Caminantes venezolanos recorren las principales carreteras y atraviesan terrenos difíciles. FOTO: Muse Mohammed/ IOM – UM MIGRATION
AlixeSánchez tenía la vida que había planificado. Había seguido su pasión y estudiado periodismo, trabajaba en un canal de televisión en su natal Caracas y contaba con muchos años de experiencia en su carrera. Quería ser docente universitaria y soñaba con estudiar eventualmente un posgrado. A los 39 años parecía haber alcanzado una estabilidad digna de admirar. Pero en el 2018, se convirtió en una de las más de 5.9 millones de personas venezolanas que huyeron de la grave crisis humanitaria, de las que, actualmente y según Migraciones, más de un millón se encuentra en Perú.
Ella ya conocía este país. Además, el idioma era el mismo y la situación económica, mejor. Pasó siete días viajando por tierra rodeada de sus amigos. Sabía bien que ser una mujer transgénero la colocaba en una situación de vulnerabilidad particular. Llegar sana y salva parecía ser otra señal de buen augurio sobre su futuro aquí. Pero la realidad le explotó en la cara. Necesitaba trabajar para sobrevivir.
Qué difícil ser formal
“Migró mucha gente profesional. Para nosotros era muy beneficioso porque nos daba legalidad y la posibilidad de trabajar en la formalidad porque en Venezuela estamos acostumbrados a eso”, explica Nurys Morin, coordinadora de las áreas de Integración, Atención Psicoemocional y Vulnerabilidad en la ONG Veneactiva. Recordemos que Perú fue uno de los primeros países en la región en dar la bienvenida a los migrantes venezolanos al activar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP).
No obstante, con el paso del tiempo las exigencias empezaron a aumentar. Desde agosto del 2018, el pasaporte se convirtió en un requisito para ingresar al país. Posteriormente, desde junio del 2019, se añadió como condición la visa humanitaria, medida por la que los venezolanos se convirtieron en los únicos ciudadanos sudamericanos en necesitar visa para entrar a Perú.
Pero la realidad dista de lo legal. “La verdad es que se ha estado entrando por trochas, porque para acceder a una de esas modalidades el pasaporte tenía que estar vigente y eso es casi imposible en Venezuela”, indica Morin. Acertadamente, en octubre del 2020 el Estado peruano activó el Carné dePermiso Temporal de Permanencia (CPP), con el cual cualquier migrante, cuyo plazo de permanencia había vencido o que había ingresado de manera irregular hasta el 22 de ese mes, podía regularizar su situación migratoria.
Al cumplirse un año del PTP o durante la vigencia del CPP, los migrantes pueden optar por el cambio de calidad migratoria para obtener residencia y, por tanto, un carné de extranjería. Es así que solo existen tres vías para trabajar de manera formal en nuestro país: el carné de solicitante de refugio, el PTP o CPP, y el carné de extranjería. Sin embargo, el elevado costo de los trámites dificulta su realización. Por ejemplo, solo para conseguir el CPP se debe pagar S/ 47.30, y para tramitar el cambio de Calidad Migratoria, S/ 162.50.
Carné de Extranjería, documento que otorga residencia peruana a los no nacidos en el país. FOTO: Venezolanos En Perú.
Por si fuera poco, las resoluciones que suspendían el cobro de multas de parte de Migraciones durante el estado de emergencia fueron derogadas en agosto. “Cuando vencen los permisos temporales, la multa es de S/ 4.40 por día, pero cuando vence la residencia, asciende a S/ 44 diarios”, precisa Morin. “Díselo a alguien que gana 12 soles ocasionalmente”, protesta Alixe, quien después de mucho esfuerzo, tendrá su carné de extranjería en las manos pronto. “Lo que una persona cisgénero puede lograr en tres meses, yo lo he conseguido en casi tres años”, añade.
Consultamos sobre estas multas a Francisco Ríos, gerente general de la Superintendencia Nacional de Migraciones. “Si no hay para pagar, se puede solicitar calificación por vulnerabilidad. Toma 30 días una vez ingresada la solicitud. Se puede hacer a través de la agencia digital, pero debes tener paciencia porque hay sobrecarga de trabajo”, afirma.
Por su parte, Laura*, a diferencia de Alixe, no es una mujer trans y tampoco se fue de su país de origen por la crisis. Vino de Cartagena, Colombia en el 2019 por una oferta de trabajo que le hicieron a su ahora esposo. Pensó que aquí todo sería más fácil. Al ser su país parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la obtención del carné de extranjería le tomó solo un mes. Su siguiente meta era ejercer como psicóloga clínica aquí.
Para validar títulos obtenidos en Colombia, los ciudadanos de estados que tienen tratados suscritos al respecto con el Perú deben presentar su documento de identidad y su diploma original con la apostilla de La Haya, en caso de que su país sea parte de dicho convenio. Para los migrantes venezolanos, por ejemplo, obtener la apostilla para distintos documentos en su país de origen ha sido particularmente difícil debido a la dictadura. “Estamos cercenados de identidad para poder acreditar nuestros papeles”, expresa Morin.
Por ello, gracias al gobierno interino de Juan Guaidó, se activó en Perú la Embajada de Guaidó y con ella algunos mecanismos gratuitos para facilitar la legalización de títulos. No obstante, en la actualidad, la atención consular se encuentra suspendida luego de que Perú reestableciera relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro.
Centro de Atención al Venezolano en Perú, a cargo del ex embajador Carlos Scull. FOTO: Redes de Representación AN en Perú.
Para Laura*, por su nacionalidad, no fue tan difícil hacerlo. Sin embargo, las actitudes del personal de una universidad peruana a la que asistió la llevaron al llanto. “Hasta el día de hoy yo no soy psicóloga aquí”, lamenta ella. Asimismo, conseguir trabajo es enfrentarse a actitudes machistas de parte del personal en las entrevistas. “Me dijeron ‘¿Usted tiene esposo?’, y les dije ‘Sí, soy casada’. Luego me preguntaron ‘¿Y su esposo la deja trabajar?’. Me quedé asombrada”, menciona. Además, su carrera, como muchas otras, necesita de una habilitación a cargo de los colegios profesionales que, relata Morin, son costosos y colocan diversas trabas.
Todo esto, sumado a los S/ 325.10 que son necesarios para revalidar los títulos profesionales, coloca a los migrantes entre la espada y la pared. Por tal motivo, muchos de ellos optan por realizar labores ajenas a su profesión y al margen de lo legal. De hecho, de acuerdo con la Encuesta Población Migrante y Refugiada Venezolana en Perú realizada por la organización Equilibrium CenDe en septiembre, el 89% de venezolanos en Perú no ha convalidado sus títulos profesionales y el 79% no trabaja en algo relacionado a su profesión.
Aún cuando sí lo consiguen, las leyes peruanas dificultan la formalidad de la fuerza laboral migrante. Así, el Decreto Supremo Nº 014-92-TR establece que las empresas pueden contar con un máximo de 20% de trabajadores extranjeros. Además ellos no podrán percibir remuneraciones que superen el 30% del monto total pagado. En aquellas cifras no se incluye a los ciudadanos con cuyos países existe un convenio de reciprocidad laboral, como el Mercosur. Ese no es el caso de los venezolanos, pese a que resultan ser los principales migrantes en territorio peruano actualmente.
En la opinión de la abogada laboralista Ana Roque, la normativa del 20% no es coherente al contexto peruano actual. “La norma de contratación de extranjeros es del año 90. No está actualizada, sigue pensando que en nuestro país la cantidad de extranjeros es mínima, que sólo vienen para ciertas cosas y no considera que estamos en un ambiente de globalización donde ya entran personas de todos los países y una cantidad de migrantes enorme”, explica.
Si para un migrante es difícil trabajar legalmente y enviar remesas a su país de manera formal, la situación se agrava cuando entran a tallar factores de género. Dominic Orduz, hombre trans venezolano que llegó a Perú en 2018, aprovechó la carta de trabajo que obtuvo al iniciar su solicitud de refugio para conseguir empleo. El documento consignaba su nombre social. “Nunca pude firmar un contrato, porque al momento de hacerlo sí iba a revelar mi identidad y ya no me iban a contratar, entonces preferí trabajar sin beneficios”, cuenta.
Dominic no es el único que percibe estos tratos. Alixe, durante dos años y medio, ha pasado madrugadas enteras en mercados cargando cajas y limpiando locales, en pleno frío y bañada en tierra. A cambio, obtenía lo que llama “propinitas”, que no superan los 15 soles o a veces promesas de pagos que nunca llegaban.
Al no acceder a derechos laborales básicos, estas poblaciones quedan mucho más expuestas a situaciones de explotación e injusticia. “Las personas que han notado mi necesidad me han puesto en jornadas más largas que las del común. Si la remuneración a los migrantes ya es mínima, a mí me pagan por debajo de eso”, manifiesta Alixe. Para ella, la supervivencia no era una opción, era la regla.
Las historias de Laura, Vanesa y Dominic no son las únicas que reflejan un trato hostil hacia las mujeres y poblaciones LGBTIQ+ migrantes en espacios de trabajo. Diseño e ilustración: Adriana Velázquez, Mya Sánchez y Zoila Antonio
“Baleada, pero viva”, así define la cantante y compositora Dafne Castañeda a Posguerra. Este EP se posicionó como uno de los mejores del año que pasó y ha hecho más conocido el trabajo de la artista en la escena musical alternativa peruana. Desde la composición de las primeras canciones de esta producción hechas en Pichanaki, ubicado en la selva central del país, pasando por su escena hip hop hasta la importancia de hacer lo que nos gusta frente a las actividades que nos atan al capitalismo, ella conversa con La Antígona.
Me cuesta asimilar todas las felicitaciones. Si bien he estado tocando con guitarra y voz desde hace un buen tiempo, ahora recibir atención por algo que se ha hecho con mucha dedicación es muy abrumador, a veces raro. Ha sido un trabajo de un año y algo más con Daniel Quiñones y Mynezza Morales, que son los productores del disco. Nosotros también queríamos que el disco fuera una experiencia por sí misma. Se ha logrado y estoy muy agradecida.
¿Qué podemos encontrar en Posguerra?
Son siete canciones que hablan de fracasos amorosos y conflictos internos. Hay muchas texturas de sonido y paisajes sonoros. También hay un trabajo en cómo manejar las letras, que es un ejercicio de composición que vengo aplicando desde hace muchos años: hacerlo de manera directa, a veces entrar en metáfora, pero no usar cosas tan complicadas. Es como si le contara a un amigo. Estoy contenta con el resultado. Tengo todavía más canciones qué lanzaré próximamente.
¿Por qué ponerle Posguerra al EP?
No tenía un nombre desde el comienzo, preferí buscarlo al final. Quería escuchar las canciones para poder tener una idea de qué podría resultar. No creo que este sea un disco conceptual, aunque hay personas que me lo han dicho. Este año me sentí como en una guerra. Tiene sentido también porque las canciones hablan de pelear con uno mismo, de sacar a luz cosas. Si te das cuenta, la portada tiene luces y me veo deteriorada, como salir de una guerra baleada, pero viva. Me da mucho sentido. Después de la guerra, vienen los cimientos para crecer más, para hacer lo que venga. No preparo nada, siempre soy muy espontánea. Todo lo que vivo y lo que vive la gente que está alrededor de mí me inspira.
¿Cuáles son tus influencias para hacer este trabajo?
Son muy variadas. Me he criado con Uranio 15, OK TV, jaja [canales peruanos de música, muy populares a inicios de los 2000]… con la televisión en general, no me avergüenza decirlo. Entonces, tengo ese chip de pop de los 2000 en Posguerra, como Javiera Parra. En influencias musicales, está la electrónica. Es un género que me parece muy libre, tan hermoso como la música clásica. (Los especialistas) consideran el disco como un art pop: un pop más artístico, más elaborado, más trabajado. Hay canciones diversas.
Trato de ver los géneros musicales como emociones. Si tengo que gritar algo, tengo que decirlo de una forma tal vez violenta, y el sonido también tiene que ser violento. Veo las cosas como teatro, drama. Hay gente que me dice que tiene bastante de Björk, y lo tiene. Es una de mis artistas favoritas. Hay beats [ritmos que se repiten] que también son similares al trap, que es parte de la música electrónica. Definirme es complicado, pero yo lo resumiría en un art pop.
Vienes trabajando desde el 2017 de manera solista…
Viví tres años en la selva central, en Pichanaki. Antes de ello, tenía una banda de punk melódico, se llamó Fábula. La banda terminó y me fui a vivir a la selva central. Ahí cambió toda mi perspectiva con respecto a la música, totalmente. Empecé a escribir de una manera más personal, con la guitarra y yo. La música siempre está ahí, ¿sabes?, siempre ha estado ahí. Tenía momentos malos, pero la música estaba ahí. Decía que la música la estaba viendo como un hobby, pero no, es una pasión. Valorar la forma de expresarme a través de la música ha sido una de las mejores decisiones que he tomado.
Yo regreso a Lima con el fin de hacer un disco, que es Posguerra, y ya. Me parece muy loco. Las canciones que están en Posguerra han sido escritas desde hace tiempo también. Solo hay dos temas que se han escrito a finales del año pasado. “Si alguien pregunta” lo escribí en Pichanaki. En 2017, también saqué un EP, que se llama Una banda que no se formó, es lo-fi, hecho de manera casera. Lo escuchas y parece que le faltan instrumentos, jaja. Es una banda que no se formó. Son canciones muy personales. He estado muy acostumbrada a que saco algo y poca gente lo ve, pero salió Posguerra y me ha escrito gente famosa. Me dije “¿Qué está pasando? Solo he sacado canciones y ya”. Me hace pensar que voy por buen camino.
¿Cómo percibiste la escena musical de la selva central? Se habla muy poco de ello
Sinceramente, ahí puedes evidenciar muchas cosas. Cuando vives fuera de la capital te das cuenta que es evidente la falta de oportunidades que existen. La carencia de interés por la cultura es evidente. He tenido muchos problemas para grabar en Pichanaki. No hay salas de música, por ejemplo. No habían lugares para ensayar y, si los había, no cumplían con una calidad óptima. Hay talento, en Pichanaki, en Satipo, en selva central en general, pero ¿cómo tomas las herramientas?
Incluso se ve en las carreras. Había un instituto que tenía cuatro especialidades muy básicas. Yo decía “pero si alguien quiere ser diseñador gráfico, ¿qué pasa? Si alguien quiere ser pintor, músico, veterinario…”, te das cuenta de las opciones que hay y te cortan las alas. Ahí viene ese tema de la gente que se va a Lima para trabajar o estudiar. Yo lo veía. Había personas que conocía que se iban a Lima. Es difícil, porque te separas de tu familia para terminar dando parte de tu vida a trabajar y no compartir con ellos. Eso me hizo pensar mucho.
En Pichanaki también encontré bastante hip hop. Me pareció interesante, es un género que me identifica un montón. Había mucha gente que se organizaba de una manera chévere, pero no era sostenible económicamente. Es como si hiciera una reunión en mi casa y punto. La pasamos chévere, tomamos, pero ¿qué sigue después? Ese es un gran problema de muchos colectivos, inclusive aquí en Lima. La economía es un factor importante para llevar las cosas de buena manera.
Me gustaría volver a Pichanaki. Yo tocaba en un bar covers de pop en español o en inglés. Vivir en un pueblo es muy chevere. Es el único bar allí, entonces todos se encuentran. Me gustaría volver a ir, pero tengo que concentrarme en algunas cosas para volver a hacerlo.
¿Qué viene para Dafne Castañeda?
Ya estoy componiendo para un siguiente álbum o EP. Siempre estoy en ejercicio de componer. Tomo la guitarra todos los días, aunque sea para tocar un par de temas. También estoy más metida en aprender a producir por mi cuenta. Me emociona mucho. Siento que es muy real en el sentido de que no estoy imitando o tratando de hacer que me quieran, estoy proponiendo algo y eso siempre me ha gustado. Lo importante de hacer algo que te guste, en un sistema capitalista como este, es revolucionario, es antisistema. Vivir haciendo lo que te gusta en esta época, es resistencia. Voy a estar apuntando a eso, a expresarse en la manera que desee.
Al próximo año hay más música, se están produciendo dos singles más. Me pueden buscar como Dafne Castañeda en Facebook, Instagram y YouTube. Posguerra está en todas las plataformas digitales. Si desean preguntarme algo, pueden hacerlo tranquilamente. Contesto los mensajes un poquito tarde, pero les contesto y aquí estamos: para hacer música.
El trabajo textil es una práctica que las mujeres de culturas ancestrales han desarrollado para preservar la identidad de los pueblos. En Bolivia, especialmente, forma parte del tejido social en el territorio. Sin embargo, del paso de los telares a las máquinas de coser y con los cambios capitalistas de sentido del trabajo, este rol, generalmente ocupado por mujeres, ha tomado características de explotación: bajos salarios, interminables jornadas y pésimas condiciones laborales. Si a la tarea feminizada se le suma el ser migrante en contexto de pandemia, el escenario empeora.
Sin embargo, en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio Padre Rodolfo Ricciardelli -antes conocido como Villa 1.11.14, la más grande en extensión de la ciudad-, un grupo de mujeres trabajadoras textiles y migrantes de países andinos comenzaron a reunirse para compartir cafés y mundos y, entre viernes y viernes, empezaron a pensar en la posibilidad de crear una alternativa comunitaria en un sector laboral de condiciones deshumanizantes. Estas son sus historias.
“La costura es lo primero en un mundo que se hace pedazos”, canta la artista mexicana Laura Murcia. Así es para Yeni Chambi, una trabajadora textil boliviana de 29 años. Además de coser “lo que venga”, Yeni pone sus manos a trabajar por la transformación social como militante de género en la organización popular Barrios de pie, con la cual camina el barrio que aún llama con los números “1.11.14”. Según cuenta, allí la mayoría de las personas son migrantes y lo que abunda son talleres textiles, porque “afuera no te dan trabajo si no cumplís con los requisitos”, como lo es una dirección postal fuera de la villa.
Lo que dice hace eco en las respuesta de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA, 2020), que concluyó que el 37% de les migrantes señaló que su situación laboral es inestable, mientras que el 51% de la actividad laboral realizada por migrantes no pareciera estar registrada, principalmente para personas que no cuentan con documento nacional. A esto se le suma que, en el contexto de pandemia, el 53% de las personas migrantes perdió parcial (17%) o totalmente (36%) sus ingresos.
Para Yeni, la pandemia fue una oportunidad, a pesar de que los talleres cerraron sus puertas. Desde su casa, cosió barbijos, muchísimos, llegando a 5 mil por semana. Con una máquina prestada por una amiga, trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, junto a su marido. “Si no hubiera tenido una máquina, no sé qué hubiera hecho. Fue horrible por la cantidad de trabajo, pero sí pude ahorrar”, cuenta a Revista Colibrí. Para alimentar a sus dos hijos, iba al comedor del barrio, porque no tenía tiempo para cocinar, ni tampoco para comer.
“Si a mí me agarró COVID, yo no le di importancia, me preparé un mate con jengibre y limón y seguí trabajando”, dice Yeni. Llegó de Bolivia en 2005 y a los 16 años empezó a trabajar de costurera. Una vez, un argentino le dijo: “A ustedes (las personas bolivianas), les gusta ser explotados, dan hasta la fuerza que no tienen”. Ella cree que en parte tuvo razón, porque por el miedo a perder el trabajo, ha llegado a aceptar quedarse después de hora, aunque llegue “muerta a casa”. Aún así, lucha por hacer valer sus derechos.
En Argentina, la mayoría de les trabajadores textiles son migrantes de Bolivia, Perú y Paraguay. Según el último censo realizado en Argentina (2010), las personas de estos tres países suman casi el 60% de la población del país nacida en el extranjero. Algunas llegan engañadas con promesas de mejorar sus condiciones de vida y se encuentran con talleres clandestinos. Es muy común que se les retengan sus documentos y vivan bajo la amenaza de la deportación.
“Las mujeres suman a las dificultades el desafío de maternar sin dejar de trabajar”, cuenta Camila Ibáñez, docente integrante de la Asamblea Feminista del Bajo Flores, nacida en noviembre de 2018 y de la Red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores. Se debe amamantar, criar, y cuidar frente a la máquina y si el niñe ya es grande y puede caminar, más vale que no circule por el taller, que no llore, que no distraiga a la mamá u otres trabajadores, porque puede causar problemas que resultan muchas veces en despidos.
Si el taller es legal, el trabajo está más regulado, pero las condiciones de explotación son generales: las jornadas siempre superan las 10 horas diarias. En blanco, sí tienen descansos y comidas aseguradas por la ley. En cambio, en el ámbito clandestino se sostiene la modalidad de “cama caliente”, en la que se duerme en el lugar donde son explotadas, sin descanso ni cobro asegurado.
En cooperativas textiles, maternar no debería devenir en posible despido y son las compañeras de trabajo las que colaboran con esa crianza, también están quienes arman taller en el domicilio. “Aún así el trabajo es muy sacrificado, para hacer prendas que finalmente compitan en el mismo mercado que las confeccionadas en talleres tradicionales, las jornadas son muy extensas y el sueldo, bajo”, dice la docente feminista. La modalidad de pago es a “destajo”, es decir que se cobra por prenda realizada. Esta se paga el 10% del precio de venta y el resto es ganancia para las marcas millonarias.
El rubro textil plantea un sistema productivo de explotación. Cuenta con una maquinaria similar a la desarrollada en 1800 que no se actualiza porque sigue siendo más rentable mantener las formas de producción y de contratación actuales que costear los gastos del desarrollo tecnológico. Las condiciones casi esclavas se mantienen con la dificultad de las personas del rubro para acceder a recursos: ni vivienda ni redes de contención y ayuda.
En el Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, la pandemia trajo reducción de jornadas laborales y de salario por la poca demanda de cortes y la presencia de niñes que bajaron el ritmo del trabajo al no haber clases presenciales. Trabajar en el hogar también fue un problema por no tener máquinas o por el poco espacio físico para ubicarlas. Contraer el virus de la COVID-19, en algunos casos, implicaba no poder trabajar y estar todo el día en la casa llevó a que incrementen exponencialmente situaciones de violencia de género.
El espacio de encuentro surgió en el Bachillerato Popular del barrio, cada viernes. A través de un relevamiento convocado por la Red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores en articulación con otras organizaciones para atender las problemática sociales que se agravaron en la pandemia, como las habitacionales, alimentarias y de escolaridad. Se abrió una convocatoria para hacer un relevamiento puerta a puerta y entregar a quien lo necesite bolsones de comida, ayuda y orientación en situaciones de violencia de género, tramitación para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia al que el 82% de las personas migrantes no accedió, según la ENMA.
En ese caminar del relevamiento, la Red tocó la puerta de Lucía, de 53 años. Ella había llegado de La Paz, Bolivia, en 1994, buscando un trabajo con el cual mantener a su hija a distancia. Con sus conocimientos de costura y confección, comenzó a trabajar en un taller textil coreano, que describe como explotador. Según cuenta, para entrar al taller, tenían que pasar una prueba de rapidez. “Prueban de a cinco trabajadoras y la más rápida se queda”, comenta.
“Sufrí y viví tantas cosas, trabajando con coreanos, con paisanos (personas bolivianas), en muchos lugares”, recuerda Lucía en conversación con Revista Colibrí. Hace tres años, le diagnosticaron “artritis reumatoide”, lo que le impidió seguir trabajando en el rubro textil. Según un médico que la atendió, la enfermedad puede estar relacionada con el trabajo de alto esfuerzo físico que realizó durante tantos años en los talleres.
En el espacio de los viernes, Lucía encuentra esperanza, contención y apoyo: “Nos fuimos uniendo una a una, para mí es un encuentro en el cual nos ayudamos mutuamente. Como que vas ahí y todo tu estrés y tu preocupación se borran. Es como si cargaras pilas. Realmente conocí gente muy buena, que se convirtieron en mis amigas”. En los encuentros de los viernes, sentadas en círculo en el Bachillerato popular, debaten sobre su trabajo en el rubro y muchos otros aspectos de la vida.
A pesar de que las emergencias vinculadas al aislamiento preventivo mermaron, la Red decidió mantener el espacio de diálogo de los viernes para las mujeres del barrio que, desde realidades sociales similares y voces diversas, conversan entre café y café sobre la desigualdad de género en los hogares y desnaturalizan la explotación laboral. Atravesadas por necesidades económicas y con un sentido común de saberes textiles, incluso, empezaron a pensar un proyecto productivo de confección de apósitos menstruales de tela.
“La tecnología avanza pero el tejido resiste”, afirma Tatiana, una joven trabajadora textil organizada en la Asamblea del Bajo Flores. Ella cose desde los 15 años, cuando empezó como ayudante de un taller. Luego pasó por otros trabajos y en la pandemia volvió al trabajo textil en febrero de 2021. Su familia también se dedica al trabajo textil y participa activamente en la asamblea. Lucha porque las condiciones del trabajo textil se sigan nombrando para no naturalizar la explotación. También para visibilizar que los allanamientos agresivos de la policía en los talleres clandestinos perjudican a las trabajadoras, porque secuestran sus herramientas de trabajo.
Tatiana piensa en la labor de coser como “resistencia cultural”, propone tomar conciencia de la fuerza de la tradición que está en sus cuerpos y hacerla herramienta para empoderarse y organizarse. Aunque actualmente, muchas se dedican a prendas de moda que las grandes marcas solicitan confeccionar, desde siempre en su cultura estuvo presente la costura y el tejido.
Madres, abuelas y ancestras trabajaron con máquinas y telares en la confección de aguayos, prendas de vestir típicas de las comunidades de sus pueblos. Por lo cual, en cada prenda trabajada, están sus manos y sus voces. Para ellas, realizar este trabajo es continuar una tradición de saberes acumulados y experiencias ancestrales. Hacerlo en colectivo es recuperar retazos para coser un nuevo mundo juntas, respetuoso con la diversidad que hay en cada una de sus historias y libre de violencias.
Adriana García es comunicadora, trujillana y una mujer apasionada por la producción audiovisual. Emocionada por el próximo cortometraje que grabará junto a su equipo de Plano Errante, concedió un tiempo para conversar con La Antígona. No te pierdas esta crónica relatada por Diandra García.
“Hola, cómo te va…”, inicia el mensaje. Escribe Adriana García Benites, a quien entrevisté hace una semana sobre su camino como mujer trujillana en la producción audiovisual. En aquella ocasión, sentí que algo se escapaba de la entrevista, como si rodeáramos el tema en lugar de tocarlo. En cambio, por chat, Adriana va directo al asunto.
“Estamos organizando una rifa para la grabación de nuestro próximo cortometraje”, explica. Son 12 premios. El mejor no está enumerado: quienes contribuyan formarán parte de los créditos. Entonces, lo supe. Eso faltó en nuestra conversación previa, el final tras el final: los créditos.
Adriana es comunicadora de profesión. Egresó el año pasado de la Universidad Privada Antenor Orrego en Trujillo. Para ella, la carrera es el corazón de su trabajo. “Todo lo que he hecho se centra en la comunicación”, afirma. Ese “todo” es realmente bastante: canto, teatro, organización de eventos, dirección y producción audiovisual.
De hecho, entre 2020 y 2021, Adriana formó parte de la productora femenina Agua Florida y el Festival Itinerante de Cine Latinoamericano Atemporal, proyecto ganador del Concurso Nacional de Proyectos de Gestión Cultural para el Audiovisual. Además, obtuvo una beca en el Programa de Formación para Cineastas Jóvenes del Festival Cortos de Vista. Estos logros acompañan el inicio de su trayectoria en la producción audiovisual, pero ¿qué la inició?
El camino de la producción audiovisual
En 2018, Adriana produjo el cortometraje La cuna de la justicia, premiado por el Festival de Cine Universitario Render. Fue un momento clave para Adriana. Allí se dio cuenta de que lo suyo era la producción audiovisual.
“La premiación fue en Lima. Asistí con otro miembro del equipo, éramos los provincianitos del lugar”, relata ella. Como entusiasta y realizadora, conoce de primera mano las dificultades de hacer cine fuera de la capital. “Son un montón. Desde mi cancha, lo más complicado ha sido encontrar espacios de exhibición y aprendizaje. No tenemos escuelas de cineaquí”.
Una complicación adicional es el género. “He reflexionado mucho en torno a esto, porque la inclusión no es solo crear espacios ‘de mujeres’. La idea es que nadie se sienta excluido”, sostiene Adriana. Su trabajo le ha permitido conectar con distintas personas, perspectivas y pasiones. “Ver cómo luchan por su sueño me ayuda a comprenderme a mí misma”, confiesa.
Adriana resume el impacto que desea para sus producciones en una palabra: emoción. “Cada película es un mundo. No espero que los espectadores cambien su vida porque ven una, pero sí que se emocionen. Que se enojen, rían, lloren… ¡Hay muchas emociones!”, sonríe. Junto a unos amigos, Adriana inició la productora Plano Errante, con la que realizará su próximo cortometraje. De seguro, tan emocionante como el primero.
Los créditos para una productora
Atemporal, iniciativa en la que Adriana participa, recibió hace poco un estímulo económico del Ministerio de Cultura. Adriana cree que esto confunde a la gente. “Piensan: ‘wow, con eso tienes 10 mil ediciones más de tu festival’. ¡Pero no es así! No alcanza para valorar la chamba de todos los involucrados”, lamenta.
Por eso, ella y su equipo emprendieron dos campañas: un crowdfunding en Atemporal y una rifa en Plano Errante. Cuando comenta lo segundo, a través de WhatsApp, soy consciente del valor de los créditos. El sector cultural es uno de los menos priorizados por el Gobierno, y más aún en zonas lejanas a Lima. Adriana, por ejemplo, no tuvo acceso a especializaciones o recursos.
Sin embargo, se lanzó de lleno a su vocación. Entendió que quería trabajar inmersa en arte y cultura. Detrás de las condecoraciones y éxitos recientes, está ese trabajo que abarca a “todos los involucrados”: desde el crew, hasta las entidades de financiamiento y las propias audiencias, presentes también en los créditos.
Ante el incremento de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres, la impunidad y de tantos otros delitos que diariamente dejan a miles de víctimas en todo México, manifestantes caracterizadas de Catrinas-el símbolo que honra a la muerte en México-aprovechan la popular festividad del Día de los Muertos para exigir justicia.
#LaMarchaDeLasCatrinas2021, convocada desde el 2016 y llevada a cabo durante los últimos cinco años por el colectivo feminista de “Las del Aquelarre”, se desarrolló el día lunes primero de noviembre en la Glorieta de las Mujeres que Luchan rumbo a La Antimonumenta para dar lectura a su pronunciamiento para exigir justicia en nombre de todas las mujeres, niñas y adolescentes asesinadas, además de colocar una ofrenda en su memoria.
Hacía un poco de frío por el reciente cambio de horario, se comenzaba a ver que el sol bajaba. La hora del encuentro era a las cinco de la tarde. Desde distintos puntos del Monumento a la Revolución y la avenida Paseo de la Reforma, empiezan a verse a lo lejos las convocadas. Es el Día de Muertos, tradicional festividad mexicana celebrada el 1 y 2 de noviembre, donde se honra a los que ya no nos acompañan. En esta marcha en específico, se hace memoria a aquellas que han sido asesinadas por feminicidios, acto de violencia extrema contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres.
«Estamos haciendo la convocatoria de la marcha de las catrinas porque quisimos levantar la voz en contra de los feminicidios de mujeres y de niñas. Participan a lo largo del 2016 al 2021 diferentes colectivos feministas, madres de víctimas, sobrevivientes de intento de feminicidio y defensoras de derechos humanos” -Ana Elena Contreras, fundadora de la colectiva “Las del Aquelarre”.
FOTO: Arleth García/ La Antígona
Se les diferenciaba porque llegaban caracterizadas de Catrinas, personaje creado por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada como una burla a las personas clasistas de México, haciendo referencia a que al final todas las personas éramos lo mismo por dentro: puros huesos, y que acopló el término de «La Catrina» en 1947 mediante la obra del muralista Diego Rivera Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Además, conforme llegaban, se les entregaba un carné para poder identificarlas.
Había mujeres de todas las edades. Algunas venían con la cara cubierta de pintura de colores diversos, había otras que maquillaron su rostro todo de negro en protesta por las mujeres que ya no están, un grupo cubría la mitad de su faz con la caracterización y la otra con un cubrebocas a juego. En el parque que daba frente a La Glorieta de las mujeres que luchan ubicada en la intersección del Paseo de la Reforma y la avenida Morelos en la Ciudad de México, habían compañeras del colectivo feminista “Las del Aquelarre” que estaban maquillando a cualquiera que lo solicitara.
Amontonadas en los pequeños pasillos de La Glorieta, se comenzaban a formar aquellas personas que iban a documentar la marcha, tomando fotografías de la ofrenda y de los nombres escritos alrededor de una valla de metal que el Gobierno de la Ciudad de México colocó el pasado septiembre, después de que diversos colectivos feministas instalarán una estatua en honor a “las mujeres que luchan”, donde se encontraba el monumento a Cristóbal Colón, y que fue retirado el año pasado.
Marisela, Fátima, Norma, Lidia, Karen, Marcela, Areli, Sandra, Ingrid… la lista de nombres continuaba y llenaba la valla. En medio, estaba la ofrenda adornada por la típica flor de la festividad, el cempasúchil, utilizada en los senderos que van desde el camino principal hasta el altar con la finalidad de guiar a las almas hacia allá. También se podían observar veladoras, pan de muerto y cruces de papel color rosa en representación de los feminicidios.
“Yo pude haber sido una foto de las que están aquí” -Becky, víctima de tentativa de feminicidio.
FOTO: Arleth García/ La Antígona
Alrededor de las cinco y media llegó la batucada feminista, que comenzó a practicar en una esquina de La Glorieta mientras las mujeres asistentes, feministas, convocantes, personas de prensa, familias de víctimas de desaparecidas, sobrevivientes de feminicidio, activistas, defensoras de derechos humanos, delegadas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, personal de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y PC se iban agrupando detrás de ellas para dar inicio a la Marcha de las Catrinas 2021.
Los tambores empezaron a sonar y en fila, a paso lento y con el puño adornado de un pañuelo verde o morado, comenzamos a caminar por avenida Reforma rumbo a ‘La Antimonumenta’, memorial levantado por feministas para pronunciarse en contra de los feminicidios, ubicada en Bellas Artes. De forma pacífica, aunque rodeadas por policías, se lanzó el primer “Porque vivas se las llevaron”, que gritó por un megáfono una integrante de la batucada; “Vivas las queremos”, coreamos las asistentes.
“Las participantes sienten rabia e indignación, pero también mantienen el espíritu de lucha para manifestarse en contra de la nula respuesta del gobierno al problema de feminicidios y desapariciones en México.”
-Marcela, integrante del colectivo La Antimonumenta
“De Juárez a Chiapas, ¿qué buscan las madres?…justicia, justicia, justicia”.Al borde del llanto, con rabia y abrazadas por compañeras que nos veían vulnerables, es como transitamos el camino. Algunas chicas levantaban carteles que decían “ni todo el cempasúchil del mundo alcanza para guiar a nuestras muertas”. Otras compañeras se tenían que cubrir el rostro con el antebrazo de aquellas personas que querían grabarlas para “exhibirlas”, según decían. A paso firme, con una veladora entre manos, prendiendo bombas de humo de color rosa y gritando “Ni una menos” es que se recorrieron las calles.
Al llegar a La Antimonumenta, todas las personas que asistieron rodearon la ofrenda en un espacio de calle fuera de un restaurante, que fue cerrado por lazos, con personal de seguridad a los lados evitando que cualquier transeúnte intentara ingresar. La prensa se colocó al frente para escuchar las intervenciones de familiares de desaparecidas y víctimas de feminicidio, así como el pronunciamiento del colectivo feminista “Las del Aquelarre”.
Entre el ruido de la gente que estaba celebrando el Día de los Muertos pidiendo su calaverita, caracterizada por seres mitológicos, algunas otras personas que asistían a las maxi ofrendas colocadas en el Zócalo capitalino por la calle Madero, a unos metros de la ofrenda, se hizo un llamado al gobierno y a la sociedad para frenar el alarmante incremento de violencia de género.
Entre gritos de “No están solas”, después de las intervenciones de las madres y padres que piden justicia por su hijas, abrazos y la prendida de velas de la ofrenda fue como finalizó la marcha, con el recordatorio de que los feminicidios, asesinatos por razón de género, aumentaron en México en el primer semestre de 2021, lapso en el que se registraron 508 casos, un 3,25% más que los 492 del mismo periodo del año anterior.
En México, solo el 26,4% de los asesinatos de mujeres son tipificados como feminicidio. La impunidad en esos casos alcanza el 89,6%; es decir, que solo uno de cada 10 casos queda resuelto.
"Estamos conmemorando en el Día de Muertos a mujeres que fueron asesinadas a mano de sus parejas. Yo, en lo particular, busco reivindicar este día de tanta tradición, pero dándole ese trasfondo para sensibilizar sobre la violencia hacia las mujeres. Cada día en México son asesinadas más de 11 mujeres”.
