Diamantes y nubes: el consumo de cristal en hombres gay y bi de Ciudad Juárez (parte I)

por La Antígona | Historias

Por David Adrián García

@DavidAdrianGM

Este reportaje se publicó originalmente en Altavoz LGBT+, y fue realizado con el apoyo de la International Women’s -Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.

–¿Se arma o qué?

-Sí, ¿te gusta coger duro?

-Claro. ¿Unos fumes? (emoji de diamante)

-Va. ¿Traes material? (emoji de diamante)

–No, ¿y tú?

-Tampoco. ¿Armamos uno?

–Arres. ¿Motel?

-Sí, va. ¿A qué hora?

Con un par de mensajes y emojis en Grindr, una app de ligue para hombres, se pacta el encuentro que puede extenderse todo el fin de semana. Tomás es artista y activista, vive en Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, Texas, Estados Unidos. Ahí conoció el cristal, una droga que se ha popularizado en años recientes entre los hombres gay y bisexuales. Explica que las sesiones de consumo se organizan en línea: “Primero, al crear tu perfil de Grindr pones tu ‘diamantito’ en el nombre, si pones ‘dulces’ pueden ser diferentes drogas, el emoji de diamante se refiere al cristal. Y después se organiza: ‘¿A qué hora te caigo?’, ‘En tal lugar…’. Al principio del encuentro es ponerse a fumar un rato. Después es preparar los slams [consumo de cristal inyectado], cuando ya está uno ahí, y es hasta después que ya empieza el faje…”.

Tomás cuenta que comenzó a consumir cristal pocos meses después de mudarse a Juárez: “Llegué en enero de 2019, y para mayo o junio fue la primera vez que consumí cristal. Yo ya tenía el antecedente de haber usado coca en mis encuentros sexuales en donde vivía antes, por lo que no le tenía miedo a las drogas al iniciar en el cristal”.

Conoció la droga por encuentros sexuales con otros hombres: “Empecé a usar cristal porque era la droga que estaba disponible aquí… Yo creo que mi perfil de Grindr daba para que la gente me hablara de drogas, porque siempre he sido directo de cómo me gusta el sexo y hay un estereotipo del que consume drogas en el sexo: el que consume drogas y coge, seguro coge a pelo, seguro le gusta el sexo guarro, sucio, es ‘entrón’, es lo que se piensa, entonces mi perfil dice todo eso y de ahí se hizo la conexión”. 

El ‘crico’

El cristal, crico, foco, entre otros nombres y formalmente conocido como metanfetamina, es una droga estimulante y adictiva que afecta el sistema nervioso central. Su fabricación es relativamente sencilla, por lo que su precio puede ser muy bajo en las zonas donde se produce.

En Ciudad Juárez el cristal se ha convertido en una preocupación para las autoridades al menos en los últimos 5 años. En 2017, el 35.14% de toda la droga asegurada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua correspondía a cristal. Para septiembre de 2022, ya era el 49.15% del total.

Según datos de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), una asociación civil no lucrativa fundada en 1969 e incorporada al Sector Salud mexicano, en 2021 en Chihuahua el 51.7% de sus usuarios reportaron haber consumido metanfetaminas alguna vez en la vida (media nacional: 50.4%), mientras que el 35.7% reportaron haberla consumido en los últimos 30 días, lo que se conoce como “consumo activo”. La media nacional de consumo activo de cristal es de 28.4%.

Los efectos estimulantes de esta droga permiten pasar mucho tiempo sin dormir y sin comer, por lo que es utilizada por transportistas, jornaleros, campesinos para tener largos periodos de vigilia, y operadores de la industria maquiladora, que tiene una fuerte presencia en las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez.

Entre hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH), el consumo de cristal se ha popularizado en los últimos años como una forma de incrementar el placer en las relaciones sexuales. Esto se conoce como ‘chemsex’.

Ricardo Baruch, doctor en Ciencias de la Salud, activista e investigador en temas de salud de personas LGBTI, explica:

“El Chemsex es una práctica sexual donde se utilizan drogas químicas para tener un intercambio más intenso y duradero, y que particularmente está acotado a hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, es decir, no que las personas heterosexuales no tengan sexo con drogas, pero existen ciertas características alrededor del fenómeno que lo hacen más específico de la comunidad […] El cristal no es de uso exclusivo del chemsex, y para tener chemsex tampoco tiene que haber cristal. Sin embargo, al menos aquí en México, sí hay una relación muy cercana entre estos dos temas”.

Otras drogas que se suelen utilizar en esta práctica son la cocaína, la ketamina, el 2-CB, el viagra y los poppers.

Tomás reconoce que le intrigaba saber qué se sentía con el cristal: “Me acuerdo que al principio mucha gente me decía ‘No lo consumas, no es bueno’, pero yo ya venía de una vida de consumo en donde vivía antes, entonces no me daba temor [… ] La primera vez que lo usé fue con un man que me lo propuso. Me lo llevé a mi casa, y lo probé. Y efectivamente, lo que me permitía percibir en el cuerpo durante el sexo fue muy notable, lo disfruté mucho”.

El cristal aumenta considerablemente el nivel de dopamina en el cerebro, lo que incrementa el placer durante las relaciones sexuales:

“Te sube muchísimo el nivel de dopamina, te sientes muy feliz, con mucha energía, con mucho ímpetu”, explica Ricardo Baruch, “y a nivel cerebral esto provoca una adicción muy fuerte a tener unos niveles muy altos de dopamina…”.

Otro de los efectos del cristal es la deshinibición, lo que permite que las personas que lo consumen se permitan cosas que en sobriedad no harían. Tomás explica que estos efectos también se potencian según el rol que se asuma durante el sexo:

“Por ejemplo: si me drogo, me pongo más vulnerable, más dispuesto, más sumiso, más complaciente. Esto tiene que ver con una fetichización con el consumo. O por el contrario, me drogo para dominarte, para tener más fuerza, para aguantar más, todo es según el rol que asumas en la relación […] La segunda vez que usé cristal fue con otro man desconocido. Yo ya había practicado fisting [práctica sexual que consiste en introducir el puño total o parcialmente a través de la vagina o el recto], y me dijo: te drogo para que aguantes, y en efecto, fue inmediato. El cristal me ayudaba mucho a poder aguantar el fisting”.

Según la dosis aplicada, los efectos de esta droga se pueden extender hasta 24 horas, aunque lo común es que quienes los utilizan consuman varias dosis durante una misma sesión, que puede durar varios días. Ricardo Baruch explica que al suspender el consumo de cristal uso se presenta un efecto depresivo en el sistema nervioso:

“Si de repente te quitan la sustancia te da un bajón. Hay mucha gente que empieza a notar, que ya no puede tener, ya no digamos algo relacionado con el sexo, sino más bien ya no pueden tener su vida diaria sin estar consumiendo porque su cerebro ya no puede recuperar el nivel de dopamina”. 

La dopamina es un neurotransmisor que está presente en diversas áreas del cerebro y que es especialmente importante para la función motora del organismo, y que causa sensaciones placenteras y de relajación. Ese “bajón” se conoce entre los consumidores como “malilla”, y puede durar días, dependiendo de varios factores:

“Mi primera vez la malilla fue terrible. No dormí como por cuatro días y me dolía mucho el cuerpo […] Como en ese entonces estaba estudiando decidí dejar de consumir hasta que tuviera vacaciones”, cuenta Tomás.

El ‘boom’ del cristal en Juárez

Los hombres gays han utilizado el cristal en sus relaciones sexuales durante décadas, en distintas partes del mundo. Está documentado su uso en este grupo social en Estados Unidos durante la época disco en los años setenta, pero es muy probable que se utilizara desde antes. En Ciudad Juárez se vuelve un poco más complicado rastrear el uso de esta sustancia en este grupo social en particular, sin embargo, datos del consumo en la población general dan una pista importante.

Hace 10 años, apenas el 2% de los usuarios de los Centros de Integración Juvenil del estado de Chihuahua buscaban ayuda para dejar el cristal. Las drogas de mayor impacto en dichos centros eran la marihuana y la heroína, con el 30.7% y el 17.4% de usuarios respectivamente.

Para 2016, las metanfetaminas se igualaron en impacto a la heroína, mientras esta iba a la baja en su consumo. A partir de 2020 el cristal superó también a la marihuana, y para finales del 2021 ya alcanzaba un nivel del 37% de usuarios que buscaban ayuda para dejarlo en Chihuahua, ligeramente arriba de la media nacional de 35.6% de usuarios. (Visualización: https://public.flourish.studio/visualisation/11397490/)

Programa Compañeros A.C. es una organización con casi 40 años de trabajo con poblaciones que consumen drogas de forma inyectada, y personas que viven con VIH en Ciudad Juárez. Como parte de su trabajo, han documentado la historia del consumo de drogas en la frontera.

Julián Rojas es coordinador de la iniciativa de reducción de daños del Programa Compañeros A.C., y tiene 17 años dedicándose al acompañamiento de usuarios de drogas inyectadas. Ha podido ver de cerca el cambio en el consumo en Ciudad Juárez:

“Hubo un tiempo en que era un fenómeno muy intenso el uso de heroína combinada con cocaína, el llamado ‘speedball’; casi la mayoría de los jóvenes lo combinaban, fue un periodo de mucha intensidad. Pero ahora con la presencia del cristal, si bien no hay muchos usuarios que lo usen de forma inyectada, han ido en aumento”.

Rojas recuerda que hace varios años el consumo de heroína se concentraba en las clases altas, por su alto costo: “El consumo de usuarios hace más de 30 años eran los que compraban en El Paso, Texas, y tenía mayor costo. Al empezar el consumo en Juárez, la heroína se fue abaratando más y está más disponible. Ahora con el cristal está aumentando el consumo porque hay más y es más barato. Tiene que ver también con eso”.

David Montelongo, jefe de proyectos de la organización, agrega: “Han evolucionado no sólo las sustancias sino la forma en la que se consumen. Para los usuarios veteranos, el consumo de heroína inyectada fue un proceso largo. Primero comenzaron con otras drogas ‘más leves’ y poco a poco llegaron a esa forma de consumo [inyectada]. Recientemente el uso de drogas como el cristal es algo que no tiene tanto tiempo, y normalmente se da el brinco de una sustancia más ligera a una de estas”.

Respecto al consumo dentro de la población LGBT+, David agrega: “En los 80’s, en Ciudad Juárez había ‘ghettos’, ese espacio oscuro, insalubre, donde tenías la oportunidad de vivir con cierta libertad tu identidad [como personas LGBT+]. Hoy la cosa ha cambiado, ya tenemos marcha del orgullo, ya hay matrimonio igualitario, se ha visibilizado, ya no hay ghettos, ahora hay ambiente LGBT+”. La normalización de la presencia de personas fuera de la heteronorma en la sociedad de Ciudad Juárez, aunada a la llegada de aplicaciones de ligue como Grindr, facilitó el aumento del fenómeno de consumo de cristal entre esta población. Montelongo explica:

“[El internet] nos da un acceso inmediato a otras personas y socializa fenómenos de forma inmediata, contrario a lo que ocurría cuando existían los ‘ghettos’, que sólo se conocía de voz en voz. Ahora Grindr está al alcance de tu teléfono, y es más fácil hacer el encuentro con alguien que también consume sustancias […] Es evidente que cada vez más hombres que tienen sexo con otros hombres consumen cristal de forma sexualizada, no tenemos registro estadístico, pero de forma testimonial lo sabemos”.

Ricardo Baruch asegura que existen personas con más posibilidades de caer en un consumo problemático del cristal: “Cualquiera lo puede consumir por sentir algo distinto, pero entre las personas que no son capaces de controlar su consumo se ha demostrado que hay temas de violencia en la infancia o en la adolescencia, discriminación, abuso sexual, baja autoestima […] No es en todos los casos, pero casi siempre hay algo roto en la persona […] Si a eso le sumas la cuestión de tener la sustancia disponible, que sea barata, pues se crea la tormenta perfecta”.

‘La droga gay’

• Pasa mucho con los ‘jotos’, ¿no? Que somos muy venenosos, siempre estamos compitiendo. Pero, ¿sabes? Yo creo que eso no tiene que ver con el crico, sino con las dinámicas de discriminación en la misma comunidad: que si eres pobre, que si eres viejo, que si no tienes el tipo de cuerpo que a mí me gusta… Quienes estamos en una doble vulnerabilidad, la de ser gays y consumir cristal, estaría chido que nos uniéramos, que nos apoyáramos más. (Tomás)

El consumo de drogas en las relaciones sexuales entre hombres se ha vuelto un tema de conversación en esta comunidad, al grado de existir productos culturales que giran alrededor de esta práctica. Desde exposiciones de arte, hasta sitios pornográficos que se enfocan en el consumo como vehículo de excitación, forman parte de esta integración del consumo de drogas a la “cultura gay”.

“Es una cuestión cultural que tiene que ver con el disfrute. Una de nuestras máximas como parte de un grupo social gay, es el pleno disfrute de la sexualidad y el placer, pero el placer potencializado a su máximo esplendor, o sea, no solamente sentir rico, sino que hay una búsqueda imparable de incrementar el placer”, comenta Juan Carlos Mendoza, doctor en ciencias en salud colectiva y especialista en salud LGBT+.

El especialista explica: “Compartimos esta cultura en los espacios donde convivimos: en sitios de encuentro, en antros […] estos espacios favorecen el consumo de drogas, todo va entrelazado, el hetero por lo general sale de su trabajo y se va con su familia. Con esto no digo que los heteros no consuman drogas, pero sus espacios no les favorecen para un consumo exacerbado como a nosotros”.

Según explica Juan Carlos, las diferentes experiencias que enfrentan en su vida los hombres cis gay y bisexuales en contraparte de sus pares cis heterosexuales hacen a los primeros más proclives al uso de drogas:

“Es el estrés de las minorías: además de lo que sufre o experimenta toda la población, nosotros [los gays] sufrimos un estrés extra por el hecho de nuestra orientación sexual. […] en algunas personas esto va a influir para su consumo de drogas. ¿Por qué? Porque es un paliativo para mejorar las experiencias negativas”.

La visibilización del consumo de cristal en la población gay ha creado la falsa idea de que ser una persona LGBT+ es un factor de riesgo para el consumo de drogas. David Montelongo nos explica que el riesgo no viene de la identidad sexual de la persona sino del entorno y la discriminación a la que la sociedad la somete:

“A veces pensamos que lo opuesto a la adicción es la abstinencia, como si fueran polos opuestos de lo saludable y no saludable. Más bien, lo opuesto a la adicción serían las relaciones estables, profundas, amorosas. Entonces ser LGBT no es un factor de riesgo, pero ser LGBT y vivir en un ambiente de alta discriminación, alta homofobia, rechazo familiar, relaciones quebradas, sí, ese es el factor de riesgo, no la identidad LGBT”.

El uso del cristal en ámbitos sexuales ha desencadenado en una tendencia a “erotizar el consumo”, y a crear contenido pornográfico gay dedicado a esta práctica. Una búsqueda rápida en sitios de pornografía con los términos ‘PNP’ (abreviación del término en inglés: Party and Play), ‘Meth’, ‘Slam’, ‘Clouds’, y otros relacionados, arrojan cientos de videos amateurs y profesionales de hombres consumiendo cristal, fumado o inyectado, mientras mantienen relaciones sexuales.

“Este fenómeno no era muy visible antes, lo de erotizarse con vídeos con uso de drogas, sobre todo en Twitter. En las plataformas grandes había [consumo de drogas] pero no mucho y ahora es muy común encontrar este tipo de producciones”, comenta Ricardo Baruch.

Apesar de que la pornografía es un producto de ficción, Baruch opina que esto puede traspasar el límite entre la fantasía y la realidad: “Hay evidencia al respecto, quizás no tanto en el uso del cristal, pero sí en la práctica del bareback [tener sexo sin condón]. El porno bareback tuvo una influencia muy fuerte en el cambio de la dinámica en Estados Unidos para dejar de utilizar el condón […] Es un poco lo mismo, o sea, yo estoy viendo todo el tiempo este tipo de vídeos y pues me erotizo porque veo que los güeyes están guapos y se la pasan chido, entonces pues voy a intentarlo a ver a ver si a mí también me va chido, ¿no? Entonces sí hay una fetichización de la droga”.

El ruiseñor de cristal

• Te voy a hablar de un amigo. Él falleció de cáncer, entonces ya no lo ponemos en riesgo por mencionarlo. Él iba mucho a un lugar que se llamaba El Ruiseñor, un motel. Ahí organizaba sus fiestas, invitaba las drogas y quería que todo el mundo llegara. Yo fui un par de veces. Era muy generoso, y las fiestas duraban días. Ese lugar se volvió un lugar de consumo mientras él vivía, en cierto punto ese lugar y él se volvieron símbolo de fiesta gay. Una vez me platicó que quería escribir un libro donde contara todas sus experiencias. Le iba a poner “El Ruiseñor de Cristal’. ¡Hasta el título tenía y todo! Él se sentía que era el rey de las fiestas de cristal acá en Juárez y pues en cierto modo, sí lo era. Él era así, súper botado con las drogas. (Tomás)

Un comentario común entre los hombres gay y bisexuales que consumen cristal es que se acostumbran a tener relaciones sexuales solamente con otros consumidores:

“Es real que tenemos sexo principalmente con otras personas que también consumen, por varias cosas: Primero, quieres que el encuentro sea largo porque te dura mucho la calentura. Tienes que estar dispuesto todo el tiempo, entonces lo ideal sería estar con alguien todo el tiempo. Por ejemplo, para una cogida casual, yo no consumiría, porque sería algo de una hora y luego yo me quedaría ahí, caliente”, explica Tomás.

Sin embargo, conseguir a alguien que le lleve el ritmo no es tan sencillo: “Yo estoy saliendo con alguien que no consume, y es de que: ‘Nos vamos a encerrar en un motel de un día para otro, ¿arres? Tú y yo, ¡arres!’. Pero si esta persona tiene sueño y se cansa, pues ahí me quedo yo despierto. Por eso es preferible que la otra persona también sea consumidora, porque así llevamos el mismo ritmo”.

El estigma que pesa sobre los consumidores, aunado a la fetichización del consumo como la cúspide del placer sexual entre hombres, orillan a muchos consumidores de cristal a buscar encuentros solamente con otras personas que también consumen, pues por un lado son rechazados por sus pares no consumidores y, por el otro, los efectos  consumo hacen que sus prácticas sean más complicadas.

“Yo podría coger con todo el mundo. El pedo es que cuando te asumes como cricoso, la gente ya no quiere coger contigo… Si alguien me dijera que sí quiere coger conmigo este fin de semana pero no quiere que consuma, yo le diría que no”, acepta Tomás.

Las sesiones largas en algunos casos incluyen a muchas personas a la vez, y es común que nuevas personas se integren a la sesión mientras otros se retiran:

“Son fiestas de sexo sin sexo, porque es como llegar a encuerarte y jalártela viendo porno, pero en realidad nadie está cogiendo porque ya ni se les para, y siempre quieres invitar más gente porque el que está aquí ya no te parece suficiente”, explica Ricardo Baruch.

También existe un sector de la población gay o bisexual que no se siente incluída en las prácticas de su comunidad por su tipo de cuerpo (por tener obesidad, por ejemplo), o por no cumplir con los estándares de belleza aceptados, que han encontrado en el consumo de drogas una forma de conectar con otros hombres con los que regularmente no tendrían contacto. Baruch explica:

“En nuestra comunidad es muy evidente el rechazo a los cuerpos diversos. Entonces hay gente que se siente que no puede coger con alguien “chido” [con “buen cuerpo”] a menos que estés encristalado, y entonces ahí sí agarras valor para hablarle a algún tipo que nunca le habías hablado, o para entrarle a cierto tipo de prácticas que regularmente no harías. Es un cóctel muy complejo”.

Slam

• Yo creo que ya condicioné mi sexualidad a que siempre esté acompañada del consumo. Creo que para volver a tener sexo sin consumo es porque el consumo no esté presente en mi contexto geográfico, es decir, me voy a una ciudad donde no hay cristal. Eso me obligaría a reconfigurar mi sexualidad […] A veces me quiero sentir mal por eso, de que mi sexualidad sólo depende del cristal. Creo que más bien es una decisión que yo tomé, acompaño mi sexualidad del consumo porque así me gusta y quiero hacerlo, y cuando ya no pueda hacerlo entonces me pongo en la tarea de replanteármela… (Tomás)

El slam es el nombre con el que se le conoce al uso de drogas de forma inyectada antes o durante las sesiones de sexo. La droga se disuelve en agua, preferiblemente esteril, y después se inyecta directamente a la sangre. Hay varias drogas que se consumen de esta forma, como la ketamina, el MDMA, la cocaína y la metanfetamina. 

Este método permite que se sientan los efectos de la droga mucho antes que otras formas de consumo, como fumada en una pipa de vidrio, que suele ser la más popular entre quienes se inician en el consumo de esta droga.

Algunos consumidores consideran el slamming como una evolución natural en su consumo de cristal: “En un momento todos los que conocía fumábamos, y de un momento a otro comenzamos a inyectarnos”, cuenta Tomás. 

Fumar el cristal genera efectos más atenuados que tardan más en aparecer en el cuerpo, mientras que en el consumo inyectado el efecto es inmediato, más intenso y duradero. Esto es debido a que una cantidad de la sustancia se pierde en el proceso de consumir el humo, mientras que al disolver la droga e inyectarla directamente en la sangre, la dosis es más intensa.

Esta práctica implica riesgos como la posibilidad de provocar abscesos alrededor de la zona inyectada por introducir la sustancia en zonas diferentes a la vena, o con partículas poco disueltas que se quedan atoradas bajo la piel. Lesiones que requieren tratamiento médico.

En el caso de Tomás, el slam representa la principal forma de consumo. Explica que debe planear las sesiones de sexo y consumo con varios días de anticipación, pues sólo consume los fines de semana para poder recuperarse y volver a sus actividades regulares. Después de asegurar a la persona con la que tendrá la sesión, y pactar los detalles de la hora y lugar, deben asegurarse de que ambos cuenten con “material” suficiente. En caso de no tenerlo, deben contactar a su dealer.

“Al llegar al lugar de la sesión, desde el principio es ponerse a fumar para empezar, ¿no? Después es preparar los slams, cuando ya está uno ahí, antes de ponerse a fajar y todo esto… Para mí está bien hasta 30. De 40 o 50 se me hace súper alta [la dosis], y estaría muy bajito de 15”.

Tomás se refiere al tamaño de las jeringas en mililitros. Por lo general, el cristal se disuelve y se toma la cantidad que se va a inyectar. Sin embargo, la preparación casera del slam, así como una falta de estándar en la fabricación del cristal, hace que las dosis puedan variar de sesión a sesión, sin control del usuario.

Una vez aplicada la inyección, el efecto es casi inmediato. El “rush” comienza y se da paso a la acción sexual. Tras dos o tres horas, se toman un descanso, y el ciclo continúa:
“Yo me hago slams cada 6 horas más o menos. Cada slam me da menos efecto. En mi caso no me estoy exigiendo consumir más, yo sabía que mi cuerpo me iba a pedir más y eso es lo que no quería. Pero me he quedado en esta dosis, no creo que llegue a un momento en el que no sienta nada. […] Pero sí resiento los efectos de la droga, la orina te sale super amarilla dos días”.

En las proximas entregas de este reportaje nos adentraremos aún más al uso de drogas y narcóticos, conoceremos los riesgos de su consumo y a la comunidad cricosa que encuentran en la colectividad una forma de expresión e identidad.

Sigue en la parte II

Guardianas del territorio: hacia una transición energética sustentable y digna

por La Antígona | Historias

Por Jessica Valdés Flores

En el marco internacional por el día del ahorro energético, es imprescindible hablar sobre el acceso a la justicia social y el derecho a un medio ambiente sano. Las defensoras del territorio y comunidades indígenas luchan por el acceso a la justicia ambiental en sus territorios.

El día mundial del ahorro energético fue celebrado por primera vez en el año 2012 durante el Foro Energético Mundial (World Energy Forum) en Dubái. Sus principales objetivos mencionan promover el acceso universal a la energía de forma fiable e impulsar tecnologías sostenibles para el año 2030. Sin embargo, es importante destacar las siguientes preguntas: ¿Energía para qué? ¿Energía para quién? ¿Energía cómo?

En Latinoamérica y en diferentes latitudes alrededor del mundo, las comunidades indígenas y rurales resisten ante la crisis climática que nos atraviesa, y es a través de la defensa del territorio, propuestas alternativas para el consumo energético y la resignificación de las redes comunitarias que es posible construir otros mundos posibles. 

 Ilustración del documental La Energía de los Pueblos, producida por La Sandía Digital

Según la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), para el 2019 la energía que se consume en mayor proporción proviene del petróleo y sus derivados en un 59%, mientras que la demanda de energía ha aumentado durante la pandemia, treinta millones de habitantes en Latinoamérica no tienen acceso a energía eléctrica (Cooperativa Onergia).

Compartimos el siguiente gráfico recuperado de la Guía Onergia para la Soberanía Energética donde se muestran las fuentes de energía que se consumen en México, teniendo como principales a los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) como los principales suministros.  

Oferta interna – bruta por fuente. 1990 – 2017
Fuente: CONUEE con información del SIE de la SENER
*Incluye las energías geotérmica, eólica y solar.

Mientras las regiones en México sufren del desplazamiento y contaminación de agua, aire y suelo en sus territorios debido a la construcción de megaproyectos que velan por intereses privados, las comunidades indígenas han optado por la organización comunitaria para hacerle frente a las nuevas transiciones energéticas que se impulsan desde las políticas públicas y acuerdos internacionales que dejan de lado el acceso a la justicia ambiental. 

Sierra norte de puebla

En las comunidades de los pueblos totonacos, nahuas y mestizos en la Sierra Norte de Puebla, se impulsan proyectos para la soberanía energética de forma sustentable. Con capacitación y apoyo de la Cooperativa Onergia, han realizado proyectos comunitarios para gestionar y suministrar la energía de fuente fotovoltaica.

Cuando hablamos de ahorro y eficiencia energética, implica preguntarnos desde dónde y quiénes producen la energía, si existe un adecuado acceso a la información y datos abiertos del impacto ambiental que genera la industria energética, y lo más importante, cuestionar si el derecho a la vida, la protección a los recursos naturales y el acceso a la justicia ambiental son pilares dentro de las agendas de transición energética dentro de lo local y alrededor del mundo.

Ilustración Guía Onergia sobre Soberanía Energética
Fuente: Cooperativa Onergia

Investigar, construir y compartir alternativas sustentables para el consumo energético que nos guíe hacia una soberanía energética sustentable es imprescindible para el cuidado de la tierra. Además, es importante hacerlo mientras cuidamos e impulsamos la participación social de las comunidades para una repartición equitativa de los recursos energéticos donde los productores como consumidores de energía inciden en sus localidades.

Defensoras del territorio

En América Latina y el Caribe, las mujeres que defienden los territorios y protegen los recursos naturales de los megaproyectos que impulsan empresas trasnacionales, son referentes en la lucha social para el acceso a un medio ambiente saludable.

Tal es la historia de Ná Lupita, Mujer de las nubes. Ella es originaria de Unión Hidalgo, comunidad indígena zapoteca en México donde se autonombran “Binni’zaa” que en zapoteco significa “personas que provienen de las nubes”. Frente al detrimento del territorio a causa de la construcción del parque eólico promovido por Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), Ná Lupita comenzó a prepararse y estudiar los marcos normativos internacionales, derechos y responsabilidades de los pueblos y comunidades indígenas, así como derechos humanos universales para llevar el caso a los tribunales.

México es uno de los países más participativos en los acuerdos internacionales, pero son notables los casos sociales donde existen carencias para su implementación. Tanto la violación a los derechos humanos como a los acuerdos internacionales dejan en claro que el beneficio no suele ser a las comunidades regionales.

Ilustración de Ná Lupita, Mujer de las nubes
Fuente: Portal de Defensoras del Territorio

Por su parte, la historia de Alejandra Jiménez, Flor de asfalto, mujer originaria de Veracruz, ha dedicado parte de su vida al activismo e incidencia comunitaria para hacerle frente al “Fracking” en México. Dentro de la región del Totonacapan ha participado activamente para hacerle frente a las industrias del petróleo que han dañado a las comunidades de la costa del Golfo de México y quienes también han violentado los instrumentos legales en materia ambiental.

¿Qué es el Fracking?

Se trata de una práctica donde existen fracturas hidráulicas para la extracción de gas natural y petróleo de forma no convencional. Estos recursos no renovables se encuentran atrapados en los poros de las formaciones rocosas del subsuelo a una profundidad entre mil y cinco mil metros. La técnica perfora el subsuelo a kilómetros por debajo del mar con una inyección que contiene una mezcla de sustancias químicas, agua y arena a elevada presión para forzar la salida del petróleo.

Esta práctica ha dejado en México un impacto ambiental y de salud alarmante, pues ha contaminado las fuentes de agua, las personas sufren efectos negativos en su salud, ha promovido la emisión de gases que contribuyen al calentamiento global y deteriorado la flora y fauna de las localidades.

Alejandra ejerce una voz crítica y poderosa para denunciar los efectos que ha traído el fracking en las localidades de Veracruz y en otras entidades mexicanas. Desde el Tribunal Permanente de los Pueblos, ha sido una referente internacional por la defensa de los derechos humanos y acceso a la justicia ambiental. Ha utilizado sus conocimientos para brindarles a las comunidades locales mejores condiciones de salud, participando activamente en iniciativas políticas para hacerle frente a la prohibición de estas técnicas industriales insalubres y aniquiladoras del territorio. En entrevista para Planeteando, ella se autodenomina como “Flor de Asfalto”, ya que ella nació y creció en la ciudad, pero sus quehaceres y afinidades se han encontrado en el campo.

Ilustración de Alejandra Jiménez, Flor del Asfalto
Fuente: Portal de Defensoras del Territorio

De los recientes acuerdos internacionales, el Acuerdo de Escazú, celebrado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica (y que entró en vigor el pasado 22 de abril de 2021), es uno de los fundamentales para comenzar la transición energética con justicia social. Porque reconoce a los defensores del medio ambiente como personas en situación de vulnerabilidad garantizando su protección integral y la promoción de las personas quienes luchan por la tierra y el territorio. Hasta ahora, es el único instrumento internacional que busca implementar el derecho de acceso a la información ambiental, acceso a la participación ciudadana en asuntos ambientales y acceso a la justicia ambiental.

Mujer, agua y energía no son mercancía. Marcha durante el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo 2020, Puebla de Zaragoza, Puebla, México
Fuente: Guía soberanía energética, Fundación Rosa Luxemburgo

El ahorro energético va de la mano de la transición energética sustentable, y esta, a su vez necesita de propuestas científicas, tecnológicas y económicas sostenibles y sustentables con perspectiva social, comunitaria y de género. Requieren de herramientas que protejan a las comunidades indígenas, les activistas ambientales, defensores de la tierra, y las organizaciones no gubernamentales.

Mientras que la responsabilidad es compartida desde diferentes sectores y trincheras, necesitamos con urgencia propuestas comunitarias para que el la eficiencia y ahorro energético se construya desde la soberanía energética de los pueblos, comunidades y ciudades.

La educación ambiental y memoria política necesita reivindicar el cómo producimos y consumimos energía mientras garantizamos el acceso a un ambiente saludable y a la justicia ambiental.  

Aborto clandestino: una carga psicológica silenciada

por La Antígona | Historias

Por Brenda Villalba

Hilando las palabras, con la voz entrecortada y la respiración rápida, Marta buscaba otra bocanada de aire. Recuerdo tras recuerdo de hace años se avecinaban en su mente para poder traer al presente situaciones a las que muchas mujeres se enfrentan día a día. Las palabras se tambaleaban mientras recordaba el evento traumático por el que pasó. Marta es una joven que recurrió dos veces a la interrupción de su embarazo de manera clandestina. Ella, junto a otras tres mujeres, ofrecen sus testimonios y son el vivo reflejo del peso físico y psicológico que conlleva la ilegalidad y penalización del aborto. El dolor aún se siente, pero la carga emocional es un factor poco atendido. 

En un país donde se penaliza el aborto, no resulta fácil asistir a establecimientos médicos y aún peor tener la confianza para tejer una red de apoyo. Este procedimiento puede dejarles complicaciones y repercusiones de salud por el resto de su vida. Pero otras cientos de mujeres mueren y muchas otras tienen que lidiar con el trauma de por vida.

En Bolivia el aborto clandestino es la tercera causa de muerte materna, y tiene uno de los índices más altos de la región, con un 13% el cual se traduce aproximadamente a 160 muertes por cada 10 000 nacidos vivos, según IPAS en 2020. Sin embargo, no se cuenta con datos oficiales.  

Marta, Lucia, Andrea, Jimena y Cinthya (psicóloga clínica), son nombres cambiados debido a la penalización del aborto, pero sus historias son reales. Fueron entrevistadas para este reportaje y su testimonio nos acerca a su realidad y a la de cientos de mujeres que deciden no maternar.

Dimensionando la situación actual del aborto, en Bolivia se puede acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por ciertas causales.

Considerando la ampliación de las excepciones en 2017, una mujer puede acceder a la ILE por: reproducción asistida sin el consentimiento, la inviabilidad del feto, violación, estupro, incesto, para salvar la vida de la mujer y si la embarazada es niña o adolescente. Estas razones se encuentran inscritas en el Código Penal boliviano en el artículo 153, donde se sanciona de uno a tres años de cárcel a toda mujer que no cumple con estas causales.

Sin embargo, en la práctica realmente no se llegan a concretar varios de estos procedimientos y se han visto obstaculizados. Los principales factores que intervienen son: la injerencia de terceros como la iglesia católica; la falta de conocimiento de la ley, los prejuicios, la estigmatización de las niñas y adolescentes, y la negligencia de los proveedores. Según datos de IPAS, entre 2014 y 2019 se contabilizaron 13 000 embarazos infantiles -Que se traducen como vejámenes contra su humanidad, según La Convención de Belém do Pará-, de los cuales se realizaron solo 513 ILE en el país, mientras en el mismo lapso se registraron 54 002 abortos incompletos, actualmente conocidos como hemorragias. Pero también se enfrentan a un sistema precario. En un informe del 2020, la Defensoría del Pueblo mencionaba que no se contaba con infraestructura, medicamentos, equipamiento para realizar la ILE.

En este marco, son varias las organizaciones internacionales que han apoyado la legalización del aborto. La CAT en sus observaciones finales mencionaba que el personal médico se niega a suministrar atención a las mujeres embarazadas y que la legislación actual restringe estrictamente la interrupción voluntaria, causando daños y hasta la muerte. El comité de la CEDAW señala que las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como la penalización del aborto, la denegación o la postergación del aborto seguro y/o atención postaborto, y la continuación forzada del embarazo son “formas de violencia por razón de género que, según circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante”. 

La penalización del aborto presenta un panorama desolador, por la desprotección del Estado y el difícil acceso a atención médica, psicológica y legal. Las mujeres se ven obligadas a asistir a lugares precarios, insalubres y exponiéndose a diferentes riesgos para interrumpir la gestación. En 2016 se estimó que aproximadamente se realizaron 59 646 abortos durante toda la gestión, lo que equivaldría a 163 abortos clandestinos por día, según IPAS. Además, son muchas las mujeres que optan por la intervención sin un profesional a través de medicamentos, como el Misoprostol y la Mifepristona.

Tanto Marta, Lucia, Andrea y Jimena comentan que intervinieron sus embarazos por medio de pastillas, la mayoría siendo misoprostol. La fuente de acceso o información sobre el medicamento es variada; sin embargo, todas han sufrido complicaciones de salud. Fueron atendidas de urgencia para el legrado, llegando a casi perder la vida, pasando además por experiencias traumáticas, que las marcan hasta hoy.

Jimena, recuerda cómo se sentía y qué paso después de ingerir la pastilla: “Estaba asustada, confundida y sola. Además, que el proceso no prosperó y tuvieron que hacerme un legrado. Todo el proceso fue traumático».

Abraham Escalera, bioquímico farmacéutico entrevistado para este reportaje, indica: “Casi todos son misoprostol, simplemente vienen con diferentes nombres comerciales mitox o citotec. El medicamento induce a espasmos y contracciones en la parte del útero por lo cual se desaloja el feto. No se utiliza para un aborto, se utiliza para las úlceras gástricas; pero como efecto secundario produce esto. Lo que causa es: diarrea, dolor de cabeza, escalofríos, temblores muy fuertes. En el peor de los casos, si la persona no es tolerante al medicamento se pueden producir desgarros en toda la parte del útero. Muchas veces no suele salir exitoso por lo que solamente sale el feto sin la bolsa o quedan restos para lo cual hay que hacer una limpieza. Cualquiera diría que el público meta siempre van a ser jovencitas, pero no es cierto normalmente se ve y es muy a menudo que personas mayores lo usen por el hecho de que tienen 3-4 hijos y prácticamente no pueden mantenerlos».

Sobre esto, Marta relata su experiencia: “He usado un protocolo que está verificado por la OMS, ya con más información, pero de todas formas igual he tenido complicaciones, y lamentablemente se ha necrosado todo dentro de mi útero y me han practicado un legrado porque tenía el endometrio de casi 5 cm de grosor. La ginecóloga que me ha practicado el legrado, no sé si se ha dado cuenta que me había practicado un aborto y ha sido a propósito lo que ha hecho o realmente ha sido negligencia médica y me ha dejado sin endometrio, entonces las paredes de mi útero se han pegado y me ha dado el síndrome de asherman, hasta ahora no menstruo bien y no puedo tener hijos”.

¿Qué conlleva un aborto ilegal?

El aborto ya sea inducido como espontaneo presenta hemorragias y posteriores complicaciones en la salud de la mujer, por cada 1000 cesáreas que se atienden, existen 173 casos de mujeres con hemorragias por aborto, según una investigación de la Universidad Mayor, Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca.

El que asistan a lugares inseguros, ilegales e insalubres, las expone a infecciones, perforaciones de útero, shock séptico, inflamación del peritoneo y otras condiciones que arriesgan su vida, y al mismo tiempo no reciben la atención necesaria en establecimientos de salud, o algunas deciden no asistir por la penalización de la práctica. Según un estudio, de cada 100 mujeres que tienen complicaciones por un aborto mal practicado, tan solo 66 llegan a los servicios públicos de salud para recibir atención.

Recuperando el testimonio de Marta, ella señala y recuerda cuando pasó por esta situación: “He sangrado demasiado al punto de desmayarme. La persona que me estaba acompañando era muy violento, no había un acompañamiento sincero, ni honesto, ni cordial, ha sido muy violento. Me he tenido que levantar de la mancha de sangre del piso y bueno, él estaba más ocupado en limpiar el charco de sangre de su casa que en levantarme a mí del charco. Ha sido una experiencia realmente traumática».

Sin embargo, las mujeres no solo se ven expuestas a las complicaciones de salud, sino también sufren de violencia/agresiones físicas, sexuales y psicológicas. Ello junto con la interferencia en la privacidad, y la confidencialidad de las mujeres. Esto provoca que muchas no acudan a recibir asesoramientos o tratamientos.

En 2018, se hizo conocido el caso de una adolescente de 15 años que decidió adquirir medicamentos para abortar en una farmacia. Ahí, el farmacéutico le ofreció realizarle la práctica, pero la llevó a su casa y abusó sexualmente de ella. Días después, ante los dolores y el sangrado excesivo, decidió acudir a otro servidor de salud, donde resultó nuevamente violada.

El tener que acudir, como última instancia, a estos establecimientos clandestinos e ilegales, supone un peso emocional considerable, relacionado directamente por la criminalización de la interrupción del embarazo y las condiciones en las que se practica. El Estado boliviano, junto con los servidores de la salud, no consideran el apoyo psicológico y la salud mental como elemento importante en la intervención de los embarazos, según una investigación de Arévalo y De la Gálvez,

Por el contrario, Cinthya, psicóloga clínica que acompaña a mujeres que deciden intervenir sus embarazos, menciona la importancia del acompañamiento psicológico para resolver miedos e inseguridades antes, durante y después de la intervención. “Son experiencias muy dolorosas y muy traumáticas por el efecto en sus cuerpos. Es bien importante hacerle saber que no es su culpa, eso esencialmente para así evitar, por ejemplo, que los estigmas a los que vayan a estar sujetas después no sean igual de agresivos ni aversivos”, señaló para este reportaje.   

Aborto y salud mental: ¿Existe un síndrome postaborto?

Generalmente se tiende a creer en la relación directa de la interrupción del embarazo con sintomatología depresiva y ansiosa, a lo cual denominan como el «Síndrome postaborto».  Sin embargo, numerosos estudios, como el de la Dr. Luciana Ramos Lira, investigadora adscrita a la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en México, mencionan que esas afirmaciones son erróneas y que los estudios que las confirman tienen errores metodológicos.

Cinthya, confirma: “El síndrome post aborto no existe no hay evidencia que respalde esa información, pero lo que sí existe es una tendencia a estigmatizar a las mujeres que abortan”.

El estudio muestra que no existe relación directa entre la interrupción del embarazo y afectaciones emocionales como la depresión. Pero sí un vínculo entre los aspectos psisociales, el estigma social o religioso sobre el aborto o la falta de una red de apoyo. Estos son factores que acompañan a la práctica que determinarán los aspectos emocionales. En una investigación del Colectivo Rebeldía, el sentimiento más recurrente entre las mujeres era el miedo, en su mayoría profundamente ligado al castigo divino o a las consecuencias punitivas.

Sobre los trastornos mentales que experimentó, Jimena dice: «Antes y después me sentía devastada, duró varios meses. Entré en un estado depresivo y de ansiedad por mucho tiempo. La percepción ‘moral’ de la gente, la desaprobación por tu decisión. Llegaron a decirme (mientras estaba casi muriendo de dolor) que podrían denunciarme y deberían hacerlo».

Entonces, lo que se debe tomar en cuenta es la relación de la mujer con su entorno y las condiciones sociales y psicológicas a las que se ve expuesta.

Aborto y salud mental en Bolivia

La Sentencia Constitucional 206/2014 permite acceder a la ILE a través de una denuncia formal y el consentimiento informado. El resultado tendría que salir antes de las 24 horas para iniciar con el procedimiento del aborto, y posteriormente tendrían que recibir asistencia y apoyo psicológico. Sin embargo, tanto el procedimiento como el apoyo psicológico presentan obstáculos a la hora de ejecutarse. 

En 2017 se registró el caso de una adolescente de 14 años, quien asistió con una hemorragia al Hospital San Juan de Dios en Chuquisaca, donde finalmente interrumpieron el embarazo. La adolescente sufrió daño psicológico severo, luego de que la enfermera la amenazara: “Te voy a denunciar y vas a ir presa por haberte provocado un aborto”, comentaban al medio Mutante.

Según datos de PPFA, expertos encuentran una relación entre el estigma social y los proveedores de salud. «En Nicaragua, el 64% de niñas entre 9 y 14 años encuestadas dijeron sentirse juzgadas y estigmatizadas por el personal de salud que las atendió”, mencionan.

En la misma nota, se recopilan los testimonios de dos niñas más, quienes fueron atendidas en el mismo hospital. Una de ellas comenta que luego de contarle a la trabajadora social y a la psicóloga que la violaron, no le mencionaron la ILE como opción. La psicóloga procedió a enseñarle como amamantar, para luego decirle que se ponga un chip luego de que nazca el bebé. Los testimonios retratados muestran la poca preparación de los proveedores de salud y apoyo psicológico.

Psicólogos y sesgos

La relación entre el estrés, la ansiedad, depresión y otras afecciones mentales y emocionales están directamente ligadas a la violencia de género, la falta de red de apoyos, los estigmas sociales en relación al aborto, el juzgamiento, prejuicios, el maltrato y, por supuesto, la criminalización de la práctica.

Marta, en su testimonio, explica el peso emocional de la penalización del aborto: “Si es en un lugar donde es ilegal el aborto, probablemente termines traumado de por vida. Porque los métodos para cortar son los peores, son muy peligrosos, ni siquiera sabemos si las pastillas que estamos comprando están vencidas o si son las que tenemos que tomar o estarán mezcladas con algo más o estarán estiradas. Entonces, muchas mujeres mueren y eso es una realidad que seguramente países donde el aborto es legal no tienen que pensar en eso».

Cinthya resalta que el aborto clandestino influye en altos niveles de ansiedad y estrés y generando un evento traumático. Esto por los espacios de inseguridad, maltratos y saber que puedes morir o tener complicaciones por el resto de su vida. Pero esta también es una experiencia por la que se ven obligadas a atravesar mayormente en solitario, resultado de constructos sociales, ideas y lo moralmente preestablecido alrededor del tema. Esto genera sentimientos de miedo, confusión, desamparo y, sobre todo, culpa.

“Lo más difícil para las mujeres que se encuentran en esta situación es sentirte sola. Sentir que no estás tomando la decisión correcta. Sentir que nadie te dice ‘Oye, no te preocupes todo va a estar bien, estoy aquí contigo’. A mí me ha faltado esa persona que me diga que no era mi culpa que todo iba a estar bien», dice Andrea.

Por su parte, Lucia, concluye: «Fue una situación decisiva en mi vida, me sentía culpable, confundida, asustada, incluso enojada conmigo misma».

Cuando se enfrentan a este tipo de caso, especialmente los que se dan en situaciones de ilegalidad y clandestinidad, los psicólogos deben saber cómo abordarlos, para no incurrir en terapias fallidas que lleven a consecuencias graves y generen un malestar crónico. “Tienen que manejarlo con mucha delicadeza porque normalmente llegan a consulta personas con un discurso de culpa y son culpas que se generan normalmente por el espacio que habitan o por las personas que frecuentan más que por ellas mismas. Las veces que sucede que es por ellas mismas tiene que ver con el sistema de valores con el que ha crecido y con el que sostiene su familia”, precisa Cynthia. También añade que, para tratar estos casos, deben tomar en cuenta datos que contextualizan la vivencia de la persona.

Pero las mujeres que se han animado a hablar con los psicólogos sobre la decisión que han tomado, han experimentado juzgamiento y críticas, por la existencia de un sesgo a la hora de la sesión terapéutica

“Yo he ido a dos psicólogos. Al primero he ido específicamente por el aborto, he ido ambas sesiones. En la primera no he podido hablar mucho porque no me sentía cómoda, en la segunda sesión he intentado abortar el tema de aborto porque realmente necesitaba. No me generó mucha confianza, me miraba con desaprobación y tampoco decía nada”, comenta Jimena. Andrea comentó que pasó por algo similar.

“Lastimosamente, no pude acceder a tratamiento psicológico, tenía miedo de contarle ese momento a quien entonces era mi terapeuta ya que no sabía sus posturas y tenía miedo de ser juzgada”, recuerda Lucia, con tristeza.

Finalmente, Cinthya comenta que, al asistir a estos espacios, los profesionales deben ser éticos y no juzgar las acciones de la persona. «Lo que se está haciendo ahí es otro trabajo, es orientación muchas veces, otras veces se solicita contención, también hay casos en los que se trabaja con duelo, o, por ejemplo, resolución de conflictos. No hay una idea que se contrapone a otra y ayudarle a la persona a resolver estas culpas o estos duelos son parte de nuestro trabajo», menciona.

Agrega que existen muchos psicólogos que no son psicoterapeutas, lo que trae consecuencias graves. Afirma que es esencial incorporar la perspectiva de género en las terapias realizadas, que pueda permitir un análisis puntual de lo que la mujer está viviendo, y poder aplicar mecanismos que ayuden a mejorar la salud mental de la paciente. Pues la salud física debe ir siempre ligada a la mental.

«Te matan, te secuestran, te violan»: víctimas de trata denuncian los peligros que corren en México

por La Antígona | Historias

Por Albinson Linares para Telemundo

El 30 de julio es el día mundial contra la trata de personas. El Gobierno mexicano identificó 744 víctimas de trata en 2021, según datos oficiales. En los primeros tres meses de 2022 se reportaron 36 casos. Activistas aseguran que las cifras reales son mucho mayores.

Valeria Montes dice que salió de Tegucigalpa a principios de marzo para cumplir su sueño de trabajar en Estados Unidos y estudiar derecho. Su tía, que vive en Florida, le pagó 4,000 dólares a un coyote para que la cruzara hacia territorio estadounidense, pero después de un viaje terrestre que duró varias semanas, el hombre dejó a la joven de 15 años tirada en una calle del estado mexicano de Puebla.

Entre largas caminatas y azarosos trayectos en taxis, camiones y autobuses hacinados de migrantes, la joven había recorrido más de 1,700 kilómetros.

«Es muy arriesgado y peligroso porque no sabes si vas a llegar viva o sin una pierna o un brazo. A veces te matan, te secuestran, te violan. En ese camino hay de todo», afirma Montes desde un refugio de la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad (Anthus), una organización civil localizada en Puebla.

Durante su tránsito por territorio mexicano, Montes cayó en manos de una red de trata de personas que la aisló para que se prostituyera durante varias semanas de este año.

«Me pusieron como sexoservidora. Había varias personas que me controlaban mucho, los clientes incluso me llegaban a golpear. Fue muy horrible«, comenta con pánico, en conversación con Noticias Telemundo.

El caso de Montes, y el de otras personas que aceptaron compartir sus experiencias manteniendo el anonimato por temor a las represalias, forma parte del crecimiento sostenido que se registra en los delitos de trata en México.

Según la Organización de Naciones Unidas, todos los países del mundo registran casos de trata, y cada 30 de julio se celebra el día mundial contra la trata de personas para conmemorar a las víctimas que sufren este flagelo. En su último informe bianual, de 2020, la institución denunció que cerca de 50,000 personas fueron víctimas de trata en 148 países. 

«Se estima que al menos 25% de los casos son personas migrantes. Es altísimo, y hay víctimas que no están siendo detectadas», afirma Mario Cordero, titular del Área de Crimen Organizado y Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés). 

Esta oficina ha detectado que más del 60% de las víctimas de trata de personas, en los últimos 15 años, han sido mujeres y niñas. La mayoría han sido traficadas con fines de explotación sexual.

Hace unos días, el Departamento de Estado publicó su Reporte sobre trata de personas, julio de 2022 en el que se resalta que «el Gobierno de México no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata», aunque también reconoce que está implementando medidas importantes para alcanzar esa meta.

Organizaciones independientes como A21 han denunciado que México ocupa el tercer lugar mundial entre los países con las mayores tasas de delitos de trata de personas, solo superado por Tailandia y Camboya. Según datos oficiales, el Gobierno mexicano identificó 744 víctimas de trata en 2021, en comparación con las 673 registradas en 2020 y las 658 de 2019. Solo en los primeros tres meses de 2022, se reportaron 36 casos.

Sin embargo, las cifras varían dependiendo del periodo: de 2012 a 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos identificó a 5,245 víctimas de los delitos en materia de trata de personas, siendo el 85% niñas y mujeres y el 15% niños y hombres.

«La autoridad ya no está haciendo tantos operativos, sin eso yo no recibo víctimas. Pero el hecho de que yo no esté recibiendo tantas personas, no quiere decir que no haya víctimas (…) Es muy difícil saber qué tanto aumenta porque las usuarias que tenemos en el refugio son una minoría en comparación con las que son explotadas», explica Mariana Wenzel, directora y cofundadora de Anthus.

Diversos expertos y activistas han señalado que los números oficiales no reflejan la gravedad de estas prácticas delictivas porque la cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian en el país, se ubica en un 93.3% y del diminuto porcentaje que sí se presenta ante las autoridades casi el 95% queda impune. 

Montes dice, con la voz quebrada, que nada la preparó para el infierno que vivió en Puebla, primero en un albergue oficial para personas migrantes del que tuvo que salir huyendo.

«Estuve medio mes retenida ahí, pero decidí irme porque no tenía acceso para hablar con mi familia (…) Me estaban amenazando de muerte, incluso a golpes y los oficiales me amenazaron con mi familia», explica con nerviosismo.

«Me estaba desangrando»

El 29 de marzo, la joven salió del albergue y mientras deambulaba por las calles de Puebla, sin saber qué hacer porque no recibió ninguna orientación por parte de las autoridades, fue interceptada por unos hombres que estaban en una camioneta y le ofrecieron trabajo como mesera. Montes abordó el vehículo que la llevó hasta San Francisco Totimehuacan, una localidad ubicada a unos 10 kilómetros al sur de la ciudad.

«Allá una proxeneta me dijo que si quería preparar bebidas alcohólicas y lavar los vasos en el bar. Pero era otra cosa y tuve que tener relaciones sexuales con muchos, muchos clientes», explica con tristeza.

Montes dice que logró salir porque un hombre se encaprichó en que quería acostarse con ella en un hotel y los tratantes tuvieron que llevarla hasta allá.

«Pero no entré, salí corriendo. Iba drogada porque sentía mucho dolor y estaba sangrando mucho, donde me sentaba dejaba sangre. Me llevaron a un hospital y estuve entre la vida y la muerte, porque me estaba desangrando por dentro», dice horrorizada.

El informe estadounidense también señala que el Estado “fracasó” al momento de asignar recursos para un fondo de asistencia y reparación a las víctimas de trata, además recalca que los servicios generales de atención a las víctimas fueron inadecuados.

“El Gobierno no mejoró los esfuerzos para detectar indicadores de trata entre poblaciones vulnerables y remitir a las posibles víctimas a los proveedores de servicios (refugios o albergues). Las prácticas de reclutamiento forzado continuaron siendo generalizadas, pero el Gobierno no tomó medidas para responsabilizar a los reclutadores”, afirman los investigadores.

Además, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aprobó una reforma fiscal que limita los donativos que las personas físicas les otorgan a las organizaciones de la sociedad civil. Activistas y voceros han dicho que esa medida pone en riesgo la subsistencia de más de 5,000 proyectos civiles.

«En el tema estatal no hemos recibido apoyo y eso que hay una ley general que le exige al Gobierno que si no tiene refugios debe apoyar a la sociedad civil que los tenga», dice Wenzel y explica que, por los procesos burocráticos, este año su refugio duró siete meses sin unos recursos que recibe a través de un programa gubernamental.

Según cifras oficiales citadas en el informe del Departamento de Estado, solo tres organizaciones no gubernamentales que operan refugios para las víctimas de trata presentaron solicitudes de financiamiento y recibieron fondos de un programa gubernamental.

«A todas las organizaciones que hacíamos un trabajo serio y constante, nos retiraron todos los apoyos y ahorita estamos funcionando con lo mínimo. Hacemos muchos esfuerzos para dar conferencias, cursos y talleres para recabar fondos», asevera Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por su sigla en inglés). 

Los investigadores estadounidenses señalan que quienes se dedican al tráfico y la trata de personas explotan a víctimas, tanto nacionales como extranjeras, en México; pero también explotan a personas mexicanas en países del extranjero.

En 2021, los funcionarios consulares mexicanos identificaron y asistieron a 1,352 ciudadanos mexicanos que se encontraban en situación de vulnerabilidad o víctimas de delitos como la trata de personas en otros países; 86 fueron víctimas de trabajos forzados.

En comparación, las autoridades de países extranjeros identificaron y asistieron a 313 víctimas mexicanas de trata de personas en los primeros seis meses de 2020.

«Ninguna mujer debería pasar por lo que yo pasé. Ninguna niña ni adolescente. Espero que las personas que hacen eso de prostituir, de vendernos, se den cuenta del gran error que están cometiendo porque son padres, son hijos, y nacieron de una mujer (…) en mi caso cierro los ojos para dormir y ya veo que tengo un cliente encima«, dice Montes, entre sollozos.

Impunidad del 99%

Entre otras cosas, el reporte del Departamento de Estado afirma que, en 2021, no se incrementó el enjuiciamiento y condena para los traficantes en México, además no se identificaron más víctimas. Las organizaciones no gubernamentales informaron que las autoridades, en todos los niveles, carecían del conocimiento necesario sobre las leyes de trata y no lograron identificar y derivar de manera efectiva a las posibles víctimas, algo que influye en las bajas cifras registradas de manera oficial.

«Lamentablemente el tema no está en la agenda pública de este gobierno. Deberíamos tener el plan nacional para prevenir sancionar y erradicar la trata de personas, que es de 2019, pero no lo tenemos. En los estados tenemos niveles muy altos de impunidad que llegan al 99% de las víctimas y posibles víctimas, pero no se les busca, no hay acciones reales de prevención», explica Ulloa, de la CATWLAC. 

Diversas investigaciones señalan que los grupos más susceptibles de verse involucrados en esquemas de trata en México son las personas indígenas, las personas con discapacidades, miembros de la comunidad LGBTQ+, trabajadores del sector informal, jóvenes de territorios controlados por pandillas y los solicitantes de asilo y las personas migrantes.

En los últimos años, México ha experimentado un flujo migratorio hacia Estados Unidos con cifras récord, las autoridades estadounidenses detectaron a más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, además, más de 58,000 personas solicitaron refugio en México durante la primera mitad de 2022, una situación que no tiene precedentes en el país.

“Yo no sabía que una se tenía que desnudar y mucho menos tener sexo con los hombres. Yo me imaginaba que era un restaurante normal, donde uno sirve comida y había un show”, explica Julia María, una mujer suramericana que durante cuatro años fue forzada a prostituirse en un local de Ciudad de México.

Julia fue captada desde su país con una falsa oferta laboral, que aceptó debido a que su madre estaba muy enferma. Pero cuando llegó a México, se vio inmersa en una pesadilla de explotación sexual que le dejó múltiples secuelas físicas y psicológicas. A diario tenía que producir la mayor cantidad de ‘boletos’, un eufemismo usado por los tratantes para referirse al acto de tener sexo y por lo que cobraban 200 pesos por cliente (unos 9.8 dólares).

«En varias ocasiones me enfermé porque no fumo cigarro y me daba mucha tos porque todo mundo fumaba. Una vez se me llegó a tapar el pulmón izquierdo (…) Una es extranjera, y sola, así que se sufre mucho maltrato y discriminación», explica Julia, quien está inmersa en un proceso legal, desde hace varios años y con la ayuda de la CATWLAC, pero aún no ha sido resuelto por las autoridades.

La situación de los migrantes irregulares en México es precaria, en la mayoría de los casos actuales. Por esa razón, las autoridades crearon recientemente un grupo de trabajo, específicamente dedicado a la trata y tráfico de personas en contextos de movilidad.

«No solo nos interesa entrarle a los diagnósticos, sino a mejorar el registro y en algún momento tener algún protocolo de atención porque muchísimas de las personas que son traficadas en otro momento pueden ser tratadas, a partir del uso de la coacción de revelar su estatus migratorio irregular», explica Miguel Aguilar, director del Centro de Estudios Migratorios en la Secretaría de Gobernación. 

Según cálculos del centro, en 2019, el tráfico de personas, es decir su traslado irregular entre fronteras, dejó una ganancia de 615 millones de dólares. Y, en muchos casos, las personas migrantes que contratan los servicios de coyotes pueden caer en redes de explotación que forman parte de los negocios de los grupos del crimen organizado en México.

Diversas organizaciones confirman que carteles como Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y el del Noreste operan en el sureste del país, donde hay una gran población indígena y se aprovechan de los usos y costumbres ancestrales para llevarse a las jóvenes indígenas, mediante sumas de dinero o coacción.

«Eso pasa con las muchachitas desde los 8 hasta los 17 años y luego las vamos a encontrar en la frontera norte siendo explotadas sexualmente en la prostitución», advierte Ulloa.

Desde 2016, el centro dirigido por Aguilar ha registrado un total de 5,144 personas extranjeras en situación migratoria irregular que declararon ser víctimas de delitos. De ese universo solo nueve personas, un 5%, denunciaron haber sido víctimas de trata.

«Para nosotros es muy importante generar la cultura de la denuncia (…) Trabajamos muchísimo con esta parte de la auto percepción porque las personas no se asumen como víctimas, aunque lo sean», explica Aguilar, en referencia a las bajas cifras de denuncias entre las personas migrantes.

«Trabajan más de 12 o 14 horas»

El reporte del Departamento de Estado advierte sobre la explotación laboral en México y afirma que el Gobierno no asignó suficientes fondos, ni personal, a la Secretaría del Trabajo para hacer cumplir las leyes laborales.

Además, los inspectores tenían un mandato limitado para supervisar las condiciones de trabajo en las empresas y fincas informales, que empleaban a más de la mitad de los trabajadores mexicanos.

Sobre la trata con fines de explotación laboral, las organizaciones independientes han denunciado que, en la mayoría de los casos, se trata de personas indígenas que son captadas desde el sur de México, sobre todo en estados como Chiapas y Oaxaca, con trabajos que supuestamente son muy atractivos y los suben a las camionetas que van al norte del país donde está el sector agrícola más importante.

«Son personas que no hablan español, o lo hablan muy poco, y no tienen documentos, pero viven una situación de pobreza extrema y su única oportunidad es trabajar en un campo más de 14 horas. Viven ahí, duermen ahí y les dan de comer ahí», explica Cordero, de la UNODC. 

Este 30 de julio, la ONU lanza una campaña con videos para identificar la trata, además como muchas de las víctimas son transportadas en avión, se generó una alianza con una aerolínea para incluir trípticos en los vuelos con el fin de que los pasajeros tengan toda la información necesaria para denunciar esas prácticas.

«Está orientada a los mitos y realidades respecto a la asistencia a las víctimas, de por sí es súper complejo identificar el delito. Además muchas personas no se reconocen como víctimas, entonces durante el proceso de asistencia es complicado compartir la información», asevera Cordero.

La ONU asesora a diversas organizaciones para detectar y prevenir los casos de trata laboral. Es el caso de Mujeres en Defensa de la Mujer, una asociación de San Quintín, una región de Baja California que es un importante centro agrícola ubicado cerca de la frontera con Estados Unidos.

«A los trabajadores se los llevan engañados. Ni siquiera tienen donde llegar y, a veces, tampoco hay trabajo. Los dejan abandonados a su suerte en el valle», afirma Margarita Cruz, directora de esa organización.

Cruz explica que mucha gente migra desde estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca con la esperanza de trabajar en los campos agrícolas de frutos rojos como las frambuesas, fresas y arándanos que son manejados por empresas internacionales que, en ocasiones, les extienden las cartas para acceder a la visa H2A y trabajar en Estados Unidos.

«Trabajan más de 12 o 14 horas con la esperanza de que les den la visa, y no se quejan. Pero muchas veces hay grandes consecuencias, porque se enferman y no tienen prestaciones (…) Ellos tienen mucha ilusión pero es un trabajo forzado, y luego de que se enferman ya no los contratan más», asevera Cruz.

Pese a los sueños de tener un futuro mejor en Estados Unidos, los datos arrojan una realidad muy cruda. Project Polaris, una organización estadounidense que previene y combate la trata de personas, maneja una línea nacional gratuita para recibir denuncias de este delito.

Entre 2018 y 2020, han recibido más de 15,000 llamadas de personas denunciando ser víctimas de trata laboral. La mayoría son hombres y provienen de México.

El tema laboral también es un reto para las personas sobrevivientes de trata que, en muchas ocasiones, pierden varios años de sus vidas en esquemas de explotación que les impiden desarrollarse desde el punto de vista profesional.

«Estoy de acuerdo en que hay que sacar a estas personas de las calles. Pero, más allá de limpiar nuestras conciencias, ¿dónde vamos a meterlas? Hay que reinsertarlas al mercado laboral, más allá de los programas sociales. Además, muchas no califican para esas ayudas. El tema es que sean libres e independientes», asevera Mitzi Cuadra, directora de prevención en Anthus.

Flor, una mexicana de 33 años, intenta reconstruir su vida en el refugio de Anthus que está en Puebla. Luego de vivir durante ocho años con su proxeneta, que es el padre de sus dos hijos, juntó el valor para denunciarlo y ahora quiere buscar una vida mejor. Se ríe cuando cuenta con emoción que ya sacó su primaria, y ahora quiere estudiar la secundaria.

«Él me engañó para enamorarme, pero luego comenzaron los golpes y me obligaba a trabajar en las calles, teniendo sexo con hombres, para mantenerlo. Era un infierno. Pero ya no tengo tanto miedo, estudiar te quita la rabia y uno es mejor persona», dice con esperanza.

Si usted, o alguien que usted conoce, es víctima de trata en México puede llamar al 911, o al 089 que es una línea gratuita de denuncias anónimas. En Estados Unidos puede llamar al 1-888-373-7888 que es la la Línea Nacional Contra la Trata de Personas. En Perú la Línea 100 está disponible para escucharte de lunes a domingo (incluido feriados) las 24 horas del día, puedes llamar desde un teléfono fijo, público o celular.

Sororidad migrante: grupos de apoyo de mujeres venezolanas en Perú

por La Antígona | Historias

Por Héctor Villa

Frente a la violencia, la falta de políticas de asistencia por parte del Estado y de redes de apoyo familiar, las mujeres migrantes venezolanas crean y promueven sus propios espacios seguros. Ahí no solo intercambian alimentos o medicinas, también comparten sus pérdidas y celebran sus progresos. 

Yuletsy Torrealba salió de Venezuela porque quería tener una familia. En enero de 2018 quedó embarazada, pero su parto se adelantó. Recorrió dos centros de salud en Caracas: el Hospital Pérez Carreño y la maternidad Santa Ana y en los dos le cerraron las puertas porque no había incubadoras ni anestesiólogos. “Yo trabajaba para el IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) y tuve que llamar a mi jefa, que también era directora de la maternidad, y pedirle que me ayudara para que me atendieran”.

Logró ingresar a la Santa Ana, pero dos semanas después su bebé había muerto. Tras la pérdida de su hijo, decidió salir del país. La decisión la tomó con su esposo, Darwin Alonso. Aunque su situación económica no era tan precaria, no quería arriesgar otra vida en Venezuela. “Fue horrible lo que me tocó vivir”, recuerda.

Al Perú llegó el 1 de mayo de 2019. La recibieron su cuñada y su suegra, que ya estaban establecidas en el país, y la ayudarían a iniciar su nueva vida.

Un año antes, Yosgreis Novelli, en el mes de enero, se asentaba en Lima.  El 15 de marzo de 2018 recibió la noticia de que estaba embarazada. Aunque se sintió emocionada, también tuvo miedo: su familia estaba lejos, en Venezuela, y su esposo trabajaba todo el día.

En medio de su soledad comenzó a encontrar apoyo en las mujeres que, al igual que ella, gestaban una vida y con las que se cruzaba en el Hospital de San Juan de Miraflores, donde se realizaba sus chequeos frecuentes, o en sus vecinas con las que compartía en su comunidad. Empezó a recopilar sus teléfonos con la pretensión inicial de crear un espacio en el que pudieran ser escuchadas, de ahí nació Mamitas Venezolanas. “Yo dije ‘si me siento de esta forma, ¿cuántas mujeres no estarían igual? ‘“, expresa. Poco a poco el grupo de WhatsApp se fue expandiendo.

“Para mí fue fuerte porque tenía un embarazo de alto riesgo y estaba sola. Pero en medio de mi necesidad, en un proceso tan importante como la maternidad, me di cuenta de lo que podía hacer”, cuenta Yosgreis.

En Perú hay una “feminización de la migración”, así lo denomina Amnistía Internacional que estima que el número de mujeres migrantes en este país creció de 47% a 58%, entre 2017 y 2019, en su informe Desprotegidas: Violencia de Género Contra Mujeres Venezolanas refugiadas en Colombia y Perú.

Tal como lo define Amnistía y CARE Perú, “la feminización del flujo migratorio obedece a varios factores, entre ellos la reunificación familiar o la búsqueda de oportunidades en salud, educación y alimentación para sus hijos, hijas o personas mayores a su cuidado que no encuentran accesibles en Venezuela”.

Yuletsy llegó a Mamitas en mayo de 2020. Su bebita Sofía Victoria había nacido un mes antes de que se decretara la cuarentena, en el Perú y el mundo entero, a causa del COVID-19. Cumplía el anhelo de tener una familia en medio de la incertidumbre de aquellos días.  “Me emocioné porque la razón por la que habíamos salido de Venezuela se estaba materializando”, expresa, pero también estaba preocupada. 

Llegó al grupo de apoyo a través de Alfredo, quien es amigo de su esposo y conocía a Yosgreis. Sabía de su precaria condición económica, así que le habló de Mamitas y le preguntó si quería ser parte.  “Yo me encontraba en casa, ¿qué podía perder?”, dice Yuletsy. 

Cuando ingresó al grupo de WhatsApp vio una comunidad que se mantenía en constante comunicación, a pesar de la distancia. “Siempre hablaban, y comentaban las necesidades que tenía cada una. A mí, particularmente, me daba pena porque había otras que tenían una situación más complicada que la mía”, cuenta.

En medio de la pandemia, Yuletsy no tenía trabajo, se dedicaba a cuidar a su hija de apenas meses de nacida. Su esposo también había quedado desempleado.

En esos días “tan oscuros”, como los llama Yuletsy, recibió el apoyo de este grupo de desconocidas a las que se había vuelto tan cercana. “Yosgreis había escrito que tenía unos alimentos para donar. Yo no le dije nada porque tenía pena, pero me escribió y me dijo que me los iba a dar”.

Ambas viven en distritos lejanos el uno del otro. Yuletsy está en Rimac y Yosgreis en Chorrillos, más de 20 kilómetros las separan. “Como estaban las restricciones, mi esposo pidió una bicicleta y salió a buscar la comida. Por Mamitas tuvimos que comer esos días”, afirma.

Mamitas Venezolanas ha sido un espacio en el que las mujeres han encontrado y fortalecido lazos de amistad y apoyo con otras venezolanas y peruanas en el país. Su propósito es ayudar a las migrantes que atraviesan un proceso de gestación, requieren ayuda o simplemente un espacio seguro para escuchar y brindar apoyo.

“En todo mi proceso yo he comprendido muchas cosas. Ser parte de este grupo de apoyo y recibir herramientas de estas mujeres es algo que agradezco porque puedo reconocerme. También es un espacio donde las mujeres podemos compartir nuestras pérdidas. Muchas ahí nos hemos reconocido en la misma condición, somos madres en duelo, pero nos apoyamos”, dice Yuletsy.

Boss Women

“Muchas veces las mujeres migrantes y refugiadas que llegan a Perú no saben que son víctimas de violencia”, dice Martha Fernández, presidenta de la Asociación Protección Poblaciones Vulnerables (APPV).

La violencia puede ser interseccional y ocurrir incluso cuando no se generan oportunidades de integración adecuadas para las mujeres como le pasó a Marianella Merlo. 

Pese a tener una preparación universitaria como técnico en informática, Marianella no ha podido ejercer su carrera en el Perú. “Yo nunca conseguí un trabajo formal, pero creo que es más que todo por la edad. Con lo que puedo hacer por mi cuenta, cubro algunos gastos pequeños en casa”, expresa.

De acuerdo con el estudio del BBVA Research: El impacto económico de la migración venezolana en la economía peruana, el 90% de las personas que llegaron al Perú se encontraban laborando en el sector informal. Esto quiere decir que no tenían un contrato de trabajo ni prestaciones o seguro médico. A Marianella le afecta esta realidad con mayor peso por ser mujer y migrante y por tener 50 años, una razón por la que siente que es discriminada. 

“Yo había dicho que al llegar empezaríamos con nuestra vida desde cero, pero con oportunidades. Tendríamos más trabajo y que íbamos a progresar(…) Pero ha sido bastante duro porque no es así”, lamenta.

Salió de Venezuela, el 20 de enero de 2018, aunque recomenzar en otro país no era una opción para ella. “Yo no quería venirme. Pero las condiciones eran difíciles. Yo fui una de las despedidas de PDVSA (la empresa estatal petrolera). No estaban las condiciones para quedarnos”, dice.

Junto a sus tres hijos Sebastián (22 años), Diego (15 años) y Marcela (12 años) y su esposo, Aarón Sinue Álvarez (51 años),  emprendieron el viaje que duró siete días.

Más tarde, en ese mismo año, Marianella tuvo que vivir el duelo a distancia: “No teníamos ni un año aquí en Perú cuando murió mi suegra y no pudimos ir a despedirla, ni siquiera mi esposo. Con los cambios en la economía y la inestabilidad laboral no pudimos hacer nada”.

Dos años después, atravesó un nuevo dolor, esta vez por la muerte de su padre. “Cuando migras debes vencer miedos, porque cuando tú vienes hay miedos, dices ‘esto no va a pasar, esto no va a pasar’, pero pasa”, dice.

Su esposo había sido su soporte y apoyo emocional principal. Sin embargo, por el contexto laboral que atravesaba Aarón, decidió buscar nuevas oportunidades en otros países. Por ello tomó la decisión de emprender una nueva migración, esta vez hacia Estados Unidos.

Unos meses más tarde, su hijo Sebastián seguiría los pasos de su papá. Marianella tuvo que afrontar un nuevo proceso migratorio, pero esta vez con ella despidiendo a su esposo y a su hijo. 

A raíz de esto, empezó a padecer de ansiedad, depresión e insomnio. “Yo no dormía”, cuenta. Pero a través del grupo de Boss Women le brindaron atención psicológica y medicamentos para que pudiera descansar.

Su hijo menor había sido miembro de la brigada de la Asociación Protección Poblaciones Vulnerables y un día le extendieron la invitación para que formara parte del programa de empoderamiento de mujeres, denominado Boss Women, y que ahora se encuentra en su segunda etapa. El objetivo era motivar a las participantes a través de grupos de apoyo y conversatorios y trabajar su autoestima.

“Queremos que las mujeres que forman parte de Boss Women tengan seguridad, que conozcan cuáles son sus derechos aquí. Y que se conviertan en voceras. Este es un programa de empoderamiento femenino, trabajamos con las mujeres para prevenir que sean víctimas de violencia, nos enfocamos en ellas para que no sean una cifra más. Este grupo de mujeres sirve al mismo tiempo como una red de apoyo para quienes participan”, cuenta Fernández, presidenta de APPV.

Marianella forma parte de la red de voluntarias que crean espacios seguros para otras migrantes. A través de la APPV, y otras ONG en el Perú. “Era no solo un espacio, era un espacio para las migrantes venezolanas y compartían, traían comida, se abrazaban, lloraban y levantaban el ánimo”, explica la presidenta de la asociación. En las jornadas no solo dan kits de alimentos o aseo para las personas migrantes y refugiadas, también realizan un registro para que las mujeres tengan acceso a la regularización migratoria, a través del Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), y brindan información sobre qué hacer frente a casos de violencia, en las que Marianella participa.

Durante el trayecto de su hijo hacia los Estados Unidos, cuando se encontraba en México lo  detuvo la policía que le exigía permisos de tránsito en el país. “No le hicieron nada físicamente, pero si era psicológico. Además, estuvo preso con gente de otros países y tuvo que pagar casi $400 para que lo soltaran y pudiera seguir”, dice. Ese impacto también afectó a Marianella.

“Para mí el grupo de mujeres fue de mucho apoyo. No solo los días jueves, cuando nos reunimos, sino que era una constante. No me sentía sola, sentía que podía compartir lo que me ocurría sin sentirme juzgada. Además, me hacen sentir que soy parte del grupo, me siento querida”, manifiesta.

Marianella contó que aún tiene momentos en los que se ha sentido triste, pero que ahora cuenta con herramientas que la ayudan en su proceso:“Estoy un poco más tranquila. Ser parte del grupo me hace sentir útil, estás participando y luchando desde aquí. Además, en el proceso aprendes que no eres la única que está en este rollo, que hay otras mujeres, y compartes con ellas, haces amistades, creas alianzas, y lo que comenzó los jueves ha trascendido ahora a mi vida cotidiana”.

Iniciativas como Boss Women o Mamitas Venezolanas han servido de plataforma para que mujeres venezolanas y peruanas se reencuentren, tengan herramientas e información para saber cuáles son sus derechos y eviten ser víctimas de violencia.

Producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, de Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.