El 11 de agosto de 1954, fue un día importante para todas las mujeres mexicanas. El país azteca, reafirmaba su compromiso con la Convención Interamericana. El propósito era que mujeres y hombres tuvieran los mismos derechos en sociedad. Esta ratificación ha permitido la creación de organizaciones feministas que velan y luchan por los derechos de las mujeres.
En el año 1948, la Organización de los Estados Americanos, en el marco de la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá (Colombia), suscribió a petición de la recién creada Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA), el primer instrumento internacional que reconoce igualdad de derechos civiles entre hombres y mujeres. Sin embargo, no fue hasta el 11 de agosto de 1954 que México ratificó su participación.
Se registraron, entonces, los nombres de los firmantes. Por El Salvador, Héctor David Castro, Héctor Escobar Serrano, Joaquín Guillén Rivas, Roberto E. Canessa; tras ellos firmaron los países de Honduras, Guatemala, Chile, Uruguay, Cuba, República Dominicana, Bolivia, Perú, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Haití, Venezuela, República Argentina, Colombia.
La Real Academia Española (RAE) señala que los Derechos Civiles son el conjunto de libertades básicas de las personas. Estos, protegen intereses individuales y conforman una posición constitucional del individuo frente al Estado. Asimismo, abarcan los derechos a la vida, a la integridad personal, a la igualdad ante la ley, o a la libertad y seguridad personales.
La situación de la mujer en una sociedad que tiene por misión proteger las libertades individuales y sus facultades civiles, políticos y sociales ha sido un proceso complicado y lento. La mayoría de derechos alcanzados a lo largo del siglo XX se han conseguido por la organización de grupos de mujeres. Los obstáculos no han sido pocos. La historia de las mujeres mexicanas marca un lamentable hecho: muchas hemos sido marginadas de la escena política.
Foto: Prensa
“Que habiéndose concedido los derechos políticos a la mujer, como consecuencia natural y lógica debe de concederle también los derechos civiles.”
Pasaron años y la Revolución Mexicana -consecuencia del descontento hacia la dictadura de Porfirio Díaz– se dio. Sin embargo, aún no éramos incluidas para participar en el Congreso Institucional de 1917. Este, era el órgano electo para redactar una nueva constitución para México de diciembre de 1916 a enero de 1917. Dicho proceso ocasionó que nos viéramos invalidadas del derecho al voto la primera mitad del siglo XX.
Debido a estos impedimentos, las mujeres se comenzaron a organizar y surgieron las primeras sufragistas de México. En su mayoría, eran mujeres de clase media. Ellas fueron las creadoras del Primer Congreso Feminista de Yucátan en 1916 y en 1935 el Frente único pro Derechos de la Mujer. Movimiento que exigía el derecho al voto.
Recién en 1947, 12 años después, obtuvimos el derecho al voto y al poder presentarnos como candidatas en las elecciones municipales. Asimismo, en 1953, se decide dar plenitud a los derechos políticos de las mujeres. Esto, gracias a que se estableció la calidad de ciudadanía a las y los mexicanos sin importar su sexo. Fue un hecho histórico pues significó tener el derecho a votar y ser votadas en el ámbito Estatal y Federal. Todo a través de una reforma al artículo 34 de la Carta Magna. Griselda Álvarez Ponce de León, maestra, escritora y política, se convertiría en la primera mujer votada como gobernadora en Colima.
Griselda Álvarez. Foto: Archivo
En 1954, México ratificó su participación en la concesión. No hubo acciones para equiparar el goce y ejercicio de los derechos civiles sino hasta 1970. En este año, una nueva ola del feminismo con la creación de Mujeres en Acción Solidaria se empezó a hacer notar. Cuatro años más tarde, el Movimiento de Liberación de la Mujer siguió sus pasos. Y al año próximo de ese, quedó asentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el reconocimiento a nuestra igualdad jurídica.
La historia de lucha no terminaría ahí. En 1976, seis colectivas se juntaron para formar la Coalición de Mujeres Feministas, grupo que se concentró en exigir el derecho al aborto legal y gratuito. Asimismo, luchó contra la violencia hacia la mujer. Un año después, se creo el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres. Y posteriormente, en 1982, la Red Nacional de Mujeres. Uno de los más importantes grupos fue la Coordinadora de Mujeres “Benita Galeana”, impulsada por 17 grupos de activistas.
ONU Mujeres asegura que México, ha logrado un avance significativo para alcanzar los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Resaltan su lucha en tres áreas fundamentales a nivel federal: el fortalecimiento del derecho interno para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres, una fuerte institucionalidad de género, y el incremento de los recursos públicos etiquetados a la igualdad de género.
Nuestra participación, se reconoció en las elecciones presidenciales del 2018. El Instituto Nacional Electoral (INE) registró que 62.3% del electorado acudió a emitir su voto. El estudio, confirma que las mujeres votaron más que los hombres. Las cifras indican que 66.2% de mujeres contra 58.1% de hombres. Una diferencia de ocho puntos porcentuales. La mayor participación de mujeres fue en las edades jóvenes y adultas hasta los 64 años.
Asimismo, un total de 12 entidades se situaron en alto grado de participación, con porcentajes entre 62.6% y 75.4%. Entre las que se ubican siete con elección de gubernatura (Chiapas, Jalisco, Morelos, Veracruz, Puebla, Nayarit, Tabasco) y Ciudad de México, donde se eligió la Jefatura de Gobierno.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó que en la Constitución Política, se reconoce, en primer lugar, que: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades”. Y sobre todo que ninguna mujer podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación.
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La ratificación fue firmada hace sesenta y siete años. Hoy, ante la consigna estipulada en la carta de “que la Mujer de América, mucho antes de reclamar sus derechos, ha sabido cumplir noblemente todas sus responsabilidades como compañera del hombre”,las mujeres mexicanas y de toda América Latina y el Caribe reclaman. Ellas son quienes han demostrado que la lucha por su reconocimiento, valía e independencia va más allá de las normas patriarcales. Ellas, valientes y firmes, han encontrado la forma de poder ejercer libremente sus facultades políticas. Y sobre todo, han logrado participar activamente en la toma de decisiones para ejercer su derecho humano fundamental: la igualdad de género.
La universidad es un espacio de aprendizaje. Es aquí, en estas casas de estudios que se forman quienes son el futuro de nuestra sociedad. Lxs estudiantes acceden a las aulas universitarias -actualmente virtuales-, buscando formación que respete su integridad física, psicológica y moral. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el ámbito educativo se torna intimidatorio, hostil o humillante para lxs universitarixs?
Desireé Huaranga, egresada de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, vivió una situación que es silenciada por muchas universidades hace un tiempo. Ella, ex miembro de Ni Una Menos – UNFV, vio afectado su rendimiento académico por el trato intimidante que recibió a fines del 2019 e inicios del 2020.
Un día, Desireé decidió comunicarse con un docente para despejar dudas sobre un trabajo mediante mensaje de texto y llamada. No obtuvo respuesta alguna. A la mañana siguiente recibió una llamada. “Era él, estaba gritando y dijo: Nunca más me vuelvas a llamar en tu vida. Me dijo que le había causado problemas con su pareja. Yo le pedí disculpas. Pero también le dije que nunca me había comunicado con nadie, que yo en ningún momento había hablado con una persona pues cuando llamé nadie respondió”. Aún así, el docente cortó la llamada. Desireé estaba asustada por tal comportamiento.
Ella decidió no ir a clases por unos días. “Yo no quise ir pues tenía miedo. Estaba asustada. Jamás, ningún profesor de la escuela me ha tratado de una manera tan fea”, afirma Desireé. Las situaciones incómodas continuaron cuando optó por asistir para exponer un trabajo grupal. El docente la calificó con veinte y propuso tomarse una fotografía con todos. “Yo, estaba incómoda con mi otra compañera, porque el salón ya estaba vacío. Todos se habían ido porque nosotros éramos los últimos en exponer. Cuando estábamos por tomarnos la foto, el sujeto nos dijo: Ya, pero que las chicas estén a mi lado pues. Yo dije que no y el sujeto se avergonzó”, recuerda Desireé.
Luego de este suceso, en febrero del 2020, ella decidió revisar sus chats no leídos en Facebook. Para su sorpresa, se topó con varios mensajes del docente mandando saludos por navidad y año nuevo. Asimismo, comentando reiteradas veces lo “bonita” que se veía en sus fotografías. Al encontrarse con este acto invasivo, se sintió acosada y tomó capturas de pantalla. Avisó a sus compañerxs del salón lo que ocurría y consultó si a alguna otra persona le estaba pasando lo mismo.
“Me habló una chica de base menor a la que le habían pasado la voz y me mostró chats. Eran del mismo usuario. El profesor les contestaba estados, las invitaba a salir, les decía que estaba triste porque no les hablaba y cosas así. Tras eso me habló una chica de mi base. Era el mismo modus operandi. Escribir mensajitos a través de redes sociales o pedirte que te quedes al final de la clase”, comenta ella.
Captura de pantalla autorizada por la denunciante
Cuando las estudiantes se dan cuenta de esto, y enterándose que dicho docente iba a volver a postular para ser contratado en el Ciclo Regular 2020 de la UNFV, elaboran un compilado de testimonios con chats como medios probatorios. Lo enviaron al correo institucional del Decanato y los miembros del Consejo de Facultad. Sin embargo, la Secretaría de la Facultad respondió argumentando que estos debían ser enviados por la vía formal. Es decir, por mesa de partes, para que sea tomado en cuenta. La alumna jamás recibió una respuesta y, afortunadamente, el docente no llegó a postularse.
“Existe un reglamento en papeles, pero no se aplica. Si se hubiera aplicado no me hubieran dicho que haga mi denuncia por mesa de partes. Me habrían dicho que revisara el protocolo”, señala la alumna.
Efectivamente, según la Ley N° 27942,Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, la queja o denuncia debe ser enviada por la presunta víctima o un tercero ante el Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual. Así mismo, el actual Reglamento De Prevención e Intervención En Casos De Hostigamiento Sexual de la UNFV dicta que “cualquier autoridad que reciba alguna queja o denuncia presentada por hostigamiento, deberá derivarla directamente a la Defensoría Universitaria, de forma inmediata”.
Captura de pantalla autorizada por la denunciante
La Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV), al igual que otras universidades públicas peruanas, presenta ciertas observaciones al tratar este tipo de casos. Adriana Buiza, miembro del Colectivo de Estudios Feministas y de Género de la UNFV considera que a esta casa de estudios le falta designar qué órgano es el que va a atender estos casos. Algo realmente necesario para asegurar la protección de sus alumnas.
“La Defensoría Universitaria no es la división académica más adecuada. Pensamos que se debería implementar una secretaría o comité en dónde los trabajadores reciban una formación y un monitoreo sobre sus capacidades para poder atender casos de hostigamiento sexual y acoso en espacios universitarios”, refiere. También añade que se debe sumar al protocolo la carta de derechos de la persona denunciante. Esto, ya que no asegura la privacidad ni la confidencialidad del denunciante. Asimismo, debería añadirse una hoja de ruta que dicte desde qué momento y de qué forma se le dará asistencia psicológica a la denunciante. Y también, la determinación de un sistema de sanciones diferenciado.
Según el Cuadro de Infracciones del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, el que una universidad no cuente con un reglamento interno -o contando con ellos- no lo activen para la prevención, atención y protección en casos de violencia, acoso u hostigamiento sexual en la comunidad universitaria, es una infracción muy grave relativa a la organización y funcionamiento de las universidades.
Otro tema preocupante es la prevención. Según el reglamento publicado en la página web de la universidad, la Defensoría Universitaria villarrealina debe establecer un programa de comunicación sobre el hostigamiento sexual. En este, se tendría que difundir por redes sociales, información relacionada y las posibles sanciones. Sin embargo, al buscar en la página de Facebook de la UNFV, la cantidad de publicaciones que tratan estos temas son mínimas. Y las pocas que existen no llegan a todxs los alumnxs. Valeria Vasquez, miembro activo de la Coordinadora Democrática UNFV, afirma que “la página oficial de la Villarreal tiene a varios villarrealinos excluidos del acceso a la información”. Y añade “No sé cuál es el criterio que toma para bloquear a esos alumnos. La información no se termina de distribuir para todos igual”.
Foto: Prensa
Desireé, por su parte, comenta al respecto: “Esto (Comités de Intervención ante el Hostigamiento Sexual) debería replicarse en todas las universidades. Sé que San Marcos a través de la Secretaría de Género de la Federación Universitaria (FUSM), está tratando de hacer algo similar”.
No obstante, si bien la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es un referente universitario de muchas otras casas de estudios por sus avances académicos y de responsabilidad social, estos, se han logrado gracias a la organización y presión estudiantil.
“Tratamos de educarnos a nosotros mismos y hacer presión” señala Lucía Castro, secretaria de género de la FUSM. “La creación de espacios, el que se organice y se pueda realmente sacar algo bueno, es también chamba del movimiento estudiantil de mujeres”. Y agrega “porque si no hay presión de los estudiantes no se va a lograr nada”.
La estudiante señaló que a causa de la insistencia de lxs estudiantes, la nueva gestión de la UNMSM, con la primera rectora de la decana a la cabeza, Jeri Ramón Ruffner, se ha comprometido a gestionar el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Esto, bajo el reglamento de la universidad y la Ley N° 27942. “La anterior gestión ni siquiera quiso informarse sobre lo que hacíamos nosotrxs como movimiento feminista dentro de San Marcos”, indicó.
Foto: Prensa
En junio del presente año, se logró la destitución de un docente de la Facultad de Medicina Veterinaria como medida sancionatoria frente a un caso de hostigamiento sexual en la UNMSM. Sin embargo, aquello, se logró por la presión de estudiantes organizadxs hacia la Defensoría Universitaria sanmarquina.
Amachay, un colectivo integrado por estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNMSM que brinda asesorías legales gratuitas a lxs estudiantes ante estos casos, fue el que llevó el seguimiento del caso. “Esta resolución que pasó en la Facultad de Veterinaria, se ha conseguido realmente gracias a Amachay. No es gracias a la participación de la universidad que vamos a cambiar. No. Fue la presión de este colectivo de estudiantes. No es un logro producto de la gestión de Cachay”, dijo Lucía.
La Decana de América sí cumple con brindar charlas informativas, talleres de prevención e incluso con la medida de protección de brindar asistencia psicológica a la denunciante. Sin embargo, el problema surge cuando se remite una denuncia, ya que el tiempo de espera de recepción e investigación del caso suele ser largo y termina haciendo que la persona denunciante se sienta olvidada. “Si seguimos haciendo este proceso tan largo y difícil para las víctimas, ellas no van a querer denunciar. En vez de ver el proceso como justicia, lo van a ver como un espacio de dolor y esa no es la idea”, manifiesta Lucía.
Foto: Amachay – Facebook
Liliana Gadea Linares fundadora de la colectiva jurídica Amachay, sostiene que el actual reglamento de San Marcos estipula que el proceso de denuncia debería durar como máximo 45 días calendario. Aún así, en el caso de Medicina Veterinaria ellas acompañaron el proceso por más de 3 meses. Estuvieron desde el ingreso de la denuncia -en marzo-; hasta la resolución del caso -a fines de junio-.
“Hemos visto que hay una gran deficiencia por parte de la atención de la universidad a este tipo de casos”, dijo Liliana. No obstante, reconoce que este es uno de los primeros casos que se ha resuelto en primera instancia. Asimismo, espera que se procesen con la misma, o mayor, celeridad las otras denuncias de violencia de género. Además, añadió que el Reglamento de la UNMSM, así como el de otras universidades, debe incorporar medidas específicas para las estudiantes menores de edad. Esto, ya que un sector de las ingresantes suelen tener 15 o 16 años. Recomendó que los órganos que investiguen y resuelvan estas denuncias “deben ser órganos técnicos, deben contar con conocimiento del enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad”.
Otra problemática fuerte son las relaciones de poder que se tornan visibles al realizar una denuncia de este tipo. Suele ocurrir que el presunto culpable, aprovechando la posición jerárquica que posee, trata de persuadir o convencer al denunciante de detener el proceso investigativo que quiere iniciar. “Pasa bastante eso. Te pueden denunciar. Hay distintas relaciones de poder que se pueden ver realmente y sí, incluso pasa que los docentes. Llegan a amenazarnos”, señala Lucía.
La Defensoría del Pueblo afirma este punto, comentando que “El poder del docente en la comunidad universitaria e incluso fuera de ella es visiblemente fuerte. Por ejemplo, el temor de algunas estudiantes a realizar denuncias por hostigamiento sexual está relacionado directamente con el prestigio de la autoridad o docente o las relaciones amicales que pudiera tener al interior de la universidad.” Además, la institución añadió que las víctimas suelen pensar en los obstáculos que pueden tener al momento de culminar sus estudios o incluso después, al desarrollarse profesionalmente, por revelar los hechos de violencia vividos.
Foto: UCH
Asimismo, también recomendó que las universidades públicas, junto con sus Comités de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, asuman un rol más activo y que puedan iniciar con procedimientos de oficio tras tomar conocimientos de los hechos. No condicionalmente cuando exista una queja o denuncia. Adicionalmente a ello, recomendó procurar que los medios de denuncia virtual deban garantizar la pronta atención de las víctimas.
Nunca olvidemos que todas las instituciones educativas, básicas, técnicas y superiores; tienen la obligación de garantizar espacios seguros para sus estudiantes, espacios libres de discriminación en el que puedan desarrollar al máximo sus capacidades y se respete el derecho a la educación. Además, es necesario entender que la violencia de género existe y amenaza la integridad de la persona. Solo así, la detección y trabajo de cambio de actitudes violentas con el otro será posible.
Sin embargo, no debemos dejar este proceso de introspección y cambio como tarea única del individuo. Tengamos presente que el rol que cumplen las instituciones que gestionan comunidades, en este caso las universidades, es crucial. Por ello, no debemos pasar por alto que la lucha contra la violencia de género también es objetivo de estas instituciones. Debemos exigir que su trabajo preventivo y sancionador se dé cabalmente. Todxs debemos ser miembros activos en la creación de espacios seguros para nuestrxs compañerxs.
Si deseas revisar la actualización de la Ley N° 27942, revisa este link
La Antígona intentó comunicarse con las autoridades relacionadas al caso de la compañera Desireé, sin embargo hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.
Foto: La Voz del Perú. Intervención por La Antígona.
Las mujeres indígenas han sido y siguen siendo símbolos de resistencia en un mundo que invisibiliza sus luchas y vulnera sus derechos. Niñas, jóvenes y mujeres adultas aún son discriminadas y sufren violencia machista. Aún cuando son ellas las que difunden saberes ancestrales y culturales a las nuevas generaciones. Afortunadamente, hoy existen más organizaciones y grupos colectivos que las empoderan y forman para ser lideresas de sus comunidades.
En el año 2006 y por segunda vez en la historia peruana, una mujer indígena llegaba a ocupar una curul en el Congreso de la República. Se trataba de Hilaria Supa. Cusqueña, ex Presidenta de la Federación de Mujeres Campesinas de Anta, activista por los derechos de los pueblos indígenas y ex candidata al Nobel de la Paz. Fue ella, también, una de las principales denunciantes de las esterilizaciones forzadas, crimen de lesa humanidad por el que se acusa al ex Presidente Alberto Fujimori y otros personajes.
Nació en Huallacocha en 1957 y vivió junto a sus abuelos. Ellos fueron quienes la inspiraron, años más tarde, a ser lideresa de muchas mujeres indígenas que sufrían abusos y violencia. En una entrevista para el diario La República en años pasados, ella recuerda parte de su vida. Tras la muerte de sus abuelos, se mudó a Lima para trabajar de empleada del hogar; sin embargo el frío de la ciudad y las malas experiencias que vivió la llevaron a regresar a su hogar en Anta, provincia de Cusco.
“Regresé al Cusco con 22 años, pero la realidad no era la que yo esperaba. Había alcoholismo y maltrato a las mujeres. Eso me dio fuerza para organizarlas. Hacíamos charlas sobre violencia, sobre educación. En aquel tiempo, todavía no había una ley para que las mujeres entren al colegio”, comentó en 2006, recordando cómo surgió su lucha.
Foto: Congreso de la República del Perú
Hilaria no lo sabía, pero se convertiría en referente para más de 3 millones de mujeres que se auto identifican como indígenas, según el último informe elaborado por la Defensoría del Pueblo en 2019. Actualmente, y a pesar de la celebración por los doscientos años de vida republicana del Perú, se siguen vulnerando sus derechos. Aún así, cada vez son más los casos de mujeres que con empoderamiento y resistencia logran resaltar.
Vulneración de sus derechos fundamentales
Existen muchas formas de vulneración hacia los pueblos indígenas. Una de ellas es la violencia económica y la desigualdad de oportunidades. Esa misma, que no les permite ser independientes y acceder a recursos naturales, económico-productivos, financieros y al mercado laboral. A pesar de que en toda la región existen distintas políticas públicas que aseguran el empoderamiento económico de la mujer, estas no han dado grandes resultados por el momento.
El informe ‘Mujeres indígenas de las Américas a 25 años de Beijing’, elaborado por el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), reconoce esta situación. Considera que, la pobreza en la que viven las mujeres está íntimamente relacionada con las oportunidades que tienen ellas de ejercer sus derechos colectivos sobre sus tierras y territorios.
Foto: Intercambio
“Mientras que en la región se observa una reducción del número de mujeres sin ingresos propios, los datos de las Encuestas de Hogares en cuatro países de la región (Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay, alrededor de 2017) muestran que sin importar su nivel de escolaridad, las mujeres indígenas continúan ocupando posiciones inferiores de la escala de ingresos de manera sistemática y estructural”, se lee en el informe.
Así mismo, la Defensoría del Pueblo, afirma que en Perú, solo el 27% de la población de mujeres indígenas tiene ingresos propios; y de quienes los tienen, el 59% realiza trabajos de baja remuneración.
El derecho a la salud también se ha visto notablemente vulnerado. Valeria Urbina Cordano, asegura que “al tener un menor acceso a servicios de salud y agua potable, ellas tienen mayor probabilidad de presentar afecciones preexistentes que las vuelve vulnerables ante la COVID-19”. Esto no es nuevo, ya que según el III Censo de Comunidades Nativas y el I Censo de Comunidades Campesinas del 2017, de 10 comunidades indígenas, menos de 4 cuentan con un establecimiento de salud dentro de su territorio.
Mujeres indígenas y la violencia en pandemia
La violencia de género ha estado constantemente presente como indicador de la desigualdad entre hombres y mujeres en nuestro país. Es más, según la Organización de las Naciones Unidas, “en el mundo, en promedio una de cada tres mujeres ha padecido violencia física o sexual en una relación íntima a lo largo de su vida y una de las principales estrategias de control de los perpetradores de violencia doméstica es la de aislar a la víctima”.
Son conocidos los graves efectos que la pandemia por el coronavirus ha generado en cuanto a la seguridad de las mujeres. Sin embargo, esto se torna crítico para las mujeres y niñas indígenas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres así lo asegura. Esto, pues sostiene que las mujeres que enfrentan muchas formas de discriminación presentan mayor riesgo de ser víctimas de violencia que la población en general. Tan sólo en el año 2019, se calculó que más de la mitad de la población femenina indígena (63.2%) había sufrido violencia familiar. Asimismo, casi 7 de cada 100 mujeres (6.8%) sufrió violencia sexual.
Foto: Santi Vedrí
El año 2018, según la ENDES, en Cusco, el 14,7% de las mujeres de lengua materna indígena -casadas, convivientes, viudas, separadas o divorciadas- sufrió violencia física. Asimismo, de ellas, el 5,3%, sufrió violencia sexual por parte de sus parejas. El escenario se agrava porque en muchas situaciones la violencia es normalizada por las víctimas. Esto, sumado al temor de represalias, impide que ellas denuncien a las autoridades y pidan justicia para su caso.
Estadística proporcionada por ENDES- 2018
Empoderamiento y resistencia
El machismo y los discursos que subestiman el papel de las mujeres indígenas también toman lugar en los pueblos indígenas amazónicos. Muchas de ellas, cansadas de esta situación y teniendo referentes importantes como Hilaria, se han auto organizado en grupos. Su misión es empoderar a todas aquellas mujeres indígenas que siguen sin conocer sus derechos.
Gimena Cariajano tiene 21 años de edad y es estudiante de guía de turismo. Actualmente vive en Iquitos, pero nació y vivió por mucho tiempo en Río Corriente, en el departamento de Loreto. Su pueblo originario es Achuar. Para llegar a estudiar a Iquitos, ella tuvo que viajar 2 días en lancha y 1 día en los “rápidos” -pequeñas embarcaciones fluviales. Dejó su comunidad hace tres años. Sola y con un deseo: estudiar. Al llegar a la ciudad pudo encontrar un grupo de jóvenes con los mismos sueños. Ellos se convertirían en su familia.
Se trata de la Organización de Estudiantes de losPueblos Indígenas de la Amazonia Peruana (OEPIAP). Un grupo de estudiantes universitarios provenientes de distintos pueblos indígenas, entre ellos Awajún, Kukama, Achuar, Wampis, entre otros. Actualmente, la OEPIAP alberga aproximadamente 120 jóvenes hombres y mujeres de diferentes pueblos, de distintas carreras y centros de estudios. “Ninguno de los que estamos en la Organización, somos de acá. Todos estamos lejos de nuestras familias. Todos nosotros pasamos adversidades para estar aquí, estudiando”, afirmó ella.
Foto: OEPIAP PUEBLO – FACEBOOK
La OEPIAP cuenta con una residencia para que todos los estudiantes puedan continuar estudiando a pesar de sus circunstancias. Esto se logró con apoyo del Gobierno Regional de Iquitos. Ellos conviven 24 horas 7 días a la semana y tienen normas para asegurar la tranquilidad del ambiente. Aún así, Gimena resalta que su mayor deber es estudiar.
Ese deseo de superación y la necesidad de conocimientos no sólo queda en el ámbito académico. Su objetivo va más allá, ya que se centra en ayudar a chicas y mujeres indígenas a empoderarse y hacer valer sus voces. Ella recuerda que cuando entró a convivir con sus compañeros sólo había 8 mujeres aproximadamente. Esto y las experiencias que ella vivió en su mismo pueblo, la hicieron interesarse en la lucha de las mujeres indígenas por defender sus derechos. “Desde hace años, varias organizaciones y grupos como Radio Ucamara y Chaikuni, vienen trabajando con nosotras las mujeres en la defensa de nuestros ideales. Esto, ya que nosotras llevamos el doble de rechazo y el doble de violencia por ser quienes somos”.
Gimena y las otras estudiantes -hoy en día, 20 mujeres- trabajan en talleres grupales en los que expresan los desafíos que afrontan como indígenas. “Ahí nos ayudan a identificar los distintos tipos de violencia. Hay muchas mujeres de estas zonas que no conocen sus derechos. Viven oprimidas. No pueden salir a estudiar porque sus padres no las dejan o porque les dicen que por ser mujer no va a poder”, comenta ella. Hoy, más unidas que nunca, este grupo de jóvenes mujeres indígenas, concentran sus fuerzas en demostrar su fuerza. “Queremos que -incluso- dentro de la OEPIAP, se tome en cuenta nuestras ideas y opiniones”.
Mujeres como Ruth Buendía, quien consiguió paralizar el proyecto hidroeléctrico de Patizipatango, que hubiera inundado las tierras en las que se asientan 10 comunidades indígenas; Máxima Acuña, quien enfrentó en el 2011 a la compañía minera Newmont Mining Corporation para defender a la laguna Azul y otras lideresas, hoy son inspiración para seguir fortaleciendo el derecho de las mujeres indígenas a participar en espacios de decisión externa e interna, es decir, en sus propios pueblos y grupos.
Por tal motivo, hoy, las chicas del OEPIAP, celebran la elección de la nueva presidenta de la organización, Leonarda Suárez. Con 18 años de creación, esta organización, tiene al fin, una presidenta mujer. Sin embargo, su camino no fue fácil. Gimena recuerda algunos comentarios que se dieron con respecto a su postulación. “Cuando se dio la convocatoria para la presidencia, hubo comentarios por parte de los varones. Ellos decían “¿Cómo una mujer va a liderar? ¿Cómo va a ser presidente?”. Esas opiniones no alejaron a Leonarda de su meta. Tras las elecciones, fue elegida para representar a más de un centenar de estudiantes de pueblos indígenas.
Foto: Chirapaq – Facebook
Su caso refleja las dificultades que tienen las mujeres indígenas para abrirse paso en la toma de decisiones que involucren a su comunidad. Sin embargo, ya hay algunos avances importantes que se han estado promoviendo desde el Gobierno y las organizaciones mencionadas anteriormente.
Tan sólo el año pasado, CESAL, el Ministerio de la Mujer y la Cooperación Española se aliaron para fortalecer el liderazgo de las mujeres indígenas en la Amazonía peruana. Juntos realizaron el evento “Gobernanza Ambiental con enfoque de género para fortalecer la participación de las mujeres indígenas”. En él, destacaron el papel de la mujer como defensora de la biodiversidad, transmisora de conocimientos ancestrales y agente de cambio y desarrollo para sus comunidades.
Foto: Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (COEECI)
Así mismo la incidencia de organizaciones como el ONAMIAP ha logrado modificar un paquete de normativas. Estos cambios fueron aprobados en el pleno del Congreso de la República. Una de ellas fue la Ley Nº 30982. La misma que modifica la Ley General de Comunidades Campesinas (Ley Nº 24656) para potenciar el rol de las mujeres en estas organizaciones. Se precisa que la directiva comunal esté constituida por un número no menor del 30% de mujeres. Se busca eliminar las situaciones que reflejen discriminación por género. Igualmente, pretende abrir las puertas para que mujeres ocupen un espacio importante.
Para Tarcila Rivera, coordinadora del Centro de Culturas Indígenas de Perú, la participación de mujeres indígenas es aún una agenda pendiente. “Podemos decir que antes teníamos la puerta cerrada, estábamos invisibles. Ahora no. Ahora nos tenemos que preparar para participar en diferentes escenarios regionales”, expresó en una entrevista para Efeminista.
Definitivamente, el trabajo desde el Gobierno Central sumado a la acción de una parte del sector civil como los grupos nacionales de representación que fomentan el desarrollo y empoderamiento de las mujeres indígenas, es esencial para seguir visibilizandolas. Asimismo para seguir impulsando mecanismo de diálogo con sus comunidades y eliminando la vulneración de sus derechos fundamentales.
Foto: Alejandro Aguilar. Intervención por La Antígona.
Se trata de un asunto de vida o muerte. Las denuncias por falta de medicamentos en el sistema sanitario se cuentan por centenares en el país y las farmacias privadas registran un faltante de 15% en sus inventarios. No solo afecta a las personas con padecimientos graves: es una problemática general.
Gustavo Salazar no puede olvidar el pánico que sintió el 30 de junio cuando un amigo lo llamó para decirle que se había quedado sin pastillas y en la farmacia del hospital donde lo atienden le dijeron que no las tenían. De inmediato, comenzó a contar las píldoras que le quedaban, y al percatarse de que solo eran tres, estalló en llanto.
“Si nosotros dejamos de tomar el medicamento podemos quemar un esquema, eso significa que el medicamento ya no funciona. Nuestra carga viral llega a niveles tan bajos que podríamos caer en etapa de sida y las enfermedades oportunistas nos matan”, dice con la voz quebrada, mientras explica que él y su amigo hace tiempo que fueron diagnosticados con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Las denuncias por la escasez de medicamentos en México, y sus consecuencias para el sistema público de salud y los pacientes, se han vuelto recurrentes. En muchos casos el desabastecimiento obliga a las personas que sufren enfermedades crónicas a recurrir a las redes de apoyo, organizaciones sociales y farmacias privadas.
Salazar, de 34 años, acudió a las redes sociales para contar la situación que padece cada vez que no consigue sus medicinas. “Cuando la gente te regala una de sus pastillas sabes que te dan un día más de protección, un día más de mejor vida, pero uno paga sus cuotas en el ISSTE (el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) y a veces no consigues nada”, comenta con desesperación en una entrevista con Noticias Telemundo.
Desde su creación en el año 2019, el colectivo Cero desabasto, una organización que monitorea la escasez de medicinas en el país, ha registrado 4,504 reportes en su plataforma; solo en el primer cuatrimestre de 2021 recibieron 773 informes de pacientes y profesionales sanitarios que detallan la falta de acceso a medicamentos.
“La gente no comprende que el medicamento es una cuestión de vida o muerte para nosotros. Muchos piensan que se pueden comprar fácilmente en las farmacias pero no se consigue, no les miento. Y cuando lo consigo cuesta 12,000 pesos mexicanos (unos 600 dólares). La mayoría de los chicos y chicas que viven con VIH no pueden pagar esas cantidades”, asevera Salazar, de 34 años, con frustración.
Que quede bien claro: habrá desabasto en tanto el medicamento no esté en las manos de quienes lo necesitan para vivir.
Según el más reciente informe de Cero desabasto, la situación de los medicamentos no solo afecta a las personas con padecimientos graves sino que se ha convertido en una problemática general, al punto de que la escasez de los fármacos para controlar la diabetes ocupa la primera posición de sus reportes con un 19% de los casos denunciados en los primeros meses del año.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó un órgano regulador de precios de medicamentos e insumos para la salud y trasladó todas las funciones a la Secretaría de Hacienda, pero ellos no tienen el conocimiento para hacer estos procesos, por eso ahora todo se tarda mucho más”, explica Nicole Finkelstein Mizrahi, directora de AIDS Healthcare Foundation en México, una organización sin fines de lucro que apoya a las personas con VIH.
Desde hace varios años, la escasez y el desabasto de medicamentos se han convertido en un problema cíclico para los mexicanos y es una situación que impacta la vida de los grupos sociales más desfavorecidos. Pero se ha agudizado desde mediados de 2019, cuando se hicieron cambios en las compras gubernamentales de medicamentos como el metotrexato, tras sospechas de contaminación en algunas dosis, y ante las quejas del presidente López Obrador de que pocas empresas concentraban la venta y producción para presuntamente cobrar de más o cometer supuestos actos de corrupción.
“De ninguna manera estamos en contra de que se mejoren los procesos. El problema es cuando eso se hace a expensas de las y los pacientes porque estos cambios tienen consecuencias, que no sé si no se midieron o si no importó (…) pero ya tenemos casi tres años con un franco desabasto y con la desesperación y las vidas que eso cuesta”, asevera Andrés Castañeda, médico y miembro de Cero desabasto.
Foto: Cobertura 360
Expertos, activistas y pacientes de diversos centros médicos contactados por Noticias Telemundo coinciden en que los cambios en las compras fueron implementados rápidamente. No tomando en cuenta las complejidades del proceso de compra de medicamentos lo que ha ocasionado grandes retardos. También han denunciado las fallas del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Esto, ya que su creación se produjo en este Gobierno y no ha logrado resolver el abastecimiento de los tratamientos de pacientes de alta especialidad, como las personas con cáncer o con VIH.
A Finkelstein, por ejemplo, nadie le tiene que explicar las características de la escasez de fármacos en el país. Como médica y activista suele escuchar los testimonios de decenas de personas que, en el colmo de la desesperación, recorren sin cesar las farmacias y los centros médicos de diversos estados en busca de los remedios para sus males. Además, es una angustia que vive en carne propia.
“Tengo un padecimiento crónico que es espondilitis anquilosante y neuromielitis óptica, una enfermedad autoinmune reumatológica. Mi tratamiento es con metotrexato y no hay en ningún lado. Ni en instituciones públicas ni en privadas. Esto ya que hubo una desregulación en su producción e importación”, explica Finkelstein. Fue ella quién buscó su fármaco por todo el territorio, desde Tijuana hasta Quintana Roo sin lograr conseguirlo.
A veces, el conocimiento puede ser una carga. Al ser una profesional de la salud, Finkelstein sabe exactamente lo que le puede pasar si abandona su tratamiento, y eso incrementa su angustia. Así que decidió cambiar la presentación del medicamento y pasar de pastillas a usar la modalidad subcutánea.
“Ahora me tengo que inyectar, pero eso es lo único que queda y tiene caducidad para dos meses. Además, el metotrexato se usa en el tratamiento con cáncer, y no se consigue. No me quiero imaginar lo que sienten los padres de los niños con cáncer”, dice en tono tajante.
Bloqueos a niños con cáncer
Ante los reclamos sobre esta problemática, los voceros del Gobierno mexicano suelen negar el desabasto o anunciar compras y garantizar el suministro de fármacos que, sin embargo, tardan mucho en llegar hasta los pacientes. Los padres de los niños con cáncer, por ejemplo, han hecho múltiples manifestaciones llegando a bloquear cuatro veces el acceso al aeropuerto internacional de Ciudad de México en los últimos dos años.
A fines del mes pasado, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, llegó a decir en una entrevista que esas manifestaciones se conectaban con “narrativas de golpe” como parte de una estrategia política. “Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país de los grupos de derecha internacionales”, declaró el funcionario.
Según los padres de los niños con cáncer, la escasez de medicamentos comenzó a presentarse en septiembre de 2018. Sin embargo, se convirtió en un fenómeno crónico —como la enfermedad de sus hijos— con este Gobierno. La ausencia de los fármacos es una pesadilla signada por nombres como metotrexato, filgrastim y vincristina. Cuando consiguen alguna de esas medicinas, entonces meses después faltan otras como ciclofosfamida, daunorrubicina o temozolomide.
Foto: EL UNIVERSAL Niños con cáncer en riesgo ante escasez de medicamentos en México
“Me tocó batallar con medicinas como metotrexato, vincristina y con L-asparaginasa. A mí eso me agotó porque el desabasto siempre estuvo”, explicaba Yamileth del Río, madre de Alexis, un niño con cáncer que falleció luego de sufrir complicaciones debido a la escasez de fármacos.
Luego de la polémica por las declaraciones de López-Gatell, el presidente López Obrador volvió a asegurar que su gobierno trabaja para comprar los medicamentos en el extranjero y acabar con el monopolio que existía en el país. “Mi respeto a las madres y los padres de los niños con cáncer, decirles que estamos haciendo todo para que no les falten los medicamentos, enfrentando todos los obstáculos, y vamos a cumplir”, declaró en su habitual conferencia matutina el 29 de junio.
Poco después, las autoridades del país anunciaron que se habían distribuido unas 30,000 unidades de fármacos oncológicos asegurando que el abastecimiento está garantizado. Sin embargo, muchos padres como Luis Fernando Reyes Guzmán no creen en las continuas promesas de la actual administración.
“La realidad es que las autoridades no buscan soluciones a largo plazo. Piensan que basta con comprar el medicamento para el hospital que lo requiere en ese momento, pero eso solo dura 15 días. Así no se cura el cáncer porque después vuelve a fallar y los niños sufren secuelas graves o se mueren”, dice Reyes Guzmán, en tono desesperado.
Su hijo, Fernando Gael, es un niño alegre de cinco años al que le gusta cantar. En su casa, sus cánticos suelen escucharse por todas partes mientras juega con torpeza. Según su padre, Fernando Gael sufrió un desabasto muy fuerte de un medicamento importante para su tratamiento contra el cáncer durante 2019. Como consecuencia de eso, el año pasado tuvieron que extirparle el ojo izquierdo, dejándolo en las sombras porque en el derecho tiene un desprendimiento de retina que destruyó su visión.
“Es difícil de explicar, pero a veces el cáncer no espera ni un día. En esa ocasión tuvimos que interrumpir las quimioterapias porque el hospital no tenía el medicamento, y en las farmacias costaba 16,000 pesos (unos 800 dólares) pero había que ponerle diez dosis. Para nosotros era imposible conseguir ese dinero, y Fer nunca se recuperó”, explica Reyes con la voz quebrada.
Los familiares de los menores de edad que reciben tratamiento por el cáncer se han agrupado en el Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, una organización que asegura que actualmente 20 hospitales a nivel federal y 15 centros de salud estatales registran entre un 70 y un 90% de desabasto de medicamentos de quimioterapia.
Foto: Expansión política El abasto de medicinas para los niños con cáncer, el desafío del Insabi
Reyes forma parte del movimiento y asegura que han recibido denuncias sobre la escasez de “39 claves de medicamentos”. “Tenemos informes de 1,600 niños que han muerto por el desabasto y esto ha perjudicado a los 19,000 pacientes infantiles de los hospitales públicos del país”, explica Reyes.
En un informe reciente, Cero Desabasto detectó que al menos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de 2019 a 2020, cayó el porcentaje de recetas surtidas del 98 al 92%, lo que significa que 16 millones de recetas “no pudieron ser suministradas completamente para brindar el tratamiento adecuado”.
Sin embargo, la escasez de fármacos no se limita a los entes públicos. El sector privado, que agrupa una red de más de 40,000 farmacias, también comienza a verse afectado por la ausencia de las medicinas que necesita la población.
“Hemos detectado que existe un faltante de 15%, podríamos decir que se ha triplicado en las últimas semanas. Dos de cada diez pacientes son referidos a sus médicos para que se prescriba otro medicamento”, comenta Marcos Pascual, director comercial de Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex).
Pascual dice que eso incrementa considerablemente el “gasto de bolsillo” de los pacientes y sus familiares en más del 70%, además recientemente una cadena de farmacias publicó en varios periódicos un espacio en el que alertaba a los consumidores de la ausencia de 54 medicamentos entre los que se encontraban fármacos de consumo masivo como Afrin (un descongestivo nasal), Caltrate (calcio y vitamina D) y Riopan (un antiácido).
El directivo afirma que las dificultades logísticas forman parte de los elementos que retrasan el abastecimiento porque, en el pasado, el transporte y la distribución estaban a cargo de empresas privadas que cuentan con más de 250,000 metros cuadrados de instalaciones de almacenamiento y 1,000 unidades de transporte para el manejo de la red fría, una condición necesaria para muchas sustancias.
“Nuestra industria desplazaba anualmente cerca de 2,400 millones de piezas, es decir, tenemos la capacidad para garantizar el suministro. Los estados no la tienen, además, la pandemia ha ocasionado un desabasto de materia prima a nivel mundial, y México importa más del 80% de esos materiales”, concluye Pascual.
«La inversión no fue suficiente»
Aparte del retardo generado por los cambios burocráticos, el caso mexicano forma parte de una preocupante tendencia en la región: la pandemia ha desnudado la escasa inversión que los gobiernos latinoamericanos han hecho en sus sistemas de salud. México atraviesa su tercera ola de COVID-19 con más de 2.5 millones de contagios y 234,675 personas fallecidas, aunque ese número podría superar los 350,000 decesos si se suman los datos oficiales de exceso de mortalidad asociados a la pandemia.
Foto: France 24,
“La inversión en salud pública no fue suficiente. En nuestros países existen sistemas sanitarios muy fragmentados donde el acceso a la atención médica depende del lugar donde trabajas. Todo eso tiene que cambiar”, comentó Gerry Eijkemans. Ella es jefa de la Unidad de Promoción de Salud y Determinantes Sociales de la Organización Panamericana de la Salud. Brindo su punto de vista en entrevista con Noticias Telemundo.
“Los gobiernos no se dieron abasto con el COVID. Tampoco pudieron atender a todas las enfermedades crónicas, y esa será la próxima ola”, advierte Eijkemans.
Para expertas como Finkelstein, los anuncios gubernamentales de la compra de medicamentos no reflejan un cambio duradero en la condición de los pacientes.
“El desabasto existe hasta que el medicamento no esté en las manos de quienes lo necesitan para vivir. De nada vale que las autoridades digan que adquirieron millones de unidades o que las tienen en almacenes. Hay una mala gestión y eso es genocidio y corrupción. El desabasto no es un rumor”, explica la médica.
Diversas instancias sanitarias del Gobierno mexicano, como el Insabi, la Cofepris y la Secretaría de Salud, fueron contactadas durante la investigación de este reportaje. No respondieron a las solicitudes de entrevistas.
No puedo explicar la angustia que sentí y miedo de no obtener mi medicamento por un desabasto en el ISSSTE que pone en riesgo mi salud; los sectores de salud deben verificar que obstaculiza el otorgamiento para que ni un día de atraso tengamos que esperar por medicamento pic.twitter.com/k31pDRhvqK
En el caso de los padecimientos crónicos, las consecuencias del desabasto suelen ser graves. Diversas organizaciones que apoyan a las personas con VIH en México han alertado sobre las complicaciones que acarrea interrumpir la terapia antirretroviral.
“Si dejas de tomar el medicamento, lo primero que pierdes es la indetectabilidad. Es decir, puedes volver a transmitir el virus. Lo otro es que tu salud se empieza a deteriorar”, explica Alaín Pinzón, activista y defensor de derechos humanos que lidera VIHve Libre. Esta, es una organización que apoya a las personas con VIH.
Desde hace una década, Pinzón vive con el virus. Sufrió en su propio organismo los límites de la muerte cuando cayó en etapa de sida hace varios años. Entre otras cosas, VIHve Libre se enfoca en recoger y distribuir medicamentos de manera gratuita. Es por ello, que Pinzón suele enterarse rápidamente de los focos de escasez en Ciudad de México y el resto del país.
“Debo ser enfático, con esta administración hemos visto un crecimiento muy grande de este problema. Del 1 de diciembre de 2019 hasta este mes contabilizamos aproximadamente 94 casos de personas en fase de sida. Desgraciadamente más de la mitad han fallecido”, explica.
En Hermosillo, Sonora, Marta tiene casi dos décadas luchando con las complicaciones del VIH que su esposo, el padre de sus dos hijos, le contagió. Explica que la enfermedad es mágica porque le permite descubrir los verdaderos rostros de la gente.
“Al principio nunca hablo de mi padecimiento, pero cuando lo cuento veo cómo cambian. Así he perdido trabajos, amistades y parte de mi vida. No sé cómo es en otros países, pero en México se lucha mucho para conseguir los medicamentos. Aunque eso no es nuevo, ahora se ha puesto peor”, explica Marta, de 55 años, quien pidió mantener su anonimato por temor a las represalias.
Aunque se define como una sobreviviente porque ha superado el cáncer y al COVID-19, dos veces, no duda en responsabilizar al gobierno mexicano de su mala calidad de vida.
“El año pasado duré tres meses sin medicinas, por eso me dio COVID y me repitió. Han sido años de pleitos, y demandas con todo mundo porque no entienden que necesitamos el medicamento a diario. La gente te dice ‘para qué peleas tanto si de todas maneras te vas a morir’. Pero yo también tengo ilusiones y ganas de vivir”, dice con desaliento.
Cuando a Marta le piden que explique lo que significa no contar con sus fármacos, sonríe con tristeza. Luego asevera: “El desabasto es letal para nosotros porque te quita días de vida, uno vive contando pastillas”.
Si usted tiene información sobre casos de desabastecimiento en México o Centroamérica puede escribir a albinson.linares@nbcuni.com.
Intervención por La Antígona, arte y diseño por Adriana Velásquez.
Científicas, doctoras, biólogas y astrónomas. Todas ellas son pioneras y mujeres peruanas que marcaron la historia de nuestro país con sus grandes aportes no solo a la ciencia sino también a la lucha contra de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En nuestro país, la participación de niñas y mujeres dentro de campos científicos, continua siendo limitada. Así lo afirma la UNESCO, pues calcula que sólo un aproximado de 30% de todas las estudiantes eligen cursar estudios superiores en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Sin duda, a lo largo de nuestra historia han existido grandes mujeres que superaron retos y aportaron con sus conocimientos, talentos y habilidades en diferentes campos de estudios: literatura, artes y ciencias. Sin embargo, muchas de sus aportes han sido infravalorados. El difícil acceso a una educación en igualdad de condiciones y los sesgos de género han limitado las oportunidades de miles de mentes femeninas brillantes en las carreras de Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas. Al cumplir 200 años de vida republicana, es importante recordar algunas de nuestras referentes y grandes mujeres que ocuparon un papel histórico en la ciencia y que son inspiración para las niñas que serán las científicas del mañana.
Laura Esther Rodríguez Dulanto
Ilustración: Adriana Velásquez
Laura Esther Rodríguez nació en Supe (Lima) en el año 1872, cuando el Perú iba por los 50 años de su independencia. Estudió la primaria en el colegio Badani, y fue una alumna precoz de su generación. En ese entonces las niñas y mujeres eran educadas para leer, escribir y ser una buena esposa: no habían colegios secundarios para ellas. A pesar de eso, Laura quería saber más, tanto como sus hermanos. Ella se había propuesto ser Doctora en Ciencias y Medicina, así que prestaba los cuadernos de Abraham, su hermano mayor, para poder seguir aprendiendo. Es así que logró ser evaluada por un examen final de la Dirección de Instrucción, examen que aprobó con sobresaliente.
Laura Rodríguez ingresó en mayo de 1892 a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a los 19 años. Tuvo una nota sobresaliente, y comenzó sus estudios a los 21 años de edad. Cabe señalar que por las restricciones de la época, a veces debía llevar clases de anatomía tras un biombo y se apoyaba de su hermano, que también estudiaba medicina, para conocer los pormenores.
Debido a su excelente rendimiento, el Congreso de la República aceptó una ponencia y le otorgó un subsidio para sus estudios. Por su parte la Facultad de Medicina le dio autorización de realizar disecciones en una sala separada, en compañía de su hermano. Obtuvo un Bachiller en Ciencias y su tesis fue sobre “Estudios Geológicos en la provincia de Chancay”, publicada en los Anales Universitarios. Posteriormente, obtuvo el Bachiller en Medicina, con la tesis “Empleo del Ictiol en las Inflamaciones Pelvianas”. En 1900 logró su título de Médica Cirujana. Publicó investigaciones sobre problemas ginecológicos, como el fibroma uterino y quistes ováricos.
Foto: Heroínas.net
No sólo excelente académica, si no una mujer solidaria. Fundó la Primera Escuela de Enfermería del País, haciendo énfasis en la higiene, además de la anatomía y fisiología. Donó un equipo de cirugía al Hospital Militar. Además organizó la “Unión Patriótica de Señoras” durante el conflicto con Ecuador e investigó sobre la tuberculosis para su ponencia sobre salud pública “La necesidad de la declaración obligatoria de la tuberculosis pulmonar y del establecimiento de sanatorios por el Estado”.
A pesar de que murió muy joven debido a una larga enfermedad, se la recordará para siempre por abrir el camino a la medicina a las mujeres peruanas. Asimismo, por sus aportes a la salud pública, la investigación y la docencia. Actualmente su memoria se guarda en el Hospital MINSA de Supe y en la UNMSM.
María Luisa Aguilar Hurtado
Rompió barreras y persiguió sus sueños en una época en la que el machismo y el desconocimiento sobre la astronomía se vivía en el Perú. Su valentía y perseverancia la llevó a ser una de las pioneras mujeres científicas en nuestro país. María Luisa Aguilar Hurtado, abrió el camino a muchos otros estudiantes y demostró que las estrellas pueden alcanzarse con esfuerzo y dedicación.
Ilustración: Adriana Velásquez
La década de los años 60 fue convulsionada a nivel nacional. Marcaban el término de muchas reformas aplicadas por el gobierno del General Velazco Alvarado. Augusto Lostaunau describe a los universitarios de esos años como “jóvenes esperanzados en hacer posible el sueño del título profesional; pero, también estaban aquellos que deseaban construir una sociedad verdaderamente justa”.
María Luisa, fue una de esas tantas jóvenes, en un momento de la historia en el que las mujeres recién comenzaban a ocupar un espacio en las universidades. Ella, impulsada por sus ganas de abrirse paso en el mundo académico, ingresó por primera vez al Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1958. Tras ese paso importante en su vida universitaria, decidió seguir sus estudios fuera del país. Su meta era seguir la carrera de Astronomía, un campo que era poco conocido en el Perú. Viajó a Argentina e ingresó al Observatorio de Astronomía y Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata. Se especializó en espectroscopia estelar, atmósferas estelares y estrellas variables.
“Quería estudiar astronomía porque deseaba estudiar y trabajar en algo que me diera libertad. Así, la astronomía fue mi vínculo con la sociedad de mi época”, comentó en una entrevista. Años antes, nunca se hubiera imaginado estudiar fuera de su tan amado país. A pesar de que ya había tenido una experiencia similar cuando dejó Jauja, su ciudad natal, para estudiar sus años primarios y secundarios en la Gran Unidad Escolar Elvira García y García.
DEJANDO UN LEGADO: SPACE
Su retorno al Perú sucedió en 1969. Once años después de dejar Perú. Llegó dispuesta a cambiarlo todo a pesar de que el camino no se veía fácil. Se incorporó como docente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos un año después. Ella, al respecto, diría en una de sus últimas entrevistas: “Encontré muchos resabios coloniales que ya había olvidado estando en Argentina. Había una gerontocracia muy dura y un machismo muy oscuro en las instituciones”. Sin perder la esperanza, la imparable María, comenzó a dictar clases con el objetivo de desarrollar las ciencias espaciales a nivel profesional en el Perú.
El primer paso que dio para lograr su meta, fue instaurar los “viernes astronómicos”. Tiempo después, estas series de charlas se transformaron en el Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales (Space), la primera organización de astrónomos peruanos.
Foto: Space en Twitter
Este grupo, actualmente, sigue siendo semillero de talentos y profesionales de la astronomía y la ciencia. Sus integrantes son astrónomos profesionales, especialistas en temas afines y estudiantes de pre y postgrado en vías de la especialización.
En una entrevista para el diario El Comercio, el astrónomo Rafael Carlos Reyes, alumno de María Luisa Aguilar, comentó: “Estábamos caminando por la facultad y vimos a una profesora pegando un anuncio de una conferencia de astronomía. Fui con un compañero y, al escucharla hablar, me quedé impactado por su facilidad de palabra, por su conocimiento; sabía llegar con su propuesta astronómica a los alumnos”.
Tras la creación de SPACE, María Luisa dio otros pasos importantes para su carrera. Se convirtió en la primera profesional del Perú en ingresar a la Unión Astronómica Internacional (UAI) en el año 1974. Dos años después, la Unesco le concedió el Premio Año Internacional de Copérnico por sus grandes avances y compromisos con la divulgación científica.
Estos compromisos con la profesionalización de la astronomía en el país, la llevaron a ir mucho más allá. Compitió contra las más grandes universidades de otros 24 países, logrando que la UNMSM ganara el Programa de Profesores Visitantes de la UAI. Con ello, consiguió organizar la llegada de reconocidos docentes de astronomía de Europa y de América Latina para impartir sus conocimientos en la decana de América. Ese gesto fue de gran importancia para sus estudiantes, pues muchos lograron salir al extranjero para estudiar especializaciones y posgrados. Así fue como se formó la primera generación de astrónomos profesionales en el Perú.
Foto: Redacción La Mula
Richard Toribio Saavedra, doctor en nanofísica y docente de la Universidad Nacional del Callao, manifestó en una entrevista al diario El Comercio que, se sentía orgulloso de ser uno de tantos jóvenes que fue impulsado a seguir sus estudios fuera por María Aguilar.
Sus sueños no se detenían ahí, pues aún tenía proyectos importantes para el desarrollo de la astronomía. Uno de ellos fue la creación de la primera Escuela de Astronomía en San Marcos. En 2009 se anunció la creación de esta por las autoridades de San Marcos, pero aún no se ha podido concretar. Aún así, en enero de este año, SPACE, a través de su proyecto “Pregúntale A Un Astrónomo”, abrió una convocatoria a nivel nacional para chicos y chicas desde tercero a quinto de secundaria de colegios estatales para ofrecerles clases virtuales gratuitas de astronomía.
A sus 77 años de edad, y con unos 45 años de labor docente, María Luisa Aguilar Hurtado falleció el 29 de octubre de 2015. Esta gran mujer peruana dejó como legado un numeroso grupo de estudiantes que siguen integrando SPACE y acudiendo a los viernes astronómicos. Estos se han convertido en un espacio en los que puedes encontrar una de aventura cósmica de fin de semana. Cumpliendo con el deseo de su creadora: “acercar la ciencia a quienes más lo necesitan”.
María Antonieta Quispe
Estudiar los seres vivos y comprender su relación con el medio ambiente y las personas, es a lo que se dedicó María Antonieta Quispe Ricalde. Esta científica peruana parte de la biología para estudiar a las bacterias halófilas que harán frente la contaminación generada por la minería, y en paralelo trabaja en biología molecular para encontrar una vacuna para la uta (también conocida como leishmaniasis).
Ilustración: Adriana Velásquez
Esta bióloga cusqueña estudió en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), hizo una maestría en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y luego, en medio de los duros años noventas, cruzó el océano para estudiar un doctorado en Parasitología Molecular por la Universidad de La Laguna España donde alcanzó la máxima calificación: sobresaliente “Cum Laude”.
Posteriormente, la Dra. Quispe decidió regresar a su país y específicamente a su segundo hogar, los laboratorios de Bioquímica de la UNSAAC, universidad donde es catedrática en la Facultad de Ciencias, escuela de Biología, y lugar donde lleva los últimos cuatro años profundizando en sus investigaciones, en colaboración de otros científicos y sus estudiantes.
Ella es, además, una de las once finalistas del Premio Nacional “Por las mujeres en la ciencia”, promovido por el Concytec, la Unesco y la firma L’Oréal.
En declaraciones para Andina, la Dra. María Antonieta Quispe resalta que las mujeres tienen mucho potencial en diferentes niveles de la vida y hay que usarlo para conseguir lo que una se propone, ya que tenemos las mismas capacidades. Y esto se ve reflejado en las investigaciones que se llevan a cabo en el laboratorio donde ella trabaja. El mismo en el que sigue fomentando el desarrollo de las capacidades de estudiantes mujeres.
Foto: Emeterio Suárez (CC BY 3.0)
Es así, que ahora ella se dedica a encontrar una vacuna contra la uta, una enfermedad endémica de la sierra y selva central del Perú. La uta o leishmaniasis, está causada por un parásito y es portada por el mosquito jején. Al llegar al ser humano genera úlceras en la piel de brazos, cara y piernas, dejando cicatrices permanentes. Otra de sus variantes ataca las vísceras y sin tratamiento, puede ser mortal. La uta no tiene cura, sólo puede ser controlada con fármacos muchas veces tóxicos. Para lograr encontrar una vacuna la investigadora trabaja con un grupo itinerante de científicos de la Universidad de la Laguna, donde estudió el Doctorado, en el Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias.
En paralelo y desde el 2014, la Dra. María Antonieta Quispe comenzó a trabajar con microorganismos en ambientes extremos, centrándose en microorganismos halófilos de gran potencial biotecnológico con los que hacer frente a la contaminación minera. Su objetivo es encontrar arqueobacterias capaces de degradar el metal y con ellas erradicar la contaminación de suelos y aguas. También investigan el metabolismo del arsénico, para encontrar bacterias que degradan hidrocarburos y con ellas limpiar el medio ambiente en casos de, por ejemplo, presencia de arsénico. El potencial de biorremediación de las bacterias con las que la Dra. Quispe trabaja, podría hacer frente al impacto de la explotación minera en la sierra peruana.
Perú compite en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con su tercera delegación más grande en su historia. Tendrá representación en surf, en atletismo y en otros 15 deportes, en un evento marcado por la pandemia y protestas. Pero también por una búsqueda de la igualdad de género por parte del COI (Comité Olímpico Internacional).
Sobre su tabla, con los brazos abiertos y golpeándose el pecho, la surfista Daniella Rosas sabía que había ejecutado las maniobras necesarias para ubicarse en primer lugar. Era la final femenina de surf de los Juegos Panamericanos Lima 2019y el jurado le dio la razón. Le otorgó el puntaje requerido para subir un peldaño y ponerse encima de su rival. Para que finalice ese versus, restaban tres interminables minutos. Todo podía pasar. Sin embargo, la tabla de resultados -al final- no se movió. Y aquella tarde, la tablista no solo se colgó la medalla de oro, en un día histórico para el deporte peruano, también se ganó su boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en donde el surf haría su debut.
Casi dos años después, y en plena pandemia de la COVID-19, Daniella, con 19 años, ratificó su clasificación en el Mundial ISA de Surf2021, al igual que su colega Lucca Mesinas. Él también había conseguido su pase a la cita olímpica en Lima 2019 tras lograr la presea dorada con su tabla corta. Sin embargo, los dos deportistas nacionales no fueron los únicos que salieron de ese campeonato mundial con tiquete en mano. Miguel Tudela y Sofía Mulanovich también lo hicieron.
Como si el destino quisiera que Sofía, la ‘Reina’ del surf peruano, estuviese en el estreno del surf en unos Juegos Olímpicos, los resultados se consumaron a su favor. Y, a pesar de que había sido eliminada en tercera ronda del repechaje, pudo clasificar a Tokio 2020. “Es un sueño hecho realidad”, afirmó. Uno que le faltaba pues ya ha sido campeona mundial en tres oportunidades: dos en la Asociación Internacional de Surf (ISA, por sus siglas en inglés) en 2004 y 2019, y el tercero, en 2004, en el torneo mundial de la entonces Asociación de Surfistas Profesionales (ASP), hoy Tour de Campeonato (CT) de la Liga Mundial de Surf (WSL).
Foto: El Comercio
Ellos cuatro forman parte de un total de 35 deportistas nacionales que competirán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los mismos que fueron aplazados un año debido al coronavirus. Representan la tercera delegación olímpica más grande en la historia del país. Solo en Los Ángeles 1984 acudieron la misma cantidad de atletas. En Londres 1948, fueron 41; y en Berlín 1936, 40. El objetivo, claro está, es buscar subir al podio y conseguir la quinta medalla para Perú en los JJ.OO.
El coronavirus no ha permitido, como es costumbre, que esta sea una fiesta a plenitud. Pruebas a mansalva para detectar el virus, barbijos en todo momento que se pueda, sin público en las gradas, protocolos de seguridad al máximo para proteger a los protagonistas y el riesgo siempre latente de que esa calamidad llamada COVID-19 se propague entre los organizadores o los deportistas que se alojan en la burbuja que ha tratado ser la Villa Olímpica (aunque dos atletas, al menos, ya se han contagiado). Hay protestas contra la cita olímpica por temores fundados. Hay un repunte de la pandemia en la capital nipona. No es Tokio 2020 el evento que debía ser. Pero sí es, quizás, el acontecimiento que cumplirá el sueño a miles de deportistas, entre ellos, a los 35 peruanos.
Perú participará en 17 deportes y, como Tokio nos lleva catorce horas de diferencia, generalmente nuestros compatriotas entrarán en acción en la noche o en la mañana, siguiendo el horario peruano. Donde habrá más compatriotas será en el agua: en el surf, la natación, el remo y la vela. Por ejemplo, María Pía Van Oordt y Diana Tudela serán las primeras peruanas en competir con un bote 49er FX en una cita olímpica. Son la segunda dupla más joven de aquella categoría en los JJ.OO. y las que se encargan de promover en el país esa especialidad: una embarcación tripulada por dos mujeres.
Foto: Depor.com
María Belén Bazo también empezará a escribir la historia del windsurf peruano en unos Juegos Olímpicos. Mientras que Paloma Schmidt, en su cuarta participación, y Stefano Peschiera, tres del mundo, volverán al evento con las ganas de superar sus anteriores actuaciones en láser radial y láser standard, respectivamente.
Los deportistas que nos dieron las dos primeras medallas de oro en Lima 2019 también estarán presentes. Gladys Tejeda y Cristhian Pacheco correrán la maratón y demostrarán así por qué Junín es la cuna del fondismo peruano. A ellos se le sumará la huancavelicana Jovana de la Cruz. En la marcha atlética -ese deporte de punta, talón, punta, talón-, la representación estará encabezada por Kimberly García, medallista de plata en los Juegos Panamericanos. Habrá, asimismo, participación rojiblanca en bádminton, boxeo, ciclismo, esgrima, gimnasia artística, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, skateboarding y tenis, con Juan Pablo Varillas, primera raqueta peruana, quien se incorporó al equipo en un llamado de último minuto.
Foto: Andina
La delegación rojiblanca desfilará en el monumental e histórico Estadio Olímpico de Tokio en la inauguración. A diferencia de las ediciones previas, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha autorizado que cada país pueda contar con dos abanderados. Una decisión que busca aportar a la lucha por la igualdad de género. “Hemos cambiado las reglas para permitir que los Comités Olímpicos Nacionales (CON) nominen a un atleta femenino y masculino para que porten conjuntamente su bandera durante la Ceremonia de Inauguración. Alentamos a todos los CON a hacer uso de esta opción”, anunció Thomas Bach, presidente del COI, el año pasado.
No es la única medida que han tomado para fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres. “El COI también decidió que debería haber, por primera vez, al menos un atleta femenino y un atleta masculino en cada uno de los 206 equipos y en el Equipo Olímpico de Refugiados que participan en los Juegos”, precisó Bach. Y añadió que Tokio 2020 serán “los primeros JJ.OO. con equilibrio de género de la historia, con un 48,8% de participación de mujeres”. Una cifra que se acerca a la del equipo peruano: 45,71% son mujeres y 54,29% son hombres.
Es, entonces, Daniella Rosas quien será la abanderada nacional junto a su compañero Lucca Mesinas. A ella, el presidente Francisco Sagasti le encargó la bandera en una ceremonia en Palacio de Gobierno, y también aprovechó para dejarles a los atletas un último mensaje: “Lleven siempre en su fortaleza, no solo física sino también espiritual, el coraje y el aliento de todo el Perú”, aconsejó el mandatario.
