El Perú no será libre si las poblaciones trans viven con miedo. Foto: Vera Ramos
Mientras se desarrollaba este reportaje, la excandidata al Congreso, Gahela Tseng Cari, realizó la denuncia correspondiente ante el ataque transfóbico que sufrió el viernes 9 de julio en plena vía pública. La mujer afroperuana, indígena y educadora sorprendió a usuarios en redes sociales al publicar un tuit donde afirma haber recibido esta agresión frente a policías y cuidadores de la Municipalidad de Lima. Ellos vieron lo acontecido, pero no la socorrieron. “Mi único delito es ser travesti”, señala. Como ella, mujeres trans son vulneradas a diario en el Perú, ante la atenta mirada de una sociedad machista, conservadora y autoridades ausentes para ellas.
La situación provocada por el Covid -19, ha agudizado una cuestión que ya venía siendo deficiente en el acceso a políticas públicas para la Población Trans. A esto se debe sumar que, hasta la fecha, el Estado no implementa leyes que mejoren su calidad de vida o se las visibilice dentro del sistema. A pesar de que, son la población más vulnerable de la comunidad LGBTIQ+. Estamos a pocos días de que el nuevo presidente del Perú asuma su cargo, así como de cumplir 200 años de independencia. Sin embargo, ¿qué libertad podemos celebrar si un grupo de ciudadanas no accede a derechos básicos y vive constantemente precarizada? ¿Qué podemos esperar de los próximos cinco años de gobierno?
Seguir viviendo en exclusión
“Si antes de la pandemia era grave, la violencia, los crímenes de odio por identidad y expresión de género eran constantes, ahora, con la pandemia, se ha agudizado”, sostiene Miluska Luzquiños, representante de la RedLacTrans en el Perú. Al consultarle sobre acciones que lo han evidenciado desde el Gobierno, mencionó a ‘Pico y género’ como una de ellas.
Durante el confinamiento, esta iniciativa permitía que hombres y mujeres transiten por la calle durante determinados días y horas. No obstante, sólo durante el primer día de su vigencia, se recibieron 30 denuncias y casos de transfobia por violencia de género, según el informe Las vidas trans en tiempos de pandemia. El ‘Pico y género’ sólo duró una semana. “Todo ello responde a una línea de machismo, de violencia, transfobia interiorizada dentro de los mismos sistemas que deberían protegernos”, asegura.
Ellas continúan viviendo en una situación de exclusión. “Ya sea a nivel laboral, a nivel de salud, a nivel educativo, relegadas de estas instancias, acciones o actitudes que me han llevado tanto a mí como a muchas otras compañeras a tener que simplemente buscar trabajos para tratar de sobrevivir, porque no nos permiten ni siquiera poder estudiar, a eso súmale el tema que la mayoría somos migrantes”, nos cuenta Belén Zapata, activista trans afroperuana.
Infografía ‘Ser trans en el Perú’. Fuente: Proyecto Unicxs
“Las instituciones dicen trabajar por nosotras, pero no nos incluyen, ¿dónde queda la supuesta agenda nacional? ¿Qué puede decirme una persona que vive en Lima de cómo viven las personas de la diversidad en Cusco, Ica, Puno, Iquitos, Pucallpa, Madre de Dios, Tacna, o Piura?”, indica Zapata.
Son las entidades gubernamentales las que deben ser principalmente, reformadas. Un caso emblemático, que inclusive fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue el de Azul Rojas. La Policía ejerció violencia contra la mujer trans y la violentó sexualmente. “Es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente”, indica la CIDH en su informe nro. 24/18. Ante estas urgencias, ¿qué propuestas surgen del Estado para brindar derechos básicos a las mujeres trans en el Perú?
Apostar por el Gobierno (o no)
Al 100% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, Pedro Castillo Terrones, del partido Perú Libre, es el virtual presidente del Perú del Bicentenario. El plan de gobierno que promueve su partido y él no ha tomado en cuenta, de manera específica, los derechos de las poblaciones LGBTIQ+. Por ende, tampoco mencionan a las mujeres trans del país ni atienden sus realidades.
Cerca a la fecha de elecciones, se viralizó una frase sobre el tema de la identidad de género, del entonces candidato mientras se dirigía a sus simpatizantes. “¿Hay niñas con pene y vagina, hay niños con pene y vagina?, ¿Dónde estamos compañeros? Tenemos que repudiar esta actitud, tenemos que echar a la basura esa idiosincrasia”, manifestaba Castillo enérgico. No obstante, días después de la publicación de este video, el también profesor y su equipo técnico se reunieron y conversaron con activistas sociales LGBTIQ+.
Pedro Castillo con representantes de organizaciones LGBTIQ+. Foto: Jheinser Pacaya
Zapata recuerda la denuncia por discriminación que hizo Marina Kapoor, actriz, cantante y activista trans a Dina Boluarte, primera vicepresidenta de Perú Libre, cuando esta era funcionaria del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). “La denuncia de Marina es genuina y eso está desde el año pasado. Tuvo un mensaje bastante fuerte (en redes sociales) en el cual involucra a muchos compañeros, compañeras y activistas porque ella se sintió sola. Nadie la apoyó. No puedes poner tu preferencia política por encima de lo que realmente debes defender. Pero, por esta vez sí quisiera equivocarme y que realmente el señor (Castillo) y su equipo hagan un buen trabajo y que, por fin, empiecen a cambiar las cosas para bien”, enfatiza.
Hay opiniones divididas en torno a la dirección que tomará el Gobierno estos próximos cinco años. Gianna Camacho, periodista y activista trans, considera que la lucha se concentrará en no retroceder. “Se vienen años súper difíciles, con un Gobierno que no nos va a dar leyes, no nos va a dar el reconocimiento a nuestra identidad trans, que nos permite tener ciudadanía plena (…). La lucha se va a concentrar en no retroceder”, afirma. Cabe agregar que el Congreso, si bien será el que cuente con más mujeres en su historia, también será altamente conservador.
“Para lamentarse, hay tiempo”, dice Claudia Vásquez Haro, militante travesti trans migrante, Doctora en Comunicación Social e integrante del comité de Perú Libre en Argentina. “Es mejor trabajar y después decirle ‘Señor presidente, las travestis y trans le estuvimos cuidando el voto, queremos ser parte de la agenda política en nuestro país, no queremos ser más excluidas sociales, ni tampoco tener que dejar nuestros lugares de origen. Queremos ser sujetas plenas a derecho y embarcarnos a la vida en igualdad de condiciones’. Hay que interpelar a los estados, es la única manera. Yo estoy convencida que las instituciones se transforman desde adentro”, sentencia.
Tal y como lo recomienda la opinión consultiva nro. 24/17, que Costa Rica le solicitó a la CIDH, se deben gerenciar las medidas apropiadas para prohibir legalmente la discriminación basada en la orientación sexual, identidad y expresión de género. Asimismo, los Estados tienen la obligación de prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Aquí se encuentran las mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex, tal y como lo señala el informe No. 64/16 de la CIDH.
Vásquez Haro pudo hablar con el mismo Pedro Castillo, en un conversatorio que publicó en sus redes sociales. “Le interpelé durante cuatro minutos. Le dije, en pocas palabras, que nosotras también estábamos. Una cosa es ser candidato, otra un presidente. Cuando uno es presidente tiene que abrir los espacios y convocar a las mayorías”, menciona. Por lo pronto, las actividades e iniciativas que se desarrollan, pese a la pandemia y desde los espacios trans, son importantes para demandar años de derechos que han sido pospuestos y pedir por las que ya no están.
Claudia Vásquez Haro como oradora en el conversatorio donde participó Pedro Castillo. Foto: Instagram Claudia Vásquez Haro
Visibilizarse es resistir
Generar visibilización, pese a las dificultades que enfrentan las mujeres trans, es un reto. Desde 2016, Luzquiños, quien es la fundadora y gestora de la primera casa trans en el Perú, la Casa trans Zuleymi, lo sabe. “Es un desafío que hasta hoy sigue resistiendo para sobrevivir, nunca tuvo ni un solo sol de apoyo. Se autogestiona. Hasta hoy seguimos buscando la sostenibilidad”, menciona. Actualmente y para sobrellevar la pandemia, ella y su equipa ofrecen un ‘Bono trans’. Hasta el momento, son 620 beneficiadas.
Equipa de la Casa Trans Zuleymi y beneficiarias del distrito de Carabayllo, Lima. Foto: Casa Trans Zuleymi
Asimismo, reconoce que es urgente la intervención estatal. “Nosotras trabajamos bastante y buscamos recursos para responder de manera solidaria. Es necesario que el Gobierno también nos ayude. Sea participativo no solo en el discurso virtual para decir ‘Día del orgullo’. No vemos nada real que mejore las condiciones de vida”, enfatiza.
Estos días, además, colectivos y organizaciones trans piden que no se dilate la aprobación de la Ley de identidad de género en el Congreso. Sólo falta que la Comisión de Constitución dictamine este proyecto de ley nro. 790 – 2016 para que sea llevado al Pleno. No obstante, los congresistas que forman parte de este grupo se encuentran retrasando la votación y piden la opinión de representantes de la Iglesia y grupos fundamentalistas, lo que mella los derechos de todas las poblaciones trans en el país.
Por ello, Mujeres Trans Amigas por Siempre del Perú, TRANS – Organización por los Derechos Humanos de las personas Trans, Casa Zuleymi, Asociación Civil Ángel Azul, ODIS Trans – Ucayali, MOCIFU, Red Trans – Ucayali y Católicas por el Derecho a Decidir – Perú emprenden la campaña “Mujeres Trans en Resistencia Contra La Violencia” para mostrar la violencia de género estructural que afrontan, la desatención del Estado y las respuestas solidarias que les permiten seguir llevando ayuda.
Infografía ‘El derecho a la identidad de las personas trans en el Perú’. Foto: Proyecto Unicxs
“Cuando el Estado no reconoce la identidad de género autopercibida, es lo mismo que siente una persona que ha sido víctima por algún tipo de violencia de género: revictimización”, afirma Valdéz Jaro. Además, recordemos que, según la opinión consultiva 24/17 de la CIDH, la identidad de género y la orientación sexual son categorías protegidas: “Está proscrita por la Convención (Interamericana de los Derechos Humanos) cualquier norma o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual e identidad de género”.
Las mujeres trans no se rinden. La historia y el Gobierno les ha dado la espalda durante siglos. Es suficiente. “Yo estoy convencida de que se viene una revolución trans. En este instante, en diferentes partes del Perú, hay actualmente jóvenes que están cursando diferentes carreras y son personas trans, o se van a visibilizar como personas trans más adelante. Eso quiere decir que, en cinco o diez años, vamos a ver arquitectos trans, médicos trans, abogados trans, periodistas trans. Vamos a estar conquistando todos los espacios, hasta que llegue un momento en que no tengamos que conquistar nada, que seamos parte de la población como todos y todas”, señala Camacho, con la esperanza también de que se establezca una articulación nacional de colectivas trans. La lucha y resistencia es larga, pero es mejor si se enfrenta en equipo.
Gahela Tseng Cari continúa recibiendo apoyo. En redes sociales, precisamente en Twitter, la palabra ‘Gahela’ se ha convertido en trending topic y hashtags como #JusticiaParaGahela, y #JusticiaParaLxsTrans se difunden con la intención de investigar quiénes han sido los responsables de las agresiones transfóbicas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo exige realizar las diligencias bajo estándares de protección a los DD. HH. de personas LGBTIQ+, así como se comprometen en realizar el seguimiento del caso. El Perú no será libre si las poblaciones trans viven con miedo.
Por Audrey Córdova Rampant – Fotoperiodista y documentalista.
Norma Rivera sostiene el retrato de su hija Shirley Villanueva Rivera, en 2018, en Lima. Hoy su hija lleva 4 años reportada como desaparecida: desde el 23 de marzo del 2017. Cuando Norma quiso poner la denuncia por desaparición la policía le dijo que tenía que esperar una semana.
“Se fue con el novio”, “Se fue con la cabeza caliente”, “Se fue con otro” o “Ya regresará” son algunas de las frases que escuchan los familiares que se acercan a poner una denuncia por desaparición de una mujer o un feminicidio en las comisarías del Perú. En este foto reportaje, cuatro familias cuentan la desaparición, la investigación y la búsqueda de justicia de sus hijas, hermanas o madres desaparecidas: Solsiret Rodríguez, Shirley Villanueva, Yanet Ayala, Estefhany Díaz, Tatiana y Yamilé. Decidimos retratar cada familia en diferentes momentos de su historia.
Desde el año 2003, el Estado no cumple con la Ley del registro de peruanos desaparecidos: sin registro, no existen cifras; sin las cifras, no existen datos para hacer un análisis que permita entender estos casos como un problema social, y no como casos aislados.
Entre enero y septiembre del 2017, cuando se publicó esta investigación, según las cifras de la Policía Nacional, 4,565 denuncias correspondían a casos de mujeres adultas y menores desaparecidas. Mientras que 2,738, a adultos, niños y adolescentes del género masculino. Pero estas cifras no son del todo confiables ya que el registro no es debidamente llevado a cabo y no todas las denuncias por desaparición son recibidas.
Durante la pandemia se evidenció una gran cantidad de mujeres desaparecidas en Perú, pero las cifras siguen incompletas y nuestro país sigue siendo uno de los lugares más inseguros para las mujeres a nivel mundial.
Norma Rivera fue al lugar donde se supone que su hija había desaparecido. La última vez que Shirley Villanueva Rivera fue vista con vida fue en la playa del distrito de Magdalena acompañada por tres excompañeros de la universidad. Ellos dijeron que Shirley se había ahogado.
Alberta Huaraca sostiene el retrato de su hija Yanet. A su lado la compañan Tefany y Blanca, dos de sus hijas. El 16 de enero de 2017, Yanet Ayala Huaraca, de 31 años, y su pareja Paver Sarmiento Vela salieron de una discoteca hacia su domicilio en San Martín de Porres. Ella jamás llegó a casa.
La historia de Yanet es una historia de una desaparición que esconde un feminicidio. La pareja de Yanet, Paver Sarmiento, se acercó a la casa de Alberta el 16 de enero 2017 y preguntó si alguien conocía el paradero de su pareja. El hombre argumentó que en la madrugada regresó solo a casa tras una discusión con Yanet. Un vecino contó a la familia que en la madrugada un hombre había empujado a una mujer al río mientras discutían. La familia relacionó el hecho con la desaparición e informó a la Policía.
El 24 de abril de 2018, Estefhany Díaz, Tatiana Díaz y Yamile Pajuelo cumplieron dos años desaparecidas. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mi Perú aún no ha identificado a los responsables ni presentado conclusiones.
Patricia Acosta, la madre de Estefhany Díaz, en el cuarto de su hija y de sus nietas.
Rosario Aybar y Carlos Rodríguez sostienen el retrato de su hija, la activista Solsíret Rodríguez Aybar en febrero del 2018. Solsiret desapareció el 23 de agosto del 2016, una semana después de la primera marcha del movimiento #NiUnaMenos en Perú.
Rosario Aybar espera frente al Poder Judicial el inicio de la marcha Ni Una Menos, en noviembre del 2017. El 18 de febrero del 2020, fueron encontrados algunos de los restos del cuerpo de la joven. La reconstrucción de hechos tuvo lugar el 25 de marzo del 2021, un día antes del cumpleaños de Solsiret. Ella hubiera cumplido 28 años. Pasaron más de 4 años desde que desapareció.
Gracias a @mujeres_desaparecidas y a las familias por dejarnos contar sus historias. Este proyecto estuvo a cargo de Rocío Romero, Ana Bazo y Audrey Cordova, y fue publicado en Radio Programas del Perú el 8 de marzo del 2018.
Foto reportaje producido y editado por Melanie Soca en colaboración con Nadia Cruz
La Marcha Del Orgullo reúne a miles de personas y colectivos en la avenida De La Peruanidad, Campo De Marte, en Jesús María. Todos van unidos para exigir la reivindicación del derecho a la igualdad.
Por Nicole Martin para Revista Colibri y La Antígona
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Este año, dos países de América Latina dieron dos pasos muy importante en materia de acceso a la salud de mujeres y personas con capacidad de gestar. Por un lado, en Ecuador se declaró inconstitucional la penalización del aborto producto de una violación. Asimismo, en República Dominicana, se avanzó en la aprobación de un nuevo Código Penal que despenaliza el aborto cuando la vida de la madre corre peligro. ¿Estos avances pueden impulsar cambios en toda la región?
En la región del Caribe Insular, el avance responde a la lucha del campamento que organizaciones de mujeres y personas LGBT+ plantaron hace un mes en la sede del Gobierno, en la capital de República Dominicana, Santo Domingo. El campamento de la dignidad o de la resistencia fue pintado con los emblemáticos pañuelos verdes. Nació como un reclamo al presidente Luis Abinader, electo en julio del año pasado. Se pedía que cumpla una de sus promesas de campaña. La esperada reforma del código penal que incluya la despenalización del aborto bajo las tres famosas causales. Violación, peligro para la vida de la madre o riesgo para la vida del feto.
El reclamo popular se enfoca en la despenalización por tres causales mencionadas. Sin embargo, el 28 de abril se aprobó en la Cámara de Diputados el nuevo Código Penal de República Dominicana, por primera vez, un artículo que permite la interrupción del embarazo en el caso de que la vida de la madre corra peligro. Aún así, deja afuera las causales de violación o riesgo de vida del feto.
Foto: Excélsior
Las organizaciones feministas están furiosas por esto. Ellas exigen que se cumpla la promesa de campaña del Presidente y que se despenalicen no una, sino las tres causales. Esto representa un paralelismo con el protocolo argentino de interrupción legal del embarazo, actualizado en 2019. A pesar que no es igual al aborto legal libre, sí es un avance importante. Esto, dado que esta reforma del código penal permite que, si hay voluntad feminista en el país, que se entienda el riesgo a la vida bajo el concepto de salud de la OMS,. El cual tiene un carácter integral. No es sólo el riesgo físico de la vida, sino también psicológico, emocional y económico.
Durante su campaña presidencial en 2019, el Presidente Abinader planteó que su postura era a favor de las tres causales. Esto, representó para el movimiento feminista una promesa de campaña. De hecho, a finales del año pasado en una entrevista con El País declaraba que «Aunque estoy en desacuerdo, como lo está la mayoría de la población del mundo, con el aborto libre, sí pienso que tiene que haber causales que permitan la interrupción del embarazo».
Sin embargo, probablemente relacionado con el poder de las iglesias y los grupos fundamentalistas que no son una excepción en República Dominicana, Abinader se desligó de la responsabilidad política de su cargo y se amparó en un posible referéndum popular para el debate de una ley específica de despenalización. Esto postergaría la medida mucho después de la actual reforma del Código Penal. Sin embargo, los derechos humanos no deberían ser objeto de un referéndum, porque según las múltiples evidencias que plantean organismos internacionales, debe ser el Estado el que cumpla el rol de defender los derechos humanos.
Lo mismo pasó en Ecuador, ya que el actual Presidente, Guillermo Lasso, también ha mencionado la posibilidad de someter el debate de referénfum popular. Sin embargo, el 28 de abril la Corte Constitucional de Ecuador falló a favor de un reclamo que realizaron organizaciones feministas en 2020 para declarar que penalizar el aborto de un embarazo producto de una violación es inconstitucional. Antes de esta medida, sólo estaba despenalizado en dos causales: si la vida de la mujer está en peligro o si es el resultado de la violación de una mujer con una discapacidad intelectual. Sin embargo, hay información que de que aún en los casos despenalizados, existen muchas dificultades para realizar un aborto en los servicios sanitarios públicos.
Cristina Cachaguay alzando la voz en marcha. Foto: Corape
Cristina Cachaguay, Presidenta de Mujeres Por El Cambio, una de las organizaciones ecuatorianas demandantes, convocó a mantenerse en las calles aún después del anuncio de ayer. «Es un momento histórico en el país. La lucha de cada de las compas hoy ha dado fruto. Ahora la Corte Constitucional ha dado luz verde para la despenalización del aborto. Debemos mantenernos vigilantes para que la resolución sea llevada a la Asamblea Nacional. No podemos abandonar las calles porque este es el primer paso, debemos caminar hacia la legalización del aborto en todas las condiciones».
Mientras tanto, en República Dominicana aún no existe el derecho a abortar para las mujeres que fueron violadas. Su código penal -que rige desde 1884- considera penas de hasta dos años de cárcel para las mujeres que aborten. En las imágenes que se ven del campamento, las personas utilizan símbolos de otros países de la región, como Argentina. Por ejemplo, el uso de los barbijos verdes o carteles con consignas como “saquen sus rosarios de nuestros ovarios” o “mi cuerpo es mío, yo decido”. Y como olvidar la propuesta como el «Jueves verde» en el que todas las activistas deciden vestirse de verde como un símbolo de lucha.
Las manifestantes frente al Palacio Nacional entienden que hay una oportunidad en la Reforma del Código Penal que no se puede dejar pasar. Ellas exigen que les congresistas voten a favor de la despenalización del aborto en las tres causales. También se entiende que esta idea de la ley especial es un engaño. Esto, ya se habla de una ley que vendría más adelante, mientras se aprueba el Código Penal. El mismo que continúa sancionando la interrupción del embarazo en caso de violación o de riesgo de vida del feto.
República Dominicana ratificó la prohibición total del aborto en dos instancias anteriores: en 2010 entró en vigor una nueva Constitución cuyo artículo 37 proclama la inviolabilidad del derecho a la vida “desde la concepción hasta la muerte”. Y en 2014, lograron aprobar en la Cámara de Diputados una reforma del Código Penal que integraba la despenalización del aborto en las tres causales, pero en diciembre de 2015 el Tribunal Constitucional lo rechazó mediante una sentencia, osea que volvieron al Código Penal de 1884.
Rosaura Almonte o «Esperancita», caso conocido en RD. Foto: BBC
En esa época se mencionó mucho el caso de Rosaura Almonte. Ella fue conocida por los medios de comunicación como “Esperancita”. Murió el 2012 por no recibir la quimioterapia que podría haberle salvado la vida frente a la leucemia que sufría. Rosaura estaba embarazada de siete semanas y el tratamiento que necesitaba habría afectado al feto. Los médicos retrasaron el tratamiento por la prohibición del aborto en el Código Penal. Es decir, la dejaron morir porque estaba embarazada de menos de dos meses. Gracias al Código Penal pre-aprobado por Diputados, esto no podría volver a ocurrir. Es un paso importante, pero no suficiente para el reclamo feminista que exige que ya no se penalicen las otras dos causales.
República Dominicana es uno de los únicos países de la región que mantiene una prohibición total del aborto junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam. En 2018 un informe llamado “‘Es tu decisión, es tu vida’: La criminalización total del aborto en la República Dominicana” de Human Rights Watch evidenció que la prohibición total del aborto genera complicaciones de salud a raíz de abortos inseguros. Asimismo, que puede derivar en muertes y en el maltrato y desatención de mujeres y niñas. El estudio determina que la prohibición no impide que haya abortos, sin que hace que sean clandestinos y menos seguros.
Según datos de mortalidad materna del Ministerio de Salud Pública, un 8% de las muertes maternas en el país son provocadas por complicaciones. Es importante tener en cuenta que el temor a enfrentar acciones penales o ser objeto de abusos por parte de profesionales de la salud hace que muchas personas posterguen la atención médica. Asimismo, muchas de ellas no acudan a un centro médico tras complicaciones por abortos clandestinos o espontáneos.
Foto: Agencia EFE
Asimismo, el país tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina y el Caribe, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esto debido a la inadecuada educación en sexualidad del país y la necesidad no cubierta de anticoncepción. Los datos de salud pública muestran que el 20,5% de las niñas y mujeres jóvenes de 15 a 19 años quedan embarazadas en la adolescencia. La mayoría de estos embarazos no son planeados ni deseados. Algunas escuelas ofrecen talleres o instrucción sobre educación sexual, pero no existe un enfoque obligatorio y consistente.
República Dominicana es el país de las hermanas Mirabal o las Mariposas, defensoras de los derechos humanos quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En conmemoración a ellas se designó el 25 de Noviembre como el Día Internacional de la NO Violencia Contra la Mujer. Sin embargo, en el país aún no se cumple esta consigna. Según la encuesta demográfica y de salud realizada por el gobierno en 2013 (ENDESA-2013), el 35 % de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años, que alguna vez estuvieron casadas o en pareja, han sufrido algún tipo de violencia doméstica. incluida violencia física, emocional o sexual por parte de una pareja íntima.
Es un congreso inédito el que legislará los próximos cinco años en el Perú. Un parlamento con la mayor cantidad de mujeres en la historia, pero también uno de los más conservadores y fraccionados de los últimos veinte años. En plena crisis sanitaria, la ciudadanía tendrá que estar atenta para vigilar la igualdad de género y los derechos de las minorías.
El complejo año electoral que vivimos por la pandemia de la Covid-19 ya tiene una de las aristas casi concretas: el Congreso 2021. Luego de las elecciones del 11 de abril y los resultados de la ONPE al 100%, ya se conoce cómo estaría compuesto el Poder Legislativo para el próximo quinquenio.
Este congreso tiene por primera vez la mayor cantidad de mujeres dada la ley de paridad y alternancia. El hemiciclo estará compuesto en un 40% por mujeres. Sin embargo, este congreso también es uno de los más fraccionados y socialmente conservador de las últimas décadas. Es así que mujeres, minorías, población LGTBI+, entre otros, tendrán que estar alertas a las leyes que se promulguen o a los proyectos que son rechazados.
Foto: Prensa
“En los últimos 20 años diría que es de los [congresos] más fragmentados porque tiene 11 bancadas y también creo que es uno de los congresos más conservadores. Es un congreso polarizado en visiones económicas, por ejemplo; pero con consenso a la parte social más conservadora”, explica en una entrevista a La Antígona la analista política María José Gallo.
El Congreso 2021
Son diez partidos políticos los que han llegado al parlamento en las elecciones de este año. La mayor agrupación política es la de Perú Libre que proyecta 37 escaños, sigue Fuerza Popular con 24. Ambos partidos se disputan la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 6 de junio.
Los partidos que también lograron pasar la valla electoral son Alianza para el Progreso, Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú – quien contó con el candidato más votado, el expresidente Martín Vizcarra -, Podemos Perú, Juntos por el Perú y el Partido Morado, en ese orden respectivo de número de congresistas.
Este nivel de fragmentación, tanto en el voto presidencial que se traduce en el congresal, es el reflejo de una altísima desafección ciudadana, mezclada con una pobre oferta electoral, explica Gallo. Además, menciona que según encuestas de opinión que hace IPSOS, se puede identificar que los peruanos mantienen un voto moderado. Así, menciona que esta elección congresal podría ser, parcialmente, un reflejo de la sociedad que todavía tiene altos niveles de tradicionalismo.
El congreso con más mujeres de la historia
Como se mencionó antes, este Congreso 2021 tendrá la mayor cantidad de mujeres. Sin embargo, esto no quita las preocupaciones en la lucha por la igualdad de género dadas la ideología de la mayoría de partidos políticos.
“A pesar de que este es el primer congreso con mayor composición de mujeres, nos tendremos que mantener vigilantes sobre la labor legislativa que las mismas pueden promover a favor del derecho y del género. Más allá de que las mismas sean de sexo femenino, hay un problema con el enfoque que tienen sus partidos con temas de igualdad de género. Creemos que en este momento hay varios pendientes que todavía falta trabajar a nivel legislativo y tendríamos que asegurar que las mismas lleven adelante esta agenda que nosotros hemos avanzado pero que todavía resulta insuficiente”, indica a La Antígona la Presidenta del actual Congreso, Mirtha Vásquez.
La analista Gallo también hace referencia a un gran contraste en este escenario. Entre las mujeres que llegaron al parlamento, está como una de las congresistas más votadas Susel Paredes (Partido Morado), abiertamente lesbiana y defensora de los derechos y la libertad de la mujer. Pero también se encuentra entre las más votadas María Jauregui (Renovación Popular) quien se encuentra totalmente al otro extremo. En declaraciones pasadas, Jauregui ha asegurado que: “El señor nos creó (a las mujeres) para ser ayudas idóneas de nuestro esposo”, entre otras varias frases denigrantes hacia la mujer.
A la izquierda: Susel Paredes, a la derecha: Milagros Martínez. Foto: La Antígona
“Ese es uno de los contrastes. En el Perú, si bien las mujeres y las minorías hemos ganado varios espacios, aún quedan varias cosas bastante importantes por solucionar que no necesariamente veo que haya agendas con mucho empuje”, indica Gallo.
Agendas que no avanzarían
Lo que este congreso podría poner en discusión son políticas de igualdad. Un país que las niega no podrá aspirar a un avance, explica la ex candidata al congreso y directora de Promsex, Susana Chávez. Son políticas que integran a las mujeres y reducen desigualdades – que evidentemente existen porque así se demuestra a diario -, agrega.
Las especialistas coinciden que este congreso podría generar dos tipos de problemas: estancarnos con legislaciones a favor de las mujeres y minorías o retroceder en lo ya avanzado. Uno de los temas que más preocupa es el retroceso en temas de violencia de género.
“Hemos pasado a reconocer que la violencia no es negociable, ni arreglable, ni que se puede resolver mediante un mecanismo de transacción. Estamos hablando de un cambio sustantivo donde hemos pasado de considerar a la violencia de un tema de honor de la familia a que la violencia afecte la dignidad, integridad y salud mental de la mujer. No me imagino que puedan derogar una ley, pero pueden reducir cualquier obligación frente a los feminicidios o que surja la explicación de que no es feminicidio si no asesinato”, explica Chávez.
Otro tema bastante importante y sensible, que se mira con mucho conservadurismo, es la despenalización del aborto. “Hay que mirar de cara a la realidad que estamos atravesando. En medio de la pandemia, el año pasado, hemos tenido el registro de 20 niñas menores de 10 años que han terminado siendo madres y eso es terrible. Eso nos debiera hacer reflexionar”, sostiene Mirtha Vásquez.
Actual Presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez. Foto: La República
La comunidad LGTBI+ también será una comunidad vulnerable frente a este congreso. Esta comunidad todavía lucha por diversos derechos – como el matrimonio igualitario -, pero con este congreso será mucho más difícil lograrlo.
Legislaciones que deben seguir trabajando
El presente Congreso ya ha avanzado una agenda legislativa para las mujeres y las minorías, explica Mirtha Vásquez. Sin embargo, se deben seguir trabajando para implementarlas o normarlas. Este nuevo congreso debería garantizarlo.
Algunas de las reformas ya avanzadas son la Ley contra el acoso político – que requiere ahora un compromiso de implementación-; la ley de paridad y alternancia – que necesita normas complementarias para asegurarla-; fortalecimiento de la mujer rural – que necesita del ejecutivo para un seguimiento -; y, normas que garantizan a las mujeres víctimas de violencia sean favorecidas en el tema laboral.
Foto: El Peruano
El rol de la ciudadanía frente al trabajo del congreso
El Congreso 2021 ya es una realidad. A esto, se le suma que el partido político que llegue a la presidencia también será conservador en lo social. La ciudadanía tiene una responsabilidad sumamente grande para fiscalizar y exigir que las reformas no sean derogadas y los nuevos derechos entren en vigencia.
Muchas veces, agendas como los derechos civiles quedan en segundo plano en situaciones de crisis como la que vivimos: sanitaria y económica. Sin embargo, esto definitivamente no debería ser así, explica María José Gallo. La ciudadanía y organizaciones se va a tener que articular durante el próximo quinquenio para poder mirar todo de manera integral y poder así luchar para tener una sociedad más justa a pesar de los partidos políticos que legislen en el Congreso.
La criminalización del aborto en este país centroamericano ha ocasionado que muchas mujeres de bajos recursos con emergencias obstétricas terminen en la cárcel. Esta semana se llevaron a cabo dos audiencias ante la Corte IDH por el caso de Manuela, quien falleció en 2010 en prisión, y este lunes se presentará ante un juez la demanda de Sara, que lleva nueve años presa y puede ser declarada.
Manuela ni siquiera pudo caminar hasta el hospital. Sus familiares tuvieron que envolverla en una hamaca y trasladarla como pudieron hasta el centro de salud ubicado a dos horas de su casa en una zona rural de las afueras de San Salvador. Estaba desmayada, la hemorragia le impedía moverse ese 27 de febrero de 2008. Momentos antes había sentido un fuerte dolor en la pelvis que la hizo correr a la letrina de su casa, donde sufrió una emergencia obstétrica y expulsó el feto que llevaba en su vientre.
Un día después fue detenida, mientras se encontraba hospitalizada. El Estado salvadoreño fue demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de violar los derechos de Manuela, una mujer muy pobre que no sabía leer ni escribir. Esta semana, la Corte IDH realizó una audiencia para tratar su caso y las circunstancias de su arresto, que se produjo «rompiendo con el espíritu del carácter excepcional de la detención en flagrancia».
Manuela es una salvadoreña que fue sentenciada a 30 años de prisión después de presentar una emergencia obstétrica y perder a su bebé. Fue señalada de abortar y la esposaron mientras seguía en el hospital. La acusaron de homicidio agravado. Esta semana en San Salvador se realizaron concentraciones a favor de que se haga justicia en su caso. – Foto: Marvin Recinos/AFP vía Getty Images
La historia de Sara es similar. También fue esposada a la cama de un hospital, después de que sufrió una emergencia obstétrica cuando se resbaló y se golpeó mientras lavaba ropa. Estaba sola en su casa y perdió mucha sangre antes de recibir ayuda.
Tras ser acusada de haberse practicado un aborto, la fiscalía se presentó, cambió los cargos para señalarla de homicidio agravado y condenarla a 30 años de prisión. Este lunes 15 de marzo se llevará a cabo una audiencia en la que el juez puede determinar si la nueva evidencia que se presente es suficiente para declararla inocente y dejarla en libertad.
El lunes 18 se celebró una audiencia para analizar el caso de Sara, las organizaciones feministas lo vieron como una oportunidad para condenar la criminalización del aborto y las emergencias obstétricas. Foto: Women’s Equality Center
«La historia de Manuela puede ser la de Sara si no hacemos algo para tratar de sacarla de la cárcel. Es un caso muy triste y conmovedor pero es la misma historia del resto de las mujeres que siguen detenidas en la cárcel. Lleva nueve años presa y la última vez que la vimos, no estaba en el mejor estado ni físico ni emocional ni de salud», asegura la abogada de derechos humanos Paula Avila-Guillen, directora ejecutiva del Women’s Equality Center (WEC) en entrevista con Noticias Telemundo.
«Su caso tan triste nos demuestra por qué tenemos que seguir peleando por las mujeres que están en la cárcel y le puede servir de llamado a El Salvador para que haga lo correcto».
Los detalles del caso de Manuela y cómo se violaron sus derechos
Al llegar al centro médico, la doctora que atendió a Manuela en 2008 la interrogó de manera inclemente. Mientras Manuela literalmente se desangraba, la médica le preguntaba sobre su vida sexual e insistía en saber qué se había hecho.
«Este tipo de interrogatorios tratan de buscar algo como criminal, ¿no? Porque su historia clínica está marcada por cuestiones de juzgamiento (…) como que no le creen lo que está diciendo», dijo el doctor Guillermo Ortiz, médico ginecobstetra que trabajó en el peritaje de este caso, durante la audiencia celebrada el 10 de marzo ante la CIDH.
Tardaron tres horas antes de atenderla y de inmediato, el personal médico denunció que había abortado. En medio del delirio de su gravedad, Manuela estuvo esposada a una camilla durante siete días, los policías y el personal sanitario que la vigilaban la insultaban y la denigraban. Los médicos se concentraron tanto en su supuesto aborto que no vieron unas masas que tenía en el cuello y que más tarde, estando presa, resultaron en un diagnóstico de cáncer, linfoma de Hodgkin.
Manuela fue sentenciada a 30 años de prisión por homicidio agravado poco después de ser detenida. En El Salvador, que tiene algunas de las leyes más restrictivas del mundo en materia de aborto, las sentencias pueden llegar a los 50 años de prisión. Se calcula que entre los años 2000 y 2019, 181 mujeres sufrieron emergencias obstétricas y fueron criminalizadas por supuestos abortos o el cargo de homicidio agravado.
Manuela nunca pudo recuperarse. En prisión adelgazó 13 kilos y no recibió a tiempo la quimioterapia que necesitaba para tratar su cáncer. El 30 de abril de 2010 falleció.
«No se sabe si es por el linfoma o no que ella pierde el embarazo, pero pudo estar relacionado. A Manuela le niegan el tratamiento médico y muere en la cárcel dejando dos hijos huérfanos. Su caso llegó a la Corte Interamericana porque no hubo justicia en El Salvador. No se reconoce que murió dentro de una cárcel sin recibir la atención médica que ella necesitaba», explica Avila-Guillen a Noticias Telemundo.
El caso de Manuela se ha convertido en un símbolo de la desigualdad y las adversidades que deben enfrentar las mujeres en países como El Salvador. Decenas de activistas acudieron a la audiencia de su caso esta semana ante la CIDH; otros se conectaron por videoconferencia. Foto: AFP via Getty Images
La larga búsqueda de justicia
«No logro entender en qué momento pasa de ser una emergencia médica, como es el caso de Manuela, a un crimen. No lo logro conectar. ¿Cómo se puede establecer un vínculo de criminalidad en una mujer que se encontraba muy, muy enferma en el momento del parto e incluso se desmaya?», dijo Ortiz, consternado, en una de las videoconferencias de esta semana frente a varios jueces de la CIDH.
Los familiares de Manuela, cuyo nombre verdadero no se ha divulgado para respetar su privacidad, siguen buscando justicia trece años después.
«Vemos que Manuela solo cuenta como ente reproductor, todo lo demás no es importante. Agentes del servicio penitenciario veían que tenía dolores y al pasar decían ‘está penando por lo que hizo’. Es una suerte de castigo moral (…) Además, la pena de 30 años es totalmente desproporcionada», señaló Laura Clérico, doctora en Derecho, que también estuvo a cargo del peritaje del caso.
«Su caso alcanza el grado de tortura dado que es intencional, motivado por su género, procura la finalidad de perpetuar el estigma y refleja el máximo grado de severidad», dijo durante la audiencia la parte demandante. «Fue condenada a 30 años y su versión jamás fue oída. Determinaron que era homicida porque consideraron que el feto había nacido vivo con base en una técnica no idónea para esa conclusión. El Estado no garantizó que se le brindara el diagnóstico y tratamiento».
La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y el Centro de Derechos Reproductivos son las organizaciones que formularon la demanda que intenta que el Estado salvadoreño reconozca los abusos y las violaciones a los derechos humanos perpetrados contra Manuela y su familia. Las dos audiencias de la semana pasada fueron el punto culminante de un proceso largo y tortuoso que se inició en 2012 cuando la Corte IDH comenzó una investigación del caso, luego de que los familiares de Manuela agotaron las instancias nacionales.
En 2019, la comisión realizó un informe que enumeraba los múltiples abusos que se cometieron en el caso. Desde detención ilegal pasando por violaciones a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, protección judicial y la salud, entre otros.
Manuela era una mujer cabeza de familia, en situación de pobreza, enferma de cáncer y luego privada de su libertad– fue sometida a discriminación y desprotección en razón de tres estereotipos de género, según lo explicó Carmen Martínez López, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, durante la audiencia sobre el caso.
Organizaciones feministas se manifestaron en Sal Salvador durante la celebración de las audiencias del caso de Manuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 10 de marzo de 2021. Foto: Getty Images / Getty Images
Manuela era una mujer cabeza de familia, en situación de pobreza, enferma de cáncer y luego privada de su libertad– fue sometida a discriminación y desprotección en razón de tres estereotipos de género, según lo explicó Carmen Martínez López, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, durante la audiencia sobre el caso.
1- Un estereotipo según el cual una mujer que tiene relaciones fuera del matrimonio es una inmoral, por lo que no merece un respeto a su integridad.
2- La creencia falsa según la cual la mujer siempre tiene la función máxima de sacrificarse en nombre de la reproducción, y que aún frente a la muerte debe privar un instinto materno. En este caso pese a perder gran cantidad de sangre, padecer de un cáncer y preeclampsia, Manuela no solo debía sobreponerse sino entender perfectamente qué le ocurría: la supremacía del instinto de madre.
3- Una mujer pobre no tiene agencia sobre lo que decida: no tiene valor su palabra. Se presume que su opinión es ignorante y su actitud es primitiva frente a la salud reproductiva.
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) March 11, 2021
La penalización absoluta: una forma de discriminación y violencia
«Esperamos que la corte destaque que el contexto de la penalización absoluta del aborto constituye una forma de discriminación, de violencia de género, que tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que facilita la criminalización o judicialización de los procesos reproductivos, incluyendo las emergencias obstétricas», señaló Martínez López, del Centro de Derechos Reproductivos, en una entrevista con Noticias Telemundo.
— Centro de Derechos Reproductivos (@ReproRightsLAC) March 10, 2021
Martínez López es optimista al respecto y cree que la corte debe aprovechar esta oportunidad para señalar la responsabilidad internacional de El Salvador. Esto sentaría un valioso precedente en la jurisprudencia de toda la región, pues las decisiones de la corte pasan a formar parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, reconocido por al menos 25 países.
«Los Estados deben prevenir la persecución penal de mujeres que sufren emergencias obstétricas y trabajar en la reparación del daño a las que han sido detenidas, y condenadas arbitrariamente por sufrir ese tipo de complicaciones», asevera la experta.
«En el caso de Manuela, se escucharon los testimonios de los expertos y lo que los demandantes le están pidiendo a la corte es que condene al Estado de El Salvador por violaciones de derechos humanos en contra de Manuela, y que cumpla medidas individuales para reparar a las víctimas y también de no repetición: qué puede hacer el Estado para evitar que más situaciones como éstas sigan sucediendo».
Más historias similares y emblemáticas
Otro de esos casos es el de Teodora del Carmen Vásquez, una mujer salvadoreña que sufrió una muerte fetal en el último mes de su embarazo y también fue condenada a 30 años de cárcel. Su historia se volvió emblemática.
A diferencia de Manuela, Vásquez logró ser liberada en 2018 luego de pasar casi 11 años en prisión y ahora dedica su vida a la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres y su reinserción social después de pasar por los centros penitenciarios.
En la protesta de hoy en San Salvador hubo tristeza e indignación, pero también alegría: Teodora del Carmen Vásquez hoy está libre tras cumplir 10 años y siete meses de la injusta condena de 30 años que le fue impuesta por la justicia salvadoreña #DiaInternacionalDeLaMujerpic.twitter.com/H6kWp5YWAm
«No nos dan trabajo por los antecedentes penales, es muy difícil. Además, hay complicaciones de salud y problemas psicológicos porque muchas veces los familiares piensan que cuando uno sale de la cárcel se acabaron todos los problemas, pero realmente en ese momento empiezan otras cosas importantes», explicó Vásquez en una entrevista con Noticias Telemundo.
A sus 37 años, ella asegura que se siente «renacida». Ahora estudia una licenciatura en Comunicación y publicidad y se ha convertido en una exitosa activista de Mujeres Libres de El Salvador, una organización que aboga por la liberación de todas las salvadoreñas condenadas por la criminalización del aborto. Con orgullo dice que ya han logrado la libertad de 44 mujeres; todavía quedan 20 en el sistema penitenciario.
Durante su larga estadía en prisión, Vásquez conoció a Manuela. «Como toda mujer que llega a una cárcel, ella tenía la ilusión de salir libre. Siempre demostró amor y cariño para sus hijos. Lamentablemente se murió, pero se ha convertido en un símbolo para nosotras», señaló.
El 7 de marzo pasado, más de 5,000 mujeres salieron a protestar antes del Día Internacional de la Mujer en San Salvador. Según las estadísticas de organizaciones no gubernamentales y medios noticiosos durante 2020 se registraron al menos 130 feminicidios y 541 mujeres están desaparecidas. Se calcula que cada 18 horas desaparece una mujer en el país.
«Mi sueño es que a través de la lucha que estamos haciendo logremos tener un cambio de legislación y que se logre que ya no penalicen a las mujeres por los abortos. Estamos seguras de que hemos sembrado una semilla y, aunque ahora no se vea, en otro momento las generaciones futuras lo van a cosechar. Y para mí, pues eso es lo más importante», dijo Vásquez.
El caso de Sara: ¿qué se va a discutir?
«Si el Estado salvadoreño no hace nada en el caso de Sara, tememos que le pase lo mismo que a Manuela. Su familia nunca fue la misma. Esta es una ley que destruye familias, ella lo único que quiere es volver a estar con sus papás», agrega Avila-Guillen, quien la conoció en la cárcel. «Ella estaba muy emocionada de ser mamá. Ella todavía está sufriendo el duelo de su pérdida».
Estaba previsto que el 15 de marzo se celebrara una audiencia en el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, una ciudad de la región central de El Salvador, para determinar si un conjunto de nuevas pruebas eran suficientes para probar su inocencia y lograr que fuese liberada. Pero la audiencia se pospuso y los grupos de derechos humanos han exigido, sin éxito, que se anuncie la nueva fecha.
«Espero que el juez tenga la objetividad para ver la evidencia y entienda que un accidente no puede condenar a una niña a 30 años de cárcel, no puede destruir a una familia entera. Espero que vea este caso desde la luz de la justicia y no de sus prejuicios personales», sostiene Avila-Guillen.
«La única forma de evitar que la historia de Manuela se repita es que se ponga en libertad a todas las mujeres. Los comités de Naciones Unidas han determinado que se trata de detenciones arbitrarias, sabemos que existe un patrón sistemático, que no se tengan que morir en las cárceles para lograr justicia, ya existe el precedente de Manuela y la única forma de evitarlo es poniéndolas en libertad y que dejen de criminalizar a las mujeres por emergencias obstétricas», asevera Avila-Guillen.
«Nayib Bukele no tiene excusas para que El Salvador avance. El 1 de mayo el presidente tendrá la mayoría calificada en el Congreso, entonces si la voluntad de su partido es proteger la vida y la salud de las mujeres, tiene todas las herramientas en sus manos para permitir que al menos sea permitido (el aborto) en algunas excepciones en El Salvador y que se deje de criminalizar a las mujeres que sufren emergencias obstétricas. A diferencia de otros momentos y contextos, aquí sólo depende de él. Él tiene la coordinación política de su partido», concluye la activista.
