El embarazo adolescente representa una de las problemáticas que el Perú sigue arrastrando. Jóvenes y niñas se vuelven madres a temprana edad. Y el trasfondo de este problema puede ser más complejo de lo que aparenta. Las consecuencias que implica ser madre a corta edad son más que abrumadoras y en algunos casos pueden costarles la vida. Es un riesgo que tienen que atravesar aquellas que cargan con la responsabilidad de traer al mundo una vida.
Desde que inició el 2023 hasta la fecha el ministerio de salud ha reportado más de 13 mil madres adolescentes en el país. Sin embargo, son menos de 5 meses transcurridos, ya que en el año pasado el ministerio de salud (MINSA) registró un total de 50, 546 casos. De las cuales el 59% pertenecen a los quintiles 1, 2 y 3. Es decir los sectores que cuentan con menores recursos económicos. Según el informe del Endes (2021) el inicio de la vida sexual está relacionado con el nivel de educación y de ingresos. Aquellas que pertenecen al quintil inferior de pobreza en promedio comienzan en 17,3 años y quienes se encuentran en el quintil superior de riqueza tienen su primera relación sexual a la edad de 19.
Pequeñas madres violentadas
Plan Internacional menciona que las causas principales del embarazo precoz, suelen ser los matrimonios o uniones forzadas y el tradicional rol machista que se le asigna comúnmente a las mujeres: ser madres. Aunque en algunos casos se da por falta de información, escasas medidas preventivas o prácticas culturales.
Por otro lado, es un hecho que miles de niñas y adolescentes son víctimas de distintos tipos de violencia sexual y como consecuencia, muchas de ellas terminan siendo madres. De acuerdo con el Centro de emergencia mujer el 2022 atendieron 7,614 casos de menores que fueron víctimas de violación sexual. Sin embargo, una de las acciones inmediatas del gobierno ante esta problemática es la entrega de kit de emergencia gratuito a partir del 2019. El año pasado el MINSA otorgó 2350 kits de emergencia entre enero y setiembre pero esta medida no llega a cubrir en cantidad la urgencia de las menores en poder adquirirlo.
Otra forma de agresión por la que atraviesan se da en hospitales al momento de realizar sus controles y en el momento del parto. Esta es la violencia obstétrica. Apenas en el 2016 ha sido reconocida como una modalidad de violencia de género en la normativa nacional. Sin embargo, este tipo de maltrato ya tiene mucho tiempo en el sistema de salud.
La historia de Candy, puede ser un claro ejemplo de ello. A los 17 años se enteró que estaba embarazada. Pese a la noticia y a su edad no tenía ningún inconveniente con la atención en los controles prenatales. El día del parto fue diferente. “No te quejes, aguántate”- le decían las enfermeras, mientras ella sentía el dolor de las contracciones. No podía quejarse, pese a que sentía partirse en dos. Después de dar a luz por fin pudo obtener una buena atención por parte de su doctor y continuar sus chequeos. Ya pasaron 21 años desde el nacimiento de su hija. Ella no olvida como las enfermeras no le ofrecieron ni un poco de empatía.
Si bien la violencia obstétrica no figura como delito específicamente con ese nombre en el código penal peruano, existe un proyecto de ley para que el artículo 121-C,“Lesiones por violencia obstétrica”, sea incluido y de esta forma sancionar y poder reducir los casos de maltrato del personal de salud hacia las gestantes ya sea en el embarazo, parto y postparto. Por el momento, la Ley N° 29414, «Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud”, es la indicada para comenzar el procedimiento de demanda en caso de ser víctima de este tipo de violencia en un centro de salud.
Abandono de estudios por ser madres
Un problema que se suma al embarazo adolescente es la deserción escolar. Volviendo a revisar las cifras que tenemos del 2023, se resalta que sólo 4,701 madres cuentan con secundaria completa. Es decir, apenas un 35% cuenta con este grado de estudio concluido. Asimismo, el informe de Endes en 2021 señaló que un 18,8 % de las encuestadas a nivel nacional de 12 a 24 años abandona los estudios por el embarazo o matrimonio.
El estudio del Fondo de poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) revela que 13,2 % de mujeres en la edad de 15 a 24 años en el Perú dejan los estudios debido al embarazo y las tareas domésticas. Esto, ya que pasan por una serie de exclusiones que las alejan de la posibilidad de acceder a educación de calidad. Ellas deben hacerse cargo de las responsabilidades del hogar y dejar de lado los estudios; tampoco cuentan con tiempo libre disponible para instruirse.
Candy comenta nuevamente su caso y recuerda que ya había terminado la secundaria, tenía planes a futuro: continuar con una carrera técnica, estudiar algo que le gustaba mucho como cosmetología. Muchos le decían que había metido la pata. No le quedó de otra que dedicarse a su embarazo y dejar sus estudios. Su pareja fue quien la apoyó en ese momento, pero sus padres no quisieron hacerse cargo de nada. Ahora tiene 38 años, tiene 4 hijos. Labora en algunos trabajos que no requieren estudios superiores. Tiene que salir adelante porque no cuenta con el apoyo económico de su pareja, no como antes.
Perder la vida para traer vida al mundo
Ser madre a corta edad es un riesgo que se ven obligadas a asumir, tanto en el periodo de gestación como el parto. Sin embargo, el proceso de alumbramiento puede significar perder la vida . En el 2022 el MINSA registró un total de muertes maternas de 31 niñas y adolescentes entre 10 a 19 años. Loreto sería el departamento que cargaría el mayor porcentaje de muertes, un 11.1% de las muertes comprendidas en 4 años.
La hemorragia y los trastornos hipertensivos son las causas directas que ocasionan el fallecimiento de las jóvenes madres según el MINSA. Al no estar preparadas el proceso suele poner en riesgo su salud física y psicológica. La salud mental de las menores es importante en este proceso pues muchas practican las autolesiones y tienen intentos de suicidios.
Educación Sexual Integral incipiente
Un dato alentador es que en junio del 2021, pese a insistencias de grupos opositores, se aprobaron los lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI) para la Educación Básica. Con ella, se busca guiar la implementación adecuada de la ESI en las instituciones y programas educativos para la vivencia de la sexualidad de manera segura acorde a las etapas de desarrollo de los estudiantes.
Este es un paso importante porque los estudiantes requieren información que debe ser cubierta por especialistas a fin de evitar futuros riesgos. “Nuestra sociedad no afronta de manera positiva estos temas, por lo que la información que se tiene es muy poca. Puede que las adolescentes al buscar información por sus propios medios, lo que obtengan sea falso y en vez de ayudarlas, las puede confundir o generar algún daño en su desarrollo”, señala Katiuska Velarde, psicóloga con años de experiencia en el área educativa.
El embarazo adolescente es una problemática que tiene diversas aristas. Si bien el estado peruano está tomando medidas para disminuir estas cifras, se requiere que su labor preventiva sea más exhaustiva y que las demás entidades del gobierno colaboren en conjunto para evitar que niñas y adolescentes tomen el rol de madres y que, en el peor de los casos, pierdan su vida por ello. Para lograr esto, es necesario la participación social como un agente de cambio.
El 7 de diciembre de 2022, Dina Boluarte, exministra y vicepresidenta del Perú, asumió la presidencia de la República. Ese día, marcó historia como la primera mujer en ocupar el máximo cargo del Gobierno, sin saber que los primeros dos meses de su gobierno se caracterizarían por las protestas, cuestionamientos, adelanto de elecciones y pedido de su renuncia.
Tuvieron que pasar más de 200 años de República para que el Perú tuviera una presidenta mujer. Durante este tiempo, se mantuvieron discursos que buscan deslegitimar a la mujer en la esfera política y posiciones de mando.
Angélica Motta Ochoa, antropóloga feminista e investigadora especializada en género y sexualidad, dijo a La Antígona que “es importante la participación política de las mujeres por un tema de afirmación de la democracia y de la participación general de la diversidad de seres humanos que constituimos esta sociedad. Eso no debería ya estar en cuestión”.
“Es interesante, porque a nadie se le ocurriría preguntar si es importante la participación política de los varones”, agrega.
Históricamente, la mujer ha sido relegada el ámbito privado, el mundo de las emociones y lo doméstico; mientras que el hombre podía participar libremente en el ámbito público, en la participación política. Es más, se espera que lo haga. Es en ese contexto que el Perú consigue su primera presidenta mujer.
Dina Boluarte ingresó a la política peruana como vicepresidenta de Pedro Castillo. | Foto: Presidencia de la República del Perú.
EL ARGUMENTO DE LA TRAICIÓN
Dina Boluarte entró a la esfera política como la vicepresidenta en la plancha presidencial de Perú Libre, partido de izquierda que buscaba alcanzar la Presidencia con el maestro rural Pedro Castillo. Una mujer ancashina, que le hablaba al pueblo en quechua, se ubicaba como la segunda en la línea de poder con miras a Palacio de Gobierno.
Cuando ganaron la segunda vuelta electoral, asumió la gestión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Tras los escándalos de la gestión de Castillo y las diversas acusaciones de corrupción, la entonces ministra se fue alejando, primero, de Perú Libre y su líder Vladimir Cerrón y, luego, del mismo gobierno de Castillo. Sin embargo, la separación no salvó su imagen pública porque, según Motta Ochoa, ella ya había traicionado al electorado que la llevó al poder.
“Dina Boluarte ha traicionado todo lo que ofreció como parte de la campaña política que hizo con Pedro Castillo. El propio Pedro Castillo no generó ninguna reforma importante. Se comprometieron a ser un gobierno para el pueblo, para —de alguna manera— poner en primer lugar las necesidades y los intereses de un amplio sector que había sido postergado históricamente”, expresa la antropóloga.
Luego, el 7 de diciembre, Pedro Castillo intentó disolver el Congreso de la República y Boluarte juramentó como la primera presidenta de la República. Pero no reflejó un cambio. Al contrario, su Gobierno está reforzando las estructuras patriarcales y machistas de los Gobiernos anteriores.
“Dina Boluarte ahora se ha aliado para gobernar con el sector electoral que perdió las elecciones, un sector machista, racista y que defiende los poderes de las élites económicas y -que como hemos visto en los últimos tiempos de protesta- no le importa atacar incluso contra la vida de la gente que votó por ella”, expresa Motta Ochoa.
Dina Boluarte se reunió con Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, el 15 de febrero de 2023. | Foto: Presidencia de la República del Perú
GOBIERNO VIOLENTO Y PATRIARCAL
En una entrevista con Cuarto Poder en diciembre del 2022, Boluarte dijo que las críticas en contra de su juramentación eran “una venganza política machista de que miran a la mujer disminuida”. Asimismo, en ocasiones ha hecho un llamado a las mujeres peruanas a sentirse orgullosas de tener una presidenta mujer. Sin embargo, estos comentarios escapan de la realidad cuando dirige un Gobierno que, desde que fue ministra, no ha mostrado algún interés por dialogar o hacer reformas en favor de las mujeres.
“Está sosteniendo un régimen que se afirma desde la violencia. Así como el patriarcado se firma y somete a las mujeres con la violencia de género, un gobierno autoritario se afirma y somete al pueblo organizado —incluidas las mujeres— a través de la violencia. Es un régimen militarizado y en ese sentido representa a lo peor de la expresión política, machista y patriarcal”, sostiene la antropóloga.
Que los primeros meses del gobierno de la primera presidenta mujer en el Perú cargue con manifestaciones en diversas regiones, denuncias de abuso de poder, represión violenta y más de 60 muertos (58 por impactos de bombas lacrimógenas) sin duda deja una gran huella. Pero esto no debe servir para generalizar y construir conclusiones sobre la participación de las mujeres en política.
Porque como resaltó Angela Motta Ochoa: “Ha habido cantidad de hombres en el poder que han hecho todo tipo de atrocidades y eso nunca ha llevado a cuestionar su derecho de participar en política”.
Dina Boluarte es la primera presidenta mujer, pero no un ejemplo de lo que las mujeres pueden o deben hacer en política.
Ser mujer y ser periodista representa vivir en riesgo. Debido a nuestro trabajo, diariamente lidiamos con el machismo, la censura y la violencia. Durante los dos últimos años en pandemia, la situación no ha mejorado y las manifestaciones de violencia han crecido expandiéndose al mundo virtual.
Desde La Antígona hemos recopilado testimonios de periodistas de Perú, Bolivia, Argentina y México que han sido víctimas de violencia. Nos sumamos a la campaña de los 16 días de activismo de #AcosoEnElPeriodismo para visibilizar la violencia contra las mujeres periodistas en cuatro reportajes que recorren los diferentes países.
La televisión argentina se remeció. Se desató un escándalo en los medios de comunicación. La periodista y panelista María Belén Ludueñaa se alejó del noticiero “Buenos Días América” del canal América TV. En ese momento Belén no dio demasiadas explicaciones del porqué de su alejamiento, pero sí lo hicieron sus ex compañeras de trabajo. Ellas acusaron al conductor, el periodista Antonio Laje, de acosarlas laboralmente, de maltratos e incluso de acosarlas sexualmente.
Lo llamativo de este caso es que, en los medios grandes de Argentina, se silenció esta situación. Los programas de América TV no lo mencionaron, pero sí en otros canales o redes sociales que publicaron los testimonios de, por lo menos, cuatro denunciantes. Lo que más llamó la atención fue la inacción de las autoridades del canal al mantener al conductor acusado en el medio. Estas situaciones no solo se dan en los grandes medios o en Buenos Aires. Podemos encontrar un sinfín de relatos a lo largo del país.
Casos que grafican cómo es el acoso o abuso a las mujeres periodistas en el país
“Como periodista de policiales y judiciales escucho comentarios fuera de lugar, que un juez te comenté sobre tus pechos o cuando uno se encuentra con fuentes en lugares deshabitados a la noche y tener que pasar a hablar de los temas por los cuales uno va, a tener que hablar de si una tiene novio o marido y si se siente sola. Son situaciones bastante comunes” relata a La Antígona la periodista Mariana Romero, quien vive en la provincia de Tucumán.
“En elecciones también, personas que no eran periodistas, acosaron a otra compañera. Ahí me di cuenta que yo tendría que haber denunciado [mi caso] para que se pongan medidas de seguridad y quizás eso no le hubiera pasado”, explica la periodista tucumana y reflexiona que tenía normalizadas estas situaciones de abuso simple.
No se viven las mismas situaciones de trato laboral siendo hombre que mujer, ejerciendo o buscando ejercer el periodismo “a los 19 años cuando estaba estudiando me acerqué a una persona que conocía para contarle que quería buscar trabajo. Tuve una respuesta sugerente, se acercó y me agarró de la cintura hasta la cola. Lo saque y se fue, pero al poquito tiempo pasó la denuncia de Thelma Fardin a mí se me removió la situación y pensé si podía ser calificada como un abuso”, indica una joven periodista que prefiere mantener su nombre anónimo.
“No lo denuncié de manera pública, pero sí avise a personas que lo conocen. Si aún no lo puedo contar con nombres es porque tengo miedo de lo que pueda pasar. Éll es alguien importante”, testimonia nuestra entrevistada quien explica que esta situación tuvo que tratar en terapia y así poder comprender que era un abuso.
“Estamos en un momento en Argentina donde como sociedad es hora de que comencemos a hacernos cargo. Hay un avance gracias al feminismo y es hora que los medios estén a la altura de eso”, analiza la joven que se siente contenida por la ola de los nuevos derechos conseguidos en los últimos años por las mujeres.
Legislación argentina
En Argentina hay un avance en el pensar como sociedad y también desde el Estado con algunas acciones concretas. Una fue la ratificación en 2020 del convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se reconoce que las mujeres son las más expuestas a esos comportamientos y prácticas en el mundo laboral.
Nuestra sociedad está en una revisión de temas tabú, que hace cinco años eran naturalizados y ocultados. Gracias a la valentía de mujeres y hombres, se denunciaron a figuras conocidas de los medios o del espectáculo. El movimiento denominado “Me Too”, se hizo viral desde un hashtag en las redes sociales primero norteamericanas y después a nivel mundial. Clara muestra de ello fue la gran denuncia a Harvey Weinstein en 2017 por agresión sexual y acoso.
Mujeres manifestando su rechazo al gobierno de Dina Boluarte en las protestas en Lima. Foto: Melanie Soca (Instagram:@_melaniesoca)
En un contexto crítico a nivel social y político que vive el Perú, es indispensable resaltar la importancia de tener justicia social en un gobierno convertido en dictadura.
El pasado 20 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Justicia Social en medio de una convulsionada crisis sociopolítica en el país y, con ello, nuevamente se reitera la importancia de preservar tanto el desarrollo como la justicia social para mantener la paz y seguridad de las naciones, así como también es indispensable un crecimiento económico de base amplia y sostenido en un contexto de desarrollo sostenible, según la Asamblea de las Naciones Unidas.
Pero, ¿qué se entiende por justicia social? De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es aquel “principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro de una nación”, por lo que su propósito más importante es alcanzar un reparto equitativo de los bienes sociales para asegurar la dignidad de todas las personas. Por esta razón, conforma uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y es parte de la Agenda 2030, con la finalidad de lograr un desarrollo basado en objetivos comunes con metas integradas.
Sin embargo, estos objetivos y propósitos no se aplican en la práctica al Perú, por lo que, en consecuencia, el panorama no es nada alentador. Esto debido a que un requisito esencial para que se cumpla lo planificado en la Agenda 2030 es lograr la igualdad, es decir, cuando en un estado todos sus ciudadanos sin distinción alcanzan en la práctica la realización de sus derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), lo cual no sucede en nuestro país.
De acuerdo a una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 2021 sobre la pobreza monetaria, esta registró un 25,9% a nivel nacional, teniendo en cuenta los últimos periodos vividos por la pandemia del COVID-19 y la actual crisis social que atraviesa el país debido a la inestabilidad política que se arrastra desde el 2016.
Esto es aún más desalentador en las zonas rurales,que han sido el escenario principal de manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte, el cual se duplica y supera con creces el promedio nacional en un 39%. Asimismo, es importante precisar que, en las regiones del sur del país como Ayacucho, Huancavelica y Puno, las cifras de pobreza oscilan entre 36,7% y 40,6%, lo cual implica que en estos departamentos, los gastos de los peruanos son insuficientes para cubrir las necesidades básicas como alimentación, vestimenta, salud, educación, etc.
Cartel de protesta en una vigilia realizada en memoria de los fallecidos en las manifestaciones contra el gobierno de turno. Foto: Melanie Soca (Instagram: @_melaniesoca)
De esta manera, todos estos datos son alarmantes y demuestran el prolongado abandono del Estado a las necesidades y pedidos de las regiones durante siglos, los cuales ahora son las principales consignas de las protestas iniciadas hace 2 meses y que lamentablemente, han causado la muerte de más de 60 personas que sólo marchaban por causas justas y legítimas.
El complejo contexto político y social que se vive en Perú, nos recordó que existe un feminismo operando para refrescar la imagen del neoliberalismo, y que utiliza su poder para mediatizar dos puntos importantes de su agenda: la interseccionalidad y la paridad.
Joven levanta su cartel con frase «El estado no me cuida, me cuidan mis amigas» en la marcha por el Día Internacional de la Mujer. FOTO: Melanie Soca
“Aunque utilicemos esa identidad en términos estratégicos, mi fin no es ese. Mi fin es desbaratar lo que a mí me hizo negra, lo que a mí me hizo lesbiana o lo que a mí me hizo empobrecida, que son los sistemas de opresión". – Ochy Curiel
El complejo de la salvadora blanca
Hay un feminismo que goza de legitimidad: al que se le abre las puertas de los espacios académicos más importantes, un feminismo que te promete una carrera profesional con acceso a puestos de poder dentro de las empresas de prestigio, un feminismo al que se le permite hablar, que tiene poder mediático y publicidad millonaria para generar un clima agradable a su favor. Un feminismo que goza del privilegio de la universalidad, algo que no pasa con los otros feminismos.
Esos otros feminismos representan un peligro, son los que te llevan a vivir y a trabajar en alerta, cuidándote de no parecer muy radical, de no ser muy antisistema. Esos otrosfeminismos están representados por cuerpos a los que se les tiene miedo, y no solo por cómo lucen, sino porque son cuerpos con memoria y con ansias de justicia y reparación.
La interseccionalidad parecía generar un punto de encuentro entre todos los feminismos: la convención de que todes vivimos la violencia patriarcal de distinta manera, siendo lesbianas, mujeres negras, mujeres trans o mujeres blancas heterosexuales. Pero de ser un elemento de resistencia frente al análisis monofocal de género, terminó como recurso para construir la versión renovada de la salvadora blanca, que ahora es feminista.
Esto lo pudimos ver en Perú, con mayor claridad cuando en 2021, Pedro Castillo pasó a segunda vuelta con un proyecto conservador pero que, a la vez, representaba para miles de mujeres una esperanza. Algo que resultó inconcebible para el feminismo universal, que no entendía cómo, para esas otras mujeres, la agenda del enfoque de género no era prioridad. Lo que terminó evidenciando la interseccionalidad de un feminismo que se sigue creyendo universal, como la práctica de enunciar a las subalternas pero sin considerarlas como iguales.
Esa es la trampa de la interseccionalidad que presenta el feminismo universal: te hace creer que con nombrar a las personas y a sus distintas identidades, es suficiente. Te hace creer que lo correcto es identificar que las otrasexisten, como si esas otras necesitaran del feminismo universal para existir, con una lógica parecida a la del “descubrimiento” de América. A pesar de que esa enunciaciónno represente ningún cambio material en las vidas de las otras, y solo sirva para seguir viéndolas y hacerlas sentir, como a quienes hay que incluir, insertar o civilizar.
La Paridad como pacto colonial
Entre 2021 y 2022, el feminismo universal se unió a los medios de comunicación tradicionales e independientes, principalmente de Lima, para denunciar el machismo y la misoginia del gobierno de Castillo. Durante ese tiempo, leí reflexiones públicas que hablaban del “peor gobierno para las mujeres”, y de cómo su mandato representaba “un peligro” para nuestros derechos; a pesar de que el análisis para llegar a estas conclusiones se centraba principalmente en un tema: la paridad.
De hecho, hay un titular de 2021 del Diario El Comercio, en donde la periodista que escribe se pregunta cuánto es lo que ha retrocedido el Perú a nivel de América Latina en “presencia de mujeres”, como resultado de la juramentación del primer gabinete de gobierno de Castillo, en donde sólo había 2 mujeres.
Si hacemos un recorrido por los últimos gobiernos del país y sus gabinetes ministeriales que sí fueron paritarios, se puede identificar – salvo algunas excepciones- un perfil de mujer muy parecido: limeña y de educación privada. Considerando esto y volviendo a la pregunta que se hacía la periodista del diario El Comercio sobre el retroceso en presencia de mujeres: ¿de qué mujeres estamos hablando?
La evidencia nos indica que la agenda de las mujeres con la capacidad de llegar a los puestos de poder no necesariamente coincide con el de la población que dice representar; porque, como ya sabemos las mujeres no solo somos mujeres, también estamos empobrecidas, precarizadas o estamos desplazadas de nuestros territorios por el extractivismo. Si ésta es la coincidencia más básica de los feminismos contemporáneos (el que tenemos más identidades que la de género), ¿por qué el feminismo universal sigue sin cuestionar la paridad?, y lo que me resulta más perverso aún, ¿por qué sigue presionando para que la defendamos?
“Ante el poder, te rebelas”
“Ante el poder no te empoderas, ante el poder te rebelas”. Eso dijo María Galindo, reconocida activista feminista boliviana, en su ponencia durante el Encuentro Internacional Feminista organizado por el Ministerio de la Igualdad de España. Y, creo, que es precisamente lo que está pasando: Perú se está rebelando. Y, a pesar de la tragedia y el dolor, significa un logro poder demostrar que para rebelarse ante el poder, los otros feminismos no necesitan -ni necesitaron nunca- del feminismo universal.
“Hay muchas madres de familia con golpes en la cabeza, las han golpeado solo por pedir que no disparen a los manifestantes. Ellos (la policía) intentan hasta quitarles sus simbolismos, pero las mujeres están ahí, adelante, agitando las wiphalas”, esto me dijo Olinda Valdés, arquitecta y activista presente en las protestas, a quien entrevisté para este texto.
Mucho se habla de la crisis peruana, pero creo que es momento de cambiar esa narrativa y empezar a hablar de una revolución. ¿Cómo no hablar de una revolución cuando hay personas resistiendo por más de dos meses al desprecio, la violencia institucional y mediática, la persecución política, la estigmatización, las balas, las muertes, los insultos y el amedrentamiento?
“Entendemos que el movimiento va a tener avances y repliegues pero no estamos dispuestos a rendirnos. Así pase el tiempo que tenga que pasar, la población va a seguir resistiendo de diferentes formas en las calles y también desde el arte”, menciona Valdés.
Perú no está fuera del mapa global, aunque a veces lo parezca, y lo quepasa ahí, también ocurre en mayor o menor medida en los demás países del mundo. Corresponde que en este #8M, día que les sirve para imponer los puntos de su agenda convenientes al neoliberalismo, le recordemos también al feminismo universal de nuestros territorios que por ser universal es blanco, patriarcal y colonial.
Ser mujer y ser periodista representa vivir en riesgo. Debido a nuestro trabajo, diariamente lidiamos con el machismo, la censura y la violencia. Durante los dos últimos años en pandemia, la situación no ha mejorado y las manifestaciones de violencia han crecido expandiéndose al mundo virtual.
Desde La Antígona hemos recopilado testimonios de periodistas de Perú, Bolivia, Argentina y México que han sido víctimas de violencia. Nos sumamos a la campaña de los 16 días de activismo de #AcosoEnElPeriodismo para visibilizar la violencia contra las mujeres periodistas en cuatro reportajes que recorren los diferentes países.
Ser periodista significa enfrentarse a un gran número de situaciones de riesgo que deben asumirse cuando se cuestiona al poder y más aún cuando laboramos bajo un sistema patriarcal. Son distintas las formas de manifestaciones de violencia hacia ellas, desde amenazas e intimidaciones hasta otras formas de acoso.
No importa el espacio, si es virtual o en plenas redacciones; las periodistas también estamos expuestas a ser parte de las cifras que registran casos de violencia de género.
Violencia y acoso en redes
En una encuesta realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Centro Internacional de Periodistas (ICFJ). El estudio fue realizado durante el 2020 y contó con la participación de periodistas de 113 países del mundo. Los resultados fueron alarmantes. Un promedio de 73% de las entrevistadas vivieron amenazas de agresión, intimidaciones cuyos objetivos eran dañar la reputación profesional o personal, ataques a la seguridad personal e imágenes manipuladas y/o editadas.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) dio a conocer que tan sólo en 2021 en Perú se registraron 206 ataques a la libertad de prensa; entre los datos más resaltantes destacan que 55 mujeres periodistas sufrieron ataques por su género.
Uno de los casos que reflejan esta situación en el Perú es el de Graciela Tiburcio, periodista de Wayka y Presidenta de Amnistía Internacional Perú, quién investigó al ex candidato al congreso por el Partido Nacionalista del Perú, Victor Quijada Tacuri y sus acusaciones de acoso sexual a menores de edad. Tras la difusión de sus investigaciones en el portal de Wayka.Pe, empezó a recibir constantes llamadas y mensajes amenazadores desde el teléfono personal del candidato. El 25 de febrero fue querellada por Quijada Tacuri y las intimidaciones y el ciberacoso aumentaron.
Sin embargo, las redes sociales y la virtualidad también ha permitido que las voces de periodistas y en general, de muchas mujeres silenciadas, se den a oír gracias al movimiento #MeToo.
En Perú, el 2019 se denunció mediante la página de Facebook “Denuncias Anónimas #MeToo” al periodista deportivo Steve Romero. El testimonio fue brindado por una compañera de trabajo y de estudios. No es la única denuncia que tiene el periodista. La segunda que presentaba en su historial fue hecha por otra joven que afirmó que él intentó besarla a la fuerza en más de una ocasión el día en el que se conocieron. Asimismo, este año, la cuenta de Twitter perteneciente a la periodista Miriam Roiz realizó un hilo para dar a conocer casos de periodistas o fotógrafos peruanos involucrados en denuncias de acoso y violencia contra la mujer.
Acoso en el trabajo
El informe“El periodismo frente al sexismo” determinó que las periodistas que cubren temas de género, deporte y política son las que más sufren la violencia en redes. Así mismo, un 58% de las encuestadas, señalaron que su lugar de trabajo era el segundo lugar en el que más se cometen agresiones sexistas.
Foto: Alharaca
En Perú la situación sigue siendo crítica. La Plataforma virtual de Registro de Casos de Hostigamiento Sexual Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) recepcionó un total de 1 320 denuncias de este tipo de actos en los últimos dos años. Esto, según cifras de la Dirección de Promoción y Protección de Derechos Fundamentales Laborales (DPPDFL). Es sorprendente llegar a la conclusión de que los casos se han incrementado, pues en el 2021, se registró un total de 788 casos.
El 2022, el semanario de Hildebrandt en sus trecedio a conocer el caso de la periodista María del Carmen Yrigoyen, quién denunció por medio de un testimonio, a su compañero fotógrafo Rolly Reina por acosarla sexualmente durante dos años cuando ambos compartían espacio de trabajo en el diario El Comercio. A pesar de que el medio de comunicación, mediante una investigación interna, verificó la denuncia hecha por Yrigoyen, no sancionó adecuadamente al fotógrafo pues lo amonestaron por escrito y decidieron que ambos no vuelvan a trabajar en una misma comisión.
Estas situaciones, amargas y difíciles de narrar, son las que compartieron dos periodistas peruanas para este reportaje. Ellas han permitido la difusión de sus experiencias de forma anónima.
Testimonio anónimo 1
Terminé la universidad en 2012. Casi de inmediato empecé a practicar en un medio de comunicación televisivo. Recuerdo que había quedado para entrevistar a un señor. La entrevista iba a ser en una cafetería cercana. Terminamos sin problema; mi camarógrafo decidió irse rápidamente al canal para empezar su turno y editar el material. Yo me quede platicando un poco para no parecer descortés. Él empezó a hablarme en doble sentido. Pedía insistentemente mi número de teléfono personal. Decidí decirle que debía retirarme a mi casa y él insistió en llevarme. Me negué y me tomó del brazo. Me asuste horrible y no supe como reaccionar. Retiró su brazo y salí de la cafetería rápidamente.
No se lo dije a mi editor, tampoco a mi camarógrafo. Terminamos esa comisión, se emitió el reportaje y yo no tuve más noticias de él hasta que meses después, volvió al canal. Me lo encontré en el pasillo, me saludó y yo le devolví el saludo por educación. Horas más tarde mi jefe me comentó que él le había pedido mi número y me preguntó si podía dárselo. Yo me negué. No le dije él porque, tenía miedo que al ser un personaje conocido pueda influir en las decisiones de mi jefe. Hice mal y cada vez que venía al canal me sentía más incómoda. Sus miradas y sonrisas desvergonzadas me fastidiaban. Hasta ahora me arrepiento de haberme callado.
Testimonio anónimo 2
En mi generación, antes, no se referían mucho a los términos de “acoso” u “hostigamiento”. Así que, ahora que pienso en mi vida profesional, entiendo que tuve muchas situaciones que encajan en ese tipo de violencia.
Pasó hace años cuando trabajaba en prensa. Aquí hacemos muchas coberturas a sindicalistas, políticos y personajes polémicos. Fuimos de comisión junto a otra redactora. Era el paro en Cusco y recorrimos todo el centro junto a los protestantes. Encontramos a otros compañeros de otros medios, de televisión y de radio. Todo iba bien, seguíamos la marcha hasta que uno de ellos empezó a acercarse mucho a mí. Yo retrocedía sin ser muy notoria. Me dio mucha rabia cuando sentí como me tocaba por detrás. No pude reaccionar de inmediato, me tomó unos segundos pero no iba a dejarme. Me volteé y le reclamé. Él me dijo que “estaba loca”, que “no era profesional”. Incluso me dijo “mocosa”. Mi amiga y los demás que estaban cerca se sorprendieron. Le dije que no me volviera a tocar, que lo iba a denunciar. Me insultó sin temor en plena calle hasta que uno de sus compañeros lo sacó y se lo llevó lejos.
Me alegra no haberme callado, a pesar de que en esos tiempos ni se sabía que era acoso sexual. Años más tarde me contaron que ya tenía dos denuncias por casos similares.
Leyes contra el hostigamiento y acoso sexual en el Perú
La ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual define como hostigamiento a toda “conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual no deseada y/o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad así como sus derechos fundamentales”.
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La violencia contra periodistas, una problemática notable y dolorosa, tiene consecuencias graves. La OEA determina tres efectos: vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
Ante ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe “Violencia contra periodistas y trabajadores en medios” exige a los estados tomar medidas para proteger a las mujeres. Sea cual sea la fuente de amenaza, las leyes están puestas sobre la mesa pero no parecen ejecutarse correctamente.
Basta recordar el caso de la periodista Melissa Peschiera, quién el año 2019, angustiada y sin temor de hacer notar su enfado, relató mediante un hilo de Twitter la injusta situación que pasaba. Ella ya había contado a un medio nacional sobre constantes actos de hostigamiento que recibía por parte de José Carlos Andrade Beteta. “Empezaron las llamadas de madrugada, los tuits acosadores y públicos. Llegó el seguimiento a mis hijos y a sus amigos, las filmaciones de sus abordajes a mi familia, llamadas a mi madre, apariciones en la puerta de mi casa… Encuentros cara a cara”, cuenta en una columna para El Comercio en 2018.
Tras tres años de acoso y sintiéndose desprotegida, escribió nuevamente sobre su caso al no ver avances en la denuncia que había puesto contra de Andrade. Peschiera manifestaba ser una más que sufría de la indiferencia de la justicia peruana. Meses después de este hilo, se rechazó el pedido de prisión preventiva y el Juzgado Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió procesar a Andrade Beteta bajo mandato de comparecencia con restricciones.
¿Estos procesos son suficientes para protegernos y seguir cumpliendo nuestro trabajo como comunicadoras? Para asegurar que esta se cumpla correctamente, se ha ido modificando e incorporando nuevos cambios en las leyes.
En julio del 2021, mediante el DECRETO SUPREMO N° 021-2021-MIMP, se modificó la ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Se detalló en el artículo 49 que los empleadores deben atender la denuncia, respetando la confidencialidad y el principio de la no revictimización de la denunciante. Asimismo, el mismo decreto exige a los empleadores cumplir con informar sobre los canales de atención médica y psicológica disponibles.
De manera extraordinaria en el 2019, se aprobó el Convenio 190 de la OIT que aborda las distintas formas de violencia y acoso en cuanto al trabajo. Esta misma busca crear un marco que oriente a los Estados en la tarea de crear espacios libres de situaciones como estas. El pasado 31 de enero, con 110 votos a favor, el Congreso peruano ratificó dicho convenio, que hace énfasis en la protección de los trabajadores de la violencia y acoso en el ámbito laboral del sector público o privado, formal o informal así como en zonas urbanas o rurales.
Mediante una nota de prensa del Gobierno, también se detalla que esta avenencia exige que el Estado adopte un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género con el fin de prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
