La escalada de la violencia desplegada por oficiales del Gobierno mexicano le ha dado la vuelta al mundo y ha sido condenada por la Organización de Naciones Unidas y defensores de los derechos humanos. «La gente está viviendo una violencia sistemática», dice un activista.
Madres y padres lloran con desconsuelo, tirados en el piso y rodeados de hombres armados que les gritan y empujan, mientras sus hijos los miran horrorizados. Menores de edad desmayados que son arrastrados hasta las camionetas de las autoridades. Oficiales de migración que patean a las personas migrantes, persiguiéndolas por matorrales y arbustos para detenerlas. Efectivos de la guardia nacional que embisten con sus escudos, cual falange, contra personas desarmadas que huyen despavoridas.
Durante los últimos días, estas escenas de gritos, sollozos y miedo fueron comunes en la frontera de México y Guatemala. La escalada de la violencia desplegada por oficiales del Gobierno mexicano le ha dado la vuelta al mundo y ha sido condenada por la Organización de Naciones Unidas y múltiples colectivos de defensa de las personas migrantes.
“Me empujaron y me caí. Me caí muchísimas veces y sentía mucho dolor en mi estómago”, decía Chadeline Compere, una migrante haitiana en una entrevista con Noticias Telemundo.
Desde el 28 de agosto, Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, ha sido el epicentro de la formación de cuatro caravanas con centenares de personas migrantes —en su mayoría haitianos, centroamericanos, cubanos y venezolanos— que avanzaron decenas de kilómetros, pero fueron disueltas con violentas acciones represivas por parte de las autoridades federales.
La caravana más reciente salió el sábado y fue disuelta en la madrugada del domingo cuando funcionarios de migración llegaron a una cancha de baloncesto en Huixtla, Chiapas, y detuvieron a decenas de personas.
“En Chiapas no hay forma de vivir porque nos tratan como animales. Nosotros no queremos cruzar la frontera sino salir de este lugar para buscar trabajo, no podemos ni comer”, explica Pierre, un migrante haitiano entrevistado por Arturo Viscarra, activista de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla, por su sigla en inglés).
De enero a agosto de este año, el Instituto Nacional de Migración mexicano ha registrado más de 147,000 personas indocumentadas, una cifra que triplica la afluencia del año pasado durante el mismo periodo (48,398, según datos oficiales). Otra tendencia preocupante es el aumento de menores de edad, acompañados y no acompañados, que ascendió a 34,427.
Además, las denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos se han incrementado de manera considerable.
“La gente está viviendo una violencia sistemática porque les pegan, los humillan y, a veces, los trasladan a Guatemala sin ni siquiera ser de ese país y con solicitudes de refugio en México. Por eso los migrantes dicen que Tapachula es una ciudad-cárcel donde no pueden trabajar porque no les dan papeles, pero tampoco hay empleos y no los dejan moverse por el estado, ni salir de ahí. Hay una política de contención de la migración”, comenta Viscarra, quien ha acompañado a las personas migrantes durante los incidentes de los últimos días.
Huixtla, Comaltitlán, Escuintla y Mapastepec son algunos de los municipios donde las caravanas sufrieron las agresiones más fuertes. Según activistas y defensores de los derechos humanos, el contingente que emprendió su marcha el sábado estaba conformado por unas 800 personas entre las que se encontraban más de 70 jóvenes, entre niños y adolescentes. Muchos lograron huir y se encuentran en los alrededores de Huixtla.
“Seguimos viendo al acoso y hostigamiento de las autoridades para que las personas reaccionen en legítima defensa, aunque ese grupo de personas se define como un movimiento por la libertad que solo busca salir de Tapachula para acceder a otras oportunidades”, asevera Yuriria Salvador, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
Salvador y otras activistas de las personas migrantes denuncian que han sufrido amenazas y acciones intimidatorias de las autoridades. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México condenó las agresiones que han sufrido migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos y anunció que investigará los sucesos acaecidos durante la disolución de las caravanas recientes.
“Los cuerpos militares no deberían estar involucrados en temas administrativos y, en México, la migración es un tema administrativo. También hay un problema de discriminación por etnia y por raza en las revisiones y detenciones migratorias (…) El Gobierno mexicano permite las detenciones arbitrarias a lo largo del país, por eso vemos estas situaciones inconcebibles”, advierte Gretchen Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la Migración.
Autoridades mexicanas detuvieron a migrantes centroamericanos que formaban parte de una caravana que se dirigía hacia Huixtla, Chiapas, el 5 de septiembre de 2021.AP
En las últimas semanas, la frontera sur de México ha sido el escenario de manifestaciones organizadas por personas migrantes, en especial de la comunidad haitiana, que durante semanas y meses han esperado por la resolución de sus solicitudes de refugio. Muchos han denunciado que viven en condiciones deplorables porque, entre otras cosas, no les permiten recibir dinero de sus familiares en el extranjero y, como aún no tienen permisos legales en México, tampoco pueden trabajar.
Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Chiapas ocupa el primer lugar del país en pobreza, con un 75.5% de su población que vive en esas condiciones, y en pobreza extrema con un 29%. No hay suficientes fuentes de empleo para los locales, por lo que las personas migrantes no suelen encontrar trabajo.
“La ley mexicana establece que las personas que solicitan la condición de refugiados tienen que permanecer en el estado donde hacen la petición que, en este caso, es Chiapas. Si se mueven a otra entidad eso se considera como un abandono del proceso. Pero, paradójicamente, es el estado más pobre en todos los indicadores y parámetros que tienes para medir la pobreza y el grado de desarrollo, lo que dificulta mucho la estadía de las personas”, explica Andrés Ramírez, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
En buena medida, el origen de los conflictos recientes en la frontera radica en el desbordamiento de las capacidades de la Comar que, desde enero, ha registrado 77,559 solicitudes, lo cual ya supera en un 10% el número total de las personas solicitantes de 2019 (70,423, según datos oficiales). En el caso de las personas haitianas, las solicitudes pasaron de 5,957, en 2020, a 18,843 en lo que va de año. Según Ramírez, eso “está colapsando” todo el sistema de asilo mexicano.
Muchas personas haitianas han dicho que están recibiendo citas para las entrevistas de sus casos con fecha de enero del próximo año, lo que incrementa su angustia y, de alguna manera, ha impulsado la conformación de las caravanas.
“La verdad es que ellos no son refugiados porque provienen todos de Brasil y Chile adonde llegaron después del terremoto del año 2010. Ahora vienen para acá por el deterioro económico de esos países, pero no entran en la definición de refugiados. Calculamos que podríamos tardar hasta tres años para procesar todos los casos de los haitianos y, sin embargo, solo le daríamos protección complementaria a un 20% de esas solicitudes”, asevera el titular de la Comar.
Ramírez cree que el Estado mexicano debe generar alternativas migratorias para las personas de Haití que ya son la segunda comunidad más grande de solicitantes de asilo, solo superados por los hondureños. El funcionario resalta la necesidad de que los haitianos puedan trabajar y acceder a servicios básicos porque “necesitan ser protegidos” debido a la grave crisis política y humanitaria que atraviesa su país luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse y el terremoto de magnitud 7.2 que ocasionó el fallecimiento de más de 2,200 personas en agosto.
Las autoridades migratorias han propuesto crear un campamento humanitario en Chiapas con el fin de atender a las personas haitianas pero varias organizaciones de defensa han dicho que eso no resolverá el problema del intenso flujo migratorio en la zona, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advirtió que es un tema complejo que debe ser analizado.
“La orden de Biden”
Marie, una mujer haitiana, lloraba desconsolada agarrando a su hijo de dos años mientras se quejaba de los maltratos sufridos por las autoridades de México.
“Yo no soy guatemalteca pero, en la plaza de Tapachula, los de inmigración nos agarraron y terminamos en Guatemala. Nos deportan, pero saben muy bien que no somos de allá, ¿por qué los militares nos hacen eso? Ellos nos dicen que esa es la orden de Biden, pero es mentira”, decía entre sollozos, durante una entrevista con el equipo de Chirla en la población guatemalteca de El Carmen, pocas horas después de haber sido expulsada de México la semana pasada.
Como Marie, decenas de miles de personas migrantes han sido devueltas a Guatemala. Muchos han sido trasladados en avión desde Estados Unidos, luego de cruzar la frontera de manera ilegal y, según confirmó Dana Graber Ladek, jefa de la misión mexicana de la Organización Internacional para las Migraciones en una entrevista con The Associated Press, México también está trasladando vía aérea a las personas extranjeras que las autoridades estadounidenses retornan a los estados del norte del país.
Durante el año fiscal actual, Estados Unidos ha procesado más de 846,000 expulsiones en la frontera sur bajo el llamado Título 42, al considerar que la llegada de migrantes es un riesgo para la expansión del virus del COVID.
El más reciente informe de Human Rights First, una organización de defensa de los derechos humanos con sede en Washington, ha registrado en lo que va de año unos 6,356 ataques violentos —que incluyen violaciones sexuales, secuestros, extorsiones, trata de personas y otras agresiones— contra migrantes que fueron deportados a México o personas a las que se les impidió solicitar asilo en la frontera por el Título 42.
En la Casa del Migrante Belén, en El Ceibo, Guatemala, diariamente reciben 150 personas o más que han sido sometidas a las expulsiones ejecutadas por las autoridades estadounidenses, pero se calcula que más de 400 personas son retornadas cada día hacia esa población.
El sacerdote Matteo Luison, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, dice que ha tenido que ver toda la tristeza y la injusticia de las políticas migratorias lo cual es “uno de los peores lados de la humanidad”. Pero, lo que más le preocupa, son las condiciones sanitarias de los traslados de las personas migrantes.
“Cuando los deportan no respetan las medidas de seguridad, la distancia, los cubrebocas, es como si las vidas de esas personas no valieran lo mismo. No las están respetando. No puede ser que en un bus donde caben 48 personas y que, por la pandemia, solo deberían ocupar la mitad de los asientos, han llegado a meter hasta 90”, dice con desaliento y asegura que más del 50% de las personas deportadas son mujeres y niños.
Muchos de los deportados son solicitantes de asilo en México y, sin embargo, los expulsan a Guatemala donde no conocen a nadie y muchas veces los traslados se hacen tarde en la noche. Según Alejandra Macías, directora de Assylum Access México, las autoridades mexicanas no informan a las personas de sus derechos durante el proceso de asilo o refugio.
Una caravana de personas migrantes, en su mayoría haitianas, caminaban por una carretera en el municipio de Tapachula, Chiapas, el 1 de septiembre de 2021.EFE
“Los sueltan en la frontera sin decirles nada, y los exponen a muchos peligros. Es un doble discurso porque el Gobierno mexicano acaba de recibir personas afganas que están huyendo de un conflicto armado y eso está muy bien, pero no puede ser que al mismo tiempo expulsen a centenares de personas que también necesitan protección”, afirma Macías.
A pesar de las negociaciones entre los gobiernos, las deportaciones masivas, los abusos de las autoridades, la pandemia de COVID-19 y los peligros del crimen organizado, muchos migrantes que siguen en Chiapas no pierden la esperanza de lograr un futuro mejor.
“Este camino es muy duro, pero todo tiene un propósito de Dios. Si él permitió que estuviéramos acá arriba es porque vamos hacia adelante”, dijo Ariel, un migrante hondureño, la semana pasada.
Por años, la discriminación hacia personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+, tanto en el Perú como en otros países, se ha normalizado. Bromas, insultos, prejuicios, acoso, sexualización, agresión y hasta ataques que acaban con la vida de personas, se han convertido en actos que son rechazados, pero contra los que no se han desarrollado o ejecutado políticas que las sancionen por parte de autoridades y representantes electos por la misma ciudadanía, una ciudadanía en la que hay personas cuya identidad sexual difiere de lo socialmente aceptado como “normal”.
Educado en un colegio estrictamente evangélico en el que se enseñaba que sentir atracción por una persona del mismo sexo era un pecado, Josué Parodi, un hombre de 28 años con raíces afroperuanas maternas, se aceptó como homosexual a sus 22 años luego de una larga lucha interna por abrazar su sexualidad. “Ha sido un viaje largo. Me he ido conociendo poco a poco. ¿Quién soy? ¿Quién me gusta? La sexualidad es un espectro que uno va explorando y conociendo”, dijo durante su entrevista con La Antígona.
Sin embargo, pese a que fue educado para rechazar lo que era, llegar a la universidad fue una oportunidad para conocer diferentes puntos de vista al respecto y, finalmente, decidir dar un paso adelante fuera del clóset que aprisionaba su identidad. Aunque lo hizo fuera del Perú, cuando viajó por trabajo a Estados Unidos, fue allí que optó por ignorar los prejuicios del país en el que nació y aceptar “eso que no puedes parar, que no puedes frenar, que está aquí, que vive contigo y que es difícil de ajustar solo para caer bien”.
Y aunque actualmente se siente cómodo con la forma que tiene de expresar su sexualidad de forma libre, entiende que sus privilegios por “no ser tan negro” o por haber haber tenido la oportunidad de acceder a una educación lo privan de tener un punto de vista más amplio. Parodi también es consciente de que su aceptación dentro de su círculo familiar es un caso poco común en otros distritos de Lima, o en provincias al interior del Perú.
“Siempre lo he visto desde: ‘Es que yo tengo este privilegio de vivir con muchísimas oportunidades que no muchas personas tienen’. Tener un acceso a una educación, que mi familia me acepte o poder estudiar la carrera que quise estudiar ya me pone en ventaja por sobre otras personas”, reflexiona Josué. “Nadie te habla de colorismo en el Perú, nadie te habla del prejuicio, del racismo o del clasicismo”, enfatiza.
Una deuda pendiente y un grito no escuchado
Aunque en la actualidad se vienen incrementando los espacios donde se condena la homofobia y las personas son más conscientes de los comentarios normalizados que agreden a la comunidad LGBTIQ+, a nivel de políticas públicas, el Perú tiene una deuda con esta parte de la población. Incluso dentro del gran conjunto de autoridades electas, se encuentran personas que están en contra del acceso a derechos básicos para la comunidad.
Por ejemplo, en el 2014, el congresista fujimorista Julio Rosas declaró en una entrevista: “En todas las iglesias cristianas se acogen a todas las personas sin discriminación: ya sean homosexuales, lesbianas. Todos son bienvenidos porque Jesús vino para salvar y buscar al pecador”. En 2016, este mismo parlamentario fue denunciado ante la Comisión de Ética del Congreso por organizar un evento llamado “Ciencia y género” en el que invitó a un psicólogo mexicano que se autoproclamaba experto en el “desarrollo de la heterosexualidad”, un término “científico” que se refiere a terapias de reorientación sexual, que fueron calificadas como tortura en 2020 por un experto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Según se indica en el Informe Anual de Derechos Humanos de Personas GBTI 2020, “en 2015 se presentó por primera vez en nuestro país una demanda de reconocimiento de unión de hecho de una pareja homosexual […] Luego de tres años y dos declaraciones de improcedencia de la demanda, el Primer Juzgado de Familia de Lima admitió a trámite la demanda”. Sin embargo, se solicitó que los demandantes pasen por una evaluación psiquiátrica, a pesar a que la homosexualidad dejó de aparecer en el manual de diagnóstico de los trastornos mentales en 1973 por decisión de la Asociación Americana de Psiquiatría.
Josué, quien a sus 28 años acepta con normalidad su homosexualidad, considera que el solo hecho de poder amar a otro hombre es un desafío al sistema que ignora e invisibiliza a la comunidad de la que él es parte.
“Es, sin duda, marchar todos los días sin dudar, salir, caminar y decir: ‘Oye, soy tan humano como tú, solo que me gusta más la escarcha o me gusta menos la escarcha’, y ya. En este país, se están haciendo pasos muy, muy pequeños para acercarnos hacia una igualdad. Se puede ver, pero en espacio es muy privilegiado. Se celebra todavía a los hombres gays blancos o los hombres gays”.
En Chile, por ejemplo, una mujer trans llamada Emilia Schneider fue elegida como diputada, mientras que Camila Musante y Marcela Riquelme Aliaga fueron electas también en ese cargo y son abiertamente bisexuales.
Aunque en Perú todavía hay mucho trabajo por delante, Josué mira hacia el futuro con optimismo y un espíritu desafiante al sistema actual: “Yo creo que va a resistir unos cuantos años más, pero es inevitable el cambio. Absolutamente inevitable. Pasó con las mujeres votando y con las personas negras votando. Tiene que llegar efectivamente.”
Para conocer más sobre la historia de Josué, cómo fue su primera Marcha del Orgullo, saber los detalles sobre su programa Calla Cabro y su charla TEDx, escucha nuestro podcast.
Mujeres participan de marcha para exigir el fin de los feminicidios en México. FOTO: EFE
El Estado de México está al frente de los estados con mayor violencia en contra de las mujeres, a pesar de las medidas por parte del Gobierno y organizaciones civiles para erradicarla, como las alertas de violencia de género, por la impunidad y deficiencias en la búsqueda de la justicia.
Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en México, la violencia contra las mujeres alcanza niveles inaceptables. Tan solo durante el primer trimestre de 2021, ocurrieron 954 homicidios dolosos contra ellas, 239 clasificados como feminicidios.
Alto al feminicidio. Foto: Cuartooscuro
El feminicidio se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo y la misoginia, y es la expresión extrema de violencia en contra de la mujer que también se manifiesta con la humillación, desprecio, maltrato físico, emocional, hostigamiento, violencia sexual.
Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, agosto de este año ha sido el mes con la cifra más alta de feminicidios en el Estado de México desde que se tipificó este delito, en 2011, con 19 casos. En total, en lo que va del 2021, se han perpetrado 97 feminicidios.
Como una manera de erradicar la violencia feminicida, el Estado mexicano ha estado implementando acciones gubernamentales de emergencia que buscan contribuir a la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en un territorio determinado: las alertas de género.
Mapa de alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Estado de México. Foto: Facebook OCN Feminicidio México
La alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Sistema Nacional) acordó por unanimidad de votos la procedencia de la AVGM el 28 de julio de 2015 en 11 de los 25 municipios del Estado de México: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.
En octubre de 2019, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) declaró una segunda Alerta en el Estado de México, esta vez enfocada a la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad en siete de los municipios que ya estaban considerados en la primera alerta.
A la fecha, se han declarado 25 AVGM en 22 entidades del país que incluyen 643 municipios.
Aunque el Gobierno del Estado de México se comprometió innumerables veces a adoptar las acciones que sean necesarias para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, este se mantiene como la entidad con mayor número de feminicidios en el país.
Mujeres en manifestación frente a Palacio Nacional, en México. Foto: Armando Monroy/Cuartoscuro.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), red nacional conformada por 43 organizaciones de la sociedad civil ubicadas en 23 estados de la República mexicana —y que busca la visibilización de la violencia feminicida en el país—, ha manifestado su preocupación ante la prevalencia e incremento de la misma.
Además, para contribuir a reforzar las AVGM, es importante que los estados informen semestralmente sobre las acciones que realizan para que se demuestren los avances mediante indicadores de resultado que permitan la posibilidad del levantamiento de dichas alertas. Ahora bien, también es importante la creación de políticas públicas adicionales que consoliden una política nacional con perspectiva de género.
Las cifras de la impunidad en los casos de feminicidio son alarmantes: se estima que solo 5 de cada 10 feminicidios son esclarecidos, mientras que los homicidios dolosos alcanzan un 89.6% de impunidad.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a agosto de este año han sido asesinadas 2,571 mujeres y niñas, de las cuales únicamente 672 casos se investigan como feminicidio.
Mural en honor a Diana Velázquez. FOTO: Manuel López/ La Silla Rota
Tal es el caso de Diana, asesinada a los 24 años el 2 de julio de 2017 en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Desde el principio, la investigación estuvo llena de irregularidades: el cuerpo inicialmente fue denunciado como un hombre y se quedó en una morgue de Nezahualcóyotl durante cinco días hasta que su hermana pudo dar con él.
Hasta la fecha, la familia no ha conseguido justicia. Su madre, Lidia Florencio, no ha parado de asistir a movilizaciones y protestas para exigir a la Fiscalía estatal que esclarezca el caso y castigue a quienes asesinaron a su hija.
Aún con Alertas de Violencia de Género, las distintas movilizaciones y esfuerzos para erradicar la violencia feminicida, México continúa con deficiencias en las investigaciones de feminicidios en el Estado de México por la negligencia de las autoridades, lo que ha llevado a la pérdida de evidencias, que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género.
En varias ocasiones, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado de México ha pronunciado que los índices de feminicidio son menores a los que aparecen en las investigaciones, aunque también se sabe que se han negado a reabrir casos o tipificarlos como feminicidio aún con pruebas por parte de familiares, lo que ha generado impunidad, una debida justicia y medidas para la erradicación de la violencia de género.
Para hacer frente a la violencia feminicida, es fundamental que como Estado y como sociedad asumamos conjuntamente la responsabilidad de incentivar un cambio social que implique acciones legales, políticas, institucionales y culturales que busquen garantizar todos los derechos humanos de las mujeres.- CMDPDH
El ‘terruqueo’ dejó a Adelina García sin su esposo y a Liliana Tenorio le hizo perder a su padre. Treinta y ocho años después, ellas siguen buscando a Zósimo Tenorio. La esperanza de volver a verlo con vida disminuye, pero ambas anhelan una cosa: saber qué pasó con él. “¿Lo torturaron? ¿Lo quemaron? ¿Lo mataron?”, se pregunta Liliana. ‘Terruquear’ se volvió en el deporte favorito de muchos. Políticos y periodistas se encargaron de difundir odio y tildar de ‘terruco’ a cualquiera que ose pensar distinto a ellos. Pero ¿se puede ‘terruquear’ tan a la ligera?
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Guía de escucha:
Liliana: Duele cuando te dicen terruco. Aquí el estado te ha pisoteado, te ha dañado porque seguro los tildaron de terroristas, de terrucos, los asesinaron … Ya me imagino qué atrocidades le hicieron a mi pobre padre. No es justo que hasta ahora siga existiendo el ‘terruqueo’.
Narradora: Ella es Liliana Tenorio García. Su padre, Zósimo Tenorio, fue desaparecido por los militares. Lo acusaron sin pruebas de ser “terruco” y hasta el día de hoy, su familia no tiene noticias de él.
Narradora: En las últimas elecciones, terruquear se volvió algo muy común. Seguramente escuchaste varias veces a Beto Ortiz o Keiko Fujimori llamar terrorista o vincular con Sendero Luminoso a cualquiera que no pensara como ellos. Desde periodistas y políticos hasta personas de a pie lo hicieron sin ninguna vergüenza.
Beto Ortiz: “cita sobre terrucos”
Milagros Leyva: “Pero si todos sabemos quienes cantan Flor de Retama. ¿Qué piensas cuando los senderistas cantan Flor de Retama?”
Narrador: Hola, bienvenido a Eco, un podcast de Perulogía, espacio que busca armar nuestro país pieza a pieza. En el capítulo de hoy, las huellas del terruqueo en la incansable lucha por encontrar a Zósimo Tenorio.
Adelina: Yo me llamo Adelina García Mendoza. Yo soy presidenta actual de la asociación nacional de familiares secuestrados, detenidos y desaparecidos del Perú, Anfasep.
Narradora: Anfasep es una organización de mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos. Entre 1980 y el año 2000, se calcula que más de 20 mil personas fueron desaparecidas a manos de militares y policías. Zósimo Tenorio, el esposo de Adelina y padre de Liliana, fue uno de ellos.
Adelina: Y de repente nunca más no voy a encontrar sus restos, pero no me canso hasta el momento, sigo buscando señorita igual… Yo sigo buscando.
Narradora: En los 80, Sendero Luminoso empezó a aterrorizar a Ayacucho. En esos años de terror, en Huamanga, la capital de Ayacucho, Adelina conoció a Zósimo. Una vez casados, Zósimo seguía estudiando Ingeniería Agrónoma en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Ahí también enseñaba Abimael Guzmán, el cabecilla de Sendero Luminoso. Sin pensarlo mucho, Zósimo decidió que lo mejor era dejar de estudiar por un tiempo para garantizar cierta tranquilidad a su familia.
Adelina: Entonces, en 83 el dejó de estudiar porque había en la Universidad este movimiento…
Narradora: Se refiere a Sendero Luminoso
Adelina: Pues eso no le gustaba el ‘no, no, yo no, no estoy para eso’. Y también de parte de militares, de los policías fastidiaban a los universitarios. De ambos lados, diciendo que en la Universidad San Cristóbal hay muchos terroristas, decía ¿no? De esta forma, él no le ha gustado todo esto y lo dejó este año, en 83.
Narradora: Zósimo abandonó sus estudios para encontrar tranquilidad. Pero no lo logró. El 1 de diciembre de 1983, su vida cambió para siempre. Esa noche, mientras Adelina ayudaba a Zósimo en su trabajo como cerrajero, iban conversando sobre sus planes a futuro…
Adelina: Como tenía trabajo, él me dijo que voy a ir mañana voy a colocar la puerta de tal señor Alfaro porque está molestándome. Y me falta pintar todavía. Y me decía: ‘sabes que? Esta noche quiero trabajar hasta un poquito tarde. Ayúdame pintar o tú me acompañas’. Yo le decía, ‘ya pues, esta bien, voy a hacer cafecito o sino un caldo’.
Adelina: Después de esto, ya había sido 10:30 de la noche. Entonces es toque de queda. Sería mejor descansamos, le digo….
Narradora: Adelina y Zósimo se fueron a dormir con la idea de despertar muy temprano para seguir trabajando. Pero mientras dormían…
Adelina: Él había sentido a alguien que subía por la pared. Con su codo me decía: “Adelina despierta, creo que alguien entró por la pared”.
Adelina: Justo habla y en eso lo patean la puerta. Justo entran bastantes, 25 a 20 encapuchados. Entran y preguntan su nombre, él dijo “Yo me llamo Zósimo Tenorio Prado”. Ni siquiera su libreta electoral le preguntaron. Así nada más lo levantaron.
Narradora: ¿Y qué hiciste en ese momento?
Adelina: Yo me agarré de su camisa, de su ropa … ahí me están agarrando otros cuando yo no quería soltar. … Así estaban jalando… Jalando del pelo todo entonces ahí yo también gritando me agarré, dijeron uno de ellos de afuera
Militar: “Vuela los sesos a esa terruca”.
Adelina: Ahí sí le dije “si es que yo soy terruca, ¿me están encontrando en la calle? ¿Qué estamos haciendo? Solo estamos durmiendo en mi casa. ¿Cómo es posible? Nos dice terruca, nosotros no somos terroristas».
Militar: ¡Calla terruca de mierda!
Adelina: En eso uno de ellos me patea y yo me caí en el suelo y de ahí yo no sabía nada. Yo no recuerdo nada.
Narradora: Adelina no sabe muy bien cuánto tiempo estuvo inconsciente. Solo sabe que cuando se levantó, Zósimo ya no estaba a su lado. Desesperada y con solo 20 años, Adelina solo podía escuchar el llanto de su hija y llorar con ella. ¿Qué más podía hacer en mitad de la noche?
Adelina: Me levanté esta vez de 12 o 1 de la mañana ya era esa hora entonces, llorando toda la noche amanecí. El día siguiente, como conocía a Mamá Angélica, su casa y todo, he ido corriendo porque yo sabía, ella estaba buscando ya a su hijo desde el mes de julio…
Narradora: Mamá Angélica es como se le llama a Angélica Mendoza, la fundadora de Anfasep. Al igual que Adelina, los militares le desaparecieron a su hijo. En todos estos años de búsqueda, Mamá Angélica fue quien ayudó a Adelina sobre qué debía hacer y a que lugares debía ir.
Adelina: entonces en eso yo corrí, yo le decía “¿Qué puedo hacer? a mi esposo anoche se lo ha llevado”. «¿Cómo voy a hacer?», yo preguntaba. Me decía “Anda primeramente a la comisaría. Después a la PIP».
Narrador: La PIP, la Policía de Investigaciones del Perú, como se le conocía antes a la Policía Nacional.
Adelina: Como dijeron, como me ha dicho, me fui esta mañana a las 8:00 de la mañana cargando mi bebé a preguntar a la comisaría. “Acá lo han traído a mi esposo anoche”, yo decía
Adelina: No está, no está, me dijeron. Pero como, a mi me dijeron que la comisaría van a llevar les decía. Me dijo “esta es una mentirosa, llévenla al calabozo, es por mentirosa, me decía. Entonces mejor me he salido de ahí. Me fui a la PIP.
Narradora: Pero ahí tampoco tuvo mucha suerte.
Adelina: Llorando regresé a mi casa, pero qué voy a hacer, decía. A donde voy a ir, eso era de mi mismo la pregunta.
Narradora: La hija de ambos, Liliana, tenía en esos momentos menos de un año, pero siempre acompañó a su mamá. Juntas empezaron una búsqueda que sigue hasta el día de hoy, 38 años después, y que les ha dejado huellas.
Liliana: El trauma que tuvo mi mamá siempre todavía repercute en nosotros cuando contamos la historia o cuando la escuchamos. Tal vez es doloroso no saber dónde está mi padre o si es que está muerto, no hubo un entierro digno pese a que siempre fue una persona muy inocente.
Adelina: De esa forma, señorita, ella también tenía miedo a los militaristas. Y peor cuando le contaba decía claro, como a mi papá, te va a hacer desaparecer, te van a pegar como esta vez, mejor nos ocultamos. Así me decía ella, mejor nos ocultamos, hay que llamar a los vecinos, cuando escuchaba cuando reventaba bala, ella se metía debajo de la cama, me dice escaparate mami, ahí vienen los militares.
Narradora: Para encontrar a su esposo, Adelina no escatimó esfuerzos. Buscó entre locos y cadáveres, pero nunca tuvo suerte. Un día le dijeron que había un cuerpo cercenado en el río Huatatas, un río muy conocido en Huamanga. Sin dudarlo, Adelina corrió con su hija Liliana en la espalda para ver si al fin había encontrado el cuerpo de Zósimo.
Adelina: Debajo de un árbol estaba un muerto, baje más abajo de la carretera, baje y ahí para mí estaba moviéndose, ese cuerpo… Entonces ahí también me acerqué y un perrito había entrado dentro de su cuerpo le estaba jaloneando… Entonces, de ahí justamente tire con piedras al perrito, llorando decía «así estará mi esposo, por ahí muerto, dónde encontraré» diciendo yo lloraba.
Narradora: Pero ese no era su esposo. Después de ver la ropa del cadáver, sabía que ese no podía ser Zósimo. Adelina recuerda bien qué ropa tenia Zósimo el día que se lo llevaron: vestía un pantalón marrón y una camisa azul con chispitas blancas. En cambio, este cuerpo llevaba ropa distinta y hasta tenía un diente de oro. De repente, mientras Adelina miraba el cadáver… [sonido de disparo]
Adelina: Así estuve y no se sabe de dónde disparaba, de donde cuidaban el cuerpo. Empezaron a disparar, pero éste disparó no me ha agarrado, solamente a un lado, a mi delante a una piedra llegó y chispas salió, así todavía sonó. Entonces gracias a Dios no me ha agarrado.
Narradora: Si alguien sabe de primera mano tooodo lo que tuvo que pasar Adelina, esa es Liliana, la única hija de Adelina y Zósimo. El terruqueo no solo dejó a Adelina sin su esposo. También dejó a Liliana sin la oportunidad de conocer a su padre.
Liliana: Yo siempre desde que tuve uso de razón siempre supe que papá estaba desaparecido por las Fuerzas Armadas, porque mi acompañamiento siempre era perenne con mi madre, mi madre nunca me dejaba sola.
Narradora: ¿Qué le diría a su padre si pudiese volver a verlo?
Liliana: Si él vendría le diría ¿por qué me dejó? Pese a que no fue su culpa, diría, ¿por qué me has dejado?, y abrazarlo, es lo único que haría, y llenar ese vacío que tuve por 38 años, conocer qué es amor de padre.
Narradora: Para Liliana todo esto ha sido muy difícil. No solo no pudo conocer a su papá o saber qué pasó con él, sino que muchas veces veía cómo maltrataban a su mamá. Cuando ella tenía menos de 10 años, un día acompañando a su mamá Adelina y a mamá Angélica, unos oficiales las retuvieron y sin importarles que Liliana sea solo una niña, las metieron al calabozo.
Liliana: Un día salimos de Anfasep, estábamos en la ruta y suben a la ruta el servicio de inteligencia y dicen que todos se identifiquen. En ese entonces a mi mamá le habían robado el DNI, pero ya había puesto la denuncia en la comisaría, por ese robo. A mi mamá la encuentran sin DNI y la hacen bajar de la ruta y yo también agarro a mi mama. No quería despegarme de mi mamá por cualquier cosa porque yo tenía un trauma cuando veía a los militares.
Liliana: Bajaron a mi mamá y a la señora Angélica y juntas nos llevaron a las instalaciones de la PIP. Nos metieron como en calabozo a interrogar a mi mamá, pese a que yo estaba asustada, ellos no les importaba, nos decían «que te pasa», era como si me despreciaran por ser niña o mujer… Ahí nos tuvieron, nos retenieron, yo vi a muchos presos en carceletas, … escuchaba música a todo volumen , y a lo que yo había escuchado, ciertos relatos de personas que ya habían estado inclusive encerradas en un cuartel, y si la música estaba alta es pq estaban torturando a alguien. Eso se me vino a la cabeza y le decía «ma, hay música alta, están torturando…
Liliana: Era un lugar muy horrible, traumático, ver a tanta gente encarcelada, en celdas bien pequeñas, tal vez escuchando ciertos gritos, confundía.
Liliana: Yo les suplicaba y les decía señor por favor déjala ir a mi mama, ya nos queremos ir, por favor.
Narradora: A los policías parecía no importarles las súplicas de una niña. Después de unas horas que parecieron interminables para Liliana, por fin las soltaron a ella y su mamá. Y aunque ella ha tratado de borrar estos recuerdos de su memoria, no puede evitar quebrarse cuando los cuenta…
Liliana: Sinceramente hay muchos episodios que para curar el alma he procurado olvidar. Si tal vez yo no estaba al lado de mi mamá, tal vez a mi mamá también le iban a desaparecer, no sé, a veces cuando yo recuerdo escena, me pregunto ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese estado? Tal vez por un poquito de respeto que me han tenido, tal vez a mi mamá no le han hecho más, pero estoy segura que si no hubiese estado al lado de mi mamá, mi mamá tal vez le hubiesen hecho algo, estoy muy segura.
Narradora: Tu mamá ha luchado desde muy joven y ha pasado por muchísimas cosas buscando a tu papá. ¿Cómo la describirías?
Liliana: A mi mamá la describiría como una persona valiente, luchadora y coraje. Eso para mí es mi mamá. Ella sabe que la amo mucho, ella sabe que si ella me faltara, yo moriría… para mí es una reina, yo la amo tanto porque es lo único que me queda.
Narradora: 38 años después, Liliana aún no pierde las esperanzas de encontrar a su papá Zósimo y al fin poder conocerlo, o al menos, saber qué pasó con él. Pero mientras espera que se pueda cumplir su más grande sueño, también espera que el tiempo le ayude a curar las heridas de perder a su padre.
Liliana: Yo anhelo saber la verdad, que se haga justicia, sobre todo verdad, quiero saber qué ha sucedido con él porque aún sigue abierto ese duelo… ¿Falleció? ¿Murió? Donde esté seguro está bien, pero anhelo esa verdad. Al no saber lo que ha sucedido, llega en el alma y te preguntas «¿Cómo estará él? «¿Cómo habrá muerto? ¿Lo habrán torturado? ¿De qué forma habrá muerto? ¿Lo habrán quemado? ¿Lo habrán botado? Son situaciones que te imaginas y es duro sentirse así, sentir un vacío y volver a tu realidad. Son 38 años que nunca he podido saber de él.
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Este artículo fue originalmente escrito y publicado por Muy Waso
Este riesgo también está presente durante el embarazo. Además, los productos de las violaciones enfrentan un riesgo 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida. En Bolivia existen antecedentes recientes.
Los embarazos infantiles forzados no salvan ninguna vida, las ponen en situaciones de mayor peligro y violencia. Son una forma de tortura.
Bajo el lema de «salvemos las dos vidas» la cúpula eclesiástica boliviana y movimientos antiderechos obligan a una niña de 11 años a seguir con un embarazo provocado por una violación.
Sin embargo, diversos estudios, informes y reportes internacionales confirman que cualquier embarazo o parto infantil es de alto riesgo. Mientras menor sea la edad de la embarazada, mayor es el peligro.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las mujeres de 15 a 19 años en todo el mundo.
Otro reporte del mismo organismo confirma que el mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a adolescentes menores de 15 años. Allí también se puede leer que la probabilidad de que una mujer de 15 años acabe muriendo por una causa materna es de una en 180 (en países en desarrollo).
La organización Plan International, por su parte, advierte que las niñas de entre 10 y 14 años tienen cinco veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto.
Una cifra similar se registra en Perú. Datos del Seguro Integral de Salud de ese país, difundidas en una cartilla del proyecto Niñas No Madres, las menores entre esas edades tienen cuatro veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta.
Los embarazos infantiles forzados no salvan ninguna vida, ponen en riesgo la vida de niñas y revictimizan a aquellas que sufrieron abusos sexuales.
Riesgos para los recién nacidos
En los casos en los que se obliga a niñas y adolescentes no solo afecta la salud de las embarazadas. También implica riesgos para los fetos y neonatos.
Según Plan Internacional, la tasa de mortalidad de los recién nacidos de madres menores de 19 años es aproximadamente un 50% superior.
Esta información es corroborada por una publicación de la ONU, especialmente cuando se trata de países de ingresos bajos y medianos.
Este documento apunta que los productos de embarazos en menores de 20 años enfrentan un riesgo 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida, respecto a los fetos y neonatos de mujeres de 20 a 29 años.
Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer. Esto implica una serie de riesgos con efectos a largo plazo.
Entre las principales complicaciones que ponen en riesgo la vida y salud de menores embarazadas y productos del embarazo especialistas apuntanpartos prematuros, hemorragias, eclampsia, preeclampsia, endometriosis puerperal e infecciones sistémicas.
20 años antes, en 1999, una jueza le negó la Interrupción Legal del Embarazo a una niña de 11 años víctima de violación. El bebé murió antes de cumplir un año, según rememoró la periodista Beiby Vaca.
Las periodistas Zulma Alanes y Yolanda Salazar publicaron en 2016 un reportaje en el que dan cuenta de la situación. En él denuncian que la mortalidad materna en menores de 19 años es muy frecuente en Bolivia. Pese a la situación, apuntan en la publicación, «los registros oficiales son aun escasos, incompletos e inexistentes en varias regiones del país».
Los embarazos de niñas y adolescentes en Bolivia marcan cifras rojas desde hace varios años. El país tiene los peores indicadores de América Latina, la única región del mundo en la que los partos en menores de 10 a 14 años está en ascenso.
