Fuente: Facebook Red de Ollas Comunes de Lima
Las ollas comunes son una estrategia barrial de subsistencia ante la crisis alimentaria que incrementó y afectó a muchos durante el confinamiento. Es un modo de organización popular que enfrenta la falta de alimento y desnutrición a nivel regional, es una respuesta desesperada y comunitaria para la supervivencia vecinal.
Según data oficial de la Municipalidad de Lima, actualmente se encuentran registradas unas 2116 ollas comunes en la capital que distribuyen un total de 940 millones 825 mil 636 raciones de comida diarias. La mayor presencia de las ollas comunes se encuentra en el distrito de San Juan de Lurigancho, con 571 núcleos. Villa María del Triunfo es el siguiente con 407, y le sigue Comas con 167. Sin embargo, estas cifras son incompletas, ya que no se consideran a las organizaciones que trabajan en la informalidad.
“Esta pandemia ha visibilizado todos esos problemas económicos y sociales que teníamos antes. Las ollas comunes se han formado para el tema de la alimentación. La pobreza que existía crudamente ahora ha rebrotado”, nos comentó Carmen. Al inicio de la pandemia, uno de los retos más grandes de los miembros de las ollas comunes fue su organización, cuenta Zúñiga. Al principio, se implementaron las ollas comunes con banderas blancas en cada uno de los distritos con más necesidades. Luego, con el apoyo de especialistas del Gobierno de Lima Metropolitana, ellos pudieron unirse.
El número inicial fue bajo. La red logró crear un grupo de WhatsApp con todas las ollas. En este grupo, coordinaban las zonas de San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Pachacamac, Independencia y Carabayllo; ellos fueron los cinco distritos que iniciaron la red. “Buscamos integrar a aquellas organizaciones muy lejanas, donde nunca ha subido una autoridad, donde no hay agua, donde no hay luz y con niños y ancianos que sufren de mala nutrición”, nos indicó la activista.
Para la Defensoría del Pueblo, la situación en la que se encuentran las ollas comunes en el Perú es precaria, y es por ello es necesario brindarles también provisiones de agua segura y mejoras de infraestructura y equipamiento. Sin embargo, el Estado no ha respondido correctamente en estas áreas.
INICIATIVAS ESPERANZADORAS
Ante ello, la excongresista y actual premier Mirtha Vásquez Chuquilín presentó en el mes de junio el Proyecto de Ley N° 7821, el cual buscaba declarar de necesidad pública e interés nacional la emergencia alimentaria en el Perú. Con este proyecto, la exparlamentaria expuso que el Estado debía tener un rol eficaz en la activación de ollas comunes, dotándolas de recursos y equipamiento, así como la creación de un Comando Nacional de respuesta frente a la Emergencia Alimentaria.
Mirtha declaró que la norma debe “destinar presupuesto y reconocimiento institucional a las iniciativas ciudadanas de respuesta al hambre como las ollas comunes”.
Fuente: Twitter Red de Ollas Comunes de Lima
La iniciativa legislativa fue retomada por la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán. El 12 de agosto presentó su Proyecto de Ley N°25 y el 9 de septiembre, en el Pleno del Congreso, expuso que esta iniciativa debería ser vista desde la multisectorialidad, ya que involucra la agricultura familiar, la salud, la inclusión social, la producción, la economía, el desarrollo y las familias.
“El proyecto de ley de Mirtha Vásquez fue elaborado en conjunto con las organizaciones sociales y la población. Lamentablemente, en el cambio de periodo de Gobierno, fue archivado. En esta nueva gestión, nosotras tocamos la puerta del Congreso para que puedan desarchivarlo y la única persona que nos dio atención fue la congresista Sigrid Bazán. Ella siempre recalca que ese fue el trabajo de Mirtha Vásquez en conjunto con la Red de Ollas Comunes y el pueblo”, nos dijo la representante de esta organización.
Luego de que Sigrid retomara el proyecto de ley, hubo varios impedimentos para que este pueda aceptarse, y como era de esperarse, el más grande obstáculo no estaba en sí en la elaboración del proyecto de ley, sino en la lentitud y falta de coordinación por parte del legislativo en reuniones inconsecuentes.
Fuente: Twitter Red de Ollas Comunes de Lima
Así lo dejó en claro Bazán: “Vamos dos plenos sin discutir una emergencia que ya existe en la realidad y es que la gente no tiene qué comer. ¿Por qué? Porque discutieron una hora sobre si el presidente debe viajar o no a Bolivia, también se ha discutido tres horas un plan de las prioridades en materia legislativa que en realidad se ha aprobado sin ninguna modificación; es decir, la discusión fue por las puras”, señaló a los medios de comunicación.
Carmen se muestra indignada por las precarias propuestas de otros congresistas con respecto a la Ley de Emergencia Alimentaria, donde solo se recalca la formalización de las ollas comunes mediante donaciones y el trabajo en conjunto con las ONG, lo que provocaría una distancia hacia el enfoque de la administración y coordinación de la Red de Ollas Comunes.
Zúñiga nos lo confirmó: “Nosotros, desde la red de ollas, queremos trabajar en la sostenibilidad y autogestión, y agregando que desde la organización se muestran preocupados porque Maricarmen Alva, presidenta del Congreso, no había querido aceptar la ley y solo quería tocar dos puntos de ley de emergencia alimentaria, y no se puede hacer un trabajo sin contar con la perspectiva de las organizaciones”.
La mutilación del proyecto de ley que pasó de seis a dos artículos fue una de las causas que produjo la indignación de las personas, y más de las tantas activistas de ollas comunes, porque supuestamente ya tenían el apoyo y confianza de Maricarmen Alva, quien en señal abierto manifestó un interés hacia estas organizaciones y, en general, hacia las asociaciones en favor de poblaciones vulnerables.
Fue la misma presidenta del Congreso quien, durante su presentación el 23 de octubre en el programa de televisión “Porque hoy es sábado con Andrés”, habló sobre estos asuntos y mostró materiales audiovisuales que probaban su aparente apoyo a ayudas sociales, lo cual —en ese momento— era algo esperanzador.
Fuente: Canal de YouTube de Andrés Hurtado
En el programa también reiteró directamente su supuesto apoyo a las ollas comunes de Lima para establecer y formalizar medidas que ayuden y fortalezcan estas organizaciones. No obstante, esto no se vio reflejado en la reunión legislativa para la aprobación del proyecto de ley donde, como ya se mencionó, mutilaron el proyecto de ley y dejaron de lado cuatro de los seis artículos propuestos con respecto a la emergencia alimentaria.
Estas razones incentivaron a distintos grupos de ollas comunes a manifestarse para que la aprobación del Proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria contemple los seis artículos consensuados por estas organizaciones. La manifestación se dio frente al Congreso el pasado 21 de octubre.
PROTESTAS ANTE LA INDIFERENCIA
El plantón inició frente al Parlamento, donde se unieron voceros, activistas e integrantes de las ollas comunes para exigirle al Estado el reconocimiento del proyecto de ley que declare en Emergencia Alimentaria al país. A raíz de ello, algunos grupos violentos empezaron a generar disturbios y a agredir a los manifestantes.
Lo que era una manifestación mesurada y organizada por parte de grupos que exigían justicia terminó en una gran represión cargada de violencia física y psicológica. Este hecho fue aún más sorprendente para Carmen Zúñiga, que, a pesar de estar años sumergida en proyectos sociales, participó por primera vez en un plantón.
“Nosotros estamos luchando por la ley de emergencia alimentaria (…) Hemos ido de modo pacifico para luchar por nuestros derechos, y nos dimos con la sorpresa que había otro grupo: La Resistencia. Hemos sido agredidos con palabras y frases clasistas como: ‘muertos de hambre’ o ‘váyanse a su cerro’”, lamentó Carmen.
Grupo radical La Resistencia. FOTO: Piko Tamashiro / GEC
UN PASO ADELANTE
A pesar de las fuertes represiones, estas no fueron impedimento para que oficialmente el 28 de octubre de este mismo año se aprobara la Ley de Emergencia Alimentaria con el texto sustitutorio, que no solo se reduce a algo formal, sino más bien a una reformulación del interés común de los ciudadanos y voceras de ollas comunes por un derecho fundamental: la alimentación.
Desde sus distintas redes sociales, las ollas comunes expresaron haberse sentido totalmente satisfechas por el arduo trabajo que ellas realizaron para obtener esa aprobación. Además, confían en que este proyecto de ley sea el inicio para que los distintos congresistas o funcionarios públicos atiendan al pueblo, sepan sobre sus necesidades y que esta sirva como herramienta para crear medidas importantes y sostenibles.
Este es uno de tantos obstáculos que tendrán que atravesar las organizaciones semejantes, donde no solo se interponen problemas sociales, económicos, políticos o culturales, sino que también deberán enfrentar los actos corruptos y desdenes de personas o grupos que no asimilan un cambio en la sociedad para que todos reciban sus derechos fundamentales.
Lo bueno de superar estos obstáculos es el panorama y las decisiones futuras, donde se tomaría en cuenta a la Red de Ollas Comunes, y que estas alcancen a trabajar en equipo con el pueblo y aprendan a reconocer sus necesidades, sus perspectivas y sus problemas, que van más allá de no tener dinero.
“Es hora de transformar el país, es hora de concientizar nuestros derechos, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la educación; que todos debemos tener y toda la población debe saber. Nadie puede vulnerar nuestros derechos”, señala con firmeza Carmen.
Siempre han existido estos problemas de precariedad debido al poco accionar del Estado, y estos se han acentuado. El Gobierno, en vez de apoyar a estas poblaciones más vulnerables, las ha invisibilizado, lo que ha dado como resultado distintas manifestaciones sociales en las que se pone en riesgo la salud de la población.
Esta indiferencia por parte de nuestras autoridades hizo envalentonar a varias personas que, hoy en día, son voceros de organizaciones sociales. También hizo que muchas mujeres se sumergan en arduo trabajo, que ha traído consigo resultados que ayudan a poblaciones enteras a luchar por sus derechos fundamentales y combatir el hambre de las personas.
“Todos debemos seguir luchando, porque es la lucha del pueblo”, es la reflexión final de Carmen. Estamos en una sociedad, compartimos cultura, idioma y costumbres. ¿Por qué no apoyarlos en sus exigencias al Gobierno? Al fin y al cabo, esto es un problema que impacta indirecta o directamente en todos, todes y todas.
En un contexto aún hostil para las artistas mujeres, iniciativas como la del colectivo escénico Las Crías son un oasis en medio del desierto. Tras una exitosa primera edición, el taller artístico Peruanas Creadoras tendrá lugar por segunda vez este y el próximo fin de semana y serán 12 las mujeres beneficiadas no solo por las herramientas impartidas, sino por el espacio de encuentro, escucha y creación colectiva.
La historia es de nunca acabar. Desde la ausencia de mujeres en cargos de decisión hasta las distintas denuncias por acoso y otras formas de violencia de género demuestran que el ámbito de las artes escénicas en nuestro país sigue sin ser un espacio que propicie la participación de todos de manera equitativa. En un contexto en el que la libertad creativa y la expresión están en juego, los lugares seguros son cada vez más necesarios.
IMAGEN: Instagram colectivo escénico Las Crías
Alejandra Campos, Carla Valdivia y Roxana Rodríguez lo descubrieron desde que empezaron a ejercer su carrera como actrices. “Es una profesión que requiere mucha gestión personal, entonces pensamos en que había pocas probabilidades de que nos llamen porque somos mujeres y las oportunidades se van cerrando un poco más”, cuenta Campos. Ese fue el motivo por el que, luego de conocerse en el Taller de Formación Actoral de Roberto Ángeles, las tres decidieron fundar el colectivo Las Crías en febrero del 2017.
IMAGEN: Instagram colectivo escénico Las Crías
El resto se dio naturalmente. Abordar temas de género no fue algo que como colectivo decidieron, sino que surgió en el proceso de hacer teatro desde sus propias experiencias, deseos y visiones del mundo. Al descubrir que las obras que ponían en escena eran historias de mujeres como Ofelia no estaba loca o Una breve historia sobre cómo llegamos aquí, se les ocurrió la idea de crear un espacio exclusivamente femenino en el que más allá de exhibir arte, pudieran compartir herramientas artísticas y crear en comunidad.
Fue así que nació Peruanas Creadoras, un taller y espacio de articulación que tiene como objetivo dotar de recursos artísticos principalmente a aquellas mujeres que, por sus profesiones, no se dedican al arte o no encuentran dónde hacerlo. La vulnerabilidad que implica la creación desde las propias vivencias fue lo que las motivó a decidir que este espacio sea exclusivamente femenino, pues de acuerdo a Campos, los espacios públicos son en su mayoría patriarcales.
Valdivia considera que “hay que generar redes para apoyarnos y protegernos, espacios donde poder compartir nuestra voz y difundir lo que no está bien, para que no vuelva a ocurrir”. Asimismo, con esta iniciativa esperan contribuir a la democratización de las artes. “Hasta ahora sigue siendo algo muy elitista”, advierte Campos.
A pesar de que Peruanas Creadoras era una propuesta que el colectivo quería ofrecer a diferentes instituciones de manera presencial, la pandemia llegó y trajo consigo circunstancias particulares para las artes escénicas. Afortunadamente, no todo fue negativo, ya que Las Crías resultaron ganadoras de las Líneas de Apoyo para la Cultura que el Ministerio de Cultura otorgó en el contexto de la COVID-19 a distintas organizaciones culturales.
Este aporte económico les permitió llevar a cabo la primera edición del encuentro virtual, que recibió más de 150 postulaciones. La difícil tarea de filtraje que emprendieron las llevó a priorizar a las mujeres sin educación superior y apuntar a la diversidad de edad, profesiones y lugares de procedencia. Finalmente, fueron 12 las elegidas para la iniciativa. Y si bien el taller fue impartido por ellas, coinciden que se trató de un proceso de retroalimentación del que también aprendieron.
“Uno de los mayores aprendizajes ha sido darme cuenta de lo vinculadas que estamos desde ser mujeres, y cuán importante es generar espacios donde podamos construir representación. Hay poder en abrirnos y reafirmar quiénes somos”, detalla Valdivia. Y es que al ser el arte una disciplina que trabaja con los cuerpos y sensibilidad de las personas, el esfuerzo por garantizar la seguridad debe ser aún mayor.
Siguiendo ese enfoque, el colectivo lanzó recientemente la segunda edición de Peruanas Creadoras, que esta vez tendrá lugar de manera virtual el 13, 14, 20 y 21 de noviembre. Debido a temas logísticos, la convocatoria se realizó en Lima con 12 mujeres que tendrán la oportunidad de explorar sus imaginarios y crear de manera conjunta desde tres áreas: la escritura, las artes escénicas y las artes plásticas.
IMAGEN: Instagram colectivo escénico Las Crías
Puño y letra
En una primera parte del encuentro, las participantes exploran el mundo de la escritura creativa. “Trabajamos con diferentes disparadores, puede ser una carta, una canción, una imagen, una noticia y, a partir de ello, con la historia que la participante quiera compartir”, precisa Campos. Así, los ejercicios de esta área parten de la memoria y la historia personal.
Carla Valdivia, quien guía el proceso de escritura, es dramaturga y guionista independiente. Para ella, la escritura genera una conexión única con quien la ejerce y la dota de libertad para expresar lo que desee dentro de las páginas que hay que llenar. “Para mí, es importante que las mujeres puedan tomar conciencia de que sus historias son valiosas y únicas y que siempre merecen ser contadas”, comenta la artista.
Es por ello que Peruanas Creadoras termina conformando un espacio enriquecedor donde, explica Campos, todas aprenden de las experiencias e historias de vida de sus compañeras. Aparte de los puntos de encuentro que genera la escucha, la representación de mujeres en el arte es también una brecha que este ámbito de la iniciativa aborda.
Valdivia recuerda que mientras crecía no tenía a la mano literatura hecha por mujeres, lo que la llevaba a pensar que ser escritora no era realista, por lo que considera primordial que contemos con mayor representación. Además, el costo creativo de que nuestras creaciones y vivencias no sean conocidas es alto. “Si no tenemos historias escritas por nosotras, entonces nuestra historia es contada desde otros, o ni siquiera existe. Se nos desaparece”, señala la dramaturga.
En escena
“Todo se puede convertir en teatro”, sostiene Campos. El área de Peruanas Creadoras que ella como actriz y gestora guía, es la de trabajo escénico desde el juego. Y, efectivamente, consiste en escenificar las historias escritas que se generaron considerando los talentos que las participantes tienen, que pueden ir desde silbar hasta bailar: “Así creas que no tienes habilidad, puedes partir de eso y vas a ver que todo puede ser un hecho escénico”.
Además, las herramientas escénicas son también usadas en una primera etapa con el objetivo de generar confianza intergrupal. Así, Alejandra guía los ejercicios de juego teatral iniciales que buscan romper el hielo y remitir a la infancia. “Cuando éramos niños, dejábamos el roche de lado, y si conocías a alguien en el parque, ya era tu mejor amigo. Cuando estamos a ese nivel, empezamos nuestro trabajo, porque si no confío en lo que voy a soltar o en lo que me pueda dar mi compañera, no se puede crear mucho”, precisa.
IMAGEN: Instagram colectivo escénico Las Crías
Si bien los recursos compartidos por las facilitadoras cumplen con su objetivo dentro del evento, lo cierto es que estos terminan siendo útiles para distintos aspectos de sus vidas. Por ejemplo, Campos menciona que en la actualidad las habilidades blandas son mejor valoradas en el mundo laboral. En ese sentido, cuenta que la práctica de muchos ejercicios teatrales contribuyen a desarrollar confianza, dominio escénico, dicción, proyección y volumen de la voz, entre otras habilidades.
Pero para ella, lo más valioso es la conciencia que se adquiere sobre el propio cuerpo y de lo que se puede hacer con él, así como la empatía y la comprensión del otro. “En el teatro, ves las características de un personaje, su psicología, y tratas de desentrañar sus acciones para luego plasmarlo con tu cuerpo. A mí me ha motivado a cuestionarme por qué las personas se comportan de determinada manera en la vida diaria”, reflexiona.
Creación conjunta
Las cuatro jornadas del encuentro finalizan con la creación de un quipu grupal que carga con los relatos de las creadoras, proceso guiado por la escultora y profesora de arte Alejandra Ortiz de Zevallos. Es un ejercicio en el que las participantes aprenden a trenzar a seis cabos, lo que genera un patrón visual que es distinto en cada caso. Cada creadora hace dos trenzas: una con la que se queda y otra para entregarla al grupo.
IMAGEN: Instagram colectivo escénico Las Crías
“Cuando pensamos en la pieza final, queríamos un objeto que cuente historias, que simbolice comunidad y redes, entonces pensamos en tejido, en hilos, en redes que se van tejiendo por todo el país”, explicaba Campos en el video final de la primera edición del encuentro. Para ellas, la colectividad en el arte es importante. “Sobre todo si somos mujeres, hay que cuidarnos entre nosotras”, añade.
Es así que el quipu grupal termina representando la idea central del encuentro: el aprendizaje en comunidad. “Realmente creo que necesitamos cultivar más espacios colectivos y transdisciplinares que nos permitan aprender de otra manera. Vivimos en un mundo demasiado individualizado que nos ha llevado a un egocentrismo muy nocivo y como artistas tenemos que trabajar juntos”, comenta Ortiz de Zevallos.
El colectivo escénico Las Crías ideó el taller de tal manera que se caracterice por la continuidad. Es así que ese primer quipu seguirá completándose con el que produzcan las mujeres de la segunda edición. Además, esperan poder realizar más ediciones de la iniciativa incluso en formato presencial, como fue pensado originalmente. No obstante, por ahora dependen del financiamiento de instituciones que deseen apostar por su proyecto.
“Yo aprendo contigo si es que tú aprendes conmigo”, es una célebre frase de la filósofa española Marina Garcés y es la primera que viene a la mente de Ortiz cuando piensa en la importancia de iniciativas como la que lidera junto a sus compañeras. En su opinión, hay valor en las historias, experiencias y formas de hacer que cada creadora trae a la mesa, lo que propicia el intercambio entre todas. “El aprendizaje solo sucede en el encuentro”, resalta.
Campos piensa en su yo universitario y en las herramientas que no tenía en ese entonces, y aun así sabe que desconoce la reacción que tendría si en la actualidad se enfrentara a una situación de vulneración. Ella cree que lograr que el arte sea un espacio seguro para las mujeres depende de la educación y del progresivo ingreso de nuevas generaciones a las esferas más altas de nuestra industria cultural. Sin lugar a dudas, espacios como Peruanas Creadoras hacen que la espera no sea tan solitaria.
La historia de la música criolla presenta entre sus representantes a una gran cantidad de hombres y mujeres que aportaron al desarrollo del género musical con sus composiciones y sus versos. Sin embargo, existen personajes, mujeres en particular, que no reciben el reconocimiento que deberían tener luego de haber dedicado buena parte de su vida al arte.
Rodrigo Sarmiento, historiador y biógrafo de Chabuca Granda, una de las mujeres más importantes de la historia de la música criolla, considera que la participación de las mujeres en el desarrollo de este género musical ha sido reducida y hasta omitida por completo.
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“Me sigue pareciendo importante resaltar justamente, cómo es que más allá de esta invisibilización o incluso más allá de lo difícil que puede haber sido las circunstancias para su participación, hay un grupo importante de mujeres en lo que podemos llamar “el nacimiento de la canción popular limeña moderna”, indicó Sarmiento, que además reconoció que, entre las figuras femeninas de mayor relevancia en ese aspecto, se encuentra el nombre de Rosa Mercedes Ayarza.
Rosa Mercedes Ayarza, fue una compositora, maestra de canto y difusora de la música peruana nacida en 1881 y gracias a quien se conoce lo más antiguo del repertorio musical criollo del Perú debido al rescate de melodías populares, que eran incorporadas en sus composiciones propias como los pregones, su obra más famosa.
Rosa Mercedes Ayarza. Foto: Bicentenario Perú
“Es a través de su hermano, Alejandro Ayarza, que Rosa Mercedes accede a un grupo de cantantes, de artistas y guitarristas, y comienza a transcribir. Gracias a ella se han salvado, “La morfina”, “El socavón”, “El Toro Mata”. En fin, un rico acervo a partir del cual luego se va a seguir reconstruyendo la historia musical peruana”, asegura Rodrigo Sarmiento.
Incluso llegó a ser reconocida como la mejor pianista del momento en Sudamérica por distinguidos críticos y maestros de esa época. En 1909 recibió grandes elogios por parte de especialistas de la época luego de su Concierto en La, de Schumann, para piano y orquesta.
Este año en julio, Ayarza recibió un homenaje póstumo por parte del Ministerio de Cultura y el Proyecto Bicentenario con un concierto en el Gran Teatro Nacional a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario y el Coro Nacional del Perú.
Sin embargo, así como Rosa Mercedes Ayarza, no todas las mujeres que llegaron a asumir un rol importante en la historia de la música criolla, llegaron a ser conocidas por eso. Ese es el caso de Zoila Bustamante, cuyo aporte no es reconocido a día de hoy, según Rodrigo Sarmiento.
Según el historiador, Abelardo Gamarra, reconocido como uno de los padres de la música criolla y compositor del primer vals costeño en 1884, no fue el creador de la letra de esa canción. Fue una adaptación de un poema español ya existente.
“No se habla del otro personaje del cuento, que es la prima, Zoila Bustamante. Lo único que ha trascendido por ahí es que era una mujer rubia y hermosa como si eso fuese importante en la historia”
En general, más allá del reconocimiento actual que se les da a exponentes de la música criolla como Eva Ayllón, Bartola, Lucía de la Cruz, entre otras; es necesario retroceder en el tiempo y reivindicar el aporte que otras mujeres pudieron dar para enriquecer a este género musical tan representativo de la peruanidad.
En el Perú el acceso al derecho de identidad de género depende de la suerte. De las creencias de los jueces, del proceder del RENIEC, de los imprevistos. Tal fue el caso de Dania Calderón, quien a sus 42 años se convirtió en la primera mujer trans en conseguir el cambio de sexo en su DNI sin requerir reasignación genital. Pero su historia también se resolvió por una casualidad.
Como un deseo de cumpleaños que no se puede decir en voz alta. Así vivió Dania Calderón los pequeños triunfos que evitaba celebrar durante el proceso judicial por el cambio de sexo en su DNI. El día que recibió su documento en el que decía “mujer” y “soltera”, pudo creer recién lo que estaba ocurriendo: se había convertido en la primera mujer trans peruana en conseguir un DNI que refleje su identidad sin requerir una reasignación genital.
Pero aquel engorroso proceso que finalizó el pasado 28 de septiembre empezó en Huaraz hace 4 años, luego de que consiguiera el cambio de nombre en su DNI, solicitud que había iniciado en el 2015. Las infinitas trabas que el Estado peruano coloca usualmente a las personas trans era algo para lo que Dania y su abogada Johana Sotelo ya estaban preparadas. “Tú tranquila Dania, que igual RENIEC va a apelar”, le repetía la letrada, sin mostrar un atisbo de sorpresa por el proceder común de la entidad.
Los jueces de Huaraz ordenaron que el caso se traslade a Lima, donde continuó su curso en el juzgado de La Molina. Luego de una larga espera, se llevaron a cabo las dos audiencias en las que ambas partes debían presentar pruebas que sustenten su demanda. En el caso de Dania, los medios probatorios consistieron en examen psicológico, psiquiátrico, endocrinológico, el testimonio de la doctora que ha acompañado su tratamiento hormonal desde hace años y del cirujano que le realizó algunas intervenciones quirúrgicas.
Por otro lado, los procuradores de RENIEC mencionaban en un intento de defensa que el cambio de sexo en el DNI no podía realizarse pues Dania podía estafar a terceros, mentir a su pareja para casarse, que el sexo es biológico y no se puede cambiar e incluso que la jubilación de las mujeres cisgénero es a una edad menor. Pese a todo aquello, en mayo del 2020 el juez falló a favor de Dania.
Frontis de la RENIEC. FOTO: Andina/ Héctor Vinces
Lo que siguió fue inesperado. Dania y su abogada se preparaban para que RENIEC apele el fallo y el juicio ascienda a la Corte Suprema, donde la seguirían luchando. Mientras tanto, ella se comunicaba constantemente con el juez para lograr que se notifique el resultado lo más pronto posible al RENIEC, pues luego de eso serían cinco los días hábiles en los que la entidad podía apelar.
Finalmente, el 21 de diciembre se realizó la notificación, y le siguieron jornadas de ansiedad entre los feriados y días festivos. El 2 de enero, último día del plazo, Dania y su abogada estaban pegadas a las pantallas de sus equipos electrónicos esperando que RENIEC ingrese algún escrito al sistema. 23:30, 23:45, 23:40 y nada. El reloj marcó la medianoche y el plazo había vencido. Una alegría mezclada de extrañeza las invadió. “Estábamos contentas pero nos preguntábamos: ¿por qué no apelaron? Qué raro”, comenta.
Ante aquel nuevo escenario, distinto al de otros casos que la abogada Sotelo había llevado, presentó un escrito solicitando que se concediera la demanda a su patrocinada. El pedido procedió y Dania fue a recoger la sentencia con el oficio donde el juez ordenaba a RENIEC el cambio de partida y de DNI. “Ese mismo día lo escaneé todo al derecho al revés y lo presenté por mesa de partes virtual”, relata Dania evidenciando la premura con la que uno actúa cuando sabe que está cerca de cumplir su sueño.
Y ahí fue que ambas descubrieron lo que había ocurrido. Los días siguientes estuvieron llenos de escritos de parte de RENIEC, pues se les había pasado apelar. Uno de sus pedidos era la nulidad del caso pues, alegaban, no habían sido notificados correctamente. Dania sintió cómo su esperanza se desmoronaba cuando el juez le comunicó que estudiaría el caso. “Pensé que el juez efectivamente se había equivocado y que se anularía todo”, cuenta.
Repite un par de veces que fue la resolución número 15 en la que se declara infundada la petición de RENIEC. El número se quedó grabado en su mente. No obstante, RENIEC no daba su brazo a torcer. “Dios, ¿hasta cuándo?”, pensaba Dania. Mientras tanto, ella obedecía al pie de la letra las indicaciones del juez para tramitar el cambio de sexo en su partida de nacimiento, luego de que la autoridad exhortara a RENIEC realizarla.
El juez aceptó el último de los escritos de RENIEC, pero les informó que el juicio ya había terminado y que de todas formas tenían que entregarle el DNI a la ciudadana. La siguiente estrategia de la entidad fue el cambio de procurador. Cuando él asume su cargo y se apersona ante el juez, solicita que se notifique nuevamente todo a su casilla y correo institucional. Si el juez aceptaba, tendrían una nueva chance para apelar. No obstante, no accedió.
RENIEC ya no tenía más que hacer, la batalla había acabado. Habían pasado cerca de 20 días hábiles cuando Dania recibe la llamada de su abogada informándole que el primer paso ya estaba listo: su partida de nacimiento tenía como sexo el femenino. La imprimió y fue a la oficina de Santa Anita para tramitar su DNI. La expresión de incredulidad y las mil llamadas que realizaban los trabajadores del centro demostraban que esto es, sin lugar a dudas, un hito. “Qué extraño, hemos cambiado nombres y apellidos pero sexo nunca”, le decían.
Luego de 10 días hábiles y de estar constantemente revisando la web de RENIEC para verificar el porcentaje del proceso en el que iba su documento de identidad, por fin llegó al 100%. “Aún así no creía porque podía esperar cualquier cosa de RENIEC”, pensaba. Fue a recogerlo acompañada de sus compañeras del colectivo Féminas y todo se volvió real. “Entenderás que estoy un poco emocional porque es difícil pasar por lo que he pasado”, me dice. Más de diez mil soles y una montaña rusa emocional después, lo había logrado.
De la boca para afuera
En una de las tantas resoluciones, el juez exhortaba a la procuradora de RENIEC a dejar de “actuar de mala fe” e incluso la sanciona con una multa. Como explica Dania, esta entidad se llama a sí misma aliada de la comunidad trans. Incluso en el 2016 sus representantes formaron parte del Grupo de Trabajo para la Documentación de la Población Trans en el marco del Plan Nacional “Perú contra la Indocumentación 2016—2021”.
Su defensa fue que “hay procedimientos que no los deciden el RENIEC ni el Poder Judicial, sino el Congreso que da las leyes”, comunicó el jefe de Imagen Institucional de la entidad, Benito Portocarrero. En la misma línea, al ser consultada por su actitud ante las demandas por cambio de sexo, la ex-procuradora Nelly Paredes afirmó que apelan “porque no hay normativa que regule esos requerimientos y pueden representar una falta administrativa”.
Dania lo vivió de primera mano. En el mejor de los escenarios, ella creyó que lograría obtener un documento que reflejara su identidad cuando sea una adulta mayor y existiera una ley de identidad de género, pues el accionar de RENIEC y de algunos jueces no le daban espacio a tener mucha más fe. Ella lo atribuye al miedo al cambio y transfobia, pues destaca cómo muchos otros países de la región cuentan ya con una legislación para la comunidad trans, a pesar de la tendencia conservadurista de sus mandatarios, como es el caso de Ecuador.
Leyla Huerta, directora del colectivo de mujeres trans Féminas, que ha acompañado de cerca a Dania durante este proceso, hace énfasis en ciertas facciones anti derechos enquistadas en las esferas de poder. Incluso cuenta que en los juicios por cambio de nombre que muchas de sus compañeras han llevado a cabo, los jueces han sido víctimas de acoso por fallar a favor de ellas. “Están pendientes de sus errores para pedir su destitución”, añade.
En el dolor, hermanas
Dania Calderón y compañeras de Féminas. FOTO: Agencia Presentes
Era 2015 cuando Dania y Leyla, junto a algunas otras compañeras, fundaron Féminas. Seis años después, fue su misma familia escogida la que la acompañó a recoger su nuevo DNI en la puerta de RENIEC Santa Anita. Las mismas mujeres a las que ella alguna vez les abrió las puertas, la sostuvieron durante el largo camino que recorrió. Cuando le dijo a su abogada que quería desistir porque quería cuidar su estabilidad emocional, fueron ellas las que la motivaron a seguir.
“Me decían ‘madre, ¿cómo le va en su caso?’. Era una montaña rusa de emociones. Algunos días festejábamos y luego a la semana siguiente me veían desanimada, y me decían que siga adelante”, relata con nostalgia. El abuso y discriminación que sabía que sus compañeras experimentaban la convencían de seguir luchando. “No puedo dejar esto”, pensaba.
“Es importante el soporte comunitario, cumple el rol de la familia cuando esta no se encuentra. Por eso somos un grupo que sigue creciendo”, comenta al respecto Huerta. Féminas, precisa Dania, vive de la autogestión y de las donaciones. También del apoyo de especialistas como la abogada Sotelo. Ella lleva los casos por cambio de sexo y nombre en el DNI de muchas de sus integrantes.
Naaminn Timoycco, primera mujer trans que logró el cambio de sexo en el DNI. FOTO: Archivo El Comercio
Es así que este no es un logro individual, sino de toda su comunidad. Hace 10 años Naaminn Timoycco se convirtió en la primera mujer trans en lograr el cambio de sexo en su DNI. Sin embargo, el proceso duró 8 años e incluyó un “acto vejatorio”, considera Dania Calderón, por el cual tres médicos verificaron si tenía genitales femeninos. “Por eso esta sentencia es histórica, yo he ganado esto y nadie sabe si me he operado o no, eso es muy íntimo”, agrega.
En ese sentido, opina, el mensaje que deja este suceso es potente. “Esto normaliza que somos mujeres diversas. Así como existen altas, bajas, afro, andinas, hay mujeres trans. Aquí no se cuestiona si es una mujer trans operada o no, porque no hay diferencia entre ambas”, precisa. En la misma línea, Huerta afirma que la mutilación no puede ser una condición para acceder a documentos identitarios. “No pueden exigirte que renuncies a tu derecho a la reproducción para tener derecho a la identidad”, sentencia.
Este hito establece un antecedente importante para el proyecto de ley que viene preparando el colectivo, por el cual se buscará el reconocimiento de la identidad de género. “Para nosotras es importante demostrarle al Estado que nuestra demanda es verdadera, que no estamos pidiendo algo falso, la ley nos lo permite”, concluye la directora de Féminas.
Más puertas abiertas
A sus 42 años, Dania por fin puede ver cómo un horizonte de posibilidades se presenta al frente suyo. En primer lugar, sabe que esta es una luz al final del túnel. “El Estado tiene una deuda histórica con nosotras. Antes no había nada, no se hablaba nada, eran discursos de la boca para afuera pero no había ningún cambio”. Así, espera que su lucha no haya sido en vano y que permita que otras personas trans no la tengan tan difícil como ella.
Pero más allá de lo colectivo, Dania cuenta con emoción cómo ahora su trabajo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no es su única posibilidad. Ella podrá participar de convocatorias relativas a su carrera técnica, la enfermería. “Podré postular a empleos en EsSalud o el MINSA porque ahora sí me van a considerar en el sistema. Siempre se fijan que coincida mi nombre con mi sexo”, explica.
Todo este tiempo de lucha y espera le ha dado tiempo a Dania para pensar incluso en el fin de sus días. Lo que a cualquier otra persona le parecería un procedimiento ordinario y común, para ella representaba un ataque a su identidad. “Si a mí me matan o fallezco, en las estadísticas yo no hubiese figurado como una mujer trans, sino como un señor. Eso tampoco me parecía justo”, comenta, con la tranquilidad de que eso ahora representa un problema menos.
Pero Dania tiene para rato. Me comenta que crio a su hermana desde el año y medio hasta los 7 años. Seguidamente, me dice emocionada que ama a los niños y que le gustaría formar una familia. “¿Qué fue lo primero que hiciste tras recibir tu DNI?”, le pregunto. “Hablar con mi novio”, responde. “Tenemos planes de casarnos”. Hacer crecer su patrimonio juntos, ejercer ciudadanía, todo lo que cualquier ciudadano cisgénero da por sentado, para ella es posible por primera vez. Lo que antes se le hacía incierto, hoy es cada día más real.
