El Edén se extingue por la condición petrolera en la Amazonía ecuatoriana

por La Antígona | Especiales

Por La Andariega

Concesiones, contaminación y compensación social provocan pobreza y hartazgo en la comuna El Edén. Hace 2 años Petroecuador firmó el último convenio y desde entonces opera de forma irregular sin el consentimiento de la población, afectada por enfermedades de la piel, estomacales y cáncer. Tras casi 20 años de explotación petrolera en su localidad, no cuentan con agua potable, electrificación o adecuada atención a la salud. Derechos básicos se ofertan en convenios incumplidos.

Texto: Gabriela Ruiz Agila @GabyRuizMx – Foto: Josué Araujo @la.mala.foto

ORELLANA, ECUADOR.- Con pancartas en alto y acompañados de sus hijos, mujeres y hombres de la Comuna El Edén exigen a la petrolera estatal Petroecuador renovar el convenio de compensación social por explotación del crudo en sus tierras. La estación petrolera Edén Yuturi está asentada en el territorio ancestral Kichwa Naporuna, a tan solo tres kilómetros del poblado. La zona de influencia del Bloque 12 EPF afecta a 900 personas por contaminación de tierra, agua y aire. Llevan 40 días de protesta pacífica en medio de la transición del nuevo gobierno de Guillermo Lasso. La presente crónica narra las actuales condiciones que atraviesa la comuna El Edén, un paraíso envenenado por la industria petrolera. 

Atestiguar la selva

A 300 km de Quito, en la ciudad fronteriza de El Coca, Edwin Coquinche, un joven emisario del pueblo Kichwa Naporuna, espera en el puerto artesanal. Tenemos el permiso para ingresar al territorio ancestral de los kichwas amazónicos. Nos embarcamos en una canoa a motor para cincuenta personas. La madera se ha reemplazado por la fibra de vidrio. Es un hermoso día para navegar aguas abajo el río Napo. 98 % de humedad. La lluvia es constante. Cuando se detiene, deja pasar el sol entre las nubes espesas.

«La comunidad kichwa está conectada con todos los espacios, y el río está en el centro de todo esto. De ahí, surgen historias y relatos. Los kichwa son gente de agua» puso en contexto el antropólogo Michael Uzendoski. La afectación del derrame de 15 800 barriles de petróleo (bdp) a los ríos Napo y Coca el pasado 7 de abril de 2020 continúa. 

En la década de los sesenta, el gobierno ecuatoriano otorgó concesiones por 5 millones de hectáreas en el nororiente ecuatoriano a petroleras extranjeras. El consorcio Texaco-Gulf perforó el primer pozo comercial en la Amazonía en 1972, año en que inició operaciones el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). El campo de Edén Yuturi está ubicado a 75 kilómetros del campo Shushufindi, a 30 kilómetros del campo Pañacocha en dirección sur. Forma parte del bloque 12, mismo que se subdivide en dos áreas operativas: Central Production Facilities (CPF) y Edén Production Facilities (EPF).

Tras cuatro horas en canoa aguas abajo en el río Napo llegamos a El Edén, una de 238 comunas y comunidades de la provincia de Orellana. Su extensión es de 864 Km². Como su nombre anuncia, El Edén es un pequeño paraíso. Árboles de frutas tropicales, plantas y flores autóctonas caen. Y tan pronto pongo un pie en tierra kichwa, el aparecimiento de un niño jugando entre las ramas de los árboles, marca el inicio de este viaje. Cubierto de barro de pies a cabeza, solo sus ojos se iluminan. Paúl es un niño de ocho años que se divierte columpiándose con una cuerda en la rama de un árbol de mango. Con un salto desde el árbol, se zambulle en las aguas del río sin preocupación porque el «río es también espiritual». Las historias de los abuelos se refieren a Amazanga, espíritu de la selva, como a un niño juguetón. 

Subimos a la camioneta que la comuna financia para el transporte dentro del territorio cada hora. De esta forma, cuatro kilómetros se recorren en 15 minutos hasta el punto donde esperan nuestros anfitriones. Atravesamos un camino de gravilla en el bosque Siempre verde de tierras bajas, parte del sistema Aguarico-Putumayo-Caquetá.  

La resistencia a menor escala: mariposas diminutas simulan con sus alas los colores y los pétalos de flores enanas; hormigas que cargan hojas hacia escondites donde la vida resiste; la captura de los rayos solares entre platanales y arbustos silvestres. Las petroleras han abierto caminos para conectar las plataformas de exploración y explotación. Empieza el desfile de letreros y señalética para indicar la dirección de las plataformas k, a, t, f, e, r, por un lado, c, h, j, d, i, g, hacia el otro sentido. Banderines rojos con la palabra «peligro» se levantan a los costados de largas tuberías que serpentean la superficie de la tierra. Avanzan, rodean, parecen no tener fin. «Ramales» o líneas secundarias que transportan petróleo crudo desde El Edén a Lago Agrio, con una extensión de 135 km.

En el trayecto, el olor de la combustión nos golpea. Un mechero está encendido en El Edén. Quema gas que tiene propano, butano (GLP) y metano (gas natural). Se divisa desde las aguas del río. Hollín, óxidos de azufre, y otros gases contaminantes generan una combustión que eleva la temperatura. Atrae a los animales y los quema. Aves, mariposas e insectos atraídos por la luz agonizan a su alrededor. Hay 447 mecheros encendidos en la Amazonía según datos del «Colectivo Eliminen los mecheros que encendemos la vida» registrados en 2020. Ecuador quema en mecheros a cielo abierto más gas que Brasil, Qatar y Canadá. Esta no es otra expedición al corazón indomable de la selva. 

Acampar y resistir en comunidad

Llegamos a una bifurcación en el camino que por un lado, conecta a la estación petrolera Edén Yuturi. En este lugar, los comuneros de El Edén sostienen un campamento rudimentario. Palos y plásticos levantan sombras para guarecerse de la continua lluvia. Se divisan una larga fila de motocicletas y un tanque cónico para unos mil mililitros de agua de uso comunitario. De un total de 169 familias, al menos unas 50 personas permanecen en el campamento. El 10 de mayo de 2021, para algunos trabajadores finalizó el contrato con la petrolera local. Fue la fecha en que las autoridades comunales escogidas por 284 socios, decidieron plegarse a una protesta pacífica.

Nos reciben en asamblea. Idalba Alvarado, la tesorera de la Comuna, se dirige a la comunidad en español y kichwa. Nos presentamos y agradecemos que se nos permita convivir en comunidad. Nos ofrecen comida y chicha, una bebida tradicional que preparan las mujeres con base en la trituración y fermentación de la yuca. La chicha sostiene el espíritu y sacia el hambre bebiéndose constantemente entre hombres y mujeres. Una electricidad despierta la lengua con la primera ingesta del mismo pocillo. 

Desde el 10 de mayo, los pobladores decidieron protestar pacíficamente. Con palos y plásticos improvisaron carpas bajo las cuales ellos y sus hijos se resguardan de la lluvia. La cocina se instaló en medio del campamento con ollas donde se cocina yuca, verde y arroz. Pollos se preparan en un asador casi al ras del piso. «A veces, las cosechas en las chacras  sólo se dan una vez y después los árboles mueren» comparte Edwin. El suelo es apto para agricultura de ciclo corto.  

La pesca, una actividad vital de los Kichwas Naporunas se dejó de hacer en el río Yuturi, donde ya no hay peces, río sagrado de la comuna. Los peces se cultivan ahora en piscinas. Nos ofrecen lo mejor de su casa, las raciones del día. El valor de cada bocado, se recibe con generosidad y una carga de tristeza.

En las mallas metálicas que cercan el campo, colocaron carteles citando la ley: el artículo 57 de la Constitución del Ecuador reconoce y garantiza los derechos colectivos a  las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de acuerdo con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos.

Los comuneros de El Edén exigen que las autoridades de Petroecuador los escuchen y firmen un nuevo Convenio de Compensación Social que expiró hace dos años. Esta no es la primera vez que protestan y exigen el cumplimiento de los Convenios. En 2015, el pedido a la petrolera (Petroamazonas E.P) era el mismo: agua potable, una casa de acogida, un embarcadero, una casa de salud, y remediar los derrames de crudo de 2012 y 2014. 

Las peticiones «son migajas» expresa molesto un comunero. La producción del Bloque 12 es de 28.462 barriles de petróleo por día (bppd); en la central de facilidades de producción electrónica de exteriores, EPF (por sus siglas en inglés) se procesa el crudo proveniente de los Bloques 31 y 43, llegando a un volumen de 89.654 bppd. En territorio de la comuna El Edén se procesa cerca del 23% del total de la producción nacional está en 500.364,57 bdpd.

Ser un hijo Kichwa Naporuna hoy

Edwin Coquinche tiene 23 años. Se ofreció voluntariamente a acompañar a este equipo periodístico cuando su comuna pidió ayuda para denunciar. Ha dejado de hablar kichwa por vergüenza. Aprendió a cazar a los 14 años. El último animal que cazó fue una huangana, un puerco del monte. Tuvo que internarse mucho más adentro de la selva para encontrarlo después de horas de búsqueda. Tiempo atrás, cuando sus padres llegaron a El Edén, los animales se criaban en abundancia en las orillas del río Napo.

— ¿En qué trabajan los jóvenes de tu comunidad?

— En trabajos que nos ofrece la petrolera. Cavando zanjas. 

— ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste para la petrolera?

— En noviembre. Pero tuve que renunciar. Enfermé de covid. Me hicieron los exámenes y fui el único contagiado de una cuadrilla de 12 trabajadores. 

— ¿Qué pasó? ¿La petrolera te dio asistencia médica y receta?

— Me aislaron por 14 días. Dentro del campamento, no mejoraba. Solo me sentía peor con un gran dolor en la garganta. No podía respirar. Mi papá me llamó. Me dijo que debía salir de ahí sino podría morir.

— ¿Cómo hiciste para llegar a casa de tu familia?

—Caminé tres kilómetros hasta la casa de mis padres.

Encuentro bajo uno de los plásticos a Mariela Mamallacta de 25 años. Su pequeño hijo, Joel, tiene solo un mes de nacido.Compartimos el mismo plato de comida. Una madre tiene más hambre cuando da de lactar a su bebé.  

—¿Cómo es cuidar a un bebé recién nacido en un campamento sin agua?

—Difícil —responde la madre primeriza abrumada por el llanto de su hijo. Le limpia el cuerpo con el agua de pozo que tiene en un recipiente cercano. También recoge agua de lluvia. 

Un grupo de jóvenes están sentados en la orilla del camino. Uno tiene 21 años, el segundo 26, y un tercero 33 años. Vestidos con trajes overol, la vestimenta habitual que entregan las petroleras a los contratados, descansan en su tiempo libre. Pregunto sobre su empleo:

—¿En qué trabajan para la petrolera? 

— En obra civil.

—¿Eso qué significa?

—Hacer huecos.«Trabaja. Cava.» Eso es lo único que nosotros tenemos.

Reciben un salario mínimo de aproximadamente 300 dólares. También están bebiendo cerveza y escuchando música. 

— A alguno de ustedes, ¿les ofrecieron estudios?

— A nadie. 

—¿Hay otro empleo en el que puedan trabajar?

—No, es todo lo que nos ofrecen: cavar zanjas de sol a sol —remata uno de ellos con amargura. 

— Saben que hay maquinarias que podrían hacer su trabajo en menos tiempo. ¿Por qué creen que la empresa los contrata para cavar zanjas?

— Es la forma en que la empresa dice que apoya a la comunidad y le da empleo. 

—Lleva solo una cosa para la gente de la ciudad —pide. Diles que El Edén está sufriendo. Aquí la gente está muriendo de hambre. De aquí sale el petróleo que mantiene al país. 

¿Es todo lo que la industria petrolera y la promesa de la riqueza nacional pueden ofrecer a los hijos del pueblo milenario kichwa Naporuna?

«Ese derrame me hizo llorar»

Un largo legado tiene Carlos Tapuy de 55 años. Ocho hijos y nietos. Nació en Aguarico. Es un hombre de piel del color de la tierra de El Edén. Mide aproximadamente  1,80 de altura. Fuerte por el trabajo en el campo. Capitán de embarcaciones. Llegó a El Edén a los 13 años. Sus padres, originarios de Puyo, anhelaban encontrar un buen lugar para vivir. En dos ocasiones, 2007 y 2015, fue presidente de la comuna. La lucha de la comuna El Edén se hace también exigiendo la remediación de la contaminación petrolera:  

El primer derrame que recuerda Carlos Tapuy fue en 2012, en la estación EPF. «Un ‘liqueo’ de aguas de formación contaminó las ramas del río Yuturi, y al menos cuatro esteros. La contaminación pasó al río Ushpa Yuturi, al río grande Yuturi y luego a la laguna. Ahí mató a los peces de 30 a 40 libras. Murieron todos los peces. Denunciamos a la empresa pero nunca nos dio respuesta» Salió al río Canoayacu  y de Canoayacu a la laguna. La petrolera (Occidental) dijo que no hay nada de contaminaciones. 

En 2013, Petroamazonas obtuvo la recertificación y certificación de gestión de la calidad para seis bloques por parte de la auditora internacional Det Norske Veritas, entre ellos, el Oleoducto Edén-Lago Agrio y Bloque 12. Los avales se extendieron para certificación ambiental ISO 14001, de seguridad industrial y salud ocupacional OHSAS 18001 y con el aval de la Guía auditable de Responsabilidad Social ISO 26000. Ese mismo año, el presidente Rafael Correa entregó el primer complejo ecológico en Playas de Cuyabeno construido con los excedentes del petróleo como parte del programa de compensación social en el Bloque 12 (Pañacocha en la provincia de Sucumbíos). Aseguró que Petroecuador cumplía las normas con alta tecnología y que un «adecuado extractivismo es posible». 

«En 2014, el derrame en la plataforma L me hizo llorar » confiesa Carlos en medio de sus nietos que nos rodean para escuchar su testimonio. «Fue un doble derrame. Un estero lleno de crudo de 60 cm de alto. Llamamos al Ministerio de Medio Ambiente, tomaron la muestra y negaron la contaminación, a favor de la empresa». 

En 2016, ocurrió otro derrame en la plataforma F. «Así mismo, salió agua de formación y llegó a la Laguna y mató a los peces más grandes.Trajimos al Ministerio de Medio Ambiente y otra vez nos negaron la contaminación. De nuevo, ellos se pusieron a favor de la empresa». La población cree que una infestación de lechuguines que impide navegar el río hacia la laguna emblemática de la comunidad es la reacción a la contaminación.

La población se baña en los ríos de forma recreativa pero también por necesidad. «Las mujeres embarazadas tiene abortos y otros salen con cáncer, y toda clase de enfermedades» da testimonio Carlos Tapuy. «El río Napo también está contaminado. Dejan todo contaminado y nosotros no tenemos nada de beneficio. Por ese motivo, estamos pidiendo agua potable, vivienda y no nos cumplen».

Son al menos diez años de derrames continuos en las tierras ancestrales los que recuerda el líder histórico de la comuna Kichwa Naporuna. Por eso, cuando el 22 de julio 2019 finalizó el convenio de compensación social, solicitó en asamblea a los comuneros que primero firmen el Convenio de Compensación Social antes de que sigan trabajando y contaminando a El Edén. Para empeorar la situación, llegó la pandemia. 

Medicina ancestral y sueños

Carlos Tapuy enfermó de covid mientras trabajaba en Pañacocha, luego del gran derrame de 15 800 barriles de petróleo (bdp) en los ríos Napo y Coca, el 7 de abril de 2020. Su mujer le recordó: «Carlos toma yagé. Antiguamente, tu papá tomaba yagé cuando venía el sarampión». «Los curanderos soplaban para que la enfermedad no caiga aquí y guardaban a la gente y todos se salvaban» explica. Carlos Tapuy es también el hijo de Domingo Tapuy, un poderoso chamán de la zona. Junto a Bartolo Papa y a Diego Salazar, formaron la comuna El Edén en 1974. 

Domingo Tapuy fue un curandero que enseñó a su hijo al menos 30 recetas que incluyen el uso de plantas sagradas como el yagé o la ayahuasca con propiedades alucinógenas y de sanación espiritual. La visión que tuvo para curar el covid fue a las plantas vivas pidiendo que las escuche. Sobre su padre, Carlos Tapuy narra:

— De Quito venían a buscarlo y curaba. Cuando falleció, se transformó en un tigre. Tenía 78 años. 

—¿Cómo sabe usted eso?

— Antes de fallecer, me dejó diciendo: «Mijo, cuídate. Cuando yo muera, no comas ají. Coja algodón y juega botándolo». ¿Por qué dice así papá? —pregunté. «Mi alma es la que va transformarse en tigre» —respondió el chamán. A los quince días, él falleció. Me hizo soñar y pidió: «Camine a tal punto». Se lo conversé a mi mujer. Fui a ese lugar y cuando llegué, estaba lleno de loras y tucanes que cantaban alrededor. Ahí estaba mi padre. También salió gruñendo un tigre. Se encontró con su papá tigre que venía por el camino de Galeras, Sumaco. El hijo tigre era grande, papá tigre era tremendo y mucho más grande. Viéndome a mí sentado, lloraron. ¡Lloró ese tigre! Ambos tigres corrían y brincaban de aquí para allá, y yo seguía sentado. Después de una vuelta de despedida, se metieron a la selva. Y en el sueño me dijo: «Mijo adiós. Me voy con tu abuelo, él me lleva. Ahora te quedas solo. Cuide a su mujer, cuide a los wawas». Luego de siete años, no he vuelto a soñar con mi padre. 

— ¿En qué animal de poder usted se va a transformar cuando muera?

— Según me dijo mi padre, hasta cierto punto, vives. Me dio de comer un barro rojo y me dijo: «Vas a vivir bien, y cuando vayas a fallecer, te convertirás como yo, en un tigre».

— ¿A quién está dejando sus enseñanzas, el Sacha Runa Yacha?

— A nadie. 

El chamán explica que junto a Manuel Coquinche y otros curanderos de la comunidad, cuidan y sanan a las personas. Las amenazas que ha recibido son reales y las enfrenta con la sabiduría de un tigre que conoce su fuerza: «Soy un líder y mi obligación es llevar adelante a mi pueblo». En mitad del campamento donde se mantiene la protesta, hacemos un retrato con la descendencia del  tigre-chamán. Cierro el diálogo con el líder histórico de la comuna Kichwa Naporuna. También he visto al hijo de un tigre llorar. 

Ceguera, abusos e ignorancia

Abelardo Vargas de 67 años, es uno de los ancianos de la comuna. Junto a Santiago Santi, Adriana Alvarado, Augusto Tapuy y Carlos Tapuy, conforma el consejo de El Edén. Hace siete años quedó ciego. Ermelinda de 60 años, su esposa, asegura que fue el aire contaminado, el polvo de los químicos que se transporta por los caminos, y el agua contaminada lo que provocó la pérdida. La entrevisto en el centro de salud de la comuna. Debieron llevarla de urgencia a El Coca para ser atendida por una infección urinaria. 40 días de paro cobran efectos en la salud, sin agua potable, con poca comida. 

«Me ofrecieron 200 mil dólares por la firma del Convenio de Compensación Social» revela don Abelardo Vargas. Se negó a firmar. El borrador del convenio que él conoció proponía dinero, salud para la enfermedad, obras y trabajo para la comunidad mientras la petrolera estuviera en su territorio. «Al cabo de un año de iniciadas las negociaciones, empezaron a quitar el empleo. Nos quedamos pisoteados, saqueados, viendo a la gente de la sierra y la costa venir a trabajar. Los de la comunidad empezamos a trabajar como jornaleros en trabajo de hacha, machete, motosierra. Del trabajo petrolero otras familias se benefician en Ecuador. Nosotros nos quedamos más pobres».  

Abelardo tiene ocho hijos, 27 nietos vivos. Intentó enviar a uno de sus hijos a la Universidad en Quito. Cuenta que El Edén es sitio de herencia cultural de antiguos pueblos como Záparos, Abijiras y Omaguas, quienes hicieron la guerra con sus patrones que los esclavizaron en la extracción de oro en el río Suno. En 2001, el presidente de la comuna, Clemente Quindigua, firmó el convenio con la petrolera Occidental que habría de tener vigencia por un plazo de 19 años. Desde que se fue Occidental, los trabajos que ofrece la petrolera local son esporádicos. «Este es el motivo por el cual la vida se ha hecho más dura para nosotros, los dueños del territorio».  

Conversamos con varios de los líderes que han ejercido la presidencia comunal. La pregunta es: ¿por qué tras 20 años de explotación petrolera en El Edén, la petición es la misma: agua, luz eléctrica, salud, vivienda? ¿Conocen los dirigentes que sus peticiones son derechos básicos que garantiza la Constitución ecuatoriana?

Claudio Alvarado de 48 años, originario de Archidona en Napo, y presidente comunal en 2002, lanza una respuesta: «Por desconocimiento no exigimos nuestros derechos. Cuando fui presidente de la comuna tenía 23 años y desconocía sobre los derechos». Con la ayuda de su esposa, Claudio culminó el bachillerato. Se siente más preparado. Le preguntó: ¿Qué haría para garantizar el derecho de sus hijos? «Hay muchas instituciones competentes encargadas de vigilar los daños ambientales y dar solución a los problemas. La Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación. Vamos a hacer cumplir nuestros derechos como dueños del territorio. Derechos ancestrales por justicia y por herencia» responde Claudio rodeado de su esposa y seis hijos.

La comuna El Edén está recibiendo asesoría legal y apoyo de otras organizaciones sociales como Fundación Alejandro Labaka para la defensa de sus derechos. 

Sobrevivir en El Edén contaminado

Hasta el Centro de Salud llegamos buscando confirmar la existencia de la Casa del Parto Intercultural Warmi Wachana Wasi. Petroecuador registra en sus acciones de responsabilidad social, el proyecto de parto intercultural. Y sólo cinco mujeres han hecho uso, según los registros. En la cartelera pública del centro se hacen públicos los siguientes datos: La población por censo en el área de influencia son 520 personas en El Edén, 272 hombres, 248 mujeres, nueve embarazadas, y seis personas con discapacidad. 

Las determinantes de salud en El Edén son de tipo conductual (fecalismo al aire libre, shamanismo, cocinar con leña); biológicas (población mayoritariamente joven, nutrición con base en pescado, yuca y carne de monte); ambientales (0% de hogares con consumo de agua segura, 25% de hogares cuenta con energía mediante planta eléctrica); sociales (bajo nivel de educación, consumo problemático de alcohol, violencia intrafamiliar y de género, presencia de la industria petrolera). Las amenazas reconocidas a la salud son las epidemias y la contaminación. Se registran más de 400 casos de covid. Entre las 10 primeras causas de morbilidad infantil está en primer lugar la rinofaringitis aguda, le sigue la diarrea y gastroenteritis, amigdalitis,  pioderma, pediculosis, conjuntivitis viral, bronquitis aguda, dermatitis seborréica. También se registra: impétigo, parásitos intestinales, helmintiasis intestinal, dermatitis alérgica de contacto.

Con asistencia de la comuna, llegamos al puente de acceso a los puntos de control en El Edén: Río Pungara, Río Enrique, Ramal del Yuturi, Río Ushpa Yuturi, Río Pimosyacu, Desembocadura del Yuturi. En cada ocasión que se presenta un derrame, las boyas que se guardan aquí se sacan para navegar los afluentes del río Yuturi. Esta es una forma de saber que se ha producido un derrame. Debajo de este puente, hay una fuga de crudo que brota desde una tubería debajo del agua. Una mancha negra aceitosa advierte la falla.

La concesión para exploración y explotación de petróleo, la hacía el gobierno ecuatoriano sin consulta previa, libre e informada a los pueblos. En el año 2001, las actividades petroleras en territorio de la comunidad El Edén se hicieron con la suscripción de un convenio con Occidental Exploration and Production Company (OEPC) para diez pozos. «Hoy se cuentan más de 30». 

El Convenio con Occidental firmado en 2001, se renovó en 2004. En 2006 el gobierno ecuatoriano embargó a la petrolera estadounidense Ocidental por venta ilegal de acciones a la compañía AEC. Actualmente, Petroamazonas administra la estación Edén Yuturi. El convenio de compensación social venció el 22 de julio de 2019. Y Petroecuador continúa operando dos años sin la firma de ese convenio» explica Wilson Quindigua de 46 años, presidente de la comuna desde enero de 2021. «La petrolera le explicó que obtuvieron permiso para tirar las aguas grises al río Yuturi». Con engaños, funcionarios de la petrolera sostienen la legitimidad de sus acciones en contra de la naturaleza. «Como presidente de esta comunidad asentada en tierras comunales, nunca hubiera autorizado ese crimen», reitera enfático. 

«Petroamazonas EP aplica sistemas de perforación en racimo en sus campos. Por ejemplo, en Edén Yuturi, en las plataformas C y D, se perforan 30 pozos por cada plataforma» refiere el informe de gestión empresarial de 2013. El mismo documento menciona que construyó corredores ecológicos, puentes de dosel, pasos deprimidos sin especificar cuántos. Se preparó bases de licitación para la ampliación de Yuturi y se afirma que se ejecutaron todos los trabajos bajo acuerdos firmados con las comunidades del sector.  

El colectivo Geografía Crítica inspeccionó el Bloque Edén Yuturi en Abril de 2019 y elaboró un amplio informe. «En total, Petroamazonas, ha deforestado cerca de 288,64 hectáreas para la instalación e implementación de infraestructura petrolera dentro del territorio de la Comuna El Edén».Los estudios de impacto ambiental se hacen por organizaciones de la sociedad civil observando el incremento de amenazas a las especies de flor y fauna endémicas de la Amazonía no solo por las prácticas extractivas sino también por el incremento del calentamiento global. 

Concesiones y compensación social

En el marco normativo vigente, el artículo 57 constitucional, el artículo 46 de la Ley de Gestión Ambiental, y el artículo 41 del Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas, abordan el concepto de protección y responsabilidad ambiental así como el de compensación social. El Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas define a las medidas ambientales de compensación como aquellas que se requieren para compensar y contrarrestar el deterioro y/o sustracción de algún elemento tangible o intangible del ambiente existente antes o durante la ejecución de las operaciones hidrocarburíferas. Los Estudios de Impacto Ambiental, contenidos en el Plan de Manejo Ambiental deben obligatoriamente presentar un Plan de relaciones comunitarias con criterios de compensación.

Para Carlos Mazabanda, coordinador de Amazon Watch en Ecuador, este racionamiento que las empresas tienen con las comunidades se da desde que la industria petrolera empezó a moverse en la Amazonía ecuatoriana. «Ofrecieron beneficios que eran dádivas para las comunidades. Los indígenas las aceptaban en la década de los sesentas. Así empezó este relacionamiento y se fue institucionalizando en las leyes» explica. 

La entrega de obras, dinero, entre otras acciones por parte de las petroleras directamente a las comunidades, cambió en  2012. El gobierno de Rafael Correa creó  Ecuador Estratégico para que fuera el propio Estado quien garantice la entrega de recursos. En opinión de Mazabanda, «fue una medida popular para mostrar a las comunidades quién les estaba dando recursos, asegurar un relacionamiento cercano con las comunidades y seguir promoviendo la actividad petrolera». En octubre de 2007, el presidente Rafael Correa, mediante Decreto Ejecutivo 662, elevó al 99 % la participación del Estado en las utilidades que generan a las empresas petroleras privadas los altos precios del crudo, misma que hasta entonces había sido del 50 %. Se hace necesario cuestionar: ¿el incremento en la participación estatal alentó un mayor extractivismo? Los derrames documentados por la comunidad de El Edén ofrecen una clara respuesta.

Si el precio del petróleo es alto, si hay ganancias para las petroleras locales o extranjeras, entonces se promete mayores beneficios a las comunidades. El análisis de la compensación social puede evaluarla como un sistema perverso: «Bajo esta lógica, se empieza a considerar derechos y es injusto si tomamos en cuenta que la actividad petrolera les puede traer una gran afectación ambiental, social y culturalmente a los pueblos indígenas» expresa con preocupación Mazabanda.

La llamada Compensación o Responsabilidad Social Empresarial (RES) fue disminuyendo. Influyó también la caída del precio del petróleo. El incumplimiento del convenio para empresas extranjeras o locales no representa ningún problema por sanciones económicas  o impedimentos que frenen su actividad.

El 15 de junio, se presentó el Informe de situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador 2021 por parte de la Alianza de Organizaciones. El informe da cuenta de la criminalización de comunidades Kichwas y abogados/as defensoras del derrame de hidrocarburos del 7 de abril en la provincia de Orellana. 27 mil personas habrían sido afectadas por 15 800 barriles de petróleo en los ríos Napo y Coca. el 29 de abril de 2020, se presentó una acción protección con medidas cautelares por parte de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos. La demanda es contra el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, la empresa estatal de petróleos Petroecuador y la empresa privada OCP Ecuador.

Ahora mismo en Ecuador, se reportan protestas similares en territorios ancestrales por la ocupación de empresas extractivas e incumplimiento de leyes y acuerdos. En abril de 2020 también en la provincia de Orellana, el Ejército reprimió al pueblo waorani en la comunidad Dikapare. La empresa Ecuaservoil S.A. (fiduciaria de Chevron) opera el Bloque 55 conocido como Armadillo. En la provincia de Pastaza, las comunidades del río Villano donde opera el Bloque 10, exigen a Pluspetrol que hagan la consulta previa antes de ampliar más pozos. Otro caso urgente es el del pueblo Sapara, patrimonio inmaterial declarado por la Unesco en 2001. Fue despojado de sus tierras ancestrales a través de un traspaso ilegítimo de títulos de propiedad de la tierra en 2019. Sus líderes, Nema Grefa y Gloria Ushiuga, son perseguidas y criminalizadas por el Estado que califica de terrorismo ladefensa de su territorio frente a los intereses de Andes Petroleum y capitales extranjeros. 

Graves crímenes ocurren en la amazonía ecuatoriana. Los pueblos originarios llevan resistiendo 500 años de colonización y extractivismo. ¿Hasta dónde alcanza el dinero y las dádivas a pagar el sufrimiento de toda lo que representa vida? 

Escuchar a la selva

En la cosmovisión de los pueblos ancestrales, no somos los foráneos quienes emprendemos una expedición a la Amazonía como en una película de aventuras. Son ellos y el espíritu de la selva, quienes nos convocan. Por eso quizá, el segundo día de estancia en la comuna El Edén, la lluvia incesante hizo que nos quedemos cerca de la escuela, buscando guarecernos. Pusimos atención en los insectos y animales gozando del agua, chapoteando en la humedad. Un escarabajo hércules nos dio la bienvenida, los zancudos nos pincharon, las garzas sobrevolaron los charcos, y las plantas nos dejan ver cómo crecen, y la vida se impone.

Tras un año de pandemia y restricción de movilidad, las aulas vacías piden de regreso a los niños. Encontramos libros en los que se estudia historia del Ecuador. Un mapa de la nación donde el territorio amazónico luce más inmenso que las superficies urbanas. En cuadernos abiertos, la escritura de los estudiantes se hace en español, kichwa e inglés. 

Al partir de la comuna El Edén, tomamos de nuevo la camioneta con rumbo al muelle. Encuentro a Paúl columpiándose en las ramas del gran árbol de mango. Sonríe. Se zambulle con un salto en las aguas sagradas del río Napo. Hereda el Sacha Runa Yacha, el conocimiento del hombre de la selva. Los lugares del yachak o chamán están vigilados por guardianes como serpientes o pumas, representantes de Amazanga, el espíritu del bosque.

Al cierre de este reporte, una nueva reunión con representantes de Petroecuador tuvo lugar en el campamento el viernes 18 de junio. Los comuneros de El Edén pidieron: agua potable, luz eléctrica y viviendas. Una vez más, les negaron sus derechos. Según el registro de Petroecuador, en la comuna hay 87 viviendas permanentes. «No hay acuerdo. No hay firma del convenio de compensación social», informó Froilán Santi, responsable de la comunicación. Adriana Alvarado, líder comunitaria, fue frontal en su reclamo: «¿Quién es el culpable? ¿La Comuna o la empresa (Petroecuador) que no cumplió con las obras? Ahora nos dicen que por la comuna El Edén fracasa el Estado ecuatoriano. Nosotros no tenemos culpa. ¡No nos asustemos compañeros!».

¿Existe riesgo de ocupación violenta de las fuerzas de seguridad del Estado en la comuna El Edén? El 3 de junio, Petroecuador declaró Fuerza Mayor en el Campo Edén Yuturi, perteneciente al Bloque 12, y las áreas de influencia directa, con el fin de implementar un Plan de Contingencia Logística Operativa. La empresa considera que los trabajadores están expuestos así como las instalaciones del estado. Se pidió el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas para relevo técnico y abastecimiento de víveres y materias primas. La producción del Bloque 12 es de 28.462 barriles de petróleo por día (bppd); en la central de facilidades de producción electrónica de exteriores, EPF (por sus siglas en inglés) se procesa el crudo proveniente de los Bloques 31 y 43, llegando a un volumen de 89.654 bppd.

En una lenta agonía. El agua envenenada en los ríos Napo y Coca, fluye a través de los bosques y el Amazonas. Dentro de 20 años más de explotación petrolera y minería, ¿cuántos pueblos indígenas sobrevivirán a su muerte cultural? ¿Cuántas comunas serán los próximos poblados marginales que entren al mercado de consumo? Requiere un cambio de política estatal que garantice la Constitución, los derechos de la naturaleza, los derechos humanos, los derechos básicos al agua, el alimento y una vida digna libre de contaminación. Sobre todo el reconocimiento de que los pueblos originarios como El Edén, aún existen y están en la Amazonía resistiendo.

«Nos tratan como animales»: golpizas y enfrentamientos exponen la represión de México contra los migrantes

por La Antígona | Especiales

Por Albinson Linares – Telemundo

La escalada de la violencia desplegada por oficiales del Gobierno mexicano le ha dado la vuelta al mundo y ha sido condenada por la Organización de Naciones Unidas y defensores de los derechos humanos. «La gente está viviendo una violencia sistemática», dice un activista.

Madres y padres lloran con desconsuelo, tirados en el piso y rodeados de hombres armados que les gritan y empujan, mientras sus hijos los miran horrorizados. Menores de edad desmayados que son arrastrados hasta las camionetas de las autoridades. Oficiales de migración que patean a las personas migrantes, persiguiéndolas por matorrales y arbustos para detenerlas. Efectivos de la guardia nacional que embisten con sus escudos, cual falange, contra personas desarmadas que huyen despavoridas.

Durante los últimos días, estas escenas de gritos, sollozos y miedo fueron comunes en la frontera de México y Guatemala. La escalada de la violencia desplegada por oficiales del Gobierno mexicano le ha dado la vuelta al mundo y ha sido condenada por la Organización de Naciones Unidas y múltiples colectivos de defensa de las personas migrantes.

“Me empujaron y me caí. Me caí muchísimas veces y sentía mucho dolor en mi estómago”, decía Chadeline Compere, una migrante haitiana en una entrevista con Noticias Telemundo.

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Desde el 28 de agosto, Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, ha sido el epicentro de la formación de cuatro caravanas con centenares de personas migrantes —en su mayoría haitianos, centroamericanos, cubanos y venezolanos— que avanzaron decenas de kilómetros, pero fueron disueltas con violentas acciones represivas por parte de las autoridades federales.

La caravana más reciente salió el sábado y fue disuelta en la madrugada del domingo cuando funcionarios de migración llegaron a una cancha de baloncesto en Huixtla, Chiapas, y detuvieron a decenas de personas. 

“En Chiapas no hay forma de vivir porque nos tratan como animales. Nosotros no queremos cruzar la frontera sino salir de este lugar para buscar trabajo, no podemos ni comer”, explica Pierre, un migrante haitiano entrevistado por Arturo Viscarra, activista de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla, por su sigla en inglés).

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De enero a agosto de este año, el Instituto Nacional de Migración mexicano ha registrado más de 147,000 personas indocumentadas, una cifra que triplica la afluencia del año pasado durante el mismo periodo (48,398, según datos oficiales). Otra tendencia preocupante es el aumento de menores de edad, acompañados y no acompañados, que ascendió a 34,427.

Además, las denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos se han incrementado de manera considerable.

“La gente está viviendo una violencia sistemática porque les pegan, los humillan y, a veces, los trasladan a Guatemala sin ni siquiera ser de ese país y con solicitudes de refugio en México. Por eso los migrantes dicen que Tapachula es una ciudad-cárcel donde no pueden trabajar porque no les dan papeles, pero tampoco hay empleos y no los dejan moverse por el estado, ni salir de ahí. Hay una política de contención de la migración”, comenta Viscarra, quien ha acompañado a las personas migrantes durante los incidentes de los últimos días.

Huixtla, Comaltitlán, Escuintla y Mapastepec son algunos de los municipios donde las caravanas sufrieron las agresiones más fuertes. Según activistas y defensores de los derechos humanos, el contingente que emprendió su marcha el sábado estaba conformado por unas 800 personas entre las que se encontraban más de 70 jóvenes, entre niños y adolescentes. Muchos lograron huir y se encuentran en los alrededores de Huixtla.

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“Seguimos viendo al acoso y hostigamiento de las autoridades para que las personas reaccionen en legítima defensa, aunque ese grupo de personas se define como un movimiento por la libertad que solo busca salir de Tapachula para acceder a otras oportunidades”, asevera Yuriria Salvador, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

Salvador y otras activistas de las personas migrantes denuncian que han sufrido amenazas y acciones intimidatorias de las autoridades. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México condenó las agresiones que han sufrido migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos y anunció que investigará los sucesos acaecidos durante la disolución de las caravanas recientes.

“Los cuerpos militares no deberían estar involucrados en temas administrativos y, en México, la migración es un tema administrativo. También hay un problema de discriminación por etnia y por raza en las revisiones y detenciones migratorias (…) El Gobierno mexicano permite las detenciones arbitrarias a lo largo del país, por eso vemos estas situaciones inconcebibles”, advierte Gretchen Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la Migración.

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¿Qué pasa en Chiapas?

En las últimas semanas, la frontera sur de México ha sido el escenario de manifestaciones organizadas por personas migrantes, en especial de la comunidad haitiana, que durante semanas y meses han esperado por la resolución de sus solicitudes de refugio. Muchos han denunciado que viven en condiciones deplorables porque, entre otras cosas, no les permiten recibir dinero de sus familiares en el extranjero y, como aún no tienen permisos legales en México, tampoco pueden trabajar.

Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Chiapas ocupa el primer lugar del país en pobreza, con un 75.5% de su población que vive en esas condiciones, y en pobreza extrema con un 29%. No hay suficientes fuentes de empleo para los locales, por lo que las personas migrantes no suelen encontrar trabajo.

“La ley mexicana establece que las personas que solicitan la condición de refugiados tienen que permanecer en el estado donde hacen la petición que, en este caso, es Chiapas. Si se mueven a otra entidad eso se considera como un abandono del proceso. Pero, paradójicamente, es el estado más pobre en todos los indicadores y parámetros que tienes para medir la pobreza y el grado de desarrollo, lo que dificulta mucho la estadía de las personas”, explica Andrés Ramírez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

En buena medida, el origen de los conflictos recientes en la frontera radica en el desbordamiento de las capacidades de la Comar que, desde enero, ha registrado 77,559 solicitudes, lo cual ya supera en un 10% el número total de las personas solicitantes de 2019 (70,423, según datos oficiales). En el caso de las personas haitianas, las solicitudes pasaron de 5,957, en 2020, a 18,843 en lo que va de año. Según Ramírez, eso “está colapsando” todo el sistema de asilo mexicano.

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Muchas personas haitianas han dicho que están recibiendo citas para las entrevistas de sus casos con fecha de enero del próximo año, lo que incrementa su angustia y, de alguna manera, ha impulsado la conformación de las caravanas.

“La verdad es que ellos no son refugiados porque provienen todos de Brasil y Chile adonde llegaron después del terremoto del año 2010. Ahora vienen para acá por el deterioro económico de esos países, pero no entran en la definición de refugiados. Calculamos que podríamos tardar hasta tres años para procesar todos los casos de los haitianos y, sin embargo, solo le daríamos protección complementaria a un 20% de esas solicitudes”, asevera el titular de la Comar.  

Ramírez cree que el Estado mexicano debe generar alternativas migratorias para las personas de Haití que ya son la segunda comunidad más grande de solicitantes de asilo, solo superados por los hondureños. El funcionario resalta la necesidad de que los haitianos puedan trabajar y acceder a servicios básicos porque “necesitan ser protegidos” debido a la grave crisis política y humanitaria que atraviesa su país luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse y el terremoto de magnitud 7.2 que ocasionó el fallecimiento de más de 2,200 personas en agosto.

Las autoridades migratorias han propuesto crear un campamento humanitario en Chiapas con el fin de atender a las personas haitianas pero varias organizaciones de defensa han dicho que eso no resolverá el problema del intenso flujo migratorio en la zona, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advirtió que es un tema complejo que debe ser analizado.

“La orden de Biden”

Marie, una mujer haitiana, lloraba desconsolada agarrando a su hijo de dos años mientras se quejaba de los maltratos sufridos por las autoridades de México.

“Yo no soy guatemalteca pero, en la plaza de Tapachula, los de inmigración nos agarraron y terminamos en Guatemala. Nos deportan, pero saben muy bien que no somos de allá, ¿por qué los militares nos hacen eso? Ellos nos dicen que esa es la orden de Biden, pero es mentira”, decía entre sollozos, durante una entrevista con el equipo de Chirla en la población guatemalteca de El Carmen, pocas horas después de haber sido expulsada de México la semana pasada.

Como Marie, decenas de miles de personas migrantes han sido devueltas a Guatemala. Muchos han sido trasladados en avión desde Estados Unidos, luego de cruzar la frontera de manera ilegal y, según confirmó Dana Graber Ladek, jefa de la misión mexicana de la Organización Internacional para las Migraciones en una entrevista con The Associated Press, México también está trasladando vía aérea a las personas extranjeras que las autoridades estadounidenses retornan a los estados del norte del país.

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Durante el año fiscal actual, Estados Unidos ha procesado más de 846,000 expulsiones en la frontera sur bajo el llamado Título 42, al considerar que la llegada de migrantes es un riesgo para la expansión del virus del COVID.

El más reciente informe de Human Rights First, una organización de defensa de los derechos humanos con sede en Washington, ha registrado en lo que va de año unos 6,356 ataques violentos —que incluyen violaciones sexuales, secuestros, extorsiones, trata de personas y otras agresiones— contra migrantes que fueron deportados a México o personas a las que se les impidió solicitar asilo en la frontera por el Título 42.

En la Casa del Migrante Belén, en El Ceibo, Guatemala, diariamente reciben 150 personas o más que han sido sometidas a las expulsiones ejecutadas por las autoridades estadounidenses, pero se calcula que más de 400 personas son retornadas cada día hacia esa población.

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El sacerdote Matteo Luison, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, dice que ha tenido que ver toda la tristeza y la injusticia de las políticas migratorias lo cual es “uno de los peores lados de la humanidad”. Pero, lo que más le preocupa, son las condiciones sanitarias de los traslados de las personas migrantes.

“Cuando los deportan no respetan las medidas de seguridad, la distancia, los cubrebocas, es como si las vidas de esas personas no valieran lo mismo. No las están respetando. No puede ser que en un bus donde caben 48 personas y que, por la pandemia, solo deberían ocupar la mitad de los asientos, han llegado a meter hasta 90”, dice con desaliento y asegura que más del 50% de las personas deportadas son mujeres y niños.

Muchos de los deportados son solicitantes de asilo en México y, sin embargo, los expulsan a Guatemala donde no conocen a nadie y muchas veces los traslados se hacen tarde en la noche. Según Alejandra Macías, directora de Assylum Access México, las autoridades mexicanas no informan a las personas de sus derechos durante el proceso de asilo o refugio.

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“Los sueltan en la frontera sin decirles nada, y los exponen a muchos peligros. Es un doble discurso porque el Gobierno mexicano acaba de recibir personas afganas que están huyendo de un conflicto armado y eso está muy bien, pero no puede ser que al mismo tiempo expulsen a centenares de personas que también necesitan protección”, afirma Macías.

A pesar de las negociaciones entre los gobiernos, las deportaciones masivas, los abusos de las autoridades, la pandemia de COVID-19 y los peligros del crimen organizado, muchos migrantes que siguen en Chiapas no pierden la esperanza de lograr un futuro mejor.

“Este camino es muy duro, pero todo tiene un propósito de Dios. Si él permitió que estuviéramos acá arriba es porque vamos hacia adelante”, dijo Ariel, un migrante hondureño, la semana pasada.

Alertas de violencia de género insuficientes en el Estado de México

por La Antígona | Especiales

Por Arleth García

El Estado de México está al frente de los estados con mayor violencia en contra de las mujeres, a pesar de las medidas por parte del Gobierno y organizaciones civiles para erradicarla, como las alertas de violencia de género, por la impunidad y deficiencias en la búsqueda de la justicia.

Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en México, la violencia contra las mujeres alcanza niveles inaceptables. Tan solo durante el primer trimestre de 2021, ocurrieron 954 homicidios dolosos contra ellas, 239 clasificados como feminicidios.

El feminicidio se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo y la misoginia, y es la expresión extrema de violencia en contra de la mujer que también se manifiesta con la humillación, desprecio, maltrato físico, emocional, hostigamiento, violencia sexual.

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, agosto de este año ha sido el mes con la cifra más alta de feminicidios en el Estado de México desde que se tipificó este delito, en 2011, con 19 casos. En total, en lo que va del 2021, se han perpetrado 97 feminicidios.

En el contexto de pandemia, la violencia  hacia las mujeres aumentó en 24%, y el 81.6% de las víctimas han sido niñas y adolescentes.

Como una manera de erradicar la violencia feminicida, el Estado mexicano ha estado implementando acciones gubernamentales de emergencia que buscan contribuir a la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en un territorio determinado: las alertas de género.

La alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Sistema Nacional) acordó por unanimidad de votos la procedencia de la AVGM el 28 de julio de 2015 en 11 de los 25 municipios del Estado de México: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.

En octubre de 2019, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) declaró una segunda Alerta en el Estado de México, esta vez enfocada a la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad en siete de los municipios que ya estaban considerados en la primera alerta.

A la fecha, se han declarado 25 AVGM en 22 entidades del país que incluyen 643 municipios.

Aunque el Gobierno del Estado de México se comprometió innumerables veces a adoptar las acciones que sean necesarias para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, este se mantiene como la entidad con mayor número de feminicidios en el país.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), red nacional conformada por 43 organizaciones de la sociedad civil ubicadas en 23 estados de la República mexicana —y que busca la visibilización de la violencia feminicida en el país—, ha manifestado su preocupación ante la prevalencia e incremento de la misma.

Además, para contribuir a reforzar las AVGM, es importante que los estados informen semestralmente sobre las acciones que realizan para que se demuestren los avances mediante indicadores de resultado que permitan la posibilidad del levantamiento de dichas alertas. Ahora bien, también es importante la creación de políticas públicas adicionales que consoliden una política nacional con perspectiva de género.

Como alternativa ante el incremento de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres, la impunidad y de tantos otros delitos que diariamente dejan a miles de víctimas; las jóvenes, familias y personas que se posicionan en contra del Estado feminicida han encontrado diversas formas de exigir justicia y pronunciarse a través de movilizaciones.

Las cifras de la impunidad en los casos de feminicidio son alarmantes: se estima que solo 5 de cada 10 feminicidios son esclarecidos, mientras que los homicidios dolosos alcanzan un 89.6% de impunidad.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a agosto de este año han sido asesinadas 2,571 mujeres y niñas, de las cuales únicamente 672 casos se investigan como feminicidio.

Tal es el caso de Diana, asesinada a los 24 años el 2 de julio de 2017 en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Desde el principio, la investigación estuvo llena de irregularidades: el cuerpo inicialmente fue denunciado como un hombre y se quedó en una morgue de Nezahualcóyotl durante cinco días hasta que su hermana pudo dar con él.  

Hasta la fecha, la familia no ha conseguido justicia. Su madre, Lidia Florencio, no ha parado de asistir a movilizaciones y protestas para exigir a la Fiscalía estatal que esclarezca el caso y castigue a quienes asesinaron a su hija.

Aún con Alertas de Violencia de Género, las distintas movilizaciones y esfuerzos para erradicar la violencia feminicida, México continúa con deficiencias  en las investigaciones de feminicidios en el Estado de México por la negligencia de las autoridades, lo que ha llevado a la pérdida de evidencias, que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género.

En varias ocasiones, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado de México ha pronunciado que los índices de feminicidio son menores a los que aparecen en las investigaciones, aunque también se sabe que se han negado a reabrir casos o tipificarlos como feminicidio aún con pruebas por parte de familiares, lo que ha generado impunidad, una debida justicia y medidas para la erradicación de la violencia de género.

Para hacer frente a la violencia feminicida, es fundamental que como Estado y como sociedad asumamos conjuntamente la responsabilidad de incentivar un cambio social que implique acciones legales, políticas, institucionales y culturales que busquen garantizar todos los derechos humanos de las mujeres.- CMDPDH