Lideresas de Lima Sur unen esfuerzos para mejorar su relación con el entorno en los sectores más áridos de la capital limeña
Por Leah Sacín
Desde sus distintas asociaciones levantan sus voces para poner en la agenda municipal el desarrollo de la agricultura urbana, la recuperación de alimentos de mercados de abastos y acciones de atención ante los peligros climáticos como las olas de calor.
El #DíadelMedioAmbiente es una efemérides perfecta para resaltar el trabajo comprometido de mujeres que buscan no solo cuidar y proteger el medio ambiente, sino hacer visibles los impactos diferenciados que tienen las crisis climáticas según el género. Ser mujer en tiempos de cambio climático y sus grandes retos. Y es que el cambio climático no afecta a todas las personas por igual sino de manera diferenciada según su nivel de vulnerabilidad y capacidad de respuesta. A mayor marginación social, económica, cultural, política y/o institucional por motivos de género, clase, etnia, edad, entre otros, menor será la capacidad adaptativa de las personas a los riesgos climáticos (MINAM & AECID, 2014). Las desigualdades de género son motores de la vulnerabilidad frente al Cambio Climático.
En el caso de las mujeres, los impactos son diferenciados, ya que son las principales encargadas de gestionar el agua para consumo humano, de buscar y preparar los alimentos, del cuidado de niños (as), adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad, y en situaciones de desastres (carencia de agua y derrumbes) nuestras horas de trabajo en casa aumentan, tal como sucedió en el contexto del covid-19, reduciéndose las posibilidades de recreación, educación, afectando su salud física y mental, trabajo remunerado y una mayor participación política, y por tanto profundizando así las brechas de género que enfrentamos.
Así mismo, la situación de pobreza en la que muchas mujeres se encuentran debido a que son únicas proveedoras del hogar, jefas de familia, madres solteras (9.3% a nivel nacional), con ingresos mínimos, las coloca en una situación de alta vulnerabilidad.
Sin embargo, las mujeres también somos agentes de cambio, poseemos conocimientos y prácticas que pueden contribuir en la implementación de respuestas frente a los efectos e impactos del cambio climático. Así lo demuestran mujeres de los distritos más grandes de Lima Sur: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores quienes se han volcado al trabajo de agendas de género y cambio climático elaborando propuestas de medidas de mitigación, adaptación y gobernanza con enfoque de género para que sus municipios se pongan en acción.
Las principales propuestas están relacionadas a la seguridad alimentaria (agricultura urbana, recuperación de alimentos de mercados de abastos) y las acciones de prevención en salud frente a los peligros climáticos, como las olas de calor (Programa de familias saludables).
Nuestras voces
Son diversas pero comparten un entorno, una preocupación y las ganas de luchar por cambiar un futuro que amenaza a las más vulnerables. Provienen de los tres distritos más grandes de Lima Sur: Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Estas son algunas de sus historias en las que resalta el valor de poner manos a la obra en un tema en el que muchos voltean la mirada.
Madre e hija
Marina Gamboa (55 año) y su hija Carmen Najarro (20 años) decidieron juntas involucrarse en el tema del cambio climática en su localidad. En Villa María del Triunfo hay pocas zonas con acceso al agua, escasas áreas verdes y mucha necesidad económica. Las familias que viven en las zonas altas son las más afectadas por los cambios de temperaturas. La mala calidad del aire impacta en niños y adultos mayores generando crisis de enfermedades respiratorias. Marina y Carmen enfocan su esfuerzo en aquellas personas a quienes se les recargan las labores de cuidado por todos estos factores y ellas saben que suelen ser las mujeres. Marina llegó desde Ayacucho cuando aún era una adolescente, no hablaba español y el trabajo que le permitía subsistir le impedía estudiar al mismo ritmo que otras chicas de su edad. Sin embargo, Marina estaba determinada a avanzar en el colegio y luego su sueño era ir a la universidad. Su sueño era estudiar medicina. Aunque el sueño se hizo esquivo con muchísimo coraje logró culminar la carrera técnica de enfermería y forjarse como dirigente en su distrito participando de los comités de salud y haciendo labor de promotora. En ese camino y en esa lucha su hija desde pequeña la acompañaba. Hoy Carmen ha cristalizado el sueño de su madre que es el suyo también: está por terminar su carrera de medicina. Ambas trabajan en su comunidad promoviendo la agricultura urbana y las acciones de prevención en salud. Mujeres que han vivido en carne propia el impacto diferenciado que tienen todas las crisis según el género y en especial la del cambio climático.
La herencia de Maria Elena
Nicolasa Lima tiene 63 años y todos ellos los ha vivido en Villa El Salvador. En este árido distrito al sur del centro de la capital peruana aprendió de lucha y compromiso con su comunidad. Y cómo no, si conoció y vivenció la fortaleza de una de las lideresas más entrañables de la historia: Maria Elena Moyano. Con Maria Elena las mujeres se organizaron y se involucraron en la política más cercana, la del barrio y el distrito, la de los alimentos y la solidaridad. Allí aprendió que la unión es la verdadera fuerza y que su voz era importante para muchas que aún no se atrevían a tomar liderazgo. Hace algunos años decidió trabajar en la recuperación de alimentos, apoyando a los comedores populares para poder alimentar a más familias. Sabe que el cambio climática, como tantas crisis que nos azotan, como fue también la pandemia, impactará de manera más cruel en las espaldas de las mujeres. Por eso está en acción: capacitaciones, talleres, incidencia política ante sus autoridades locales. Nicolasa ha desarrollado su voz en uno de los lugares en que los estragos de los cambios del clima se sienten con más rudeza.
Con V de Victoria
Victoria dice que se siente más cómoda hablando en quechua, su lengua materna. Esa lengua que es también un vínculo con su tierra: Ayacucho. Tenía tan solo once años cuando dejó su cielo celeste y su aire puro para venir a la capital del país. Recuerda que le costó muchísimo aprender el español, la escuela no era prioridad pues lo suyo era una necesidad galopante de trabajar para subsistir día a día. Primero trabajos en los que apenas y le daban un almuerzo, trabajo casi en esclavitud sin sueldo. Una niña quechuahablante expuesta a la rudeza e injusticia de la ciudad. Victoria tuvo todo en contra pero también una determinación a prueba de todo. “Yo voy a salir, voy a lograrlo”, primero era el idioma, luego desenvolverse en la ciudad y finalmente ser una líder en su distrito. Hoy ha enfocado sus esfuerzos en traer algo de sus conocimientos ancestrales al árido distrito en que se ha asentado para vivir. La agricultura urbana es una apuesta por generar espacios verdes, producir alimentos para el autoconsumo e incluso una alternativa para generar recursos. Hoy Victoria levanta su voz para hacer visibles los impactos diferenciados del cambio climático en las mujeres y las labores de cuidado invisibles que se incrementan en estos tiempos. Su voz es poderosa por ha sabido vencer toda adversidad para sostenerla.
Datos sobre brechas de género
Al año 2020, en Lima Metropolitana el 40% de las mujeres de 14 y más años de edad no tienen ingresos propios, cifra superior al 24,8% en hombres (INEI, 2020).
En relación al tiempo destinado al trabajo doméstico no remunerado, la Encuesta Nacional de Tiempo (ENUT) señala que las mujeres dedican 23 horas con 34 minutos más que los hombres a nivel nacional (INEI, 2010).
El incremento de la carga doméstica y la reducción de empleos y salarios afectaron especialmente a las mujeres en la pandemia por Covid-19. De tal manera, los impactos del cambio climático pueden acentuar la desigualdad de género ya existente.
A nivel de San Juan de Miraflores, la tasa de analfabetismo es mayor en mujeres (3.5%) que en hombres (0.9%), según INEI 2017
A nivel de Villa María del Triunfo, la tasa de analfabetismo es mayor en mujeres (3.5%) que en hombres (1%).
A nivel de Villa El Salvador, la tasa de analfabetismo es mayor en mujeres (3.1%) que en hombres (0.8%), según INEI 2017
No es novedad que Honduras sea un país que no satisface las necesidades de salud de la población, principalmente la salud sexual y reproductiva, pero para las mujeres y niñas esto es aún más complicado. Si bien este 8 de marzo se conmemoró con la firma del acuerdo ejecutivo para el uso y la comercialización libre de la PAE, seguimos en lucha para que se ejecute. Tras dos meses de ese hecho histórico, no hay un servicio integral de salud para las mujeres hondureñas y tampoco tienen acceso a la PAE en centro de salud públicos.
Según la ONU, Honduras ocupa el segundo lugar en embarazos de adolescentes. En el año 2022, el Ministerio Público del país recibió 3,932 denuncias de violencia sexual, lo que se traduce a un promedio de 10 mujeres violentadas sexualmente por día: un 19% más que en el año 2021. De esta cifra, el 64% corresponde a denuncias de menores de edad. Cada año que pasa las cifras aumentan.
Un embarazo forzado es una tortura; pero lamentablemente, en el país, a las niñas, jóvenes y mujeres se les obliga a maternar al no poder tener control sobre sus cuerpos. Parte del origen de ello es la necesidad insatisfecha de acceso a la Educación Sexual Integral y a la Anticoncepción, y también a la violencia machista y misógina por la que atraviesa el cuerpo de las mujeres.
En pleno 2023, en Honduras seguimos luchando por que se reconozca la autonomía corporal de las mujeres. Según el imaginario de la población, el cuerpo de las mujeres es territorio de conquista.
El gobierno tiene la obligación de garantizar un país donde las mujeres nos sintamos seguras y libres para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, y también un país libre de violencia machista. El hecho que todavía no se pueda acceder a métodos anticonceptivos nos deja en una posición de desigualdad. A eso le podemos incluir la edad, la etnia, la educación y el nivel socioeconómico; de modo que, si poseemos menor nivel económico, tenemos menor acceso a servicios de salud pública.
Además, las defensoras de los derechos humanos seguimos en la lucha constante por desligar el gobierno de la religión. Según la Constitución, Honduras es un país laico, pero la religión sigue influenciando decisiones que únicamente debería competer al Estado. Ahí nace la concepción de que el fin único de las mujeres es la reproducción; por lo tanto, las leyes, los decretos y los acuerdos no favorecen a las mujeres. En un contexto como ese, no se puede asegurar los servicios de salud sexual reproductiva esenciales.
A pesar de todas las exigencias realizadas, el gobierno de Honduras sigue sin garantizar el acceso de servicios de salud pública a las poblaciones femeninas. Rosa Gonzáles de la Fundación Llaves, en un reportaje de la IWF (International Women’s Foundation), menciona que constantemente escucha que “las mujeres hondureñas no se cuidan” cuando en este país ni siquiera hay condones femeninos. La única opción para prevenir un embarazo es el uso de condones masculinos, los cuales están bajo la potestad de los hombres. Esto se traduce en violencia y embarazos no deseados.
El camino de la erradicación de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres es largo, pero paso a paso lo lograremos.
Cada dos minutos fallece una mujer por complicaciones en el embarazo o el parto, esto según el último informe de las Naciones Unidas en conjunto con otros organismos de la misma ONU, llamado Tendencias en la mortalidad materna del 2000 al 2020.De acuerdo al mismo informe, entre el 2016 y el 2020 la tasa de mortalidad materna aumentó un 15% en América Latina y el Caribe.
En este artículo conoceremos la historia de parto de 5 mujeres que en diferentes circunstancias tuvieron que traer al mundo a sus hijas e hijos en un país con muchas deficiencias.
Sistema de salud en Guatemala
En Guatemala el sistema de salud se divide en privado y público. El sistema público contempla los puestos de salud, hospitales regionales y nacionales; brindados a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, (MSPAS). Dentro de este también entra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). En cuanto al sistema privado este va desde los seguros de salud proporcionados por bancos y otras entidades hasta hospitales generales, clínicas privadas y farmacias.
Aunque parece ser un sistema estructurado, la verdadera palabra para describirlo es: frágil. Una de las principales razones es la centralización de recursos en el departamento de Guatemala. Esto aunque existen departamentos con más población y mayor extensión territorial.
Además el IGSS llega solamente al 17% de guatemaltecas y guatemaltecos. Pues para poder poder afiliarse es necesario tener un trabajo con prestaciones. Aunque las personas sean asalariadas el no ser parte de una planilla de trabajo les excluye de recibir seguro social. Además en Guatemala, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 65% de la población son parte del sector informal de trabajo. Lo que significa que tampoco tienen la posibilidad de afiliarse al IGSS.
Dar a luz en un mundo en crisis
La vulnerabilidad, tanto de la población como del sistema de salud del país, se vieron fuertemente afectadas a consecuencia de la crisis sanitaria. En el momento de mayor emergencia el IGSS debía recibir a cualquier persona que necesitara atención por Covid-19 estuviera afiliada o no. Claramente todos los esfuerzos estaban concentrados en combatir la pandemia. Esto repercutió de manera indirecta a algunas mujeres que estaban próximas en dar a luz.
Ese es el caso de Mónica Obando que se convirtió en mamá en plena pandemia, en junio del 2020. Mónica trabaja en el área de educación en una organización sin fines de lucro que le facilita la afiliación al IGSS, sin embargo a causa de la emergencia no pudo dar a luz en el seguro social y optó por ir a un hospital privado.
“El IGSS estaba colapsado, en los hospitales (nacionales) corríamos riesgo de contagiarnos mi bebé y yo. Buscamos opción en lo privado, no teníamos tantas opciones ya que cerraron mucho por el covid”.
Uno de los principales temores de Mónica era contraer el virus pues además de la vulnerabilidad en la que ella y su bebé estarían también pensaba en su mamá que había sido diagnosticada recientemente con esclerosis múltiple. Necesitaba tomar precauciones. A causa de la pandemia tampoco pudo elegir cómo sería su parto.
“No me dieron oportunidad de que fuera parto normal, ya que los médicos no podían salir en cualquier horario y algunos estaban contagiados, así que debía ser cesárea programada para evitar que no hubiera médicos si era emergencia”.
Al preguntarle si hubiera utilizado su afiliación en el IGSS de no haber existido pandemia, piensa un poco y dice que sí. “Si, en otras circunstancias. Mis 3 hermanos y yo nacimos allí. También mis 2 sobrinos, no hubiera tenido inconveniente, aparte lo he pagado toda mi vida aunque sea en esa ocasión lo hubiera usado”, dice mientras ríe. Explica que el área de maternidad tiene ‘buena fama’ y luego de pensarlo dice que “Ahora después del covid, quizá lo pensaría más.”
Un tema complejo en cuanto al sistema de salud pública en Guatemala es que existe un prejuicio sobre la calidad de sus servicios y de la atención que da el personal. Y como en la mayor parte de veces en la maternidad, todas las personas tienen una opinión sobre lo que es ‘lo mejor’.
IGSS con buenas y malas experiencias
Alejandra Méndez es emprendedora y dio a luz en abril de este año. Ella había escuchado sobre experiencias negativas dentro del IGSS. Pensaba también en el desgaste de energía que tendría al momento de realizar procesos dentro de la institución, pensando que estos serían lentos y tediosos.
“Tengo amigas y familiares que no han tenido buenas experiencias en el IGSS, entonces creo que por miedo y desconocimiento no quise hacerlo ahí. Creo que el IGSS tiene los profesionales y el equipo adecuado, sin embargo los procesos son muy lentos, el trámite es muy tedioso”. expresa Alejandra. También le daba temor no recibir un trato humano en la institución por lo que optó por un centro privado.
Alejandra recuerda que al momento del parto sintió que la atención de la anestesióloga fue clave para sentirse tranquila y segura. Pues no tenía una idea muy clara de qué iba a ocurrir o cómo iba a sentirse en la cesaría. De nuevo, había escuchado experiencias, pero vivirlo fue algo completamente diferente.
“Aunque no era su deber, ella me acompañó y me fue diciendo paso a paso todo lo que yo iba a sentir, eso me ayudó muchísimo. Recuerdo que hubo un momento donde se me durmieron las piernas, empecé a sentir un hormigueo y aunque ya sabía que era parte de la anestesia era una sensación horrible entonces me asusté. Pero ella me ayudó mucho porque me dijo exactamente cómo me iba a sentir, entonces así estuve más tranquila”, recuerda Alejandra.
Por otro lado tenemos la experiencia con el IGSS de Celeste Abril, ella trabaja como secretaria y a diferencia de Alejandra ella sí se sintió acompañada pues dentro de la Institución se pone en una misma habitación a 10 mujeres que acaban de dar a luz. Esto hizo que Celeste pudiera hablar con otras 9 mujeres de lo que acababa de vivir.
“Una no se compone sola, sino acompañada de muchas mamás. Solo en la habitación donde nos pusieron en reposo, éramos 10. Fue muy bonito porque entre todas nos ayudamos el primer día.”, Celeste también dice que el personal, sobre todo las enfermeras fueron muy atentas con ella y su hijo. “En mi experiencia todos me trataron muy bien y también a mi bebé. Me lo atendieron muy bonito las enfermeras, estaban al pendiente de nosotros, le cambiaron el pañal dos veces. Muy amables.”
El parto de Celeste fue natural y recuerda que el 4 de noviembre del 2022 fue a las 10 de la mañana a realizar la suspensión que le correspondía por su tiempo de post parto. Luego fue trasladada a la sede del IGSS donde finalmente daría a luz a las 16h.
Un servicio constante
El IGSS fue fundado en 1946 y forma parte de los logros de la Revolución del 44 en Guatemala. Es una institución gubernamental, pero cuenta con autonomía. En sus concepción este fue pensado primero para recibir a personas asalariadas para poco a poco poder afiliar también a las personas que no contaran con un sueldo fijo. Sin embargo esa meta no ha sido lograda 77 años después.
Claudia Zamora recuerda cuando dio a luz por primera vez, hace 30 años.
“En ese momento yo era súper jovencita, tenía menos de 20 años. Y la persona con la que yo me casé era quién tenía la cobertura en el IGSS. Fue un parto sin ninguna sorpresa, muy normal, muy tranquilo”. Además explica que recibió en la misma institución la atención desde el momento que supo que estaba embarazada con chequeos cada mes para monitorear el desarrollo de su hijo. Luego del parto, Claudia se sintió muy acompañada pues además del personal de salud también tuvo atención de una trabajadora social para resolver sus dudas.
“Ella siempre estaba ahí pendiente si tenía alguna pregunta y pasaban a preguntar si alguien quería platicar con la trabajadora social, entonces fue una atención muy bonita. Me hizo sentir no tan sola y me hicieron sentir segura de qué era lo que iba a suceder. Te dan mucha información, incluso te dan algún folletito con información como la lactancia o la dieta de los 40 días”. Claudia recuerda también que le enseñaron a cambiarle el pañal a su bebé y que el trato de las enfermeras y doctores que llevaron todo su proceso, fue amable.
Nueve años después Claudia volvió al IGSS al área de maternidad, pero esta vez la decisión de ser atendida ahí no la hizo por no tener otra opción, como la primera vez, además ahora ella ya era afiliada. La experiencia fue completamente distinta pues a partir del quinto mes de embarazo comenzó a tener complicaciones, situación que la hizo permanecer en reposo absoluto por 2 meses internada en el hospital.
“Empezaron los problemas de parto prematuro desde el quinto mes. Desde ese momento me dejaron en reposo absoluto y ahí empezó nuestro tomo uno y tomo dos. También me sentí súper acompañada, las enfermeras fueron re lindas. La trabajadora social y la psicóloga también me estuvieron acompañando por dos meses”.
Recuerda que el médico tratante también fue muy amable y respondía la avalancha de preguntas que tenía. Este embarazo tenía una carga emocional muy fuerte para Claudia pues temía que el bebé naciera mucho antes de los 9 meses. Las preocupaciones que le generaban estos pensamientos hacían que tuviera contracciones, pero gracias a ejercicios de respiración propuestos por la psicóloga asignada pudo terminar con ese ciclo que se repitió mucho durante el tiempo de espera en el hospital.
El segundo embarazo de Claudia fue de 7 meses y las complicaciones fueron causadas por unos fibromas que controlaron durante el embarazo.
“Me monitoreaban, incluso yo tuve hasta atención médica externa. Me mandaban a servicio contratado para hacer algunos chequeos del bebesito. Yo oía el corazón de mi hijo. tuvimos la alegría de verlo en ese escaneo 3D que no existía en Guatemala o era el inicio, estoy hablando de hace 21 años. Y tengo ahí la foto de Juan Fernando que se veía como un bebé muy activo, pero bajo de peso”.
El IGSS no cuenta con servicios tan especializados, ni en ese momento ni ahora, así que cuando eso sucede realiza una consulta externa en el sector privado que es absorbida por la institución a través de servicios contratados.
“Si hubiera tenido que pagar por ese servicio médico quizás no hubiera recibido una atención tan buena como la que recibí en el IGSS”.
Ella también recuerda que en este segundo parto le dieron indicaciones para alimentar a su bebé con una combinación de fórmula y leche materna También para ‘cangurear’ a su bebé. Este es un método donde la madre o padre tiene a su bebé en contacto directo, piel con piel. Se utiliza con bebés prematuros o bajos de peso.
“Al final mi experiencia con el IGSS te puedo decir que fue satisfactoria. Agradezco el trato de esas personas en ese momento. Sobre todo por Juan Fernando y tocó cangurearlo tuvieron toda la paciencia del mundo para explicarme, para enseñarme.” Claudia se escucha agradecida pues percibe que siempre hicieron más por ella y sus hijos. Por esta buena experiencia ella no duda en recomendar al IGSS.
“Si yo tuviera que recomendar a la institución a alguien que va a tener a sus hijos ahí por primera vez, yo no dudaría en recomendarla.”
Acompañarse por otras
Cuando Alejandra piensa si tuvo algún momento incómodo dentro de su cesaría inmediatamente habla sobre la vulnerabilidad de estar en una sala de operaciones rodeada de hombres. En su caso solo la anestesióloga era mujer.
“Lo único que me hizo sentir incómoda fue que en la sala de operación, las personas que me operaron eran hombres. Dentro de la cesaría, una tiene que estar desnuda. Una está súper expuesta. Aunque es el trabajo de los médicos y lo han hecho muchas veces, una se siente incómoda, expuesta. Te tienen acostada en una camilla sin ropa con los brazos abiertos, las piernas abiertas y creo que esa parte fue un poco incómoda”. cuenta Alejandra mientras se escucha de fondo a su hijo Rodrigo.
Pensando en este tipo de situaciones incómodas la comunicadora y defensora de los derechos sexuales y reproductivos, Joseline Velásquez decidió parir en un centro privado donde fue acompañada por parteras. Explica que eligió este lugar para su parto porque ya había sido atendida ahí.
“Tenía experiencia de haber tenido consultas ahí de salud sexual y reproductiva y de métodos anticonceptivos. El trato y la atención siempre fue especial, me sentía segura”.
Joseline descartó por completo el servicio público, pues no quería enfrentar precariedad o violencia dentro en su atención en el momento del parto. Hace énfasis en la violencia obstétrica que sufren algunas mujeres en ese sector de salud.
“No quería que me ‘cortaran’ para que el parto fuera más fácil. Y me refiero al corte que hacen algunos profesionales, entre la vagina o los labios hacia el ano para que el parto sea más fácil. No quería, tenía miedo de que eso me pasara”.
La atención prenatal la recibió en otro centro privado, donde no se sintió cómoda para el parto pues percibía un trato de una empresa que presta un servicio más, sin mayor interés genuino por ella o su bebé, Amapola.
“Yo quería tener la posibilidad de sentirme cómoda con mi cuerpo, que no me juzgara por querer tener un parto natural, en donde no me estuvieran presionando para pujar”.
Dentro del parto Joseline dice que se sintió muy acompañada y no solamente por las parteras, también por su hermana y el papá de Amapola, quiénes pudieron estar presentes. Ambos recibieron junto a Joseline varios cursos antes de que llegara el momento del parto. Esto de alguna manera generó un vínculo entre ella y las parteras. Se sintió acompañada físicamente, a través de las técnicas de respiración que le enseñaron, pero también emocionalmente con los cuidados físicos y emocionales.
“Nada de lo que lees, de lo que ves en videos o de las experiencias; te prepara. Te da información, pero el momento es único. Yo no voy a decir que tuve un parto sin dolor o un parto bonito porque fue un parto intenso. Había mucho dolor, mucha carga emocional y cansancio”, recuerda. Lo dice con una sonrisa que explica que genuinamente se sintió cómoda.
Joseline hizo todos los esfuerzos necesarios para que el momento del parto fuera cómodo para ella y para su bebé, sin embargo el hecho de confiar el procedimiento a parteras en vez de médicos hizo que la decisión fuera cuestionada por sus amistades. Ocurre que aunque contar con el acompañamiento de una partera o comadrona es algo muy común en el país se sigue teniendo prejuicios sobre su conocimiento.
“Yo compartí la forma en la que había decidido tener a la bebé, que no era en un hospital, con doctores, con anestesia. Y que por el contrario había decidido tenerla con parteras en un centro, en una clínica diferente. Y en algún momento se me cuestionó por qué. Que no estaban preparadas”. Joseline explica que se sintió juzgada y con dudas sobre su plan de parto, incluso contempló cambiarlo.
Para ella existe un prejuicio de clase sobre las parteras y las comadronas, clasificándolas como ignorantes o poco capaces por no seguir al pie de la letra los métodos de la medicina occidental; pero, al recordar por qué había tomado la decisión en principio, comodidad y bienestar para ella y su hija, retomó la seguridad del principio.
“No solo fue un servicio. Había una conexión especial de las parteras, nos comunicamos para saber cómo estábamos. Yo ya estaba muy cansada el último mes, ellas me recomendaban mucho por chat ‘tomá este té’. Preguntaban: ¿Tienes alguna duda? ¿Cómo te has sentido?».
La atención que recibió Joseline fue muy especial para ella, detalles como recibir una impresión de la placenta, tener la membrana como un recuerdo. El corte del cordón umbilical no fue inmediato y lo realizó su hermana. Además de haber hecho cápsulas y pintura con la placenta. Este tipo de detalles no existen en el sector público o privado. Para ella es parte del fortalecimiento del vínculo madre e hija.
Privilegio agridulce
Para Joseline tener el privilegio de vivir un parto como el suyo, como quiso, es un tema agridulce. Pues sabe que esta no es la realidad de muchas guatemaltecas. Que por diferentes razones su única opción es el sistema de salud público.
Deben acudir a lugares lejanos de sus comunidades, tener a la mano de alguna forma de transporte y en algunos casos, recibir atención médica en un idioma que no es el suyo. Por eso muchas acuden a comadronas que pueden explicar desde lo cotidiano lo que están pasando y que además les hablarán en su idioma.
En contraste a lo ofrecido por el MSPAS el sector privado generalmente apuesta por ofrecer el servicio de cesárea y este tiene un costo entre Q7 500 hasta los Q50 000, es decir entre USD 960 y USD 6 400.
“Cada mujer debería tener la posibilidad de que su parto sea recordado aunque haya sido intenso como el mío. Doloroso y cansado. Que haya la posibilidad que no sea violento, no violento porque ejercen violencia obstétrica”.
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Más adelante, podremos conocer más historias de mujeres en Guatemala, sus experiencias dando a luz en departamentos de todo el país y su vivencia en el parto de la mano de ‘comadronas’.
Una familia ha reunido a toda una comunidad de Bongará, en Amazonas, para luchar por la salud de una joven de 26 años. La estudiante de medicina y fundadora de la ONG «En Memoria de Hipócrates», Jhoana Tapia Hernandez, viene batallando el cáncer de mama desde los 24 años y este año no solo regresó, sino que se ha propagado y ha hecho metástasis. Ahora, sus seres queridos buscan el apoyo para lograr su pronta recuperación.
El cáncer metastásico alcanzó a Jhoana antes de realizar su internado de medicina en la ciudad de Trujillo y ha afectado sus pulmones y su otra mama. La joven natural de Amazonas viajó desde Trujillo hasta la ciudad de Lima el 23 de marzo de este año, para realizarse exámenes médicos, sin imaginar el diagnóstico que recibiría.
En Lima, le comunicaron que el cáncer había vuelto y se había esparcido. Un derrame pleural masivo era el causante de su frecuente tos y falta de respiración. Pero, además del diagnóstico también descubrió que el Seguro Integral de Salud (SIS) no cubría los medicamentos que necesitaba para el tratamiento que podría prolongarle la vida. Por ello, realizó un video en la plataforma de TikTok comentando su situación y solicitando ayuda. También hizo un llamado de atención hacia el Ministerio de Salud (MINSA) y a sus futuros colegas.
Sus familiares y amigos del centro poblado El Progreso, en el distrito de Pomacochas, en Bongará – Amazonas, salieron a las calles exigiendo que el MINSA escuche su pedido. Pero, pese a la insistencia y hacer público el caso, los doctores optaron por no atenderla ni recetarle el medicamento que le salvaría su vida. Incluso algunos de sus futuros colegas, partidarios de cargos políticos, la han dejado en el abandono, cortando el sueño de una joven universitaria y fundadora de una ONG que apoya a pacientes oncológicos.
UNA ESPERANZA DE VIDA
Los padres de Jhoana están seguros de que superará este maligno, ya que en una anterior oportunidad venció al cáncer de mama y se preparaba para las próximas operaciones realizando una rifa. Actualmente se encuentra en el distrito de Surquillo (Lima) realizando sus chequeos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y en establecimientos de salud particulares, costeando medicinas de alto costo que la ayudarán en su sobrevida.
En esta oportunidad, solicita el apoyo de todos y todas. Aquí dejamos los detalles para apoyar económicamente a Jhoana:
Pueden encontrar más información de su caso y la rifa prosalud que realiza en Instagram, Facebook y TikTok: @DoctoraJhoanaTapia
Cada segundo domingo de mayo se conmemora a las madres; aquellas que nos dan la vida y que siempre procuran nuestro bienestar. Pero ¿qué pasa con aquellas y aquellos que perdieron a esta figura familiar a causa de un feminicidio?
El pasado viernes 12 de mayo en Perú, un grupo de madres, tías, hermanas, abuelas y demás familiares salieron a exigir justicia para las víctimas de feminicidio. Ellas, con valentía, pidieron al Gobierno peruano celeridad en los casos y mejores garantías de vida para las mujeres.
“No tengo nada qué festejar”, expresó con impotencia Rosario Aybar Servelion, madre de la socióloga Solsiret Rodíguez, quien desapareció en agosto de 2016 y cuyos restos fueron encontrados en febrero de 2020.
Familias Unidas por Justicia es el nombre del colectivo dirigido por Sandy Evangelista Loa, joven de 25 años quien en 2006 sufrió la lamentable pérdida de su hermana mayor Nelva y que hoy lucha para apoyar a los deudos de las mujeres asesinadas en busca de justicia y, como si fuera un sueño utópico, frenar a la violencia contra la mujer desde todos los medios posibles para que ninguna familia tenga que pasar por esto.
“Entrando a 2019, nos dimos cuenta de que el Estado no te hace caso cuando estás sola, tiene que ser muy mediático para que te hagan caso. Entonces, decidimos unirnos. Primero éramos cinco familiares, nos juntamos y vinimos al Ministerio de la Mujer. No nos quisieron atender, pero fuimos el primer grupo que nació en el año 2019, donde hubo el índice más alto de feminicidios con 168 casos”, expresó la joven dirigente y activista.
En todo este trayecto, Sandy ha escuchado historia tras historia, cada una más desgarradora que otra y, la mayoría, con el mismo desenlace: nada.
“En el proceso judicial, no hay tiempo para descansar en la familia y el Ministerio de la Mujer no funciona si no estamos detrás. No funciona como entidad ni constitución si es que los propios familiares no están detrás denunciando y exigiendo”, manifestó Sandy.
A pesar del desamparo por parte de las autoridades, Familias Unidas por Justicia sigue de pie y, haciendo honor a su nombre, se aferra a sus ideales y se mantiene en pie de lucha. No sabemos cuándo pueden faltar nuestra madre, hermana e hija. Aunque no lo aceptemos, esa es la cruel realidad en la que vivimos.
Actualmente, según las cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en lo que va del 2023, se han registrado 58 feminicidios y, en el primer trimestre del año, la Defensoría del Pueblo y la PNP reportaron 671, 884 y 889 denuncias por desaparición de mujeres correspondientes a enero, febrero y marzo, respectivamente.
Más de medio centenar de familias se suma al mar de cifras de aquellas que no pasaron un Día de la Madre como se suele representar. Las lágrimas de alegría para ellas son de impotencia. Noches intranquilas imaginando que las que faltan aún siguen en cuerpo y alma. Habitaciones vacías con un falso olor a perfume que las transporta a épocas donde no quisieran salir.
¿Quiénes son estas familias? A continuación, conoceremos algunos de estos testimonios.
Sandy Evangelista Loa
Le arrebataron la vida a Nelva (Evangelista Loa) un 27 de febrero de 2006. Quien le arrebató la vida salvajemente fue Nicolás Giovanni Vásquez Velarde que era su pareja, en ese entonces.
«Nelva conoció a Giovanni cuando ella tenía 15 años y tuvo una relación de 10 años, porque ella tenía la misma edad que yo tengo ahora cuando la asesinaron.
Desde un inicio, ella sufría violencia desde todos los ámbitos y ella era consciente de que lo sufría, ya que lo denunció en tres oportunidades, porque él intentó matarla. No fue una violencia silenciosa. Fue un intento de feminicidio, que actualmente ya está tipificado así.
Las tres denuncias relatan el horror. En la primera, Giovanni la obligó a cavar un hueco, mientras le decía que ahí la iba a enterrar viva. La segunda fue porque la agarró a pedradas queriendo romperle la cabeza. La tercera sucedió cuando la asfixió y la dejó casi muerta. Ella, en su inconsciencia, logró escuchar que Giovanni dijo: “¿Dónde está el cuchillo? Para matarte”. Ella revivió, prácticamente, y fue hacia las autoridades para denunciarlo, pero, tal como ahora, no hicieron nada.
No siguieron el caso, no lo detuvieron jamás, tuvo la complicidad de la familia del asesino siempre, pero no hicieron nada.
Nelva escapó a Ayacucho durante tres meses y regresó por mí, por mis hermanos y por mi mamá. Cuando ella llegó a Lima, Giovanni comenzó a acosarla, volvió a golpearla e intentó ingresar a la casa.
Ella tenía planeado fugarse a Chile en una quincena de marzo de 2006. No sé qué pasó, se enteró el asesino y, faltando quince días para que ella escape, fue asesinada y no por simplemente celos, como sugiere la sentencia.
A ella le quemó, la golpeó, y la agredió salvajemente. Fue quemada con agua hirviendo y, aún así, la necropsia reveló que Nelva seguía viva cuando la enterró y que prácticamente murió por asfixia y desangramiento.
Giovanni fugó por diez años y cuando fue capturado en Colombia, ya se encontraba varios años en la lista de los más buscados con la recompensa más alta de 30.000 soles.
Lo capturaron y extraditaron a Lima por ser un caso mediático. Y justo por ello, el Ministerio Público cambió la tipicidad de ‘homicidio simple’ a ‘parricidio’, porque, a pesar de que en 2016 ya se reconocía al feminicidio como delito, no actúan con la ley vigente, sino con anterioridad y el máximo delito en 2006 era el parricidio.
Lo sentenciaron a 28 años y él apeló con un recurso de nulidad a la Corte Suprema. Con este proceso, le reducen la condena a 20 años porque los jueces alegaron que sufrió celotipia y que por eso la mató.
No tomaron en cuenta las tres denuncias que existían, las mismas que eran la clara prueba de que no había celos ahí y que ya era algo planeado, premeditado.
Nosotros como familia y yo como hermana intentamos hacer algo, pero lamentablemente los únicos que pueden apelar en las instancias son los asesinos, la familia no. Solamente somos actores civiles que no podemos defender a nuestras víctimas, solamente los asesinos, justamente porque están vivos tienen ese derecho.
Katherine Flores Mendoza
«Mi hermana Estefanny Flores Mendoza tenía 20 años cuando fue asesinada.
El hecho ocurrió un 13 de abril de 2019 en su propia casa a manos de su expareja José Luis Falcón Gutiérrez, de 30 años. Él la estranguló y ocultó el cuerpo.
Nosotros, previamente, hicimos una denuncia de tentativa de feminicidio, porque más o menos el 24 de marzo ella llegó a mi casa llorando y le dijo a mi papá que este la había estrangulado. Dijo: “Me ha ahorcado”.
Eso le contó a mi papá y a nosotros. Luego de hablar con ella, llamé a la línea 100.
Katherine declara también que cuando acudieron a sentar la denuncia en la Comisaría Sol de Oro, el policía a cargo del área de Familia Mauro Catalino Narvae le gritó y la juzgó, sin importarle la gravedad del asunto y que ella sufría de dependencia emocional.
Este hombre la ahorcó, le golpeó el hombro y mi hermana se desmayó; cuando despertó vio que él estaba revisando su celular y le dijo: “Te voy a matar”. La amenazó de muerte y luego cumplió con esa fatal sentencia de forma macabra».
“Maté a mi pareja. El cadáver está en una bolsa debajo de mi cama”. Esa fue su confesión tres días después. Escena tan macabra que, hasta la fecha, perturba y llena de impotencia a la familia de Estefanny.
Haydee Suárez Herrera
«Soy madre de Patricia Villafuerte Suárez, mi hija era activista feminista y cantuteña. Tenía 24 años. El 7 de septiembre del 2019, ella murió dentro de una patrulla policial de un disparo por la espalda, en la nuca, bala que salió de una AKM, un fusil de asalto. Eso acabó con la existencia de mi Patricia.
Hoy estamos a la espera de la denuncia fiscal a estos policías, ya que, hasta el día de hoy, han trabajado con total impunidad. No tuvieron sanción alguna, solo fueron reubicados en otras comisarías.
El policía Julio César Marquina Sulca es uno de ellos. Él, desde antes de la muerte de Patricia, tenía una denuncia por tráfico ilícito de drogas. El segundo policía es Luis Alberto Sandoval Hoyos y también tiene una denuncia por violencia familiar y hurto agravado.
Yo culpo directamente al que en esa época fue ministro del Interior, porque él no cumplió con su trabajo y no limpió esta institución. Si él hubiera retirado a estos policías, mi hija no estaría muerta. Se hubiera podido evitar».
A raíz de este lamentable suceso, Haydee buscó ayuda y logró dar con Familias Unidas por Justicia, a las cuales agradece por su constante apoyo.
«Ellas son mi familia de lucha. Somos tantas y vamos en aumento. Es terrible lo que está ocurriendo.
He tenido algunas caídas, pero siempre he estado en lucha. Yo soy una madre en resistencia. Lucho por justicia para mi hija Patricia Villafuerte Suárez, ella no se suicidó, ella murió por consecuencia de una negligencia policial.
A mi hija la mataron y yo quiero justicia y verdad para mi Patricia».
Carlos Muñoz Cordero
«Soy padre de Joshuany Muñoz Bravo, ella tenía 23 años, trabajaba en una empresa y vivía sola en un cuarto alquilado. A mi hija la mataron dentro de su cuarto el 10 de diciembre de 2019.
Al inicio, confié en el Ministerio de la Mujer, porque pensé que era el lugar donde iba a ver la justicia sobre mi hija, pero lamentablemente vi que no tenía mucho apoyo. Entonces, busqué a un particular.
Hicieron todas las investigaciones. Primero, en la Fiscalía de la avenida España y encontraron a un primer sospechoso, un menor de edad (Rodrigo Araujo), por las letras que se habían escrito en un espejo (“No te metas con el veneco”). La grafotecnia coincidía con la letra del menor.
El caso fue derivado a la Fiscalía de Familia, por ser menor de edad, pero no lo citaron. Citaron a la hermana que no tenía nada que ver en el caso, a la mamá de un sujeto del gimnasio que tampoco tenían nada que ver.
Finalmente, la Fiscalía de Familia, archivó provisionalmente el proceso de mi hija. Y yo me entero, no por mi abogado, cuando ya había vencido el plazo para presentar un recurso. Entonces, derivaron el caso a la Fiscalía de Villa María.
Ellos, al ver que había un sospechoso por la prueba de grafotecnia, se sorprendieron de que la Fiscalía de Familia no hubiera hecho nada.
Luego de esto, y derivado a un poder más alto, se decidió que la Fiscalía de Villa María investigue a los adultos y que la Fiscalía de Familia de Chorrillos investigue al menor.
El pasado 27 de abril me citaron para ampliar mi declaración en Villa María. Hoy, llamando a la Fiscalía de Familia de Chorrillos, me doy con la sorpresa que no se ha avanzado con el caso.
Yo lo que quiero es justicia para mi hija, porque a ella la han matado. Ella estaba descansando en su cuarto. Han entrado, no sé cómo. En los videos (de seguridad) sale cómo él entra y sale. Además de la prueba de grafotecnia. No porque sea menor de edad él pudo entrar, matar a mi hija y listo. Ella no merecía morir de esa forma en que la mataron».
Mural junto al Auditorio de la Facultad de Ciencias – Asamblea de Mujeres Organizadas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Foto vía Twitter @Val_Enrii
De forma histórica las mujeres nos abrimos camino para habitar, sostenernos y construir espacios dentro de la ciencia y tecnología alrededor del mundo.
Ha sido a través de los movimientos sociales, colectivas, espacios feministas, políticas públicas e implementación de protocolos que se ha exigido y buscado tanto el acceso como las condiciones dignas en las escuelas de enseñanza de ciencia y tecnología, universidades, centros e institutos de investigación científica.
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia nos invita a reconocer las voces de mujeres que han luchado para mejorar las condiciones en medio de un entorno patriarcal, así como brindar espacios para conocer las aspiraciones que las han guiado y motivado para formarse como ingenieras, docentes en ciencia, tecnología y ejercer la investigación científica.
Las mujeres y niñas han sido impactadas por la brecha de género, el sistema patriarcal y la violencia de sexual dentro de las comunidades STEM (Science, Technology, Engineering & Math), siendo estos espacios ocupados por hombres debido a los roles y estereotipos.
Según el informe compartido en 2021 por el Observatorio de Institute For Future Education del Tecnológico de Monterrey, el 33% de los investigadores en el mundo son mujeres, siendo Asia Central con 48.2% y América Latina y el Caribe con 45.1% que ejercen su profesión desde la ciencia de forma parcial y tiempo completo.
En términos globales, la matrícula de estudiantes mujeres en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) es de 3 %; en las áreas de ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, 5 % y mientras que en ingeniería, manufactura y construcción, se encuentra el 8 % de mujeres.
El contexto que habita a las mujeres y niñas va desde la violencia contra las mujeres, la desigualdad de género y la brecha salarial, el área de ciencia y tecnología no es la excepción y hoy día continúan construyendo espacios libres de violencia.
Lo visible es que, no existe igualdad de género sin acceso equitativo al conocimiento.
Voces de resiliencia: mujeres científicas e ingenieras
Amanda Camila es ingeniera en biónica, tallerista en temas de educación sexual y activista por los derechos de las mujeres y comunidad LGBTTTIQ+, a Cami le es vital hacer camino para las nuevas generaciones de mujeres que buscan desarrollarse en el área STEM.
Las mujeres han sido su prioridad, sin embargo, dentro de sus ideales sostiene que es esencial que se tejan redes de apoyo, crear comunidad de forma plural y utilizar herramientas educativas que permitan reconstruir el tejido social de forma colectiva en un mundo donde señala, no podemos fingir que la violencia no existe.
Cuando fue estudiante de ingeniería cuenta cómo al ser un porcentaje mayor de hombres, los casos de denuncia eran muy pocos; fue la participación de la comunidad a través de los tendederos (denuncia social) la que brindó la visibilidad histórica en su universidad llevando así un cuestionamiento del ‘cómo y por qué estamos siendo socializadxs en contextos violentos’ y el ‘por qué el acoso está tan normalizado’
Actualmente dentro del sector industrial donde trabaja, lidera un proyecto donde el 90% lo integran hombres, reconoce que si bien como estudiante fue un reto el que le abrieran las puertas para hablar sobre la violencia hacia las mujeres, hoy día ve y construye las posibilidades para que los espacios productivos sean sensibilizados para reducir las violencias que como sociedad nos habitan.
Durante el pasado movimiento feminista que aconteció en el Instituto Politécnico Nacional, universidad pública en México donde se imparten ingenierías, ciencias médico-biológicas y administrativas, se evidenció públicamente en aproximadamente 40 escuelas el machismo, misógina, acoso, violaciones sexuales dentro de los planteles, casos de intentos de feminicidios y 3 casos catalogados hoy como feminicidios hacia estudiantes jóvenes de entre 15 hasta 27 años. Se cuestionaron abiertamente a las autoridades del Instituto y a través de ello es que las colectivas feministas, como diferentes sectores estudiantiles organizados han buscado presencia para abordar el contexto violento que viven las mujeres estudiantes de ciencia y tecnología.
Contingente de Mujeres Politécnicas (estudiantes de ciencias médico-biológicas e ingenierías) durante la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer 8 de marzo de 2020. Foto: Jessica Valdés
Por su parte, la Maestra en Ciencias y Química de profesión Teresa Jaens Contreras, que es docente en el Instituto Politécnico Nacional, cuenta que para ella ha sido importante reconocer el papel de la mujer tanto en la vida pública como en la privada para que ellas logren formarse y ejercer su profesión con una remuneración y reconocimiento académico digno. Esto, debido a que cuestiona la brecha salarial que existe en el sector educativo de las universidades y centros de investigación debido a los roles de género y estereotipos que han perseguido a las mujeres a través de la historia.
A la profesora Teresa le motiva el sueño de dejar un impacto lleno de conocimiento científico sin dejar de lado el sentido humano, para que las juventudes contribuyan en las problemáticas que vive la sociedad en materia ambiental, cambio climático, el área farmacéutica, entre otras aplicaciones científicas de interés social y económico.
Fotografía: Contingente Científicas Mexicanas A.C, “No soy ingeniosa, soy ingeniera”, “Nunca más la ciencia sin nosotras”, “Porque la ciencia esté libre de machismo”. Autoría: Verónica Santamaría
El caso reciente de acoso y violencia que aconteció en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), por parte del investigador Jean-Philippe Vielle Calzada, trabajador del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad de México (Langebio) adscrito al Cinvestav, fue lamentable. El denunciado, tuvo conductas de acoso sexual hacia sus compañeras de investigación, y al momento de ser acusado, interpuso una denuncia por difamación y daño a la moral. Aún así, cuando buscó incidir en el Centro, pues se postuló recientemente para la elección de Dirección del CINVESTAV, la comunidad científica lo rechazó fervientemente bajo la consigna que resonó en todos los Centros de Investigación del Cinvestav: “Un acosador no será director”.
El medio Animal Político realizó un reportaje donde señala que la doctora Angélica Cibrián, líder del laboratorio de Genómica Ecológica y Evolutiva del Langebio, fue entre las primeras en denunciar el acoso y abuso de poder que padeció entre 2012 y 2016 por parte de Vielle Calzada: “hubo manipulación y abuso sistemático por varios años, abuso de poder y acoso sexual vía un intento de besarme, obligarme a tocar su pene, varias invitaciones a hoteles y comentarios lascivos”.
Aún teniendo un cargo de investigadora, su posición con respecto a él era de menor influencia cuando ocurrieron los hechos. “En realidad, la jerarquía interna de poder”, dice. Esto porque él tenía una posición de mayor influencia al ser un investigador senior, mientras ella y otra de las denunciantes eran junior. Además otras dos víctimas ni siquiera tenían cargo como investigadoras.
En esta línea, la comunidad científica y estudiantil se ha posicionado para que las autoridades del Gobierno incidan e implementen estrategias para que no vuelva a acontecer. Hoy día las investigadoras continúan buscando justicia en sus espacios ya que las instancias han dejado impune su caso.
Protesta contra Jean-Philippe Vielle Calzada, 31 de octubre 2022. Foto vía: @paty_pecas
Las instituciones y servidores públicos apelan a discursos a favor de la igualdad de género en los espacios estudiantiles y de investigación para brindar garantía de los derechos humanos hacia las mujeres, sin embargo las acciones siguen siendo una utopía y parecen ser insuficientes. Estudiantes de ingeniería, científicas y profesoras creen que lo valioso es tejer redes colectivas, incentivar propuestas hacia las comunidades, brindar espacios de escucha e incentivar políticas públicas que permitan materializar acciones que reduzcan la brecha salarial y exigen la garantía de una convivencia libre de violencia, machismo y misoginia.
Exposición “Hilando memoria, tejiendo justicia” en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, 26 de noviembre de 2022. Foto: Jessica Valdés Flores
Recordamos y conmemoramos a todas las mujeres alrededor del mundo que han sufrido cualquier tipo de violencia, a quiénes se han visto truncada su formación profesional a causa de la alarmante violencia que atenta contra nosotras. La gran colectividad pide en voz alta: ¡Nunca más una ciencia sin nosotras!
