Toda Colombia para, unida en contra del mal gobierno.
Un gobierno más peligroso que una pandemia hace que un pueblo digno se convoque masivamente para la protesta, carnavales en las calles en exigencia de derechos, puestos de policía convertidos en bibliotecas populares, pueblos, comunas y barrios en una gran fiesta de la resistencia popular en Colombia. Su respuesta, fuerza policial desmedida y un presidente que militariza al país. Ambas caras de un mismo territorio hacen parte del histórico paro de abril de 2021. Toda Colombia para, unida en contra del mal gobierno.
A pesar de los acuerdos para la terminación del conflicto y la guerra en Colombia firmados por el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en 2016; el paramilitarismo y el narcotráfico le dan continuidad a la guerra en el país. El centro democrático (partido del expresidente Álvaro Uribe y del actual presidente Iván Duque) son los responsables de perpetuar la guerra y enfocar su poder hacia el control político y financiero del país. A febrero de 2021 se registran 252 firmantes de paz asesinados, desmovilizados de la guerrilla de las FARC. Cuatro años después de su firma el avance de la implementación no supera el 75% y los puntos sustanciales frente a la transformación de las condiciones estructurales del conflicto, como por ejemplo el punto de acceso, redistribución y tenencia de la tierra sigue siendo una deuda histórica en Colombia y la base de la profunda desigualdad en el país.
Esta desigualdad que se agudizó con la llegada de la pandemia, dejó al descubierto la inoperancia y la incapacidad estatal para pensar en el bienestar de las personas, las decisiones tardías frente a los cierres de aeropuertos y el establecimiento de controles estrictos en la entrada de extranjeros, dejaron en jaque al país. Aunque el país vive el tercer pico de la pandemia del covid-19, la nación entera se encuentra en una grandísima ola de violencia, pobreza y corrupción, donde el hambre es uno de los mayores problemas. La guerra baña de sangre nuestro territorio, en lo que lleva el año 2021 se reportan 57 líderes sociales asesinados, 20 de ellos indígenas en su mayoría del departamento del Cauca; 158 feminicidios en los primeros 3 meses del año, masacres en los territorios y violencia en las calles y campos.
Somos el país de las ejecuciones extrajudiciales. La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), en un informe sobre los asesinatos ilegales a civiles indefensos presentados por la fuerza pública como muertes en combate, determina que estas, ascienden a la cifra de: 6402 personas. Y los picos de asesinatos son los años 2007 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Una cifra cercana a la cantidad de víctimas de la dictadura de la Junta Militar comandada por Jorge Rafael Videla en Argentina, más del doble que las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. En Colombia la gente ya no se pregunta quién dio la orden, la gente sabe que Uribe dio la orden y ya no tiene miedo de decirlo porque Colombia perdió el miedo.
Foto: Medios Libres Cali
Desde la firma de los acuerdos de paz, el uribismo encarnado en el gobierno de Duque se propuso por todos los medios destruir la paz y al parecer, lo están logrando. Según INDEPAZ, solo en el 2020 y en lo corrido del 2021, van 124 masacres con más de 300 víctimas. Desde la firma del acuerdo de paz, han asesinado a más de 1000 líderes sociales en Colombia. Vivir en este país es una lucha constante contra las políticas de hambre de un gobierno que solo tiene la bota represiva del Estado como respuesta a las necesidades de su pueblo. No solo por los modelos económicos que promueven la miseria y la desigualdad, también por los modelos políticos genocidas que exterminan cualquier identidad colectiva ajena o contraria a tales modelos hegemónicos.
El covid-19 es el menor de los problemas
En medio del tercer pico de contagios que agudizó el número de víctimas en la ciudad de Cali por la pandemia del COVID-19, miles de personas acudieron a las calles convocándose al PARO NACIONAL 28A (28 de Abril). ¿Cuáles son las razones para que la gente supere el miedo al virus y ocupe las calles en resistencia frente al gobierno más sangriento de Latinoamérica?
El manejo corrupto y negligente del gobierno Duque a la crisis generada por covid-19 tiene al país en una curva de empobrecimiento que asciende exponencialmente aún cuando, según cifras del gobierno, durante el año 2020 se invirtieron 44.000 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y ayudas humanitarias en forma de transferencias económicas. Alrededor de esta gestión siguen habiendo dudas y miles de denuncias de corrupción en el manejo que se le ha dado a ésta política.
El manejo corrupto y negligente del gobierno Duque a la crisis generada por covid-19, tiene al país en una curva de empobrecimiento que asciende exponencialmente. Si bien, según cifras del gobierno, durante el año 2020 se invirtieron 44.000 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y ayudas humanitarias en forma de transferencias económicas. Alrededor de esta gestión siguen habiendo dudas y miles de denuncias de corrupción en el manejo que se le ha dado a ésta política.
Foto: The New York Times
Sumado a esto, se presenta la negativa del gobierno de Iván Duque a llevar a cabo el proyecto de Renta Básica, firmado por más de 4.000 personas, entre ellos por lo menos 50 parlamentarios, como alternativa económica para sostener los hogares que más lo necesitan. Esos que día a día deben salir a las calles a exponerse ante el virus para sobrevivir. Contrario a esto el salvavidas del gobierno se enfocó en la banca, asegurando la liquidez financiera de los bancos por transferencia directa de dinero que salía del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), creado a raíz de la pandemia. Lo que algunos expertos aseguraban era que los bancos, solo por la operación de las transferencias de la medida conocida como «Ingreso Solidario», recaudarían por lo menos 24.000 millones de pesos entregados directamente del erario público. «Ingreso Solidario» que, dicho sea de paso, no recibieron a cabalidad las personas que lo necesitaban. Así, incluso durante la pandemia, en Colombia seguimos viendo cómo cada día, el pueblo es más pobre y el rico es más rico.
Esto no es nuevo. Desde hace décadas, la clase política conservadora y de derecha se presentan únicamente como los intermediarios entre el país y la economía global hegemónica. Así mismo, de manera sistemática y perpetua, sostienen su posición de intermediarios, exterminando pueblos, saqueando tierras y dominando a las mayorías populares desde la bota militar. Una dictadura solapada, con recursos y armas suficientes para mantener al país encadenado por varias décadas más. Este estallido social y popular no es espontáneo, más bien es la reacción a años y años de dominación e injusticia. Sin embargo el detonante más visible para las movilizaciones de abril en Colombia, es la propuesta del proyecto de ley mal llamado “Ley de Financiamiento Solidario”, que no es nada más que una reforma tributaria que condena y empobrece a las mayorías populares y ciudadanas.
Con el pretexto de aliviar el déficit fiscal, que el mismo gobierno produjo meses antes por un hueco fiscal que quedó de los beneficios tributarios de la anterior reforma, al uribismo y al gobierno Duque, se les ocurrió la terrible idea de aumentar el costo de vida en uno de los países más desiguales del mundo. Es inconcebible que en plena crisis, el gobierno colombiano decida subir los impuestos a la comida (Canasta Básica Familiar) de las clases bajas y medias. No se le puede aumentar el precio a la comida cuando el pueblo tiene hambre. La indignación aumenta a raíz de que las medidas contempladas en la reforma tributaria perjudican al pueblo, pero recompensan y benefician a las grandes fortunas y monopolios del país.
Si la reforma tributaria nos arruina, el proyecto 010 reforma a la salud nos mata
Las decisiones importantes que determinan el rumbo del país -y por tanto el futuro de millones de personas- son tomadas únicamente por las élites políticas, militares y económicas. Legislan a favor de imperios bancarios y ganaderos. Legislan a favor de intereses norte americanos, europeos y asiáticos. Legislan a favor de salir impunes luego de robarse los recursos de todas y todos. Legislan para repetirse en el poder nacional y local. Una conducta que ilustra esto, es aprobar leyes y reformas nocivas para el pueblo cuando nadie los ve, a espaldas de la gente y sin debate público, como es el caso del proyecto de ley que hace ajustes y actualiza el sistema de salud colombiano, radicado el pasado 16 de marzo de 2021 y que por estos días aprobaron en el congreso, en horas de la madrugada, a escondidas mientras reprimían y asesinaban manifestantes que se alzaban en paro nacional contra la reforma tributaria.
Foto: Medios Libres Cali
Una reforma a la salud que a todas luces es peor que el mismo covid-19, es la privatización plena de la salud en Colombia. Ahora debemos pagar pólizas por patología o si no las EPS no atienden. Las personas que requieren atención desde EPS deben demostrar cuidado propio, si se comprueba lo contrario la EPS puede negarse a prestar el servicio y lo cobra. En lo más crudo de la pandemia, se acabarían los programas públicos de vacunación de los municipios, ahora las EPS tienen potestad de decidir cómo ofrecer los servicio y a quiénes.
Con esta reforma, las multinacionales y farmacéuticas transnacionales pueden imponer precios y reglas de mercado para la salud en Colombia. Se acabarían los regímenes especiales de salud, educación, industriales, fuerzas armadas, etc. Los hospitales deberán demostrar resultados, un postulado macabramente similar a los resultados que exigía el gobierno Uribe a militares y que llevó a la masacre de más de 10.000 jóvenes, raptados, asesinados y reportados como combatientes de las FARC- EP, las ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados Falsos Positivos. Sin importar cuál sea el paquete de reformas, leyes y decretos que venga del gobierno, todos son para someter a la gente. La ley 100 de 1993 ha matado a más de 1 millón de personas por falta de atención o atención negligente, más personas de las que ha cobrado el conflicto armado en Colombia.
5 días de movilización, protestas y paro nacional
Desde el principio de la pandemia en Colombia a los más pobres se les presentó la cruel dicotomía entre quedarse en casa para cuidarse del virus o salir a trabajar. A las pocas semanas de iniciada la pandemia, las casas de los barrios se llenaron de trapos rojos en sus ventanas, significaba que había hambre en esos hogares y eran por miles. Por eso, un año después de las primeras cuarentenas, cuando el gobierno propone una nefasta reforma tributaria, que golpearía a las clases bajas y medias. Ante este panorama no se dudó ni un instante en salir a las calles, en un momento terrible de crisis sanitaria por el covid-19. Ya no hay dicotomía, hay rabia y frustración. Hay necesidad de juntanza en las calles. Es tiempo de parar Colombia por la dignidad.
No hubo líderes que convocaran. Sólo existía una fecha propuesta por las centrales obreras y fue suficiente para que las familias, amigos, vecinos, el barrio y el pedazo, se auto convocaran por redes sociales hasta ser ríos de comunidades caminando hacia los puntos de resistencia, hacia las entradas de la ciudad. Una forma eficiente de hacer real un paro, nadie entra ni sale. Así fue el primer día: jornadas de gritos, arengas, cantos y baile en la calle. Así somos en Cali, ¡alegres y bravos!, ¡dignas y festivas!, ¡bailadores y beligerantes! Las personas regresaban caminando ya de noche a sus casas, cansadas pero con una sonrisa cómplice de haber logrado el objetivo. Los días siguientes se multiplicaron los puntos de bloqueo y aumentó el número las asistencias de la comunidad, el ejemplo de la lucha educa y vence el miedo a la represión.
Foto: Medios Libres Cali
El gobierno también tiene experiencia. Una de clase criminal y paramilitar. Comienza a detener, asesinar, desaparecer y violar a jóvenes que en los días de paro hacen curso acelerado de resistencia y lucha callejera. El 30 de abril, luego de tres días de paro, el terror estatal es la respuesta al pueblo en las calles. Ya el terror lo usó el gobierno como forma de paralizar a las comunidades en otros momentos. El 1 de mayo se desborda la asistencia y muchas ciudades se suman al paro, el pueblo se ha empoderado. La memoria genética de otras luchas duras, que padres y abuelas en otros tiempos han dado, le recordó el poder del pueblo que cuando se une, es el mayor poder transformador que hay. Entonces ¿para qué parar y protestar? Para comprobar una vez más que el pueblo manda y cambia la historia.
En este contexto de protesta social generalizada en más de 500 ciudades del país, focalizada en los principales centros urbanos del Suroccidente colombiano y más de 50 ciudades del mundo, la respuesta represora del Estado no se hizo esperar. Teniendo en cuenta las medidas restrictivas que aún se mantienen en algunas ciudades del país, se estableció un toque de queda que iniciaría el 28 de abril a las 8:00pm. como medida para frenar la continuidad de las jornadas de movilización que se planteaban desde la ciudadanía. Sin embargo, desde las 10:00am está medida ya había sido modificada por el nivel de descontento que se vivía en las calles. Aludiendo al cuidado y al llamado a no generar aglomeraciones se comenzó a presionar insistentemente a las personas con el toque de queda.
Estas medidas de restricción fueron la excusa perfecta por parte de las autoridades policiales para generar redadas masivas de detenciones ilegales amparados en los decretos de las autoridades municipales, incurriendo además, en graves acciones de abuso de autoridad y cometiendo violaciones a los derechos humanos (asesinatos, exceso de la fuerza, amenazas, procedimientos irregulares en las detenciones, destrucción de los bienes de las manifestantes, ataques directos a la integridad de las personas, abuso sexual, entre otros). Según información de la organización Temblores, a su plataforma de denuncia de abuso policial «GRITA», se han reportado hasta las 11:00pm. Del 1 de mayo, 940 denuncias de violencia policial, 92 víctimas de violencia física por parte de la policía, 21 víctimas de asesinato de la policía, 4 víctimas de violencia sexual y 12 víctimas de disparos a los ojos.
Cali: La Capital de la Resistencia
La ciudad de Cali se ha volcado a la protesta organizada en el ejercicio espontáneo que permite el encuentro, los puntos han sido tomados con bella creatividad, el alimento siempre al centro con ollas comunitarias diversas y deliciosas, primeras y varias líneas de cuidado y contención de jóvenes en resistencia, se rebautizaron muchas zonas de la ciudad: La Loma de la Cruz ahora es la Loma de la Dignidad, el Paso del Comercio ahora es el Paso del Aguante, el Puente de los Mil Días es ahora el Puente de las Mil Luchas y la Portada al Mar es la Portada a la Libertad.
Sin embargo, la represión ha sido el pan de cada día. Haciendo eco a la frase de «siempre recordaré cuando con rabia tiré una piedra y el gobierno represor respondió con metralla», se han vivido días intensos de resistencia en -por lo menos- 7 puntos de bloqueo permanente a lo largo y ancho de la ciudad. El pueblo caleño atendió con contundencia y de manera masiva desde el primer día de movilizaciones. En la mayoría de los puntos, ante la provocación de la fuerza pública, se dieron confrontaciones entre las manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Sin embargo, la alcaldía de Jorge Iván Ospina le encomendó la tarea de asistir a las movilizaciones también al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional.
Presentamos aquí un reporte consolidado de Derechos Humanos por día que algunas organizaciones defensoras han visibilizado:
#28A 28 de abril, 2021
8 heridos de gravedad y otros 50 leves por impactos de gases lacrimógenos y aturdidoras lanzadas por el ESMAD
Un miembro de la policía dispara por la espalda al menor de 17 años Marcelo Agredo Inchimad, en el barrio Mariano Ramos de Cali. Llega al Clínica Valle del Lili con muerte cerebral y posteriormente fallece.
Es asesinado el menor de 13 años Jaison García, ingresa sin signos vitales al Hospital Carlos Holmes Trujillo del barrio República Israel.
6 personas fueron conducidas a estaciones de policía y dejados en libertad con aplicación de Comparendo por toque de queda, decretado por el alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina.
En numerosos videos de denuncia ciudadana se evidencia el uso indebido de armas no letales y el uso directo de armas de fuego en contra de las manifestantes.
#29A 29 de abril, 2021
Es asesinado por agentes de la policía el joven de 23 años Miguel Ángel Pinto, en el punto de concentración denominado «Puerto Resistencia».
106 manifestantes son detenidos y trasladados a estaciones de policía, se reportan por lo menos 31 denuncias de desaparición. En las estaciones fueron golpeados, torturados y despojados de sus pertenencias y materiales audiovisuales.
Es agredido un manifestante en un ojo por un impacto de un gas lacrimógeno en la calle 5ta.
Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.
Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.
#30A 30 de abril, 2021
En medio de las protestas son asesinados Edwin Villa Escobar (comerciante), Einer Alexander Lasso Chará (hombre pensionado) en el barrio el Diamante. Jovita Osorio en el Paso del Comercio (docente de primera infancia) y otras tres personas sin identificar del sector del barrio El Poblado, al oriente de la ciudad de Cali. Los hechos se encuentras registrados en video.
En el barrio Julio Rincón, cerca al punto de concentración de Calipso, es impactada con arma de fuego en su pierna izquierda Angely Vivas Restrepo. Mientras que en el barrio Las Américas resultan heridas dos mujeres y un hombre. Esto sin contar otras 105 personas afectadas por distintos métodos de agresión usados por miembros de la fuerza pública.
Son detenidos dos integrantes de la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuente identificados como Daniela Caicedo y José Cuello. Los hechos se dieron en el punto de concentración de Sameco. Allí les hurtan los objetos que los identifican como parte de la organización.
94 personas conducidas a estaciones de policía en diferentes puntos de concentración de la ciudad. Muchos de ellos y ellas fueron golpeadas y torturadas al interior de dichas estaciones por miembros de la fuerza pública.
Se denuncia la desaparición de: José Miguel Oband, Diego Alejandro Bolaños y Jhon Haner Muñoz Bolaños.
#1M 1 de mayo, 2021
Sobre la jornada no hay un reporte de derechos humanos consolidado aún. Pese a la masiva asistencia de manifestantes que cubrían gran parte de los puntos de concentración del centro de la ciudad. Se reportaron ataques indiscriminados a los puntos de concentración de Paso del Aguante, Calipso, y Puerto Resistencia. La fuerza pública aprovechó la llegada de la noche para atacar los puntos más vulnerables de la jornada del 1 de mayo, se reportaron por toda la ciudad denuncias de civiles armados disparando en los barrios colidantes a los puntos de concentración. En la noche del 1 de mayo es declarado el estado de «Asistencia Militar». Esta vez para legalizar la militarización de las ciudades donde se mantiene la movilización y la resistencia civil en contra de su Reforma Tributaria.
Las herramientas del enemigo: Política de guerra para la protesta social
Encontrar en fuentes oficiales, como las de la presidencia de la república y el Ministerio de Defensa, información sobre los gastos militares ha sido todo un reto, pues parece que quisiera ocultarse la verdad sobre los gastos gubernamentales en material de guerra. Es porque Colombia gasta actualmente un valor cercano a 40 Billones de pesos colombianos en el Ministerio de Defensa (10.300 millones de dólares). Históricamente el presupuesto de la nación para este rubro siempre ha sido alto, ya que desde hace varias décadas continúa y se acentúa el conflicto interno, que pese a algunos esfuerzos para lograr diálogos de paz, al día de hoy se ha diversificado, territorializado y agudizado en muchas partes del país. El porcentaje equivalente del presupuesto de defensa frente al total en el gasto publico en Colombia ronda el 11%, un porcentaje bastante alto para un país con una economía debilitada. Con este valor se ubica el país en el puesto 25 en el ranking mundial del porcentaje del gasto publico en defensa, lejos de otros países como Francia que gasta el 3.3% España 2.9% o Brasil con 3.86%.
Al interior de la institución de la policía nacional, esta inscrito el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) fuerza creada en 1999 para contener las movilizaciones que se realizaran en el país, era una fuerza especial transitoria que sin embargo lleva más de 20 años y durante los diferentes gobiernos de turno se ha ido fortaleciendo y que al día de hoy cuenta con 3.876 integrantes y un presupuesto anual de 490.000 millones de pesos (131 millones de dólares). Este mismo escuadrón, a lo largo de su accionar, ha asesinado por lo menos una veintena de personas civiles, en ejercicios de abuso de autoridad y policial, que ellos han llamado “excesos de la fuerza”.
Foto: Medios Libres Cali
Actualmente debido a un gobierno completamente ajeno al pueblo y previendo el fuerte descontento popular por las medidas que se han tomado históricamente, el gobierno Uribe-Duque ha fortalecido las fuerzas de represión, destinando millonarias sumas para esta causa. Desde tiempo atrás el gobierno se ha preparado para una respuesta represiva a un inminente estallido social, ya que en en marzo del año 2020 se compraron 5 tanquetas (vehículos blindados) por un valor de 8.000 millones de pesos (2,1 millones de dólares) para fortalecer esta fuerza de represión así como la compra por valor de 9.515 millones de pesos (2.5 millones de dólares) en municiones y diferentes armamentos para el ESMAD, en medio de una fuerte crisis social y económica ocasionada por la pandemia del covid-19. Para el 2021 se ha incrementado el presupuesto en casi 1000 millones de pesos. El gobierno evidentemente perpetúa la represión y le da a la protesta social un tratamiento de guerra.
Sin embargo, ni el ESMAD ni la policía han logrado reprimir y contener el estallido social que se ha declarado en Paro Nacional. Es por eso que el Presidente de la República Iván Duque -en diversos medios- el día 1 de mayo de 2021, tomó la decisión de instalar en las ciudades que lo requieran «Asistencia Militar” una medida que está reglamentada en el código nacional de policía, en la cual se establece el uso de las fuerzas militares en el control del orden y la asistencia de situaciones de desastre. La presencia de dichas fuerzas en las calles incurre en una reducción de derechos como se establece en un estado de sitio. Hay que tener en cuenta que en la práctica, la presencia militar en las calles genera mayores posibilidades de accionar bélico en las manifestaciones ya que el estado trata la situación desde una perspectiva militar que históricamente, tiene un fuerte accionar violento e impune contra la población civil.
Las calles llenas
La gente Colombia se fue juntado en cada esquina. Todas las ciudades pararon. Los barrios tomaron las calles en rechazo a la reforma tributaria bajo la consigna «si no nos unimos nos hundimos». Colombia es ahora un río de gente, pueblo con pueblo se juntó, se prendió una gran fogata de unidad en honor a los muertos que pone el pueblo, porque nos duelen bien adentro pero su muerte no puede ser en vano. Las voces del país entero se hicieron oír y múltiples marchas han salido regando la voz de la resistencia. Colombia ha perdido el miedo y ya no tiene nada más que perder, así que A PARAR PARA AVANZAR.
Durante el periodo de aislamiento social obligatorio, doce mujeres fueron asesinadas y 557 se reportaron como desaparecidas.
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Las medidas de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus trajeron una consecuencia indeseada: el aumento de la violencia hacia las mujeres. Durante el periodo de aislamiento social obligatorio, doce mujeres fueron asesinadas y 557 se reportaron como desaparecidas.
La noche del primero de mayo, Yadi Gabriela Fernández (22) cenaba junto a su conviviente, Richard Cárdenas (36), cuando se inició una discusión que se tornó violenta. Cárdenas atacó con un cuchillo a la madre de su hijo, hasta asesinarla. El asesino huyó de la escena del crimen, y pocas horas después su víctima fue encontrada por sus vecinos, en la provincia de La Concepción, en el Cusco. Al igual que Yadi otras once mujeres han sido víctimas de feminicidio durante el Estado de emergencia.
En medio de la pandemia por el avance del COVID-19, el enemigo más latente ha seguido en casa. La cuarentena ha obligado a miles de mujeres a permanecer confinadas junto a su agresor y una de las consecuencias de este encierro ha sido el aumento de la violencia de género. Durante casi tres meses, el país ha quedado paralizado; sin embargo, la violencia no: doce mujeres fueron víctimas de feminicidios, existieron 25 tentativas, y más de 7066 hombres fueron detenidos por agresiones.
Según el último reporte del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, de las doce víctimas de feminicidio, diez de estos casos se trataron de feminicidios íntimos. Esto quiere decir que los feminicidas fueron hombres cercanos a la víctima, parejas o exparejas con quienes compartían su entorno familiar: (4) convivientes, (3) ex conviviente, (1) enamorado, (1) ex enamorado, (1) pareja sentimental.
Además, durante el estado de emergencia, la Defensoría del Pueblo reportó 557 mujeres y niñas desaparecidas. Solo en mayo se produjeron 234 de estas desapariciones, un incremento del 30% respecto al mes de abril. Esto significa que cada tres horas una mujer desaparece en nuestro país. Del total, 355 son menores de edad. ¿Dónde están ellas?
Ante la imposibilidad de salir a las calles, la vía telefónica se convirtió en la alternativa más utilizada para clamar ayuda. La línea 100, creada por el Ministerio de la Mujer para denunciar agresiones, registró más de 28 mil llamadas, lo que significa un aumento del 39% respecto a periodos anteriores.
SI NO ES GRAVE, SIGUES EN CASA
Si antes del confinamiento ya era difícil para una mujer denunciar, el aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno ha reducido el acceso a los canales de apoyo. Las circunstancias actuales limitan aún más. Según la Organización de Naciones Unidas, menos del 10 % de víctimas de violencia doméstica acuden a la policía.
Otro de los impedimentos es que los mecanismos de las autoridades se limitan a tomar acciones eficaces únicamente frente a las agresiones graves, mientras que en los casos leves las víctimas permanecen expuestas a su agresor. Para la adjunta de los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, todos los casos de violencia deberían ser considerados como graves durante el Estado de Emergencia.
«La línea 100 ha sido diseñada para atender casos graves de violencia. Hemos visto desde la Defensoría que esto no está funcionando porque por confinamiento todas las situaciones de violencia deberían ser consideradas de gravedad”, señaló Revollar.
Asimismo, indicó que las víctimas no pueden quedar expuestas a continuar siendo violentadas. “Si llaman a reportar un caso de violencia física leve en la línea 100, te piden que cuando pase la cuarentena te acerques a la comisaría a poner tu denuncia. Esto expone a la víctima a que conviva con su verdugo”, agregó.
Para los casos extremos, las mujeres violentadas son trasladadas a refugios temporales. Durante el aislamiento social, 58 víctimas han sido llevadas a estos hogares. Sin embargo, estas sedes son escasas y no se dan abasto para recibir a un gran número de personas, indicó la representante de la defensoría.
Ante las alarmantes cifras durante el confinamiento, el Gobierno emitió a finales de abril el decreto legislativo Nº 1470 que dispone que todos los casos de violencia contra la mujer deben ser reportados como urgentes y deben ser atendidos con inmediatez durante el periodo de emergencia sanitaria. El decreto simplifica el procedimiento para que las mujeres en riesgo cuenten con medidas de protección de forma oportuna en un plazo no mayor a 24 horas, prescindiendo de la realización de audiencias.
SEGUIMIENTO SOLO A CASOS URGENTES
En este contexto, la Fiscalía de la Nación dispuso la recepción de denuncias de violencia contra las mujeres y los integrantes de grupos familiares vía whatsapp y correo electrónico. A través de una resolución, señaló que los 34 distritos fiscales del Perú recibirán denuncias utilizando servicios tecnológicos, destinado a víctimas que permanecen confinadas sin alternativa a acercarse a una comisaría. Esta medida fue aprobada ante los casos de feminicidios reportados durante el aislamiento.
José Luis Huarhua, el fiscal provincial especializado en casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familia, detalló a La Antígona que, para realizar una denuncia, la víctima debe dejar sus datos a través de las vías virtuales. Si cuenta con evidencia, como fotografías de agresiones físicas, puede dejarlas como evidencia.
La fiscalía recepciona todo tipo de denuncias de violencia. Sin embargo, debido a la pandemia, la fiscalía solo da seguimiento a las que son graves y urgentes. En el caso de agresiones leves, los plazos legales han sido suspendidos, lo cual significa que no hay una tramitación regular del proceso, y la víctima debe retornar a casa junto a su agresor.
Huarhua sostiene que es necesario denunciar así sean casos leves, las denuncias son necesarias para dejar constancia de las agresiones, y si son reiterativas, aplicar medidas de protección para las víctimas y eventualmente pedir una prisión preventiva para reincidentes.
Según detalla el fiscal provincial, el perfil de las víctimas de feminicidios son mujeres de 25 a 35 años, en su mayoría amas de casa y que hay hijos de por medio. En la mayoría de los casos la dependencia económica es un factor clave para que las mujeres continúen sometidas frente a su agresor.
“¿Por qué mata este sujeto a la mujer? La explicación que brindan los psicólogos y especialistas con lo que trabajamos es que el machismo está interiorizado en la sociedad, tenemos arraigado el machismo, los estereotipos de género y el poder del hombre sobre la mujer… El sujeto se cree superior, piensa que la mujer es de su pertenencia “si tú no estás conmigo no eres de nadie. En la mayoría de los casos los celos son el móvil” agregó.
VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA: LA OTRA PANDEMIA
El confinamiento por coronavirus no solo ha ocasionada una escalada de violencia a la mujer en Perú, sino que también a nivel del América Latina, un territorio donde antes de la pandemia ya 20 millones de niñas y mujeres ya eran víctimas de violencia física y sexual.
En México, el país que presenta los índices más críticos de violencia en la región, los feminicidios han cobrado más vidas que la pandemia por el coronavirus. Desde que se reportó el primer caso de COVID-19, el 28 de febrero, hasta el 13 de abril, 317 mujeres murieron en manos de su agresor, mientras que 100 fallecieron a causa del coronavirus, según la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del País.
La especialista mexicana Ariana Lourdes Rodríguez Gonzáles, quien pertenece al Centro de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de México, explicó que los abusos durante la cuarentena se incrementan debido a que “el hombre al no tener espacios con quien comprobar su masculinidad, se desquita con las mujeres, por eso es que se incrementa el tema de la violencia contra la mujer y las niñas durante el confinamiento”. Además, precisó que cada mujer enfrenta de manera personal esta situación.
La escalada de violencia también se ha disparado en otros países latinoamericanos. En Argentina 18 mujeres fueron asesinadas en los primeros 20 días de su cuarentena y las líneas de ayuda aumentaron sus llamadas en un 67%. En el caso de Colombia, el panorama se repite: durante el confinamiento se han reportado 19 feminicidios y los llamados de auxilio a través de las líneas oficiales del gobierno se incrementaron casi al 130%.
Ante la falta de protección a las víctimas y debido a la exposición que las mujeres tienen confinadas junto a su agresor, han surgido iniciativas para frenar la violencia. En España lanzaron el programa “Mascarilla 19”, el cual consiste en que las mujeres que se encuentren en una situación de riesgo puedan acercarse a la farmacia y solicitar una «Mascarilla 19». El personal de la farmacia realiza una llamada para alertar a los servicios de emergencia.
La violencia se mantuvo latente durante la emergencia sanitaria y poblaciones vulnerables se han visto en riesgo ante las políticas públicas
Asesinatos, llamadas de emergencia, desapariciones y nuevas víctimas. La violencia se mantuvo latente durante la emergencia sanitaria y poblaciones vulnerables se han visto en riesgo ante las políticas públicas de prevención por el coronavirus.
La pandemia no frenó los actos de violencia cometidos contra las mujeres. La inseguridad no solo se manifestó en las calles, sino también en casa. Con el fin de evitar la propagación de la COVID-19 se anularon canales presenciales de denuncia que atendían las 24 horas, y en su lugar, las llamadas de auxilio se intensificaron. Las medidas empleadas fueron insuficientes al no poder atender de forma rápida y directa los casos registrados y al no contemplar un enfoque interseccional que asegure la protección de mujeres, niñas y adolescentes en todas las regiones del país.
Antes del inicio de la cuarentena, en el mes de febrero, se recibieron 14693 denuncias de violencia contra la mujer. Estas fueron inscritas y formalizadas a través de los 396 Centros de Emergencia de la Mujer (CEM) que operan a lo largo del país. No obstante, el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM detuvo su funcionamiento y activó los Equipos Itinerantes de Urgencia (EUI), para atender a las víctimas de violencia durante el encierro.
El 16 de marzo fue el primer día de la cuarentena en el país. Desde esa fecha hasta fin de mes solo se reportaron 395 denuncias por los EUI. La disminución drástica en las cifras no se debió a la ausencia o disminución de violencia de género, sino a la limitada cobertura de atención a las víctimas y las barreras que dificultaron solicitar ayuda o auxilio desde el aislamiento. El personal de los EUI estuvo capacitado para actuar únicamente cuando los casos eran derivados por la Policía, el Poder Judicial, la Fiscalía o la Línea 100.
La Línea 100 es un canal de atención telefónico y gratuito que funciona las 24 horas del día, especializado en dar información, orientación, consejería y soporte emocional a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar o sexual. Ante la ausencia de los CEM se reforzó este servicio y 10 días después del inicio de la medida, se puso en marcha el Acompañamiento Psicológico Telefónico.
Un mes después, se publicó el Decreto Legislativo N° 1470, el cual simplificó los pasos para la atención de casos de violencia contra las mujeres, que además reconoce la identidad de género y la orientación sexual como condiciones protegidas.
En marzo, la Línea 100 recibió 10679 comunicaciones hechas por mujeres, cifra mayor a las reportadas en enero y febrero. De esta cantidad, 5418 corresponden al periodo que va del 16 al 31 de marzo. En junio el número ascendió a 18880, siendo la violencia psicológica uno de los registros más alarmantes (más de 6500). En Perú, este tipo de agresión se practica desde la niñez y los mayores porcentajes se dan en las mujeres con educación secundaria, desmintiendo los supuestos que asegura que solo mujeres sin educación son violentadas, como lo ilustra la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2019.
Entre marzo y junio perdimos a 35 mujeres, adolescentes y niñas que fueron asesinadas por la violencia de género. A ellas se suman dos menores de edad que murieron a manos del mismo agresor de Alejandrina Huaraca (32 años, Ayacucho). Hermana e hija, sus muertes fueron tipificadas como homicidio calificado y no feminicidio; sin embargo fueron también víctimas del horror.
Como ellas, muchas sufrieron otros tipos de agresión antes de enfrentar la muerte y sus violentadores fueron en algunos casos parejas o exparejas. Pero, ¿qué pasa con los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio? El 10 de febrero el Estado publicó el Decreto de Urgencia Nº 005-2020, con el cual se establece una asistencia económica bimestral de S/. 600 ($165 USD, en promedio) para “contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio”. De acuerdo a Silvia Arispe, directora Ejecutiva del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA, hasta el 28 de septiembre (más de siete meses después de haber expedido el Decreto) se concedió la asistencia a 250 víctimas indirectas en 25 regiones del país.
Desaparecidas en pandemia
Otro problema urgente e invisibilizado son las desapariciones sin respuesta de mujeres, niñas y adolescentes. Hace 17 años, en 2003 según la Ley Nº 28022 se aprobó el reglamento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Una medida que no se puso al servicio de la ciudadanía hasta agosto de este año, que el Estado anunció finalmente su implementación en un lapso de 40 días útiles. Dos meses después del anuncio, el 15 de octubre el Gobierno implementó el sistema que permitirá una adecuada gestión de denuncias, investigación, búsqueda y acciones. A ello se le suma la reactivación de la Línea 114, creada para atender las denuncias de este tipo, pero la cual se encontraba sin funcionamiento hasta inicios de octubre; un Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia y la página web oficial.
Antes de ello, Perú no contaba con un sistema unificado, público y actualizado de los casos de desaparición que se reportan en el país. Debido a esta carencia la Defensoría del Pueblo construyó una base de datos a partir de las Notas de Alerta que emite la Policía Nacional. Sin embargo, este proceso también presenta dificultades.
Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría, señaló que los principales obstáculos son la multiplicidad de Notas de Alerta sobre la desaparición de una persona —al ser realizada por distintas personas—, la inadecuada consignación del nombre de la dependencia policial —lo que dificulta determinar a qué región pertenece el caso— y la carencia de fotografía de la víctima en la Nota de Alerta. “Entre otras dificultades también se perfilan la carencia de información de las circunstancias de la desaparición; ausencia de la región donde sucedió el hecho y sexo al que pertenece la persona desaparecida; la colocación de notas de alertas de niñas y adolescentes en la sección de personas adultas desaparecidas y viceversa”, añadió Revollar.
Según los registros que lleva la Defensoría, entre enero y junio del lectivo 2020, desaparecieron un total de 2457 mujeres. De estas, desde el inicio de la cuarentena, se registraron 915 casos, de los cuales un 70% (606) son niñas y adolescentes. Esto equivale a un promedio de 10 denuncias por día. Aunque estas cifras son menores a las detalladas antes de la pandemia, la funcionaria de esta institución sostiene que conforme han ido disminuyendo progresivamente las medidas de restricción a la libertad, se ha evidenciado mayor número de casos de denuncias por desaparición de mujeres y niñas.
La relación entre feminicidios, violencia y desaparición es conjunta. Parte de las víctimas han sido atendidas antes por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). De los 96 casos de feminicidios reportados entre enero y septiembre, 17 tenían denuncias previas de desaparición.
Silvia Arispe, del Programa AURORA, indicó que si bien este tema no constituye un hecho de violencia en la Ley 30364, que establece la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, no se puede negar que hay una vinculación entre ambos aspectos. Para Eliana Revollar la desaparición de una mujer tiene que ver con una cuestión de violencia de género. De acuerdo a ONU Mujeres, las desapariciones de mujeres a menudo están vinculadas con otras formas de violencia de género como la trata, la violencia sexual o el feminicidio.
El Ministerio de la Mujer viene trabajando protocolos de acción conjunta con la Policía para generar alertas sobre mujeres desaparecidas que han sido atendidas anteriormente por el MIMP y sus canales. El viernes 28 de febrero de 2020, el Gobierno publicó el Decreto Supremo N° 002-2020-IN, con el que se aprueba el “Protocolo Interinstitucional de Atención de casos de Desaparición de Personas en Situación de Vulnerabilidad y Otros Casos de Desaparición”. Este protocolo establece el procedimiento de acción inmediata que las autoridades deben adoptar ante una denuncia en esta materia. Antes se tenía que esperar el transcurso de 24 horas desde la desaparición para comenzar con las diligencias correspondientes.
La pandemia expuso una de las desigualdades más fuertes de la sociedad peruana: quedarse en casa es sinónimo de refugio para algunos y un infierno para otras. A lo largo de los años, las cifras han reflejado que el agresor, en muchas ocasiones, es un familiar o alguien cercano a la víctima. Las medidas de confinamiento no evalúan los diversos tipos de violencia perpetrados desde el hogar y el riesgo que supone vivir con el agresor sin la posibilidad de salir a pedir ayuda por temor a la covid-19 y a las débiles acciones de la Justicia. El virus no es el único enemigo invisible.
* «Violentadas en cuarentena”, publicada en Distintas Latitudes, es una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina y el Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la covid-19. Esta investigación fue apoyada por el Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la International Women’s Media Foundation.
Las víctimas pocas veces se sienten escuchadas y temen que sus casos no trasciendan judicialmente.
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La trata de personas es uno de los delitos más crueles y complicados. Vulnera los derechos básicos del ser humano y comprende, además, una cadena de otros hechos delictivos. En un último informe, la Defensoría del Pueblo y la ONG CHSAlternativo alertan que el sistema judicial necesita un enfoque de género al abordar este ilícito, que afecta a cientos de niñas y mujeres. Los especialistas señalan que las víctimas pocas veces sienten que su voz es escuchada y que sus casos pueden trascender jurídicamente.
Cuando Lucía tenía 17 años, ella veía como sus amigas entraban a un cuarto y salían con bastante dinero. Le llamaba la atención lo “fácil” que era conseguirlo; así que se involucró. Su vida empezó a desvanecerse “en madrugadas de fiestas, alcohol y sexo con hombres que ella y sus amigas llamaban puntos.
Un día no llegó a su casa como solía hacer siempre. Varios días después fue a la casa de su amiga, quien dio aviso por teléfono a su mamá que la buscaba desesperada. Enterada de lo que había sufrido su hija, ella misma la llevó a la comisaría. Ahí la atendieron miembros de la policía especialista en trata de personas. Luego, fue llevada a la UPE (Unidad de Protección Especial de Menores). Finalmente fue trasladada a un albergue especializado en recibir a víctimas de la región de Loreto. “Si no me hubieran rescatado, ahora no sé dónde estaría yo”, dijo. Este caso fue contado en el reportaje «Esclavas sin cadenas» de la periodista Lourdes Fernández, en el Diario El Comercio. La historia de Lucía es la de muchas otras víctimas de trata de personas.
En Perú, entre el 2012 y parte del 2019, se registraron mediante diferentes agentes estatales más de 12 mil denuncias por delito de trata de personas, según el Ministerio del Interior. Eugenia Fernán, Primera Adjunta de la Defensoría del Pueblo, declaró en la conferencia virtual “Abordaje judicial de la trata de personas”, que este delito es un fenómeno mundial que representa una de las peores formas de explotación. “Es una grave violación a los derechos humanos en cuanto vulnera la esencia de la persona, su esfera más íntima, su dignidad, libertades fundamentales e integridad”, agregó la experta.
Aunque la principal forma de explotación es la sexual, este delito no se limita a esta, pues también contempla el trabajo forzoso, la esclavitud, la servidumbre doméstica, la mendicidad infantil, la extracción de órganos, entre otros.
En un esfuerzo colaborativo, la Defensoría del Pueblo junto a Capital Humano Social Alternativo (CHS) y U.S. Agency for International Development Perú (USAID), revisaron 120 expedientes judiciales, entre el 2005 y 2017, referidos al delito de trata de personas procedente de 14 regiones del país. El informe concluye, principalmente, que en la mayoría de las sentencias judiciales, de los casos revisados: se considera la dignidad como el bien jurídico protegido en el delito de trata de personas; se tiene en cuenta la vulnerabilidad de la víctima, aunque principalmente solo desde el aspecto económico; y se necesita adoptar enfoques en el abordaje judicial.
La relevancia de elaborar y tener en cuenta este informe se debe a razones esenciales. “Las víctimas pocas veces se sienten escuchadas y pocas veces sienten que pueden trascender a los procedimientos judiciales y que puedan realmente hacerse sentir en las decisiones que los jueces toman”, afirmó Ricardo Valdés Cavassa, Director Ejecutivo de CHS Alternativo. Por ello, el objetivo de este reporte es analizar y hacer recomendaciones para facilitar el trabajo de los jueces en los procesos judiciales respecto a los delitos de trata de personas.
Este delito tiene rostro de mujer.
A nivel mundial, de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el delito de explotación de personas afecta de forma desproporcionada a mujeres y niñas. Ellas representan el 99% de las víctimas, sobre todo en la industria sexual comercial, y el 58% en otros sectores. Pero también es conocido como el “delito invisible”. “Incluso para las propias autoridades, es muy difícil de poder verificar al tener una cadena, a su vez, de hechos delictivos: que tiene una conducta, que sea a través de medios y tenga una finalidad”, sostuvo Lourdes Fernández, periodista especializada en el tema de trata de personas, en diálogo con La Antígona.
En el Perú, “al menos 7 de cada 10 víctimas de trata de personas son mujeres, y eso es preocupante porque revela, a su vez, problemas estructurales como el machismo impregnado en la sociedad y también una falta de capacitación para poder aplicar el enfoque de género en los procesos judiciales”, explica Fernández.
Proceso judicial: Elementos a tener en cuenta
El informe evidencia que el principal criterio en el proceso judicial, refiere al bien jurídico. El mismo que, actualmente, es la dignidad, a diferencia de años anteriores en los que se ponderaba la libertad. La dignidad humana entendida como “la no cosificación de la persona”, señaló Percy Castillo, Adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, en entrevista con La Antígona. Esta evolución es importante pues de considerar la libertad como bien jurídico, se podría generar impunidad, como ejemplifica una de las determinaciones judiciales revisadas:
“A pesar de que una menor era explotada sexualmente, se argumentó que el delito de trata de personas no se habría configurado.Ya que ella podía salir por una hora del bar en el que trabajaba. Consecuentemente, no se encontraba retenida y su libertad personal no había sido vulnerada”.
Por otro lado, el informe demuestra que existe una necesidad de transversalizar la perspectiva de género en todo lo que signifique la investigación judicial. Aun cuando “se reconoce que en el análisis de las sentencias, no se encontraron los llamados estereotipos de género que en general buscan desacreditar a las víctimas en beneficio de los tratantes”, sostuvo Marisol Perez, Jefa de la Oficina de Gobernanza y Fortalecimiento Institucional de USAID Perú.
En este contexto, en el que más del 90% de víctimas son mujeres -entre adultas y niñas y adolescentes- resulta sumamente importante que “los procuradores de justicia tengan claro que los estereotipos de género son construcciones sociales que subordinan al género femenino por lo que no pueden ser utilizados para determinar la comisión del delito de trata de personas”, indicó Castillo.
El estudio también destaca la relevancia de las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas. De acuerdo al Marco 2002/629 JAI, decidido por la Unión Europea referente a la lucha contra la trata de personas, “son aquellas situaciones en las que la persona no tiene una alternativa real y aceptable, excepto someterse al abuso”. Dichas situaciones no se limitan al ámbito socioeconómico -con ausencia de medios de subsistencia, pobreza extrema y/o carga familiar. Ahora, involucran también aspectos de inestabilidad emocional, por ejemplo. De forma que los tratantes toman ventaja de ellas y captan a sus víctimas a fin de someterlas y convertirlas en objetos de explotación.
La trata de personas y la pandemia
En general, es relevante tener en cuenta el hecho y el motivo por el que las víctimas son mujeres. Como indica Fernández, la mayoría de víctimas de trata son mujeres. Esto, “porque hay una desigualdad de género, evidente, que se visualiza y se revela también en las pocas opciones laborales, económicas y profesionales. Así mismo, aún tenemos las mujeres en el país. Entonces eso las hace mucho más vulnerables, a las víctimas”.
Debido a que el principal método de captación de trata de personas son las falsas ofertas de trabajo, considerando el contexto de la pandemia del COVID-19, Valdés explicó que prevé que las condiciones de vulnerabilidad estén más presentes que nunca. Es así que los porcentajes de pobreza se han ido incrementando. Hoy se calcula que habrán 1 millón 200 mil empleos perdidos sólo en la capital peruana. En esa línea, Castillo manifestó que es importante trabajar en la parte preventiva. Es decir, reunir “todos los esfuerzos que ilustren la forma como trabajan estas organizaciones delictivas y prevengan a las mujeres. Sobre todo, porque son las principales víctimas”, agregó.
Asimismo, se debe tener en cuenta el tema de género, los contextos de desigualdad que existen y vuelven más vulnerables a las víctimas. “Los esfuerzos estatales están más orientados al tema de poner la sanción. Esto es correcto, pero muchas veces se le pierde el rastro a la víctima”, concluyó Castillo. Muchas veces se cree que liberándola del captor la víctima ya es libre, cuando no es el caso. Las secuelas y traumas que dejan este tipo de situaciones, probablemente, nunca abandonen a la víctima.
El registro fotográfico y audiovisual se han convertido en herramientas ideales para crear una memoria ciudadana colectiva desde diversos enfoques.
Registrar para no olvidar. La crisis social, económica y política que sufre nuestro país han generado movilizaciones jamás vistas antes convocando a todos los grupos sociales. Ante estos nuevos panoramas, el registro fotográfico y audiovisual se han convertido en las herramientas ideales para crear una memoria ciudadana colectiva desde diversas visiones y enfoques.
Durante noviembre de 2020, Perú cayó en una crisis política luego de que el congreso vacara al entonces presidente Martín Vizcarra. Manuel Merino asumió el cargo por tan solo 6 días, pues una ola de protestas a lo largo del país impulsaron su renuncia al poder. Estas marchas marcaron un precedente gracias a particularidades como la multitudinaria asistencia pese a la pandemia, o el hecho de que los principales asistentes fueron jóvenes entre 18 y 24 años, en su mayoría mujeres según cifras del IEP.
Una vez que Francisco Sagasti asumió el poder para liderar un gobierno de transición hasta las no muy lejanas elecciones presidenciales de abril de 2021, diversas iniciativas surgieron para que los eventos de esa semana de protestas no fueran olvidados. Partiendo de la fotografía, se llevó a cabo una exposición en el LUM y se abrió una convocatoria nacional para participar en la publicación “11/20”, que fue editada por KWY Ediciones bajo la dirección del fotógrafo Musuk Nolte. No obstante, el equipo del Centro Cultural La Revoltosa sintió que aún faltaba contar esta historia desde la perspectiva de mujeres y disidencias, y es así como surgió su propia convocatoria, que resultaría en la publicación digital “Archiva NOV20”.
Foto: AP Photo/Rodrigo Abd
“Archiva NOV20” es una mezcla de fotos, audios, ilustraciones y textos recibidos por La Revoltosa entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Fabiola Reyna, Ale Sotelo, Marel Coral y Vanessa Valencia fueron quienes le dieron vida a este centro cultural digital peruano en 2020, y también fueron quienes diseñaron y gestionaron la publicación.
Para este centro cultural era importante crear algo que no fuera “solo un archivo como tal, sino un archivo -o una archiva, en todo caso, o un contra archivo- que tenga en cuenta nuestras propias vivencias y miradas desde nuestra identidad”, como “mujeres, como cabras, como trans, como compas” señaló Ale Sotelo -coordinadora de artes visuales de La Revoltosa- durante lapresentación transmitida vía Facebook.
“La historia oficial, los discursos sobre la construcción del estado-nación, incluso sobre la protesta, masculinizan… masculinizan y blanquean mucho el relato sobre cómo se han construido nuestros territorios. De cómo se han disputado las luchas, las protestas; básicamente todo” agregó.
El objetivo era crear un archivo que recopilara las voces que no siempre tienen dónde expresarse, fomentando la representación y generando una memoria crítica y colectiva que honrara lo sucedido. “La historia es circular y siempre está abierta y es convulsa; y siempre podemos seguir aprendiendo de este tipo de acontecimientos», siguió Sotelo. Y es que documentos como este siempre nos permitirán revisar la historia desde nuevas lecturas e ideas a medida que pase el tiempo; “Archiva NOV20” no impone una conclusión definitiva sino que pretende ser un punto de inicio para recordar y reflexionar críticamente sobre lo vivido en noviembre.
En las 41 páginas digitales de la publicación encontramos una narrativa que comienza con una parte dedicada a la organización colectiva en las calles; sigue con una segunda parte que muestra la represión policial; una tercera parte que muestra las respuestas, resiliencia y soporte colectivo que surgió a partir de esa represión; y una cuarta parte que recabe la memoria de los acontecimientos. Interesantemente, algunas de estas páginas cuentan con códigos QR para que quien las lea también pueda escuchar cómo sonaban las marchas, potenciando la experiencia a través del sonido.
Foto: ARCHIVA NOV20
Vanessa Valencia, integrante de la mesa directiva del Centro de Producciones Radiofónicas (CPR) y del Grupo de Investigación Sonora (GRISPerú), explicó que el sonido es una parte fundamental de la memoria porque este muestra particularidades específicas de lo que sucede: “Las marchas, cómo se dieron en 2017, 2018; del 8M, del orgullo; las que tuvimos también con el aspecto político; son muy distintas […] encontramos sonidos muy distintos y característicos quizá […] Por ejemplo este sonar entre la olla y el cucharón, como un sonar entre metal y melancolía, ahí que iba entre las calles, los famosos que le llegaron a llamar cacerolazos”. Cabe resaltar que Valencia también comentó que la experiencia de registro fue compleja debido a la represión policial que existe en las marchas en Perú: “Muchas veces hemos tenido que estar yendo acompañadas porque no nos podemos sentir seguras registrando solas”.
El rol de las mujeres y disidencias en las marchas fue clave por diversas razones, y Fabiola Reyna -directora de La Revoltosa- explicó que esto quería rescatarse a través de “Archiva NOV20”: “Justamente que hayan quizás mas hombres «cis» detrás de la generación de este archivo hacía que los personajes que se ven dentro de esos archivos sean hombres «cis» ¿no? Y en esta marcha hubo mucha organización desde colectivos feministas, que estuvieron en primera línea, cuidándose además”.
Reyna también recalcó que la sororidad fue un aspecto relevante de las protestas: “Algo que sucedió mucho en esta marcha por ejemplo en los chats de colectivas y todo esto, apenas por ejemplo alguien perdía de vista a otra persona -sobre todo si era una persona trans- era como la desesperación porque sabemos qué es lo que pasa ¿no? Creo que estamos mucho más alertas, ahí corremos mucho más peligro, lo que nos puede pasar es bastante más grave ¿no? Incluso a una chica que la detuvieron porque imprimió afiches me parece, la agredieron sexualmente, la desnudaron y no la quería dejar ir ¿no? Y son digamos esos contrastes con otros peligros de hombres cis ¿no? que también bueno, también digamos, la policía es abusiva con todas las personas ¿no?, pero es también en otro sentido digamos, son… digamos, lo que nos puede pasar es un poco distinto ¿no? Es eso, es cuidarnos, es preocuparnos, es organizarnos, es estar cada 5 minutos compartiendo nuestra ubicación, es llorar también”.
Foto: ARCHIVA NOV20
Si bien la presentación de “Archiva NOV20” permitió discutir distintos temas, uno de los que más resaltó fue la importancia de considerar y registrar las emociones como parte de la experiencia de mujeres y disidencias en eventos como el de noviembre.
“Una vez leí la siguiente frase: ‘la historia de las disidencias sexuales necesita de un archivo radical de las emociones, con el fin de documentar la intimidad, la sexualidad, el amor, el activismo y las luchas sociales. Todas las áreas de la experiencia de la disidencia que son difíciles de documentar a través de los materiales de un archivo tradicional’. Creo que por ahí también van las reflexiones tanto del registro y de cómo vamos construyendo nuestras memorias”, agregó Marel Coral -coordinadora de cine y audiovisual de La Revoltosa- para finalizar la presentación. Mira la publicación haciendo click aquí.
La exposición Beyond the ballot: St. Louis and Suffrage visibiliza el trabajo que queda por hacer en ciudades como Lima, donde el registro de mujeres a través del tiempo son poco conocidos
La exposición Beyond the ballot: St. Louis and Suffrage, sitúa a mujeres que han dedicado parte de su vida a mejorar las condiciones de otras y de poblaciones vulnerables en la ciudad de St. Louis, Missouri, Estados Unidos. No obstante, también visibiliza el trabajo que queda por hacer en ciudades como Lima, donde el registro de mujeres a través del tiempo son poco conocidos.
Llegar al Museo de Historia de Missouri es sorprenderse desde antes de atravesar sus puertas. Ubicado en el Forest Park del condado de St. Louis, su imponente arquitectura impresiona a cualquiera que pase por allí. Al entrar, con los protocolos de seguridad, te ofrecen un mapa con el cual puedes guiarte por sus cuatro exposiciones. Sin embargo, hay una que resalta simplemente con verla. En español, su nombre es: Más allá de la cédula de sufragio: St. Louis y el sufragio(Beyond the ballot: St. Louis and Suffrage). Unas sombrillas amarillas cuelgan de la entrada. Pasos más adelante, decenas de fotografias en blanco y negro te dan la bienvenida.
Foto: Zoila Antonio
Estas imágenes representan a las mujeres de esta ciudad comercial, y cuyos nombres e historias estuvieron perdidos en el tiempo, hasta ahora. Ellas, migrantes, provenientes de diferentes culturas y raíces étnicas, contribuyeron al crecimiento de la ciudad desde 1764 hasta 1918. En aquella época, los hombres trabajaban en el comercio de pieles, debido al “boom”. Ellas, además de dedicarse al ambiente del hogar, poseían propiedades, pagaban impuestos, compraban su propia libertad y dirigían sus negocios.
Dimos unos pasos más para adentrarnos en la exposición y nos sorprendimos con los 32 perfiles, con sus respectivas ilustraciones, que se hicieron en tamaño real de aquellas cuya influencia perdura hasta nuestros días.
Foto: Zoila Antonio
Sólo por mencionar algunas:
Susan Louis Marsh (1867-1946): esta abogada fue miembra de las Webster Groves del capítulo de las hijas de la revolución americana (Webster Groves Chapter of the Daughters of the American Revolution). Asimismo, defendió a la Cruz Roja Americana así como a la Liga Naval durante la Primera Guerra Mundial. También perteneció a diversos clubs que defendían los derechos de las mujeres. Su historia como activista la llevaron hacia la política.
Mary Meachum (1801-1869): Meachum nació siendo esclava, por lo que, años después, su esposo le ayudó a ganar su libertad. Mary dedicó su vida a asegurarse que otros afroamericanos reciban educación formal, oportunidad que ella no pudo desarrollar. Fundó un colegio gratuito para esclavos liberados, en el sótano de una iglesia Baptista. Lo llamó “La escuela de la libertad”. Esto fue realizado en secreto, ya que el estado de Missouri prohibió que los afroamericanos reciban educación.
Anna Brackett (1836 – 1911): ella fue la primera directora mujer de una escuela normal en el país, institución que prepara a las personas para ser docentes. Asimismo, mantuvo una larga relación con Ida Elliot, la vicedirectora de la normal. Cuando Anna fue reasignada de puesto, ambas se mudaron a Nueva York para fundar su propia escuela privada para niñas. Brackett también fue filósofa y escribió diversos libros acerca de filosofía educativa en la poesía, siendo plasmados en publicaciones como el New York Times, Harper ‘s Bazaar, entre otras.
Rosa Sonneschein (1847 – 1932): escritora y editora, en 1895 funda The American Jewess, el primer escrito masivo en inglés para mujeres judías americanas. Se convirtió en un personaje influyente para la comunidad, al llegar a tener cerca de 29.000 suscriptores en su revista. Asimismo, funda The Pioneers, una sociedad de literatura hecha por mujeres judías, que hasta el día de hoy se encuentra activa.
Foto: Zoila Antonio
Al lado, la historia de estas mujeres comenzaba: la exposición ofrece una contextualización que aborda desde aquellas que apoyaron en la caridad, pasando por la medicina, hasta el nuevo concepto de “nueva mujer” en 1890 y cómo las meretrices en la ciudad formaban redes de protección. Fotos y vestimentas son exhibidos para complementar la información y trazan el camino para hablar del tema central: el derecho al voto.
En la segunda mitad de la exposición, nos encontramos con una línea de tiempo que define los hitos con respecto al sufragio y las representantes políticas que hicieron historia en St Louis. Además, cuentan que 1914 fue un año crucial para las mujeres en esta ciudad: se forma la Liga de sufragio igualitario, la cual movilizó a oradores y organizaciones filiales para informar más acerca del tema. No obstante, entre manifestaciones, creaciones de nuevas organizaciones y alianzas con otras asociaciones, fue en 1919 que las mujeres logran que el proyecto de ley que les permite votar sea aprobado en la 50a Asamblea General de Missouri.
Foto: Zoila Antonio
Posteriormente, Beyond the ballot: St. Louis and Suffrage nos invita a reflexionar sobre la post aprobación del sufragio femenino: las manifestaciones, organizaciones y redes que se tejen alrededor de las ciudadanas por la lucha de sus derechos y de las disidencias. Con ello, se demuestra que nuestras voces continúan retumbando no sólo en ciudades como St. Louis, sino también en Lima y las 23 regiones de las que se compone el Perú, donde el conservadurismo y el machismo todavía es incesante.
¿Por qué es necesario registrar nuestra historia como peruanas?
María Elena Moyano, Blanca Varela, Micaela Bastidas…son sólo algunas de las peruanas ilustres que lograron ganarse un espacio en el imaginario colectivo, pero, a modo de reflexión, preguntamos: ¿conocemos a peruanas cuyo trabajo y dedicación resalte en las regiones? ¿distritos? ¿comunidades?
La falta de referentes responde a la educación hegemónica y masculina que recibimos. La miembra del colectivo feminista Resistencia Rabona, Grécia Calderón, lo cree así. “Los historiadores han sido hombres y registraron la historia de acuerdo a lo que ellos consideraban que era importante, lo llamaron ‘historia’ y, encima, lo declararon universal. Lo que las mujeres han hecho, vivido y experimentado no ha sido escrito, más bien quedó olvidado. Se ha tenido una historia muy limitada, hegemónica, que exalta a las figuras masculinas”, señala.
Por ello, es necesario abrir espacios donde nos veamos representadas y descubramos nuestra propia memoria colectiva, para que las luchas de nuestras ancestras no se olviden. Para Madelein Torres, la reforma en la educación es una vía urgente y necesaria.
“Debería de haber una reforma educativa que nos incluya en la historia oficial. Por ejemplo, en las universidades públicas recién se están implementando cursos de género. Eso es importante, pero a nivel de las instituciones primarias y secundarias no hay”, afirma la historiadora.
Foto: Resistencia Rabona Facebook
Esta reforma nos serviría para entender y conocer que fuimos mucho más que la “hija, esposa o madre de”, como apunta Carolina Peralta, fundadora de Florencia y Fortunata, empresa social que a través del café crea espacios de encuentro para resaltar a mujeres peruanas que hicieron historia.
“Sigamos buscando que nos vean. Es la única forma de construir una historia más real. Retemos y cuestionemos la invisibilización, encontremos aliadxs para construir este camino de reivindicación, para que las anteriores vengan, pero, sobre todo, para que las nuevas estén”, comenta.
