Los asesinatos de Andrea Ruíz Costas y Keishla Rodríguez a manos de sus parejas han encendido, nuevamente, las alarmas en Puerto Rico. En el presente año ya se registra 21 feminicidios según el Observatorio de Equidad de Género de PR. Organizaciones de mujeres y la misma ciudadanía continúan presionando al Gobierno. Exigen que tome medidas más drásticas que detengan el Estado de Emergencia por Violencia de Género, en el que se encuentra la isla.
Sus nombres son Andrea Cristina Ruiz Costas y Keishla Marlen Rodríguez Ortiz.
La primera había recurrido a los tribunales en dos ocasiones para denunciar su caso de violencia doméstica. Sin embargo, las juezas encargadas no encontraron causa para arrestar al agresor y tampoco emitieron órdenes de protección. A raíz de esas inacciones, el cuerpo de Andrea (35), fue encontrado parcialmente calcinado a la orilla de una carretera el jueves 29 de abril de 2021. Su expareja, Miguel Ocasio Santiago, confesó el crimen y fue encarcelado. El comisionado de la Policía, coronel Antonio López, señaló que, según la confesión que hizo Ocasio Santiago, “aparentemente la joven no quería seguir la relación con él, y ese fue el detonante de todo”.
Ese mismo jueves, 29 de abril, se declaró desaparecida a Keishla y se activó por primera vez en la isla la llamada Alerta Rosa. La misma que es utilizada en casos de mujeres mayores de 18 años que se reportan desaparecidas o secuestradas. Al día siguiente, a primera hora, se dio a conocer que Keishla sostenía una relación con el reconocido boxeador puertorriqueño Félix Verdejo. Así mismo se difundió que estaba embarazada y que su familia lo acusaba públicamente de la desaparición. No es hasta el sábado primero de mayo, que el cuerpo de Keishla, es hallado a la orilla de la Laguna San José entre la ciudad capital de San Juan y el municipio de Carolina. Al otro día, Verdejo se entregó a las autoridades federales. Fue encarcelado y se dio a conocer oficialmente la fecha en que Keishla fue asesinada: el 29 de abril de 2021.
Todo esto sucede a menos de una semana de que en Puerto Rico, se cumplieran los primeros 100 días de la declaración de un Estado de Emergencia por Violencia de Género. Para organizaciones feministas, la isla vive en Estado de Emergencia desde el 2018. Ese mismo año, la Colectiva Feminista en Construcción le exigió al entonces gobernador Ricardo Rosselló que atendiera con urgencia el asunto. Durante ese 2018, en Puerto Rico, ocurrieron 63 feminicidios.
Foto: LatinSpot
“Por demasiado tiempo víctimas vulnerables han sufrido las consecuencias del machismo sistemático, la inequidad, el discrimen, la falta de educación, de orientación y sobre todo la falta de acción. Es mi deber y mi compromiso como gobernador establecer un PARE a la violencia de género. Ante estos fines es que he declarado un estado de emergencia”, sostuvo el gobernador mediante comunicado de prensa aquel 24 de enero de 2021.
A raíz de las muertes de Keishla y Andrea, comenzaron a surgir las interrogantes sobre lo que el gobierno ha estado haciendo -o dejado de hacer-desde que se implementó la emergencia y cuáles han sido las prioridades durante los pasados 100 días.
Las cinco organizaciones no gubernamentales que componen el Comité PARE, se expresaron enviando una carta al gobernador Pedro Pierluisi. En ella pedían una reunión de urgencia y detallaban varias peticiones. Entre estas estaba, mejorar el proceso de rendición de cuentas del comité, identificar el presupuesto necesario para que se diseñe y lance una campaña educativa y prevención de la violencia de género.
El gobernador, por su parte, respondió de forma positiva a la misiva. Consecuentemente, se llevó a cabo una reunión “muy productiva”, según declararon las organizaciones a través de Facebook. En esta, se plantearon algunos pasos a seguir por el comité. En los próximos días debería estar publicada una página web con información sobre los avances del comité. Así mismo, el comité anunciaría el presupuesto para trabajar contra la violencia de género. También lanzaría una campaña de educación, entre otros asuntos.
“Todos los días pensamos en las mujeres para las que trabajamos. Todos los días ellas son las protagonistas de este esfuerzo”, insistieron las organizaciones.
Mientras las conversaciones entre el gobierno y el Comité PARE se realizan, en el país continúan existiendo las dudas sobre qué trabajos se están realizando y por qué aún no se ven los efectos de la declaración de Estado de Emergencia.
Las manifestaciones como método para ejercer presión y exigir acción, no se hicieron esperar. Desde el domingo 2 de mayo, y el resto de esta semana, se realizaron protestas buscando justicia por las muertes de Andrea, Keishla y las demás mujeres que han sido asesinadas en Puerto Rico. Comenzaron en el puente Teodoro Moscoso. Luego, continuaron en la Fortaleza (residencia del gobernador). Siguieron en el Departamento de Justicia, Cuartel General de la Policía de Puerto Rico y otros pueblos fuera de la ciudad de San Juan.
“Esta semana se cumplieron los 100 días luego de haberse declarado el Estado de Emergencia contra la Violencia de Género en Puerto Rico. La declaración fue el resultado de una intensa y larga jornada de lucha durante los pasados dos años, liderados en gran medida por nuestra organización la Colectiva Feminista en Construcción. En la última semana los casos más recientes de violencia de género han estremecido al país. Se avivan traumas, terror y un gran dolor nos consume. Nos inunda la rabia y la frustración. Lanzamos una convocatoria para que otras mujeres se organizaran y llegaran a sus municipios a exigirle a los alcaldes y alcaldesas rendición de cuentas de cómo se está manejando la crisis de violencia de género a nivel local”. Así se expresó la Colectiva Feminista en Construccióna través de sus redes sociales.
Foto: Colectiva Feminista en Construcción PR
Las convocatorias han alcanzado el nivel de que en sobre 30 municipios de Puerto Rico se congregaron personas, en su mayoría mujeres, frente a las alcaldías. Es la primera vez que el archipiélago de Puerto Rico logra que diversos grupos se autoconvoquen y realicen algún tipo de manifestación simultánea en contra de la violencia de género.
“Las mujeres en Puerto Rico queremos ver acciones concretas y sobretodo queremos ver resultados. Este dolor, rabia y frustración que nos ha estremecido -no tan solo a las mujeres sino al país entero- quisimos canalizarlas en acción. También en movilización, en salidas colectivas que nos permitan encontrarnos. Queremos crear redes de apoyo, crear comunidad entre nosotras y, sobre todo, hacer el trabajo de fiscalización al gobierno. Eso ha sido lo que hemos estado gestando en esta última semana”, señaló Shariana Ferrer, integrante de la Colectiva Feminista en Construcción, sobre las diversas demostraciones en repudio a la violencia de género en la isla.
En lo que va de 2021, en Puerto Rico han ocurrido 21 feminicidios. Seis a manos de parejas o exparejas de la víctima, y un transfeminicidio según los datos del Observatorio de Equidad de Género.
Arte y diseño: La Antígona
Para el 2020, las mujeres asesinadas en el archipiélago fueron 60.
El país espera que se haga justicia a las vidas de Andrea, Keishla y las demás mujeres asesinadas en Puerto Rico durante el 2021 y años anteriores. Igualmente, las organizaciones feministas esperan que #NiUnaMás tenga que ser asesinada para que las conversaciones de violencia de género acaparen atención. A un paso lento pero seguro, cada vez son más las personas que se unen a la lucha en contra de los feminicidios. Más se suman a manifestaciones y están dispuestas a aprender y desaprender para acabar con la violencia machista.
El fiscal Pablo Espinoza terminó de presentar más de 180 evidencias contra el expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de Salud por el delito de violaciones a los derechos humanos.
Después de 11 audiencias de sustentación de cargos, el fiscal Pablo Espinoza terminó de presentar más de 180 elementos de convicción (evidencias) contra el expresidente de la República Alberto Fujimori (1990-2000) y sus exministros de Salud por el delito de violaciones a los derechos humanos. Ahora el caso se encuentra en la etapa donde los acusados se defienden de la denuncia penal que los señala como autores mediatos de un programa masivo que esterilizó forzosamente alrededor de 300 mil mujeres. Cesar Nakazaki, abogado del expresidente, señala que no existen condiciones para calificar el delito imputado como crimen de lesa humanidad.
Foto: IDL
El pasado lunes 03 de mayo, comenzó la etapa de descargos por parte de la defensa legal de los acusados: Cesar Nakazaki, abogado de Fujimori Fujimori; Lidia Godoy, de Eduardo Yong; Humberto Abanto, de Costa Bauer; y Raúl Pariana, de Alejandro Aguinaga, implicado en el caso de Vacunagate. El primer ponente fue César Nakazaki, quien sostuvo que no existen condiciones para abrir un proceso penal. Afirma que la acción penal no cumple con 3 de sus 5 elementos: hecho aparentemente delictivo, justificable penalmente y no prescrito. Sobre lo último, señala que el delito que le atribuyen no es de lesa humanidad y que por lo tanto no es imprescriptible. “Un delito de lesa humanidad debe cometerse contra la población civil bajo un ataque generalizado o sistemático de una política”, dijo agregando que el Ministerio Público archivó una de tantas investigaciones porque faltaba evidencia para probar que se trató de una política así. Por su parte, Somos 2074 y Muchas Más, una campaña que reúne a las sobrevivientes de las del caso, expresó a través de su cuenta de Twitter su desacuerdo.
Existen pruebas de que existió un programa del @Minsa_Peru, para practicar esterilizaciones, que tuvo plazos, metas, cuotas y hasta incentivos, tal y como una cadena de mando y patrones de comisión de delitos. (2/3)
Publicado el 3 de mayo del 2021 por Somos 2074 y Muchas +
En China, ejemplificó Nakazaki, utilizan el método de la reducción obligatoria de natalidad por motivos sociales o económicos y que no constituye un delito de lesa humanidad o genocidio. Asimismo, criticó que no hay una sentencia del Tribunal Constitucional que indique qué sistema de incorporación del derecho penal internacional se debe utilizar para aplicar la imprescriptibilidad de los delitos a la legislación peruana. Según argumenta, el Código Penal no recoge a las esterilizaciones forzadas como delito imprescriptible, por lo que merece una modificación. Al cabo de casi 2 horas del segundo día de descargos, el juez Rafael Martínez determinó suspender la audiencia debido al malestar que presentaba el defensor de Fujimori producto del covid-19. La misma fue retomada el día lunes 10 de mayo durante la mañana. En esta sesión, Nakasaki sostuvo, nuevamente, ante el juez Martínez que los delitos cometidos por Fujimori ya habían prescrito por lo que pidió se declare improcedente la denuncia. Así mismo, aseguró que este caso ya había sido archivado en el año 2009 por la Fiscalía de la Nación al no encontrarse evidencias de que se trataba de un delito de lesa humanidad. Mientras tanto, familiares y víctimas de las esterilizaciones forzadas protestaban frente al Palacio de Justicia exigiendo que el caso no sea archivado.
Sobrevivientes de las esterilizaciones forzadas y activistas frente al Palacio de Justicia en marco de la campaña Somos 2074 y Muchas Más. Foto: Javier Maguiña.
Derechos lingüísticos
Al inicio del primer día de descargos, Nakazaki le pidió al juez Rafael Martínez no ser interrumpido en su exposición por el personal de intérpretes dispuesto por el Ministerio Público. En ese sentido, sugirió que la traducción se hiciera al término de la audiencia, a partir de la grabación obtenida. Según alegó, las pausas que se tomaban para la exposición en quechua afectaba la fluidez y el derecho a la defensa de los acusados. Sin embargo, el “Protocolo para la participación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas u originarias en procesos judiciales” del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial —que compartió María Ysabel Cedano, abogada de la parte agraviada, a través del chat de Google Meet—,señala que la interpretación del mensaje se realiza de manera consecutiva a su escucha.
Foto: Lugar de la Memoria LUM
“No puede ser que las víctimas se enteren de lo que estamos hablando en este momento recién al día siguiente. Eso desnaturaliza el derecho a la traducción porque no es un tema meramente técnico”, manifestó Cedano, quien además dijo que la interpretación consecutiva es el estándar mínimo que el Ministerio Público ha logrado garantizar pese a las deficiencias tecnológicas. Finalmente, el juez resolvió continuar con la dinámica utilizada en la sustentación de cargos del fiscal: tras 10 minutos de exposición, prosigue la traslación en quechua.
Cargos
Han sido casi dos semanas de argumentación fiscal ante el Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado de la CSNJPE para formalizar la denuncia sobre el caso de intervenciones quirúrgicas en contra de la voluntad de cientos de miles de mujeres durante el régimen fujimorista. En total son 1321 denunciantes que acusan a Alberto Fujimori, Eduardo Yong, Marino Costa y, al congresista electo de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga de atentar contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Junto a ellos también se encuentran imputados Ulises Aguilar, exdirector de Salud; Segundo Aliaga, exdirector de la subregión IV Cajamarca; y Magda Gonzales, ex coordinadora del Programa Materno Perinatal de la misma subregión.
Tras el fallo del Tribunal Constitucional en el 2020, ellos están obligados a continuar y responder ante el Poder Judicial por los mecanismos ilegales y sistemáticos que utilizaron durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) para reducir la pobreza a través de tasa de natalidad. El fiscal Pablo Espinoza argumenta que los hechos no fueron aislados, sino que se trató de una política nacional que sometió a mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas de zonas rurales y urbano populares de entre 19 y 27 años en situación de pobreza a ligaduras de trompas no consentidas ni informadas.
Dilataciones
El 11 de enero se llevó a cabo la primera audiencia pública, pero fue suspendida por no contar con intérpretes que garantizaran a las denunciantes quechua hablantes de diferentes regiones del país el derecho a entender todo el proceso penal. Casi 2 meses después, el 1 de marzo, se retomó el caso con profesionales del idioma quechua en sus variantes más representativas. No obstante, hubo nuevos intentos de volver a postergar la segunda audiencia. El representante legal Humberto Abanto —respaldado por Cesar Nakazaki— solicitaron al juez Rafael Martínez anular la audiencia por indefensión debido a que su cliente Costa Bauer no se encontraba presente porque tenía una operación quirúrgica programada en Chile. Sin embargo, el magistrado rechazó el requerimiento. Otro de los ausentes durante las audiencias fue Alberto Fujimori. Nakazaki dijo que su defendido no tiene la obligación legal de concurrir a este proceso ya que está protegido por el tratado de extradición Perú-Chile, el cual establece que solo puede ser sometido a los procesos penales que son objeto de dicha sentencia y sus dos ampliaturas. Además agregó que tenía problemas de salud. Cabe recordar que el caso ha tenido 2 investigaciones fiscales preliminares con 2575 denunciantes y ha sido archivado hasta en 4 ocasiones. La Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas Lima y Callao, Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas y activistas por los derechos de las mujeres vienen realizando una serie de manifestaciones públicas exigiendo al juez Rafael Martínez que resuelva abrir una investigación judicial cuando culminen las audiencias.
Testimonio de Victoria Vigo de Piura
Sin cifras oficiales
El Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos registró hasta el 2018, más de 7 mil casos.
El propio Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar señala que se esterilizó a 272,028 mujeres y 22,004 varones.
Un Informe del Congreso del 2002 estima que fueron 314,605 mujeres y 24,563 varones.
Ellas buscan cumplir su labor en esta otra primera línea contra el coronavirus, pero piden más apoyo del Estado. Conoce la asombrosa labor de las agentes INPE.
Son mujeres. Algunas son madres y custodian el penal de reclusas más grande que tiene Lima: el establecimiento penitenciario de Chorrillos, donde ya se ha registrado la primera muerte por coronavirus. En esta emergencia sanitaria por el COVID-19, las trabajadores del INPE están expuestas y ponen en riesgo sus vidas mientras el temor de ser contagiadas invade esta cárcel que alberga a más de 850 internas. Ellas buscan cumplir su labor en esta otra primera línea contra el coronavirus, pero piden más apoyo del Estado.
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El cambio de estación está logrando que el cielo de Lima vuelva a ser gris y que el frío se empiece a sentir. Hay un lugar en el que ese frío se siente aún más: el Establecimiento Penitenciario Mujeres Chorrillos, la cárcel de reclusas más grande de Lima. Este lugar no es ajeno a la emergencia sanitaria. El pasado 12 de mayo murió la primera interna por infección de COVID-19. En pleno avance de la pandemia, las agentes femeninas del Instituto Penitenciario del Perú (INPE), al igual que sus colegas hombres, no han detenido su labor y custodian a diario a las 859 reas que cumplen condenas, en su mayoría, por delitos relacionados al tráfico ilícito de drogas (TID) o robo agravado, según las estadísticas del Ministerio de Justicia. María, a quien llamaremos así en esta nota, es una de las 45 agentes que cuidan en esa prisión.
Desde hace veinte años, María se despierta de madrugada para ir a la cárcel: se alista, se pone su uniforme y con las botas ya puestas, atiende a su pequeño de 8 años con habilidades especiales. Junto a su esposo, quien también es agente penitenciario, tienen que dejarlo solo por más de cinco horas mientras retornan a casa. Su labor como agentes de seguridad del INPE, nos cuenta ella, le impide pasar más tiempo con su niño. “Es bastante complicado. Cuando mi esposo está de descanso se queda cuidando a mi hijo. Pero igual, así se quede él, cuando vuelvo del trabajo igual siempre hay que limpiar, cocinar y, bueno, todo el trabajo de casa”, dice.
María confiesa que la rutina diaria en el penal la consume. Su voz por el teléfono revela su nerviosismo cuando nos comenta que siendo parte del área de seguridad tiene un horario de “24 x 48”. Esto quiere decir que tienen un día de descanso por dos de turno. A pesar de su cansancio diario intenta mantenerse fuerte por su niño.
SIN PROTECCIÓN
En el penal de mujeres Chorrillos trabajan alrededor de 65 agentes INPE que pertenecen a la división de seguridad. De ese total, aproximadamente 45 son agentes femeninas como María, cuya función principal es controlar y velar por el orden de todo el reclusorio. Ellas tienen contacto directo con las internas. Sin embargo, el número de personal se ha reducido, según informó Gerson Villar, quien era presidente del INPE y presentó su renuncia el pasado 6 de mayo.
Elvia Córdova, técnica de segundo grado, tiene 13 años como agente de seguridad del INPE. Actualmente es jefa de seguridad del penal de Chorrillos. La llegada del virus impactó a todos, nos asegura. Un notorio cambio se vio, primero, en el número de personal de seguridad y administrativo que hoy labora. Agentes mayores de 60 años o con enfermedades crónicas se están quedando en sus casas. Esta reducción ocasionó cambios de horarios para las guardias de seguridad que sí están en actividad como es el caso de María. “De 27 personas que eran por grupo, en personal femenino, ahora cuento con 20 en cada grupo”, señala Elvia.
En abril, se identificó al primer infectado de COVID-19 dentro de un establecimiento penitenciario: un agente que laboraba en el área externa, fuera de los pabellones y patios de la cárcel. Este fue aislado en su domicilio por 14 días siguiendo el protocolo de seguridad del Ministerio de la Salud (Minsa). Hasta el cierre de este informe, hay un total de 12 agentes del INPE fallecidos por coronavirus. Todos ellos adquirieron la enfermedad en cumplimiento de sus funciones en esta otra primera línea.
En abril, se identificó al primer infectado de COVID-19 dentro de un establecimiento penitenciario: un agente que laboraba en el área externa, fuera de los pabellones y patios de la cárcel. Este fue aislado en su domicilio por 14 días siguiendo el protocolo de seguridad del Ministerio de la Salud (Minsa). Hasta el cierre de este informe, hay un total de 12 agentes del INPE fallecidos por coronavirus. Todos ellos adquirieron la enfermedad en cumplimiento de sus funciones en esta otra primera línea.
Desde que se conoció el primer caso, el temor dentro de las prisiones, como en Chorrillos, incrementó. El miedo era compartido: lo sentían las reclusas y lo sentían sus custodias, como María. ¿La razón? El personal activo -las y los agentes- no tenían los implementos de bioseguridad necesarios y recomendados por el Minsa. Es decir, no contaban con mascarillas NK-95, guantes quirúrgicos ni alcohol en gel. El único material de protección que habían recibido era de material desechable como mascarillas simples.
El pasado 29 de abril, la Contraloría General de la República señaló en un informe que el INPE solo gastó un 10,81% de los S/. 10’000.000.00. El documento del órgano de control advirtió una posible deficiencia en el sistema de prevención si es que no se ejecuta rápidamente el monto. Habían pasado 37 días desde que se transfirió el presupuesto. Casi una cuarentena.
Hasta la fecha y a pesar de que el expresidente del INPE, Gerson Villar, señaló a la prensa antes de renunciar que estaban trabajando para ejecutar todo el presupuesto asignado, aún no se ha evidenciado cifras de gasto que vayan más allá del 20%, es decir, solo 10% más de las publicadas por la contraloría, según el portal de Transparencia Económica del MEF, consultado por La Antígona el último 11 de mayo. Desde el INPE, a pesar de la consulta a través de la Oficina de Prensa, no se han pronunciado al respecto.https://infogram.com/untitled-report-1hke60rx1me165r?live
Este retraso en la ejecución del presupuesto ha ocasionado que las mismas agentes, como María y sus compañeras, busquen alternativas para protegerse. Ellas están elaborando sus propias mascarillas y mandiles. Empresarios aliados están colaborando con donación de telas y materiales. “Nosotras somos los únicos que estamos allí, dando la cara, porque el personal igual se queja. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como miembros o directivo de ese penal. Lo único que podemos hacer es pedir aliados”, nos dice Elvia, la jefa de seguridad, con un tono que mezcla su decepción y desesperanza. Parece asumir que la situación no cambiará para con ellas.
SOLAS Y EN PRIMERA LÍNEA
El miedo ante posibles contagios no es el único temor que ronda el penal de Mujeres Chorrillos. Según datos contabilizados por el Ministerio de Justicia (Minjus), se han producido un total de 16 motines en el país durante los 50 días que llevamos del aislamiento social obligatorio para frenar la pandemia del COVID-19. Ninguno tuvo lugar en un penal de mujeres, hasta ahora. Sebastián Villagómez, abogado de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Minjus, explica que esto se debe a las diferencias y características propias de internos varones e internas mujeres. Es decir, es por un tema de género. “Ellas no tienen ese componente violento que sí presentan los varones”, nos señala. A fines de abril, en el penal Miguel Castro Castro de hombres murieron 9 internos tras el motín por reclamar atención y protección por el avance del coronavirus.
Fuente: Rodrigo Abd
Pero María dice que un posible motín en el EP Chorrillos no sería irreal. Cuenta que, ante la desprotección por parte del Estado y las condiciones de los penales, las internas han tomado posturas rebeldes. El orden y disciplina es cada vez más difícil de conseguir. “Las chicas están bastante preocupadas. Están inquietas por ya hay chicas que están con el COVID y eso las tiene asustadas y molestadas”, nos dice. Ella y sus compañeras tratan de calmarlas, pero sienten que a diario tienen que estar preparadas para cualquier revuelta.
Intranquilidad y preocupación es el sentimiento que comparten las internas y las agentes. Cuando se decretó el estado de emergencia sanitaria por el avance del COVID-19, parte del parte del personal administrativo que incluye a psicólogos, abogados y asistentes sociales dejó de acudir al penal e hizo trabajo remoto. Las agentes de seguridad del INPE, como María y Elvia, fueron las únicas que permanecieron dentro del establecimiento y lo siguen haciendo. Al no tener apoyo de las otras áreas, ellas sienten todo el peso sobre su labor de custodiar un penal de 859 mujeres, donde no son pocos los casos de internas, madres y gestantes que reciben tratamiento psicológico.
Solo son 15 agentes para controlar y atender a todas. “Hay internas violentas, otras tienen problemas de depresión, pero la situación, ahora con el miedo de contagiarse, se han puesto más rebeldes. Muchas veces no hacen caso, ya cuesta ponerles en orden”, se queja una de las agentes entrevistadas. La cárcel, reconoce, es un lugar donde hay todo tipo de historias.
Según datos del Minjus brindados por Villagómez a La Antígona, la mayoría de penales están hacinados porque presentan una capacidad máxima de 39 mil unidades de albergue para los casi 906.870 internos entre varones y mujeres. La abogada especialista en temas de mujeres privadas de la libertad para el Programa de Asuntos Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo (PAPP), Keysi Gallegos, coincide sobre la existencia de un estado de hacinamiento en las prisiones en nuestro país y afirma que esta condición exige un mayor trabajo de custodia por parte de los trabajadores del INPE.
https://datawrapper.dwcdn.net/3WgVW/1/
Elaboración de La Antígona
Actualmente, las agentes penitenciarias trabajan dos días seguidos y descansan cuatro días. Gallegos, sin embargo, señala que las condiciones en las que trabajan, duermen y se alimentan dentro del penal de Chorrillos no son las mejores. “No hay que olvidar que las agentes son tan servidoras públicas como el que trabaja en el Ministerio de Economía, etc. Las condiciones en las que ellas se desarrollan no son aptas”, precisó la abogada. Asegura que si antes les costaba, ahora con el avance del coronavirus dentro de las cárceles todo es más complicado. Es más duro. Aunque, ellas mismas son conscientes de su labor. “Para eso me han preparado”, le han respondido muchas. Pero que también les gustaría que el Estado las reconozca como están haciendo con otras profesionales.
Al ser consultado sobre la ausencia de otros profesionales en las cárceles como el personal administrativo o los psicólogos, Villagómez respondió que ahora sí están asistiendo y que su presencia es esencial en los penales. “Es un error que se ha subsanado, aunque sí se ha dado preferencia al trabajo virtual”, reconoció. Antes de presentar su renuncia, el expresidente del INPE Gerson Villar, declaró al diario Gestión que se habían contratado a 100 médicos, 100 enfermeras y 150 agentes de seguridad para reducir la carga laboral de las actuales trabajadoras y asegurar la atención de necesidades de las internas.
MÁS MEDIDAS PARA EL INPE
El pasado 22 de abril, tras el incremento del número de infectados de COVID -19 en los penales, el presidente Martín Vizcarra aprobó el Decreto Supremo 004-2020, que brinda lineamientos para la evaluación de casos de internos que podrían tener gracias presidenciales debido a la crisis sanitaria. Es decir, que se tramitarán indultos dada la coyuntura de crisis mundial por la pandemia del coronavirus.
Fuente: Ministerio de Justicia
La Comisión de Gracias Presidenciales del Minjus recomendará, según explicó Villagómez, dar este beneficio penitenciario a quienes sean madres y permanezcan con sus niños o niñas en la cárcel, a quienes se encuentren en estado de gestación o madres que tengan condenas próximas a vencer. También a personas mayores de 60 por encontrarse como grupos vulnerables al contagio. siempre y cuando no se tengan delitos graves o reincidentes. “Se debe valor la participación de las internas en el tratamiento y su conducta (…) En los 68 penales la administración penitenciaria va detectar de oficio los posibles casos”, dijo el funcionario.
La Defensoría del Pueblo está supervisando este decreto supremo. Gallegos indicó que la medida es viable. Sin embargo, algo desconfiada, reconoce que el proceso será de arduo trabajo pues se necesita revisar cada caso a detalle. Aun así, se espera que contribuya a la reducción del hacinamiento y, por consecuencia, también favorezca al personal penitenciario cuyos esfuerzos por mantener el control parecen estar al límite. “Va generar que se pueda desconcentrar y facilitar la albora la agente penitenciaria”, sostuvo.
El último 26 de abril, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda y las autoridades del INPE, recibieron un lote de 110 mil mascarillas comunitarias lavables y adquirieron 13.000 pruebas rápidas para ser aplicadas a todo el personal. Hasta el cierre de este informe, el proceso de entrega de estos implementos en los 68 penales del país continuaba con lentidud, así como la toma de muestras para diagnosticar infectados de COVID-19.
Sin embargo, el último 19 de mayo durante una entrevista en RPP, el ministro aseguró que se hallan ejecutando estrategias que prioricen el aseo y desinfección de las 68 cárceles peruanas. También, confirmó la existencia de anillos de salubridad que consisten en la medida de temperatura, desinfección de calzado y de manos a quien ingrese a los recintos. Por último, señaló que ya se había finalizado la entrega de mascarillas en todos los penales recalcando que este proceso era verificado por la Oficina de Asuntos Internos del INPE.
Fuentes: Prensa
Las cartas están puestas sobre la mesa para asegurar la protección de las agentes como Elvia, María y el resto del personal penitenciario, quienes por su labor -así como otros profesionales en primera línea- también están con temor de sumarse a las cifras de infectados de coronavirus en el Perú.
La educación a distancia ha evidenciado las desigualdades ya existentes en el país. La Antígona recogió las historias de tres profesoras en Ancash, Cajamarca y Junín.
Maestras y maestros de todo el Perú se vieron obligados a cambiar los salones de clases por pantallas digitales tras la cancelación de clases por el avance del COVID-19. La educación a distancia ha evidenciado las desigualdades ya existentes en el país y se ha convertido en un nuevo reto para alumnos y profesores, sobre todo para quienes permanecen en zonas remotas sin acceso a internet, ni tecnologías. La Antígona recogió las historias de tres profesoras que enseñan de manera remota en Ancash, Cajamarca y Junín.
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Sonia, de quinto grado de primaria, debe caminar alrededor de 20 minutos a campo abierto en la zona minera de La Zanja, a cuatro horas de Cajamarca, hasta obtener señal suficiente para recibir clases vía telefónica. Ella estudiaba en una pequeña escuela pública de solo 16 estudiantes. Sin embargo, sus clases fueron canceladas debido a la pandemia del COVID-19.
Su padre, con mucho esfuerzo, se vio obligado a adquirir un teléfono con Whatsapp para que ella pueda seguir con las clases remotas durante el confinamiento. En su casa no disponen de una computadora para las sesiones virtuales, ni mucho menos de internet. El celular es el único medio por el cual la menor puede seguir con sus sesiones escolares.
Camila Vásquez, de 24 años, es la profesora de Sonia. Todos los días se comunica con ella desde Lima y le envía las clases por teléfono. La crisis sanitaria por el avance del COVID-19 la ha obligado a cambiar las aulas por las pantallas digitales, algo que nunca pensó cuando decidió convertirse en maestra. Este nuevo reto la ha obligado también a modificar sus dinámicas de enseñanza y a que la tecnología se convierta en una aliada para seguir instruyendo a sus alumnos.
“Son emociones muy cambiantes…Han habido momentos en los que uno dice: “esto es muy difícil, saben qué, voy a dejarles solamente hacer los libros”…Piensas en tantos obstáculos que te hacen pensar en mejor continuar, pero también pasan cositas en el camino que te hacen despertar, que te hacen ver que para ellos esto es importante, como el que yo converse con sus papás, que me cuenten todo lo que les gustaría ver, todo lo que esperan de los logros de sus hijos» indicó la docente.
Escolares dirigiéndose a sus hogares luego de sus clases. FUENTE: Facebook.
Millones de niños sin acceso a internet
La suspensión de clases por el avance del coronavirus ha representado un gran desafío para el sector de la educación. Millones de niños en todo el Perú se han visto afectados por la cancelación de clases: más de 1.7 millones de escolares no tienen acceso a internet, según el Ministerio de Educación. Sin embargo, el aprendizaje no puede detenerse y los maestros y maestras han ideado nuevas alternativas.
Mayra Echevarría atraviesa una situación similar a la de Camila. Ella es profesora de cerca de 150 alumnos de una escuela de la provincia de Yauli, en la región Junín. Cada lunes, Mayra se graba dando clases frente a una pizarra y envía los videos a los padres de sus alumnos a través del Whatsapp. En su casa, en Huancayo, adaptaron una habitación como un salón de clases para que ella pueda realizar las sesiones.
“Definitivamente todo ha cambiado y nuestra forma de trabajar también, y todo esto por nuestros estudiantes, que realizan enormes esfuerzos por adaptarse. Lo más difícil de esta situación es no poder verlos, no poder enseñar en las aulas teniéndolos tan cerca para brindarles retroalimentación al instante, teniendo que pedir a los padres de familia que hagan la labor del docente en casa, que sean ellos los intermediarios para que los niños puedan comprender mejor y más claro alguna idea que no comprendieron tras las pantallas”. agregó Mayra.
Sin embargo, no todos sus alumnos cuentan con acceso a tecnología y con el 10% solo se comunica por llamadas esporádicamente, debido a que los padres deben caminar largas horas para tener señal telefónica. Liliana Muñoz, vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad Cayetano Heredia conversó con La Antígona y explicó que la crisis sanitaria ha evidenciado cada vez más las brechas y desigualdades ya preexistentes en el país.
“Esta pandemia lo que ha hecho es evidenciar cada vez más las grandes desigualdades. Si bien es cierto que para la educación a distancia no solo se hace uso de la tecnología, sino que también se incorpora la radio y la televisión, nosotros vemos todos los días a niños que suben hacia los cerros a poder captar algún tipo de señal, en provincias, en las zonas rurales. En la Selva, en la Sierra, algunos alcaldes y autoridades del gobierno regional dicen que no hay ni siquiera señal para que capte el televisor”, indicó la especialista en educación.
Muñoz destacó las iniciativas propias de los maestros -como Camilia y Mayra- para combatir estas brechas educativas; sin embargo, recalcó que el Estado es quien debería ver las formas de solucionar e implementar estrategias ante esta situación.
“Nuestro país es tan diverso geográficamente que hay todo tipo de desigualdades económicas, sociales y educativas. Lo que hay que cuidar es que las brechas no se ahonden más. Es un año difícil…probablemente hay niños que no van a lograr los aprendizajes previstos este año, entonces tendrán que implementarse algún tipo de estrategia para que los niños puedan recuperar clases”, agregó.
Escolares en formación. FUENTE: Facebook.
Las brechas culturales
Alexandra Vasallo es profesora de una escuela pública de educación intercultural bilingüe en una pequeña comunidad quechua hablante, cercana al distrito de Chavín de Huantar en Ancash, llamada Nuevo Progreso. La mayoría de los padres de sus estudiantes se dedican principalmente a la ganadería y la agricultura: ellos crían a sus propios animales y cosechan productos para subsistir.
Alexandra es profesora de once alumnos de quinto de primaria. Ella residía en Nuevo Progreso dando clases presenciales. Tras la suspensión de clases, regresó a Lima en un bus humanitario y actualmente se enfrenta al reto de dar clases de manera remota. Si bien el Estado ofrece el programa educativo Aprendo en Casa, no todos sus estudiantes cuentan con televisor o radio en casa y no tienen cómo recurrir a esta enseñanza.
Los alumnos de Alexandra, además de afrontar limitaciones por acceso a tecnologías, se enfrentan a marcadas brechas culturales, en particular por el idioma. La lengua materna de estos niños es el quechua y es difícil para ellos seguir con el contenido de Aprendo en casa en castellano. Según detalla la docente a La Antígona, los menores tenían problemas porque los mensajes transmitidos se hacían muy rápido para su nivel de castellano y estaba descontextualizado con su realidad.
Además, sus alumnos cumplen labores en las chacras pastoreando animales y no podían seguir con los horarios establecidos a través de las radios. Alexandra ha optado por comunicarse por separado con cada uno de ellos por línea telefónica, de acuerdo a los tiempos de los estudiantes. Algunos tienen que pedir prestados celulares a tíos o primos. Esporádicamente se conectan hasta cuatro alumnos en una sola llamada y programan exposiciones en conjunto.
Maestras y maestros del colegio Nuevo Progreso Chavin FUENTE: Facebook.
“De hecho pasar de lo presencial a la educación a distancia ha sido todo un reto. Si bien existen propuestas por parte del Estado, en el caso de mis estudiantes, en específico, no existe una fórmula de cómo llevar la educación a distancia porque son chicos y chicas que muchos de ellos no tienen acceso a la programación del Estado. Tengo dos estudiantes que solamente tienen línea telefónica, es el único recurso que tienen. Y que incluso en el caso de uno de ellos, el celular es de su tía” explicó Alexandra.
En conversación con La Antígona, Ángela Bravo, directora de educación secundaria del Ministerio de Educación y máster en políticas educativas, consideró que los retos del Perú en cuanto educación están muy vinculados al tema de la inequidad. La especialista indicó que la plataforma más completa de Aprendo en Casa es la web. Sin embargo, es a la que menos acceso tienen alumnos, debido a que menos del 40% de niños tienen internet en sus hogares.
“Si bien el programa de aprendizaje se pensó diseñado para que pueda llegar a todos los estudiantes, sigue teniendo un reto de cobertura importante y todavía no se ha logrado implementar la radio en todas lenguas originarias”, sostuvo Bravo.
Hasta el momento se desconoce la fecha de cuándo los escolares regresarán a las aulas debido a la coyuntura. Mientras tanto docentes y alumnos tendrán que adaptarse a esta nueva normalidad que ha traído a flote las brechas ya existentes en nuestra sociedad.
Desde que empezó el aislamiento social obligatorio por el avance del coronavirus, la situación de las gestantes ha cambiado. La historia de dos mujeres que dieron a luz a sus hijos en plena cuarentena revela que hay un alto riesgo de contagio del COVID-19 y que existe escasez de equipos médicos que ponen en peligro tanto a las madres como al personal de salud.
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Geraldine (26) nunca pensó que se complicaría su gestación en la semana 28 y en el día 31 del aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno debido al avance del COVID-19. Esa tarde tuvo una señal de alerta: un flujo vaginal extraño que hizo que vaya de emergencia al Hospital Dos de Mayo. La obstetra le dijo que era una “simple infección urinaria”, una situación rutinaria en todas las embarazadas, pero nada preocupante.
La semana siguiente, el flujo ya le venía con sangre. La desesperación por no tener un seguro de salud y la falta de dinero la llevaron al Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Al ingresar por emergencia, le sacaron la prueba del COVID-19 que resultó negativa. Sin embargo, este centro de salud no contaba con respirador artificial, incubadora ni un espacio en la unidad de cuidados intensivos (UCI): eran pocas las posibilidades de que el bebé sobreviviera.
A pesar de estas dificultades, el bebé nació con buen estado de salud. Los procesos de documentación para el traslado del pequeño Stephano a un nosocomio que cuente con todos los equipos correspondientes, como una incubadora, tomó casi 4 días. Lo ocurrido con Geraldine es uno de los muchos casos de madres gestantes que han tenido un parto complicado en medio de la pandemia por el coronavirus.
La situación de los médicos que atienden a las gestantes tampoco es privilegiada. La ginecoobstetra Yanara Mohtar, quién trabaja en una clínica particular, relató para La Antígona que, en algunas ocasiones, los uniformes de protección son comprados con sus propios medios.
De acuerdo al testimonio de Geraldine contado a La Antígona, algunos médicos o residentes no cumplieron con el uso correcto de protección cuando la atendieron. Esto conlleva a que las madres gestantes desconfíen de la atención de los especialistas de salud y teman ser contagiadas. “Los doctores tenían la voluntad de atender, pero algunos estaban sin mascarillas, sin lentes, no contaban con todos los implementos necesarios, eso me causaba mucha desconfianza”, dijo.
Antes y después del parto
Lo sucedido con Geraldine no es el único caso que evidencia el riesgo en los partos en esta pandemia. Cinthya (36), madre de dos hijos, dio a luz al tercero la noche del pasado 7 de mayo en el Hospital Luis Negreiros Vega de Essalud ubicado en el Callao. Cuando fue a emergencias tuvo que pasar antes por el área de triaje, donde las mujeres gestantes tienen una revisión previa. Ella asegura que en ese lugar se atendían a las madres con o sin COVID-19. “Era un proceso muy largo pues se acumulaban muchos pacientes”, narró.
El tercer embarazo de Cinthya, cuenta vía telefónica, fue una experiencia “desagradable”. Asegura que fue maltratada cuando se encontraba en la sala de espera para ser atendida. “Yo estaba quejándome de dolor, pasó una obstetra y me palmeó la pierna y me dijo: cállate estamos en tiempos de COVID”, yo le dije que tiene “¿Qué ver el tiempo de COVID?, yo siento dolor”, recuerda sobre ese momento.
A pesar del peligro que significa este virus, muchas pacientes no son conscientes de sus consecuencias y no cumplen con la protección necesaria cuando asisten a sus consultas prenatales o el día del alumbramiento. La doctora Mohtar relata que hay gestantes que no aceptan el uso correcto de guantes y mascarillas. “En su mayoría, las madres no usan guantes y las que usan tocan ciertas cosas del consultorio que entorpece el procedimiento de atención, no respetan nuestro espacio”, manifestó.
Geraldine también indica que, cuando aún estaba internada en el Hospital San Bartolomé tras dar a luz, se presentó una madre infectada de coronavirus y que eso generó que no atiendan al resto. “El personal médico no estaba preparado y se olvidaban de atender a las otras mamás. La señora estaba en el mismo piso que yo, eso nos asustaba. La estructura del hospital no es la adecuada y no está equipada para este tipo de situación”, asegura.
El aislamiento social obligatorio suspendió las consultas externas y canceló los controles prenatales. Estos son vitales para poder conocer cuáles son las posibles formas de contagio de COVID-19 desde la madre al bebé y sus consecuencias. Una de ellas es por medio de la transmisión vertical; otra es por medio de la lactancia, según la obstetra Rosmery Dávalos del Hospital María Auxiliadora.
La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología sostiene que si los bebés recién nacidos tienen resultados positivos a infección de COVID-19, no desarrollan riesgos; sus madres sí. Ello debido a que el cuadro clínico que presentarían sería el mismo que el de las gestantes con preeclampsia: es decir, una tendencia a subidas de presión arterial lo que podría conllevar a un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar.
Esta afectación, según el diccionario de médicos de la Clínica Universidad de Navarra de Madrid, es un proceso caracterizado por la coagulación de la sangre en el interior de las venas o trombosis, causando el desplazamiento y fijación en el pulmón de la totalidad o de un fragmento del coágulo o embolia. Las personas que son más propensas a padecerlo son las mujeres embarazadas.
Las madres y obstetras entrevistadas para este reportaje aseguraron que los hospitales del Perú no están preparados para una situación de emergencia como es el parto de un bebé prematuro en medio de una pandemia. “No hay personal suficiente y adecuado, no hay implementos”. manifestó Geraldine.
Cien gestantes contagiadas en el San Bartolomé
El doctor Carlos Santillán, director médico del hospital San Bartolomé, al ser entrevistado por La Antígona, confirmó que el 54% de las gestantes dieron positivo para el COVID-19, pero que se encuentran siendo atendidas por el personal de salud.
El contagio de COVID- 19 en mujeres gestantes es cada vez mayor. En abril el hospital San Bartolomé detectó a 11 mujeres gestantes que dieron positivas por coronavirus; en mayo aumentaron a 70 y en junio han sido casi 100, así lo reveló Santillán. A pesar que cuentan con 69 obstetras y 5 nuevas contrataciones para que mejore la atención para las madres que están aisladas por el coronavirus, no son suficientes.
En caso estas presentan complicaciones, serán derivadas a la unidad de cuidados intensivos. Pero esto se complica cuando solo cuenta con 4 camas habilitadas y algunas máquinas de reposición para la atención adecuada. “El MINSA después de dos años nos está reposicionando los equipos, pero eso fue antes de la pandemia”, enfatizó Santillán con respecto al apoyo estatal que vienen recibiendo y que esperan se continúe.
Alertan que en el Rebagliati no hay equipos ni puntos de oxígeno suficientes
Una situación parecida ocurriría en Essalud. La contraloría advirtió en una visita de control, realizada entre el 28 y el 29 de junio al servicio de emergencia de Gineco Obstetricia del Hospital Edgardo Rebagliati que este no dispone de equipos médicos ni instrumental suficientes para la atención.
Según el reporte del órgano de control, este servicio del hospital donde se atienden las gestantes en plena pandemia “no cuenta con herramientas básicas de control y sanidad” como son un monitor fetal o una incubadora de transporte. Además, alerta que el grupo electrógeno se encuentra inoperativo por falta de combustible, lo que afecta la continuidad del proceso de atención de partos.
La contraloría precisa también que tras casi cinco meses de declarado el Estado de Emergencia por el avance del COVID-19, cuando se realizó la visita aún no se había realizado pruebas rápidas para el personal que labora en el servicio de emergencia de gineco obstetricia. Este retraso, afirman, generaría riesgos de propagación de virus entre trabajadores y pacientes.
Asimismo, indicaron que el número de los puntos de oxígeno “es inferior” a las camas instaladas en la sala de observación. “No cuenta con los puntos de toma de oxígeno suficientes para la atención de las gestantes, lo que podría afectar la oportunida administración de este elemento cuando dichas pacientes lo requieran», indican.
Todos estos puntos afectan significativamente la calidad y garantía que se requiere para el cuidado de una mujer gestante y de los recién nacidos. La situación que alerta la contraloría podría perjudicar la continuidad del proceso de atención a las mujeres gestantes del Servicio de Emergencia de Gineco Obstetricia, la que no ha dejado de ser tan necesaria en tiempos de pandemia.
Por: Johanna Gallegos y Emma Ramos johanna.gallegos@pucp.pe – a20110518@pucp.pe
Muchas agricultoras no tuvieron el apoyo del Gobierno para salvar sus cultivos, venderlos, transportarlos a mercados ni para evitar ser víctimas de la infravaloración de precios.
Cuatro meses han pasado desde que el presidente Martín Vizcarra declaró en estado de emergencia sanitaria a todo el país por la llegada del COVID-19. Tras un aislamiento social obligatorio que duró más de 100 días, algunos sectores de la economía se han reactivado. Sin embargo, tanto en el sur del país como en el norte, las mujeres agricultoras, quienes son importantes para el abastecimiento de productos y alimentos de cada familia peruana, así como de sus propios hogares, no han podido retomar totalmente su trabajo ni generar los ingresos que tenían antes de la pandemia. Muchas no tuvieron el apoyo del Gobierno para salvar sus cultivos, venderlos, transportarlos a mercados ni para evitar ser víctimas de la infravaloración de precios.
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Es temporada de lluvias en la ciudad del Cusco. La temperatura bajó y ha obligado a todos los cusqueños a refugiarse en sus hogares aún cuando el aislamiento obligatorio ha cesado. Sin embargo, no todos pueden quedarse en casa. Ese es el caso de Natividad Arque, una mujer quechua hablante que cada mañana toma un bus interprovincial desde su hogar en la comunidad campesina Chitapaman, distrito de Taray, provincia de Calca en Cusco. Ni el frío ni las fuertes lloviznas la detienen de salir desde su localidad hasta la ciudad donde intenta ganar algo de dinero vendiendo los productos que ella misma cultiva. Sentada en la puerta N° 2 del Mercado Wanchaq llama a cada persona que pasa pidiendo que compren lo que trae: orégano, ruda y acelgas. Todo cultivado por su esposo, sus dos hijos y ella misma.
Desde los primeros días de julio su rutina es la misma: vender lo que pueda en las puertas del mercado. No tiene dinero para alquilar un puesto. Meses antes, cuenta ella, con el aislamiento social obligatorio, solo salía su hijo. “Yo le mandaba mis productos amarrados y los vendía en el Mercado Vinocanchon. Él me decía ‘ya saldremos pues, ya traeremos más cuando se normalice’”, cuenta ella a La Antígona, en su lengua originaria.
Así como Natividad, hoy son casi 3 millones de agricultoras que trabajan y viven de la producción. Una cifra que representa el 83% de la población económicamente activa (PEA) del sector agropecuario, según Red Muqui. De entre todas estas personas 38,7% son mujeres. Ellas trabajan en los campos pero también son madres que, a pesar de la coyuntura actual, siguen sembrando y abasteciendo a las ciudades enteras en todo el país. Aún cumplen con su labor de agricultoras.
De sur a norte
La pequeña agricultura -es decir, no exportadora- siempre ha recibido poco presupuesto del Estado. En el año 2017 se le asignó solo el 2.1% del total de monto del país: el aumento entre el 2012 a ese mismo año también fue mínimo, representando un 1.5%, de acuerdo al reporte del Grupo Propuesta Ciudadana. La llegada del COVID-19 y la posterior cuarentena que llevó a paralizar la labor de muchos peruanos, no ha sido causa para que la agricultura se detenga. En una entrevista en Radio Programas del Perú (RPP) en los primeros días de julio, el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, señaló que “desde que inició la emergencia, los productores agropecuarios han sostenido la producción y el abastecimiento de alimentos para todos los peruanos”.
No obstante, el Coronavirus obligó a que comunidades como las de Natividad, que sobreviven del cultivo y venta de sus propios productos, cierren sus fronteras y a prohibir el ingreso a quienes no fueran lugareños. Estas drásticas medidas de prevención hicieron que las familias no puedan transportar a tiempo todos sus productos como el maíz, las hortalizas, las papas y hierbas como las que vende Natividad. “Todo estuvo cerrado con tranqueras, no entraban ni carros. Siempre estaba cuidando que no entre nadie por eso recién ahora estoy viniendo”, recuerda. Algunas perdieron sus cultivos.
Una de ellas fue Rebeca Chilliwani, quien vive en el distrito de Corao en la comunidad Ccorimarca, en Cusco. Ella es agricultora y madre de seis hijos. Salir a vender, es necesario para conseguir algunos alimentos como aceite, azúcar y sal. “Cuando no vendíamos… todo se ha perdido, todo se ha malogrado. Mis plantas se han vuelto amarillas”, contó.
Rebeca Chilliwani, agricultora cusqueña Foto: Victoria Aguilar
En el norte del país la situación es parecida. La Antígona conoció el caso de Esmeralda Ramos, quien es una de las tantas agricultoras que inician su trabajo muy jóvenes. Ella empezó desde los 19 años, en Lambayeque, Motupe, del centro poblado de Tongorrape. Ella produce anualmente mango: hoy su parcela se encuentra abandonada y las actividades agrícolas se han estancado, a partir del estado de emergencia decretado por el Gobierno.
A ello se suma que en la región norteña empieza una temporada con un clima difícil para la floración y para que los frutos se desarrollen de manera efectiva, ya que no ha recibido la limpieza y aplicación de productos orgánicos. Esmeralda comenta que la situación en Tongorrape cada vez se complica para los agricultores. “No estamos trabajando en el campo, no podemos contratar personal porque en la zona todos están contagiados con el COVID-19”, señala.
Según las evaluación del Ministerio de Agricultura (Minagri), ante la caída de los ingresos de los agricultores por la pandemia del COVID-19, la actividad agropecuaria registrará un -2.3% para este año.
Sin bono rural ni canastas solidarias
La Dirección Regional de Agricultura de Cusco ha registrado un total de 126 mil familias cuya labor es la agricultura en dicha región. A pesar de esta cifra considerable, muchos pequeños productores no están registrados en los padrones de las Juntas de usuarios, Agrobancos, entre otros. Es por este motivo que ellos no han sido beneficiados con el bono rural aprobado en abril y que fue dado a conocer en una de las conferencias de prensa del presidente Vizcarra y del ministro Montenegro. Esta ayuda monetaria que empezó a ser repartida los primeros días de mayo nunca pudo ser cobrada por Natividad o Rebeca. “No, bono no hemos recibido. Solo para los de buen nombre será el bono, no para nosotros”, reclama Natividad.
Maria Elena Ramos Quispe es presidenta de la organización de mujeres del distrito de Huanoquite, provincia de Paruro, también en Cusco. En diálogo telefónico con La Antígona, detalló la falta de atención que ha tenido el Estado con las agricultoras y obreras de su comunidad. “Por ejemplo, las canastas, se les dio a los municipios para que repartan. Nos llamaron diciendo que sí tenían canastas y que yo recibiría una pero debía esperar en mi casa. Les esperé y en la noche dijeron que yo no estaba en la lista. Esto pasa porque los que hacen el registro borran nombres”, recuerda.
Ella sí pudo cobrar el bono rural, pero muchas de sus compañeras de la organización no estaban en el padrón. Esto a pesar de que el ministro Montenegro aseguró que todos, incluidos los pequeños agricultores, tendrían acceso al bono. “Está orientado a los sectores pobres y pobres extremos y cuando hablamos de tenencia de tierras son aquellos que tienen menos de cinco hectáreas, también a ellos está dirigido», afirmó el titular del MINAGRI en abril.
Ministro de Agricultura y Riego, Jorfe Montenegro Foto: Prensa
Este bono no habría resultado suficiente para las familias agricultoras. De acuerdo a Eduardo Zegarra, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), las zonas rurales necesitan más apoyo económico ya que son geográficamente más extensas que las zonas urbanas. En una entrevista para el diario La República en abril, comentó que con los datos que sugiere el MINAGRI, se obtendría que “al menos un millón de pequeños agricultores se quedarían fuera del bono rural y podría considerarse para ellos un nuevo bono agrícola. Se les debe dar soporte económico, de los S/ 1.000 que podrían recibir sólo podrían cubrir el 40% del costo promedio para levantar sus siembras”. Tras varios meses de aislamiento sus estimaciones no distan de la realidad.
En los mercados
Otro de los grandes problemas de las mujeres agricultoras es la distribución y venta de sus productos en los mercados de sus regiones. Los ingresos diarios de alimentos a los mercados de Lima, por ejemplo, se han reducido. Un caso para analizar es el del mercado mayorista de Lima, que registró una reducción de 13% con 6,573 toneladas de productos en promedio, según datos oficiales reportados por el Minagri.
Manuela Flores trabaja en el Mercado Mayorista de Frutas del distrito de La Victoria desde hace 28 años. Antes del estado de emergencia, ella contaba con diez proveedores. Hoy solo puede trabajar con cinco porque la venta de fruta ha disminuido. “Antes me traían 2 o 3 veces a la semana la mercadería. Entonces yo en un día vendía 500 o 200 cajas. Hoy vendo 9 o 27 cajas hasta completar las 200 en una semana, pero termino rematando y no hay ganancia”, cuenta.
Foto: PrensaPeru.pe
Mujeres como Manuela, que trabajan en mercados, se han visto afectadas por la crisis sanitaria. A pesar de su contribución con la venta de productos agrícolas, no han podido evitar que la agricultura haya perdido más de S/. 6.000 millones (US$1.700 millones) en estos meses, como lo dijo el ministro Montenegro.
Durante una entrevista al diario Gestión, la directora nacional de CARE Perú y exministra de Educación, Marilú Martens, afirmó que estas pérdidas se deben a que las cadenas de distribución se han roto, generando que las agricultoras pierdan sus cosechas ya que no tienen cómo transportarlas. Otra razón sería los cierres de los mercados, lugares sumamente necesarios para el abastecimiento pero también puntos de alta concentración y contagio del COVID-19.
El mercado Mayorista de Frutas fue uno de los focos infecciosos donde los vendedores eran los principales transmisores del virus. Sin embargo, las autoridades impusieron nuevas reglas de salubridad para el bienestar de los compradores. Actualmente, las medidas son más rigurosas y los fiscalizadores de la Municipalidad de La Victoria multan a las personas que no acatan el uso de mascarillas y guantes. “Las personas que comen o toman dentro del mercado reciben una multa. No quieren que comamos adentro ni nos traigan comida”. comenta Manuela.
Mujeres agricultoras capacitadas
Desde Cusco, Maria Elena nos dice que tiene clara la importancia de las cadenas de distribución y que por ello procura ofrecer los mejores productos cuando los vende en el mercado de su región. Aunque precisa que antes de la pandemia y la cuarentena ya existían problemas al respecto. “Yo trabajo orgánicamente. Cuando salí de mi casa para vender mis productos y hortalizas en el mercado no quisieron comprar nada porque veían que tenían pulgones. Lo que pasa es que cuando trabajas así, siempre entran plagas e insectos”, dice la presidenta de la organización de mujeres del distrito de Huanoquite. Poco a poco, y gracias a diversas instituciones capacitadoras, ella pudo aprender a usar fertilizantes que no dañen sus productos, exterminen a las plagas y sean orgánicos.
Foto: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán- Facebook
Una de las organizaciones que realizan estas capacitaciones es El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. En 2018, con el fin de que las agricultoras rurales se empoderen en sus derechos como ciudadanas y desarrollen sus capacidades en la pequeña agricultura, inició el proyecto “Productoras rurales empoderadas de Cusco gestionan de manera sostenible sus unidades productivas aportando al desarrollo local equitativo con justicia climática”. Este contó con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la institución Mugen de España.
De la misma forma y en pleno estado de emergencia se creó la iniciativa “Ella alimenta al mundo”, ejecutada por la organización humanitaria CARE, que busca el desarrollo de la mujer campesina en las áreas rurales. Trabajan con mujeres rurales de Lima, Ica y Piura pero se estima alcanzar a más de 400,000 beneficiarias que están en riesgo de perder su seguridad alimentaria. Marilú Martens, directora de CARE en Perú, estimó para agencia EFE que este y otros programas adentran a las mujeres rurales en el mercado financiero y vuelven sostenible a la actividad agrícola.
Reactivación de la agricultura
Ante la preocupante situación de riesgo que sufren las agricultoras y sus familias de diversas partes del territorio, Conveagro -gremio agrario nacional- exhortó al Poder Ejecutivo a declarar en emergencia al sector agropecuario. Esto sucedió a mediados de mayo, cuando reportaron que 30% de agricultores y ganaderos en el Perú están seriamente afectados por las pérdidas de sus cosechas y siembras. Desde entonces, se han ido elaborando medidas. Una de ellas fue, por ejemplo la creación del fondo Agro Perú del Agrobanco, que tiene un financiamiento de S/.250 millones. Además, está destinado a pequeños productores agrícolas y a sus familias.
Además, el ministro Montenegro anunció en una entrevista durante su visita a Arequipa que se había destinado S/. 373 millones para asegurar empleos en el agro y S/. 100 millones para el mantenimiento de canales y drenes. Como parte del plan de reactivación del agro, también se autorizó mediante el Decreto de Urgencia N° 070 -2020 la transferencia de S/3.898 ‘324.560 para el mantenimiento de la red vial vecinal nacional que garantizará el traslado de productos agrícolas a los mercados.
Asimismo, con el propósito de beneficiar a mujeres como Maria Elena o Esmeralda se han implementado los mercados itinerantes “De la Chacra a la olla” que reúne a productores pequeños de diversas regiones. Recientemente -el 14 de julio- se inició la segunda etapa de este programa y según el director de Agrorural, Angello Tangherlini, se estima tener a 16.000 productores de la costa, sierra y selva, que cumplirán con los protocolos de seguridad para evitar contagios del COVID-19.
Mercados itinerantes «De la chacra a la olla» Foto: Prensa
Sin duda, la reactivación de la agricultura es urgente y debe darse en beneficio de las mujeres agricultoras y de sus familias, quienes sobreviven de este trabajo en el sector agrícola y que se han visto drásticamente afectadas por la pandemia. Son alrededor de 31 millones de personas -a todo el Perú- a las que alimentan estas mujeres productoras de vida.
