La falta de acceso a la justicia y servicios de salud son muestra de la desprotección que sufren las poblaciones trans en el país andino. Revisa aquí la segunda parte de este gran reportaje.
DISCRMINACIÓN DENTRO DEL ÁMBITO ACADÉMICO
Dentro del ámbito académico, el asunto no cambia suficiente. Las personas y adolescentes que se sienten identificados con la comunidad LGBTIQ+, se han sentido acosados y discriminados dentro de estos espacios. Según el diario Los Tiempos y a través de “los registros de MTN (Mesa de Trabajo Nacional para poblaciones vulnerables), sólo un 40 por ciento finalizó su preparación escolar.”
Luna Humerez Aquino, explicaba mediante el portal: “Muchas desertan de los colegios o de las universidades por el acoso escolar. Dejan el colegio generalmente a los 12 o 14 años, cuando ya es más evidente su identidad de género. Fue un gran avance la Ley 807. Yo misma y algunas compañeras entramos a la universidad o a los colegios con nuestra nueva identidad, pero muchas aún no lo pueden hacer”.
La Red Iberoamericana de Educación, realizó un mapeo en relación a la educación y las diversidades sexuales y de género en Bolivia. Donde se pudo identificar que el 94% de la población LGBTIQ+ considera que el sistema educativo no se encuentra adecuado, ni preparado, es insensible, o no formaron una verdadera conciencia alrededor del tema para ofrecer una educación integral.
Este hecho da como resultado que las personas identificadas dentro de la comunidad dejen inconclusos sus estudios. En la investigación se ve que el 10% de los estudiantes abandonan los estudios en primaria, el 18% en un nivel superior y finalmente el 72% en el secundario. El dato revelador es que el 70% de acoso escolar fue de parte del profesorado.
Actitudes que se denuncian a través de las normas y leyes del Estado boliviano, entre estas el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, en contra la discriminación de cualquier tipo; y la sanción de la Ley 045, conocida como Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación. Dentro de esta misma en el artículo 6 apunta a “promover la implementación de procesos de formación y educación en derechos humanos y en valores para modificar actitudes y comportamientos fundados en el racismo y la discriminación, promover el respeto a la diversidad y contrarrestar el sexismo, los prejuicios, los estereotipos y toda práctica de racismo y/o discriminación”.
En este sentido el sistema educativo debe velar e integrar estrategias, planes y programas que tengan como uno de los principales ejes las diversidades sexuales y de género. De igual modo en la Ley de Educación ‘Avelino Siñani – Elisardo Perez’ resalta la educación gratuita, integral, intercultural y sin discriminación, además de mencionar su carácter inclusivo hacia la diversidad de grupos, población y personas. Mientras que en la Ley de la Juventud, se menciona y tipifica la importancia del reconocimiento y del respeto a la diversidad sexual y de género, y agrega su carácter inclusivo e integral.
La Red Iberoamericana de Educación recalca que: “En el año 2014 se sanciona el Código de la Niña, Niño y Adolescente (548 de 2014), que señala entre sus once principios fundamentales los de igualdad y no discriminación y equidad de género. Este nuevo código establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al buen trato, lo que comprende una crianza y educación no violenta (art. 146) y a la protección, prevención, atención y sanción de la violencia ejercida en el sistema educativo (art. 150). Además, se especifican los tipos de violencia en el sistema educativo y se incorpora como un tipo de violencia escolar la discriminación en razón de orientación sexual e identidad de género (art. 151), lo que representa un avance en las políticas educativas para el reconocimiento de las y los estudiantes LGBTI como poblaciones vulnerables ante la violencia escolar. Finalmente, en cuanto a las prohibiciones de expulsión del centro educativo, el artículo 118 del citado código hace referencia a la prohibición de expulsar a las y los estudiantes por causa de su orientación sexual, entre otras condiciones como la discapacidad o vivir con VIH/sida.”, anota la Red Iberoamericana de Educación
Además de resoluciones ministeriales, donde dictan normas para la convivencia escolar, y las que determinan a los colegios a implementar reglamentos acorde a estos lineamientos; donde se especifica la prohibición de toda violencia, abuso, y maltrato. Y en general añadir estrategias para frenar el acoso escolar. Programas de sensibilización, intervención, protección, entre otros.
LA DISCRIMINACION EN EL SECTOR SALUD Y LABORAL
En el sector salud, las cosas no mejoran. Empezando por la capacitación y la implementación de atención para las personas sobre todo transexuales y transgéneros, quienes deben contar con la debida atención en relación al cambio de sexo, a través de las guías medicas del personal de salud.
Sin embargo, no solo se presenta esta problemática, sino también la discriminación y la transfobia en los centros de salud. El 24 de marzo las comunidades LGTBIQ+, principalmente las comunidades de transexuales, travestis y transgeneros, extendieron un pronunciamiento sobre un caso de violencia, discriminación y transfobia en un centro médico de la ciudad de Cochabamba, una mujer trans fue víctima de mal tratos y la negación de atención médica, lo que provocó su fallecimiento. Anteriormente el año 2020, un caso similar ocurría en la ciudad de Santa Cruz, donde el resultado fue el mismo.
Las comunidades se manifestaron y mostraron su indignación al ver la negación de un derecho fundamental como la salud, vulnerando sus derechos y pidieron a los funcionarios públicos correspondientes que establezcan responsabilidades y sanciones a los debidos casos.
Luna Humerez, indica la petición que se realizó cuando ocurrieron estos casos: “lo que nosotros hemos pedido es que haya una atención integral calificada para la población trans en todos los centros de salud y que no haya discriminación por nuestra identidad de género y por nuestra orientación sexual”. Y añadió: “no hemos recibido ningún tipo de respuesta”.
Mientras en el sector laboral, las personas pertenecientes a la comunidad, especialmente para lxs trans, no encuentran espacios laborales, ni oportunidades, por lo que recurren frecuentemente a la prostitución, o sea trabajadoras sexuales, lo que representa el aumento del riesgo a sufrir vejámenes, discriminación, violencia, agresiones, y hasta transfeminicidio
«Eso no es una calidad de vida (para mí)», dijo Estefany Brito, una transexual que no encuentra espacios laborales, mediante SWI
Como el caso de Alessandraa Ferreti, que al asumir su identidad y salir de casa, fue víctima de transfeminicidio en Cochabamba. El hecho ocurrió en 2021 y las comunidades, colectivos, grupos e instituciones LGBTIQ+ se manifestaron exigiendo justicia y esclarecer el caso.
Compañeras de Alessandra, mencionaron en el portal ‘Corresponsable Clave’ haberse comunicado con la familia de Alessandra, para realizar el traslado del cuerpo a Santa Cruz, a lo que los familiares respondieron: “el decidió ser eso”, negándose a trasladar el cuerpo.
Respecto al tema laboral, Humerez comenta la actual situación en la que se encuentran: “En ese lugar donde menos hemos avanzado. El estado no se preocupa por que las mujeres trabajen. En entidades públicas y privadas, tú vas a buscar un trabajo y no te dan el trabajo justamente por tu identidad de género. Entonces eso hace que la mayoría de las mujeres trans busquen alternativas de subsistencia, en este caso hay un gran porcentaje de la población trans que ejerce el trabajo sexual por falta de oportunidades y que el Estado no hace nada”.
ASPECTO LEGAL EN BOLIVIA
Con el cambio y la creación de la nueva Constitución del Estado del año 2009, se estableció leyes y normas, amparando a la población Bolivia en general contra toda forma de discriminación. Además de incluir a la comunidad LGBTIQ+ basándose en el cumplimiento de los principios de Yogyakarta.
En este marco el Estado está en la obligación de promover la defensa, respeto y proteger los derechos humanos de la población LGBT, teniendo que responder a los siguientes puntos: I. Garantizar a las personas la atención jurídica en asuntos civiles, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y tener los medios para ejercer estas condiciones. II. Adoptar medidas legislativas, administrativas y cualquier otra índole para reconocer y respetar los derechos de la comunidad. III. Se implementará y se adaptará en el nivel legislativo y administrativo medidas y procedimientos para que los documentos indiquen la identidad de género. IV. Deberán garantizar que estos procedimientos se realicen de manera justa y no discriminatoria, respetando la privacidad de las personas. V. Deberán asegurar que todos los documentos tienen que ser reconocidos en todos los contextos. VI. Se deberá emprender programas que sean de apoyo social a todas las personas que estén pasando por transición o la reasignación de género.
Estas son las bases que se deben tener presentes para generar leyes y normativas. Más allá de que estas leyes incluyen a la comunidad LGBTIQ+, no existen leyes específicas, ni concretas, sino que se encuentran incluidas dentro de otras leyes, exceptuando la de Identidad de Género, que tiene como fin el cambio de información en los documentos. Además de demostrar un claro incumplimiento a las que existen, hasta por parte del aparato de la justicia, como lo vimos anteriormente.
Las Leyes, normativas y artículos que se contemplan son los siguientes: que se contemplan son: el artículo 14, dentro de la Constitución Política del Estado:
“El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, orientación sexual, identidad de género, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”; y el Inc. III del mismo artículo determina que “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.”
La Ley 045 ‘Contra el Racismo y toda forma de Discriminacion: La ley n° 045, Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminacion, en su articulo 5 determina los conceptos y definiciones: a) Discriminación. Se define como “discriminación” a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de… Orientación sexual, identidad de géneros…, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho internacional. Y también define a la Homofobia y la Transfobia, como la aversión, odio, prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres con diversa orientación sexual; y como la discriminación hacia la transexualidad y las personas transexuales o transgénero, basada en su identidad de género.
De igual forma el Decreto Supremo 0189, declara el 28 de junio de cada año ‘Día de los derechos de la Población con Orientación Sexual Diversa en Bolivia’ y el decreto supremo 1022, también establece el 17 de mayo como ‘Día de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia en Bolivia
También se cuenta con la existencia de 11 normativas municipales que están dentro del marco de la no discriminación y la igualdad de los colectivos y las diversidades sexuales
El 21 de mayo del 2016 se implementó una nueva ley, la n° 807, llamada Ley de Identidad de Género, su propósito es rectificar el nombre y el sexo en el registro civil, a esto pueden acceder los mayores de 18 años que no estén casados. La implementación de la ley fue el resultado de una incansable lucha por parte de las comunidades y los colectivos LGBT, sin embargo, en noviembre del 2017, un fallo del Tribunal Constitucional anuló el artículo 11, el que daba los derechos fundamentales referentes al sexo del registro civil rectificado.
Luna Humerez, nos comenta los desafíos a los que se enfrentan tras la anulación de este artículo: Luego de la promulgación de esa ley, hemos festejado, porque teníamos una plenitud de derechos como cualquier mujer boliviana. Sin embargo el 2017, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional plurinacional que prácticamente nos mata en vida, nos quita varios derechos. Habla que la población no tiene derecho a la adopción, no tiene derecho al matrimonio, no tiene ciertos derechos civiles, el tema de la paridad, la participación política y más todavía en la confidencialidad, o sea, quiere decir que cada vez que entremos a cualquier lugar tenemos que decir que somos trans. No es un momento favorable para la población trans del país. Estaríamos siendo como ciudadanas de segunda. Estamos viendo la forma de articulación de la población trans del país para poder hacer acciones en torno a esta sentencia y que como nosotras decimos vulgarmente se nos devuelvan nuestros derechos.
Este es el resultado de una pronunciación por parte de grupos conservadores, religiosos, basados en la moral a través de 6 asambleístas de la oposición. El Institut de Recherche pour le Développement y la Université Paris Diderot explican en su artículo que esto tiene que ver con la interpretación de las categorías de sexo y genero por parte de la legislación boliviana.
Este pronunciamiento describía las supuesta consecuencias que traía las interacciones sociales por parte de las personas trans, lo describen en su artículo ‘El género, sin sexo, ni derechos: la Ley de Identidad de Género en Bolivia’: su empleo (se supone que se trata de mujeres trans) en funciones (interpretadas como exclusivamente femeninas) relacionadas con niños (guarderías, escuelas, enfermerías); el sesgo para l@s pacientes que recurren a un médico trans; el uso de los baños públicos y, lo más dramático a ojos de quienes presentan la acción, el matrimonio con un individuo ignorando su “condición anatómica” y “su imposibilidad de procrear” (p. 8). Se sospecha también que la transidentidad facilita malversaciones (pp. 4 y 8) a pesar de que el número de carnet otorgado de por vida sigue siendo el mismo. Los términos “fraude”, “error”,”encubrimiento” (pp. 4 y 8) adornan el conjunto de la argumentación. La idea según la cual un elemento truncado amenazaría la cohesión del conjunto de la sociedad es ilustrada con la metáfora injuriosa de la falsa moneda (p. 3).
Mencionando también que el matrimonio tiene un modelo y un fin, que es la procreación, que establecen al mismo tiempo como una obligación social.
Actualmente se puede decir que si bien existen leyes en las cuales está incluida esta perspectiva desde las comunidades LGBTIQ+, aún hay muchas dificultades para llegar a la no discriminación, respeto, a la igualdad y vacíos dentro de las leyes, normas que estén enfocadas netamente a estos grupos, como la tipificación de los crímenes de odio y los transfeminicidios.
“No existen leyes concretas que tipifiquen digamos los crímenes de odio como tal, tampoco como transfeminicidios. Entonces tenemos que acudir alguna ley que sí existe, en este caso que como somos mujeres pues el feminicidio. No es lo ideal porque sabemos que el feminicidio también tiene un alcance familiar y sin embargo, muchas de las de las personas trans que son asesinadas no necesariamente han sido asesinadas por familia, por parejas, por chicos, por cónyuges, sino por gente que les odiaba por su identidad. En este caso nosotros la denominamos crímenes de odio. Cierto que no existe una tipificación, no existe esa figura dentro del Código Penal, pero es algo que quisiéramos lograr” finaliza, Humerez.
Miembros de la PNP desistieron de usar armas letales para evitar un escenario parecido al del 14N.. Foto: Luis Javier Maguiña.
Cuando Luis Javier Maguiña, fotoperiodista independiente, salió de su casa un martes a las 4 y media de la tarde con dirección al Centro de Lima, no se imaginó que aquel día una violenta y enfurecida turba en la avenida Abancay destruiría todo a su paso.
“Los supuestos manifestantes empezaron a tirar piedras y causar destrozos en todo lugar público y en puestos ambulatorios en la avenida. Yo me fui de esa zona cerca de las 9 y media de la noche y vi que los Tambos de Camaná y Piérola estaban destrozados. En aquel momento, temí por mi seguridad”, cuenta Luis Javier.
Ha pasado casi un mes de ese violento episodio, y a pesar que la Policía ha conseguido detener a más de diez vándalos que causaron destrozos en propiedades públicas y privadas y la Corte Superior de Lima condenar a dos años de prisión suspendida a cuatro sujetos que atacaron el Poder Judicial, poco se medita sobre cuáles fueron las verdaderas causas que llevaron a que estos colectivos actúen de tal manera.
Conflictos sociales
En el Perú, según el reporte de abril de la Defensoría del Pueblo, existen 208 conflictos sociales, de los cuales 106 están activos y 48 aún no estallan.
Uno de los más mediáticos que se ha venido desarrollando en estos últimos meses tiene que ver con la empresa minera Southern y pobladores de las comunidades campesinas de Tumilaca, Pocata, Coscore, Tala y Torata, en Moquegua.
Los pobladores llegaron a impedir el paso del agua hacia el campamento minero Cuajone, donde viven 5,000 personas, por un lapso aproximado de dos meses. Esto, debido a que la minera contrajo la carretera Cuajone – Toquepala sin consulta previa y por los 50 años de destrozos que la empresa produjo en la zona.
Según estudios, el tiempo en que las actividades mineras se paralizaron, supuso la pérdida de un punto del crecimiento de la producción de cobre del país, además de 260 millones de dólares en pérdidas de exportaciones y más de 400 millones en impuestos.
Ha pasado casi un mes de ese violento episodio, y a pesar que la Policía ha conseguido detener a más de diez vándalos que causaron Sin embargo hace ocho días, a través de un comunicado, Southern indicó que tras la intervención del Gobierno Central y la publicación del decreto que declara a la comunidad de Torata en emergencia, se pudo retomar el control del reservorio de Viña Blanca. Además, la compañía dió a conocer que las operaciones en el campamento de Cuajone se normalizarán luego de que se repare la vía férrea dañada por los pobladores.
Combustión de precios
Los elevados precios del combustible ocasionaron que el pasado 28 de marzo el gremio de transportistas pesados anunciara un paro indefinido. Esto devino en protestas que ocasionaron bloqueos de carreteras en al menos una decena de regiones en el país, en donde además se reportaron quema de casetas de peaje y llantas.
“El incremento de los precios del petróleo a nivel internacional ha causado que muchos sectores de la economía en nuestro país se vean afectados, entre ellos el de transporte”, indicó el gerente de logística Savar, David Kuoman.
Además, el especialista señaló que actualmente el sector de transporte viene registrando pérdidas entre un 10% y 15%, debido a que para mantener los precios han dejado de percibir ingresos.
Para calmar las aguas, el gobierno de Castillo eliminó el impuesto selectivo al consumo del combustible hasta junio. Además, decretó un aumento del 10% del sueldo mínimo, que entró en vigencia hace cuatro días. Un alza que a primera vista, no beneficiará a una gran parte de la población, debido a que en la actualidad el Perú depende significativamente de la economía informal.
“Desde el sector privado, hacemos un llamado a que se puedan reducir los impuestos para que las empresas mejoren su producción, de esta forma no solo se puede activar la economía, sino que se generarían más empleos”, añadió Kuoman.
Escasez alimentaria
Una cosa lleva a la otra. En noviembre del año pasado, cuando todavía no había estallado el conflicto entre Rusia y Ucrania, la bolsa de 50 kilos de urea, el fertilizante más usado entre los agricultores peruanos y de origen ruso, costaba S/.120. En la actualidad, por esa misma cantidad de abono se piden S/.350. Esto ha ocasionado que en lo que va del año, se haya dejado de sembrar el 8,5% de las tierras peruanas, teniendo en cuenta que entre el 70% y 80% de los alimentos que consumen los peruanos proviene del campo. Entonces, ¿qué medidas debemos tomar frente a esta escasez de alimentos y el incremento del precio de los mismos?
Para la economista Catherine Eyzaguirre, la exoneración del Gobierno del IGV (Impuesto General de las Ventas) hacia los productos de la canasta básica no es peligrosa, pero considera que las exoneraciones tributarias deben ser medidas excepcionales y temporales.
Por otro lado Víctor Mayta Frisancho, ex ministro de Agricultura, considera que para reducir los precios de los fertilizantes el Gobierno tiene que subsidiar a la agricultura, dotarla de infraestructura de riego y de maquinaria agrícola.
Innamovilidad ciudadana
El 4 de abril a la medianoche, en la víspera del trigésimo aniversario del autogolpe de Alberto Fujimori, Pedro Castillo decretó la orden de toque de queda desde las 2:00 a.m hasta las 23:59 p.m. del día siguiente.
Según fuentes de la policía fueron los informes de inteligencia de la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia), que actualmente se encuentra a cargo del ex comisario de Tacabamba José Fernández Latorre, los que alertaron a la Presidencia del Consejo de Ministros que el 5 de abril se agudizaría la situación de violencia en Lima y Callao
Aunque para la periodista Lucía Lozano, la medida que adoptó el presidente fue una imagen muy potente de la poca capacidad de gestión y comunicación del gobierno.
“El gobierno de Pedro Castillo va de medidas atropelladas, sin análisis previo, sin técnicos que realmente pueden evaluar las diferentes situaciones y panoramas que haya. Inclusive, no hay una correcta visión dentro del propio Consejo de Ministros”, afirma.
Aquella medida que se tomó a media noche fue uno de los detonantes para la movilización del día siguiente, según Aurora Bravo, investigadora en ciencias de la comunicación. “Yo considero a esta como una de las causas de esa movilización. Fue una medida sorpresiva y algo arbitraria”, comenta.
La orden que dio el gobierno duró unas 15 horas, afectando a 11 millones de peruanos y generando pérdidas por aproximadamente 270 millones de dólares, según el gremio empresarial.
Tal y como sucedió cuando se anunció el toque de queda, el anuncio del levantamiento de la medida tomó por sorpresa a todos. Aquella cancelación se dio siete horas antes del fin establecido.
Cuando se habla de posibles soluciones frente a esta crisis gubernamental, son pocas las opciones que se presentan. Así lo considera el periodista César Chaman: “Una de ellas tendría que ver con un cambio consistente en el gabinete ministerial, para dar paso en el premierato a un personaje capaz de convocar a la concertación y el diálogo y, de paso, incorporar a su equipo de trabajo a técnicos serios. Pero allí las preguntas son puntuales: ¿tiene realmente el presidente Castillo intención de enmendar el rumbo?, y por otro, ¿habrá algún político respetable dispuesto a asumir responsabilidad en un gobierno velozmente desgastado? La opción de vacancia está descartada por falta de votos en el Congreso. Y la alternativa de una renuncia de Castillo es muy improbable”
En los casi 10 meses del profesor Castillo frente al mando del Perú, un país que desde hace mucho sufre una crisis en su sistema democrático, el descontento social parece ser una de las principales características por las cuales se recordará su gestión. Claro, aún nada está dicho.
Históricamente, el modelo heteronormativo de la sociedad, califica y legitimiza las relaciones personales. Esta idea apoyada por diversos factores, como la construcción religiosa de lo que es una familia tradicional, y la asignación de roles, además de la falta de diferenciación entre sexo y género, son unas de las principales características que ha dado lugar al irrespeto, intolerancia, la discriminación y las fobias hacia la comunidad LGBTIQ+ y las personas trans.
A pesar de que los Estados y los organismos internacionales han brindado bases para la formulación de reglamentos para la aceptación por medio de cambios políticos y que amparen las libertades y diversidades sexuales y de género, trabajando en la ruptura y el quiebre de prejuicios, estigmas, discriminación, aún siguen cayendo en perjuicios sociales y lo que deviene de estos.
Ser trans en el país andino
En Bolivia, uno de los sectores más violentados y discriminados son los grupos sociales que conforman la comunidad LGBTIQ+, principalmente a las personas transexuales y transgénero. Haciendo referencia al primer término, como: persona que adquiere las características físicas de las personas del sexo contrario mediante tratamiento hormonal o quirúrgico y el segundo son aquellas personas cuya identidad y expresión de género se diferencia de las que están típicamente asociadas con el sexo que les fue asignado que al nacer.
La representante de Otraf-Bolivia, Luna Humerez Aquino habla sobre la situación en Bolivia y lxs trans: “Los estigmas sociales son pues muy religiosos. Tenemos cimientos patriarcales y machistas muy fuertes. Es difícil la vida para las mujeres por el tema del género, por eso existen tantos feminicidios. Es peor cuando hablamos de mujeres trans, es el doble de difícil. Entonces lo que nosotras buscamos es la plenitud de derechos como cualquier otra mujer. Ya después de ahí comienza la otra lucha de igualdad, de igualdad de género, de igualdad de oportunidades, igualdad en todo sentido”.
Tras la aprobación y la implementación de la Ley 807, reconocida como la Ley de Identidad, se abría paso a las cientos de rectificaciones que la comunidad habrían sufrido históricamente en el país. Dando la posibilidad a implementar otras normativas que apoyen a la igualdad de derechos de las personas con diversidad sexual y de género. Sin embargo, luego de manifestaciones por parte de grupos conservadores y religiosos, apelando desde la moralidad social ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, se tuvo un retroceso en la ley. Los Tiempos remarcaba que esta decisión “tácitamente prohibió, entre otras aspiraciones, el matrimonio, las adopciones a las parejas trans, la paridad política y la confidencialidad de estado anterior.” Con esta ley hasta la fecha se permite solo el cambio identidad en la documentación.
Aun así, el resultado no logra ser el esperado. En 2019 a través del diario ‘Los Tiempos’ Suanny Alexia, transexual y doctora comentaba los límites de la Ley 807: “No cambié ni mi nombre en los documentos. Supuestamente con esta ley el Gobierno nos garantizaba que podíamos hacer el cambio en toda la documentación. Nos anunciaron que podríamos renovar desde el certificado de nacimiento hasta el título de bachiller y las cuentas bancarias. Pero cuando lo intenté, los abogados me dijeron que sólo iba a recibir unos papeles de respaldo, no los títulos”.
El 2021 se registraron 101 solicitudes para el cambio de género en los documentos. Según el diario ‘DW’, los requisitos que se contemplan en el Tribunal Supremo Electoral para realizar este tipo de trámites son: una carta de solicitud que mencione el nombre y el sexo original de la persona, y la nueva información para el cambio. Pero además “se debe presentar el resultado de un examen psicológico «que acredite que la persona conoce y asume voluntariamente las implicaciones de su decisión».
En relación a los crímenes de odio y los transfeminicidios. Según el diario ‘Los Tiempos’ y a través de una investigación de la Defensoría del Pueblo se contabilizaba en los años 2001 y 2017 se registraron 55 casos de crimen de odio contra personas trans, de las cuales 37 eran hacia mujeres trans. En 2018 se recibieron 29 denuncias por parte personas de la comunidad. Mientras que en 2021 la defensoría del pueblo recibió 36 denuncias.
Un monitoreo sobre las diversidades sexuales y de género en Bolivia, realizado por la Fundación Construir, indicaba en su portal web en 2021 que: “Según datos de la Organización de Travestis, Transgéneros y Transexuales femeninas de Bolivia (Otraf), un 51 por ciento de las denuncias de agresión son de personas trans.” Y que según el informe del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM) entre los años 2008 y 2020, 20 personas trans fueron asesinadas.
En 2019 en el diario ‘Los Tiempos’ Humerez, comentaba: “Ahí suman casos como asesinatos, desapariciones, apuñalamientos y golpizas. No matan a una persona por ser gay o por ser lesbiana, ni siquiera por ser hombre trans, pero sí la matan por ser mujer trans. La transfobia aumenta con esas marchas que realizan las plataformas e iglesias que abogan por la familia. Ellos llaman al odio a que las personas tengan homofobia y transfobia y que vengan a asesinarnos. Les pido que no lo hagan porque nosotros, como personas trans, no organizamos marchas contras sus iglesias ni agrupaciones, pero tenemos derechos reconocidos internacionalmente”.
Muy pocas de las víctimas de transfeminicidios, han recibido justicia por el sistema. Solo hasta 2019 se tenía un solo caso que entraba dentro de las características de transfobia. Fue un Transfeminicidios al que el sistema de justicia categorizó como un feminicidio. Este representa el único caso que tuvo una sentencia condenatoria, en el que daban 30 años de cárcel a Alex Villca, asesino de Dayana Kenia Zarate; dicho caso se remonta a 2016.
En 2021, Alberto Moscoso, el director ejecutivo de la Asociación Civil de Desarrollo y Promoción Cultural (Adesproc) Libertad LGBT indicaba mediante el portal de Fundación Construir que: “el Estado no tiene disgregado por identidad u orientación los casos de agresión y hay un subregistro que no está siendo evidenciado.”
El seguimiento y los procesos de justicia, no otorgan protección, ni siquiera la disminución de actos de odio, hostilidad e intolerancia contra las personas pertenecientes a la comunicación LGBTIQ+, mas propiamente dicho personas trans. No existen leyes concretas, ni la tipificación específica que ayuden a combatir la intolerancia y velar por el respeto, protección y la igualdad en relación a este grupo social. Las personas de diversidades sexuales y de género, no se sienten protegidas, de hecho encuentran muchos abusos, agresiones y violencia por parte de aparatos del Estado. En 2019 la Defensoría del Pueblo, a través de su web mencionaba que: “identifica falencias en la obligación por parte del Estado en el cumplimiento del derecho al acceso a la justicia y en la persecución penal en casos cuyo móvil fue el odio, la discriminación e intolerancia.”. En este sentido la mayoría de los casos denunciados quedan impunes.
Una investigación por parte de: Fundación CONSTRUIR, Comisión Andina de Juristas (CAJ), Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES), Instituto Latinoamericano para una sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) y la Universidad de Chile, en 2015, recopilando y rescatando datos elaborados por EMCVDD TLGB en 2011, indicaba que la población trans era la que sufría en mayor porcentaje agresiones, tanto físicas como verbales, representaban el 11, 5% en las categorías de violencia, golpiza, humillación, amenaza e insultos. Dentro de un análisis más general, se determinó que al menos 73% de la población LGBTIQ+ entrevistada, habían sufrido agresiones.
Mientras las cifras cuantitativas alertaban sobre el mal trato de los funcionarios (principalmente policías) del Estado, convirtiéndose en el principal agresor de los grupos LGBTIQ+. Mostrando que un 80% habían sido agredidos verbalmente, físicamente, y psicológicamente por un policía. Lo que después se traduciría a una falta de confianza a este personaje estatal; por lo cual 74% de las personas que sufrieron estos abusos no realizaron denuncias, por la falta de confianza de este grupo social hacia las instituciones de justicia. En este sentido dentro de la investigación 50% creía que el mayor violador de los derechos humanos era la policía. Los datos también indicaban que los detenían sin justificación, hecho que normalmente ocurría mientras iban caminando por la calle, constituyen el 40%.
Al mismo tiempo consideraban que el acceso a la justicia era malo, y que el 93% era discriminadx por parte de la administración de justicia boliviana. Estos datos develaban la preocupante situación de los grupos LGBTIQ+, sobre todo de la población Trans, que constantemente ha sufrido vejámenes. Actualmente aún se puede mencionar la falta de compromiso, sensibilización y consciencia que colaboren a la lucha contra la discriminación, hostilidad y el velar por la igualdad, la justicia y el respeto.
Humerez, indica los obstáculos a atravesar en el contexto actual en relación a la justicia: “La justicia sabemos que está totalmente sucia, maleada y sabemos que no hay justicia para la gente que no tiene plata, no solamente para la población. En general, sin embargo, como la justicia es tan corrupta en nuestro país y se ha visto casos muy feos y fuertes de jueces, de fiscales, etc. Imagínate para la población trans se triplica porque son temas que no les interesan a los jueces y a los. Entonces la justicia todavía para la población trans es casi nula. Asesinan a una compañera, tarda años y no llegamos a una sentencia. Mira estamos en el 2022 y una sola ha llegado a sentencia por un crimen de odio de una mujer trans”
En 2021 una pequeña luz de esperanza, representaría la aprobación por el SERECI el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Lo que dio paso a repensar y plantear la posibilidad para permitir este tipo de uniones en el país y gozar de todos los derechos e igualdad.
“Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de inclusión y tolerancia, la situación de las personas homosexuales continúa siendo difícil en cuanto al acceso al trabajo, vivienda, servicios de salud y educación”, indicó Laura Álvarez, integrante de Otraf mediante el portal SWI.
Día Internacional de la Danza. Foto: Machita Mujer Caporal
En el Día Internacional de la Danza, La Antígona conversó con Pamela Borja de Machita Mujer Caporal, colectivo que busca ayudar a las mujeres a transformar sus demonios a través de la figura de la ‘macha’.
Cuando Pamela Borja conoció los caporales no los bailaba como las niñas de su edad. Sus movimientos eran enérgicos en lugar de delicados y sus compañeras la llamaban ‘tosca’. Fue cuando ingresó a la Escuela Nacional Superior de Folklore ‘José María Arguedas’ y conoció a la figura de la macha que todo cobró sentido.
Desde su vestimenta, que se caracterizaba por usar pantalón en lugar de falda y botas con cascabeles en vez de zapatos con taco, la macha era distinta a la caporalita. La fortaleza que brota de sus firmes pasos hacía que muchas personas la estigmaticen por su distancia del que ha sido históricamente el rol de la mujer en la danza: la ornamentación y coqueteo.
Paralelamente, Andrea Chuiman, también bailarina y miembro fundadora del Ballet Folclórico Nacional del Ministerio de Cultura, desarrollaba su propia historia con la machita. Su compromiso por reivindicar a esta figura la llevó a formar un colectivo. Pamela, que desde el 2016 veía el interés por el tema de quien entonces era solo su contacto en Facebook, ya bailaba como ‘macha’ en una agrupación.
Pasaron unos tres años para que Andrea decidiera abrir la convocatoria al público. Inicialmente solo se trataban de reuniones personales para conocer las perspectivas de otras machas, pero luego se concretó una clase abierta en la Plaza de la Bandera en diciembre del 2019.
“Este personaje a mí me deja desenvolverme con plenitud, no he encontrado algo más liberador que la machita. Puedo bailar de manera intensa, ser delicada a mi manera, ser sensual a mi manera y no sentirme juzgada por eso”, comenta Pamela, quien se unió al colectivo tras participar de una convocatoria.
Tanto las integrantes de Machita Mujer Caporal como las mujeres que pasan por sus cursos tienen una historia que contar. Los gritos que sueltan al bailar son reivindicatorios no solo para las mujeres en la danza peruana, sino también para sus vidas personales. Pamela, por ejemplo, alza la voz contra la violencia psicológica, física y la humillación que vivió por parte de otras mujeres.
Algunas simplemente van a romper las barreras que la sociedad les ha colocado. “‘Si no te pones falda, no eres femenina, pareces machona, pareces hombre, necesito que seas más mujer’, son cosas que todas hemos oído. ¿Qué es ser más mujer? Yo soy mujer y mi energía es propia”, cuestiona Borja.
Las instructoras de Machita Mujer Caporal han visto pasar también a estudiantes que superan retos y condiciones físicas. Pamela, por ejemplo, tuvo una alumna que por tener los isquiotibiales cortos no podía arrodillarse, según le informó su doctor. “Al final del curso logró arrodillarse, de manera gradual y a su estilo, pero lo consiguió”, cuenta la bailarina.
Es así que el colectivo busca ser un espacio seguro, en el que las mujeres gocen de la libertad de “soltar sus demonios, bailar con ellos y transformarlos”. Más allá de las clases de preparación física, las dinámicas empleadas por las docentes las invitan a prepararse mental y espiritualmente para el arte, enfocándose en superar sus limitaciones y siguiendo de cerca su proceso sin compararlo o juzgarlo.
Del arte para la vida
Aparte de las clases, la preparación física, las presentaciones y la obra de teatro, las machas también vienen emprendiendo labores específicas con niñas y adolescentes. Un ejemplo de esto es el trabajo realizado en la casa de acogida Mantay en Cusco.
En este espacio, las menores de edad, que han sido víctimas de violencia, pudieron adquirir herramientas propias de los caporales para empoderarse. Para Pamela, este es el diferencial de Machita Mujer Caporal: el uso terapéutico del arte. El amor propio es la huella que buscan dejar en las mujeres que pasan por sus filas.
“Esperamos que cada decisión que tomen sea con amor, y eso no quiere decir que sea todo sea miel sobre hojuelas, sino que no puedan decir no aunque duela, pero que actúen con amor propio. Que sepan separarse de aquello que no le suma”, añade.
El colectivo ha logrado expandir su impacto durante los últimos meses. Con la reanudación de las actividades presenciales lograron volver a dictar clases en sus locales de Pueblo Libre y Lince. Además, próximamente se presentarán en el Teatro Municipal y dictarán una clase maestra en la feria Danza con Causa.
Con motivo del Día de la Mujer lanzaron también un video conjunto con la cantante Naysha, en el que buscan concientizar sobre la poca o nula acción de las autoridades frente a la violencia de género. Sin embargo, para Pamela, su logro más grande es el impacto en sus alumnas. “Nada sería un logro si no conseguimos ayudarlas a curar ese pedacito de su vida”, confiesa. Para ella, la sanación individual ha sido también colectiva.
Marce Butierrez es antropóloga, travesti e investigadora feminista queer. Es, también, colaboradora en LatFem. Hace días, recibió su nuevo documento y todas nos emocionamos y celebramos con ella. En esta crónica en primera persona, Marce cuenta cómo fue el proceso hasta lograr que el Estado argentino reconozca su identidad de género en su DNI, los obstáculos y burocracias que tuvo que enfrentar y exorciza la rabia para poder, por fin, ponerle nombre a su cuerpo.
Hay una sola idea en la que la Ley de Identidad de Género está equivocada: nuestras identidades son algo más que vivencias internas e individuales. Existen cosas por fuera de lo que sentimos, cosas que se construyen en el encuentro con lxs otrxs y que nos hacen ser quienes somos. La identidad es una relación social que nos mantiene unidxs al resto de las personas con las que compartimos, experiencias y trayectorias en común. Más allá de que mi género es un proceso de individuación muy específico, no es una construcción en el vacío, ni en solitario. Mi género está hecho con las palabras y pautas de las que dispongo en esta cultura y se hace reconocible y nombrable en el encuentro con el mundo que me rodea.
Que la ley esté equivocada en este punto no afecta en absoluto su funcionamiento. Es de las mejores en esta materia y le ha permitido a miles de personas trans* adecuar sus documentos y consignar una identidad distinta a la asignada al nacer. F y M son dos categorías insuficientes para identificar esas vivencias individuales y autopercibidas, pero no sólo para las personas trans*. Muchas personas cis sienten actualmente una creciente incomodidad con su género y esto responde a que cómo sociedad estamos “deconstruyendo” muchas categorías y prácticas sobre las que se perpetúa el sistema patriarcal. Las mujeres y hombres de esta generación seguramente no se reconocen en las mujeres y hombres de la generación precedente y probablemente tampoco se reconocen en sus pares, porque existen una diversidad de formas de habitar esas F y M. Amalia Granata, la China Suarez, Ofelia Fernández y yo somos F. Aunque no tengamos casi nada en común, al menos tenemos la certeza de que no somos hombres. Pedirle a los documentos que den cuenta de aquella vivencia individual que nos hace distintas excede los límites del Estado. Afortunadamente, tras la sanción del decreto presidencial N°476/21, existe una tercera opción hacia donde fugar identificada con una muy criticada X.
Pararnos dentro de un género es nuestra manera de construirnos frente al mundo además como sujetos políticos. Expresar rebeldía contra las categorías se puede hacer de múltiples maneras, a veces habitándolas a contrapelo y otras fugándose de ellas. Por muchos años para mí, correrme de la M con la que mis documentos me identificaban representaba una declaración de mis principios políticos: no sabía muy bien qué era, pero estaba segura de que no era un hombre. Y con esta reflexión se inició el camino que hoy me trae aquí.
Los últimos seis meses de mi vida se trataron de mi identidad y mis documentos. De ponerle un nombre, un género y límites a esta construcción social que soy. Fueron quizás los seis meses más duros en mi vida, pero también los más importantes, los que le ponen cimiento y orden a lo que quiero construir. Esta nota va de eso, de cómo es hacer la rectificación de un DNI en Argentina, pero también de la identidad, de las políticas que se construyen en torno a ella y del problema de las categorizaciones. Al mismo tiempo habla de mi experiencia y les pido disculpas desde ya, porque este es un estilo narrativo inexplorado para mi. Esta es una extraña mezcla entre crónica y carta en donde me dejo caer un poco a oscuras.
Lo más importante que se debe tener en cuenta al momento de rectificar el sexo registral en el DNI es que en realidad lo que vas a rectificar es tu partida de nacimiento. El DNI refleja los datos contenidos en tu partida, por eso el trámite inicia con su rectificación. Existe un problema que el RENAPER podría observar en este sentido. La población trans* tiene una alta movilidad espacial, muchas personas trans* no radican domicilio en los mismos distritos donde están archivadas sus partidas, por lo cual en ocasiones deben retornar a sus ciudades natales para iniciar la rectificación. Esto sucede porque al momento de nacer, el registro civil de cada provincia anota el nacimiento y ese documento jamás se mueve de la jurisdicción. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires esto puede evitarse si tenés domicilio en la ciudad, algo que también es absurdo ya que muchas veces las personas trans* tienen enormes dificultades para constituir una residencia permanente. En los últimos meses se suma a estos requisitos que las partidas “de extraña jurisdicción” deben tener una firma digital o legalizadas en el Ministerio del Interior.
Mi trámite tomó varios meses, casi seis. Cada uno de los pasos intermedios fue un martirio. Informaciones cruzadas, muy pocas respuestas, pocas vías para hacer el seguimiento. Si tu partida no está radicada en tu ciudad, el trámite para pedirlo demora aún más tiempo. Por momentos no sabes en dónde está tu expediente. Cuando llamas por teléfono te tratan en masculino. Hasta el último momento siempre fuiste registrada con tu nombre asignado al nacer. Vas a tener que aguantar. Muchas veces las personas no entienden de qué va tu trámite y vas a tener que explicarlo varias veces. Demasiadas. A mi lo que más me molestó en cada momento fue que me boludeen. Algunas personas cis tienen impreso el desdén hacia nosotras. Puede que no siempre sean violentxs, pero les damos una cosa entre pena y asco. Muchas veces sentí que me explicaban las cosas como a una tonta, que me mentían porque pensaban que yo me la iba a tragar. Cuando les decía que estaban discriminando, se exaltaban; no registran que esa forma de tratarte evidencia que se sienten en un lugar de superioridad. Hay que estar un poco preparada para eso, pero también alerta para cantar retruco. Hay que insistir, preguntar, anotar todo. Si yo no hubiera empujado cada momento del trámite, quizás todavía estaría esperando. De hecho, hubo momentos en que estaba aturdida y cansada, pero tenés que desbloquear ese enojo y convertirlo en algo útil.
Las burocracias estatales no están pensadas para nosotrxs. La Ley de Identidad de Género abre un resquicio que nos habilita un derecho, pero para acceder a él hay que atravesar una serie de procesos que no se imaginan nuestras existencias. Cosas tan simples como procurar llamarnos por nuestros nombres elegidos o respetar nuestros pronombres podrían implementarse en todos los pasos. El primer contacto para la rectificación puede que sea menos hostil porque se trata de la recepción del trámite en una oficina con empleadxs que conocen el proceso, pero luego nuestros expedientes atraviesan muchas instancias en donde las personas no saben cómo tratarnos. Estos son algunos problemas puntuales que pongo de ejemplo: siempre te piden el nombre“como figura en el DNI”, entonces apareces así registrada en turnos, llamados, en los sistemas de información y demás. Cuando fui al registro central me llamaron a través de unas pantallas que están a la vista de todxs y pusieron el nombre de mi DNI. Cada vez que llamé tuve que decir ese nombre. No hay forma de seguir el trámite virtualmente y si hay dos jurisdicciones involucradas, al parecer no dialogan entre ellas. En un momento del trámite yo debí ir al registro de la Ciudad de Buenos Aires, llamar desde mi teléfono al Registro de Salta —la provincia en la que nací y donde viví hasta hace un año— y poner en diálogo al jefe de CABA con el de Salta. Un absurdo. No hay un protocolo claro para algunos casos, entonces dependes de la suerte o la buena voluntad. El decreto que habilita la X aún genera confusión y en muchos momentos equivocaban mi trámite con el de los documentos con X. Tuve bastante temor de terminar recibiendo un DNI con X, porque muchas veces lxs empleadxs del registro en lugar de preguntar, asumen. Al final de todo, cuando definitivamente tramitan tu DNI, deben adjuntar foto de tu viejo DNI cortado, roto. No sé cómo será para una persona cis, pero para mi, sumada a la incomodidad de tener un documento con un nombre y género distinto al mío, tuve que ir las últimas dos semanas al supermercado con un DNI roto y la constancia del trámite para poder pagar con tarjeta. Un montón.
Cuando inicié este proceso pensaba que podía servir de experimento y ver cómo funciona este trámite para una travesti “normal’”, que va al registro y solicita su rectificación sin más. Pero al tiempo me di cuenta que mi experiencia era única y privilegiada. Yo no sé cómo afrontaría este mismo trámite una compañera sin recursos materiales para perseguirlo, hacer llamadas, viajar a los registros, imprimir papeles. Además hay que tener sagacidad y astucia para saber por dónde entrarle a cada trámite y que puerta ir a golpear. Y sobre todo, un montón de energía emocional para tragarte los garrones y superar ese dolor. Hubo escenas en las que yo estuve más desencajada que nunca, gritando y llorando delante de perfectos desconocidos. Aunque la Ley de Identidad de Género no contempla la judicialización o patologización, la trama burocrática que la contiene termina operando como una autopsia, dónde estas obligada a desnudar tu sexo una y otra vez.
Escribo esta nota cómo un último desnudo. Es una manera de exorcizarme de esos enojos pero también de ponerle un cierre a una parte de mi propia historia. Cuando asumí hacer carne mi género y elegí este camino de incertidumbres rompí el vínculo con mi familia. No me gusta hablar de eso, pero me decepciona de maneras horribles. Sin embargo, ese simple documento de plástico que me costó seis meses de trámites y angustias también operaba en mi cabeza como una forma de clausurar el pasado. Nunca me gustó la metáfora de “volver a nacer” porque en mi experiencia siempre fui esta misma persona. Pero una tarde hablando con un amigo me preguntó qué nombres iba a escoger y si me iba a poner un segundo nombre. Yo la verdad que nunca había pensado mucho al respecto. Me había debatido lo de escoger entre una F y una X, pero la decisión fue pragmática: me interesa viajar y una F es menos lío. Mi nombre siempre fue Marce, no se si es un nombre elegido, sencillamente devino así. Entonces se me activó una fibra muy íntima y recordé el momento más bonito de mi infancia, lo cuento porque creo que quizás sirve para humanizar tanta burocracia, porque necesitamos que algo emocional se filtre entre tanto expediente.
Hace muchos años, durante una siesta calurosa en la que mi mamá no estaba en casa, me puse a revisar las cajas arrumbadas que guardaba en su habitación. Siempre me pareció fascinante revolver entre cosas viejas —no por nada estoy enamorada de los archivos—. En unas cajas de cartón polvorientas mi mamá guardaba diarios viejos, libros, unas copas de cristal que sólo usábamos en Navidad, zapatos y cachivaches. Aquella tarde encontré viejos discos de pasta. Los saqué y los puse sobre la cama y leía sus portadas. Uno de esos discos era “En tránsito” de Joan Manuel Serrat. Mi mamá adoraba a Serrat, en mi casa lo oíamos con frecuencia. Yo aún puedo cantar sus canciones de memoria. En un momento giré el disco y se cayó de entre su portada un papel, cómo en la películas. Era una carta. Mi mamá había escrito durante el embarazo una carta dirigida a mí. Me contaba cosas sobre la relación con mi padre, me deseaba cosas lindas, me hablaba con confianza de lo que sentía y de sus miedos. Hablaba sobre los nombres que deseaba ponerme. Yo, que no tenía más que 10 años, entendía cada una de esas emociones. Lloré. Guardé la carta de nuevo en la portada de ese disco y nunca mencioné nada. Durante años atesoré secretamente ese momento en que me llegaba por azar la carta que mi mamá me había escrito cuando ni siquiera había nacido. Hoy le pongo nombre a mi cuerpo con aquellas palabras: Marce Joan Butierrez, en tránsito.
