Si quieres escuchar esta historia en la voz de la autora, haz click aquí.
Nací en Cusco, pero hace años me mudé sola a Lima para estudiar en la universidad. Mi familia aún vive allá. Estar lejos se siente diferente.
A principios de enero me fui de intercambio estudiantil a la ciudad de Rochester, en Nueva York. Tenía planeado quedarme hasta la mitad de mayo, pero cuando estalló la pandemia por el COVID-19, todo cambió. Nunca pensé que iban a cerrar las fronteras y que no iba a poder regresar.
En Estados Unidos vivía dentro del campus universitario. Los primeros meses todo estuvo bien. Sin embargo, cuando se anunció que el coronavirus estaba avanzando en el mundo, en abril, unos compañeros de intercambio solicitaron que las clases sean online. Yo pensé que estaban exagerando, pero me equivoqué. Días después, la universidad envió un comunicado indicando que las clases continuarían de manera virtual e iban a cerrar todas las instalaciones, lo que incluía los dormitorios también, donde yo vivía. Aunque, como estudiante extranjera, me dieron un tiempo de gracia, prácticamente de un día para el otro ya no tenía un lugar para quedarme. Fue muy fuerte ver interrumpidas todas mis expectativas y planes que tenía por cumplir.
Al saber que pronto sería desalojada, me comuniqué con diferentes aerolíneas: todas me respondieron que no tendrían vuelos hasta mayo. Supe que había vuelos humanitarios; me empadrone en la embajada de Perú y llamé muchísimas veces, pero por el incremento de los contagios no estaban habilitados los vuelos desde Nueva York. Pude contactar a una persona de Houston que me dijo: “pasado mañana va a haber un vuelo, si quieres vienes”. Me sentía confundida pues regresar a casa dependía de un vuelo que no estaba confirmado. Aún así, me arriesgué y viajé. Lo único que sabía era que el vuelo que me regresaría a Perú saldría a las siete de la mañana. No tenía puerta de embarque ni aerolínea ni nada. Todo era incierto. Tan desesperante.
En el aeropuerto de Houston, encontré otros peruanos, pregunté, y obtuve la puerta de embarque. El avión tenía espacio para 300 peruanos, pero en la sala de embarque éramos muchísimos más. Me acerqué al counter y ellos confirmaron mi mayor temor: no tenían registrado mi nombre. Rogué al encargado que me incluyera. No tenía a dónde ir. Estaba sola en Houston, lejos de mi país y mi familia. Me dijeron que esperara, que si no llegaba alguien, yo podría ocupar su lugar. Éramos varios, los que no estábamos registrados y esperábamos alcanzar algún espacio. Finalmente no llegaron varias personas, así que, pudimos ocupar sus lugares y subir al avión.
Al llegar a Perú, me llevaron a un hotel para pasar la cuarentena. Pasé 14 días en aislamiento y luego me fui a la casa que tengo en Lima, resignada a pasar los días que durase el estado de emergencia sin mi familia. Así estuve un par de semanas más hasta que me enteré que había una forma de viajar a provincia, a pesar de que no se podía, porque era ilegal, las fronteras estaban cerradas para el transporte interprovincial. Nuevamente me arriesgué. El precio fue carísimo, además de peligroso, pues ir en una camioneta de tres filas y cinco personas junto al chofer, con pases ilegales, no era nada seguro. Pasamos unos ocho controles policiales y en algunos tuvimos problemas. Pero finalmente, tras esta odisea, pude regresar a mi hogar en Cusco y ahora estoy junto a mi familia.
Nancy Zárate, 40 años, fundadora de tienda de ropa Ramones Store
Si quieres escuchar esta historia en la voz de la autora, haz click aquí.
Tengo más de 20 años en el negocio de ropa. Empecé como vendedora en una tienda. Poco a poco y después de muchos años abrí una propia. Al principio fue un poco difícil, con el paso del tiempo me fue muy bien, pero nunca pensé que iba a suceder esta pandemia, ni en mis peores pesadillas. Sólo tengo de ingreso a mi negocio. Clientes me llamaron para hacer delivery, pero no tenía el pase para movilizarme. Algunos me escriben por WhatsApp, me preguntan cómo estoy, se preocupan por mí y me brindan su apoyo.
La cuarentena afectó totalmente mi economía. Estoy midiendo hasta el último sol. Ahora estoy abriendo la tienda, poniendo bolsas a la mercadería y comprando bastante desinfectante y alcohol. Tengo que ponerme las pilas y llamar a mis clientes. Tratar de vender mascarillas, chompas, poleras…ropa que ahora se necesita.
A mitad de junio, cuando dijeron que se podría aperturar negocios, mi hermana, dueña también de una tienda de ropa, hizo todos los trámites que pedían. Ella fue a su negocio a hacer limpieza, mientras que serenazgo caminaba por el lugar. Había ambulantes en toda esa avenida que vendían sin distanciamiento social. Algunos se quitaban las mascarillas para llamar gente, pero los serenazgos iban a los puestos a querer poner multa por ‘apertura’, entre ellos al de mi hermana. Al día siguiente pasó lo mismo.
Ella había fumigado dos días antes y tenía que dejar la puerta de su negocio abierta. Indignada le dijo “¿Por qué no le pone la multa a los ambulantes? Miren cómo están”. El municipal le respondió “A mí me mandan por los locales. Si sigues abriendo, te vamos a poner una multa”. Al costado también hay una peluquería que también estaba fumigando y limpiando. El dueño se encontró con mi hermana y le comentó que le había sucedido lo mismo e incluso lo habían amenazado y que todos los negocios cercanos pasaban por la misma situación.
El señor también les recordó a ellos la situación de los ambulantes. El representante le contestó: “Con los ambulantes yo no tengo nada que ver. Ellos se van y acá nadie los conoce, en cambio a usted sí porque tiene local, RUC y licencia. Manejan dinero. Si les ponemos multa, sí o sí van a tener que pagar. Si no lo hacen, no van a poder abrir sus puestos”. Fue un abuso. Esa semana ni mi hermana ni el señor abrieron sus puestos hasta que el presidente dijo que podrían el 1 de julio. Desde esa fecha, con las medidas de seguridad, están atendiendo. En lugar de ayudar a las pequeñas empresas, nos ponen más trabas.
Mi mejor recomendación es que se cuiden. Primero es la salud. Uno puede decir “a mí no me va a dar”, pero por querer hacer una venta o dos, puedes enfermarte. Sé que poco a poco vamos a recuperarnos.
Si quieres escuchar esta historia en la voz de la autora, haz click aquí.
Hace nueve años decidí dejar de trabajar en las peluquerías de mis amigas para inaugurar la mía. Nunca pensé que una pandemia arruinaría mis sueños y me obligaría a cambiar mi salón de belleza por una frutería.
Todos los días me levantaba a las siete de la mañana para hacer mis quehaceres y estar a tiempo a las nueve para abrir mi salón en el distrito de San Luis Ahora las cosas han cambiado: me levanto a las cinco de la mañana para ir al mercado Mayorista de Frutas y comprar cajones de manzanas, mandarinas, papayas y paltas.
No es fácil salir adelante en mi situación, pues tengo dos hijos pequeños que aún están en el colegio y una deuda por vivir en una casa alquilada. Aún así, la necesidad te obliga a accionar rápido, más si no cuentas con el dinero para adaptar tu negocio al nuevo protocolo de salubridad.
Esta situación de crisis por el COVID-19 me ha llevado a reflexionar y valorar las cosas. Antes mis clientas me llamaban para programar citas en mi salón. Hoy me llaman para que les lleve fruta a la puerta de su casa.
No me avergüenzo de vender fruta porque es un trabajo digno. Yo me siento tranquila porque mis rejas están cerradas, nadie ingresa, no me expongo al contagio. Además lo que más importa es el bienestar de mi familia.
Si quieres escuchar esta historia en la voz de la autora, haz click aquí.
Mi meta para el 2020 era estudiar administración de hotelería y turismo en la universidad. Pero, al saber lo que pasaba en el país, decidí regresar al Ejército para batallar contra la COVID-19. Ningún esfuerzo es poco para evitar que más peruanos se contagien. Sólo debemos acatar las reglas.
Tengo 19 años y me encuentro en el grado de cabo del Ejército del Perú. De lunes a viernes, mis compañeros y yo salimos a patrullar las calles de Lima desde las cinco de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Estamos en constante capacitación para protegernos y cumplir con todas las medidas de salubridad.
Lo más difícil de esta situación es alejarte de tus seres queridos. Yo no veo a mi familia desde que empezó la cuarentena. Ellos están preocupados, pero saben que debo ayudar a mi patria. Nuestra comunicación es frecuente; sin embargo, nadie me quita la preocupación de que mi mamá contraiga el virus porque cuenta con un puesto de verduras en el mercado Unicachi.
Lamentablemente, no puedo ayudar económicamente a mi familia y exigirles que dejen de trabajar. No recibo ninguna remuneración en el ejército, pero sí nos dan una canasta con productos de primera necesidad como agua, atún, galletas, entre otras cosas que puedo enviar a mi familia. Solo sé que regresaré al ejército cada vez que el Perú necesite ayuda. Con disciplina, trabajo y decisión saldremos adelante.
El continente americano es la región del mundo más afectada por la pandemia. Se registran 55 millones de casos y 1.3 millones de fallecimientos, hasta el 29 de marzo. La organización Amnistía Internacionalalerta sobre la mala gestión de la pandemia, los excesos de fuerza por parte de las fuerzas policiales y el aumento en las violaciones a derechos humanos.
No se trata de sólo un largo memorial de agravios e injusticias. El informe anual de Amnistía Internacional (AI) cumple con dos objetivos urgentes. Uno de ellos es que registra sumariamente las violaciones a los derechos humanos en el mundo. El segundo es que, incomoda a los poderosos. Aquellos que, de alguna manera, comparten la responsabilidad de esas situaciones.
El documento denuncia cómo las mujeres, las personas refugiadas y migrantes, el personal sanitario, los pueblos indígenas, las personas negras, la comunidad LGBTQ+ y otros grupos que han sido marginados históricamente sufren los peores efectos de la pandemia en las Américas. Y señala que muchos líderes políticos de la región han aprovechado las medidas sanitarias para “para intensificar sus ataques a los derechos humanos”.
Son 476 páginas que indignan, mueven a la reflexión y sirven de recordatorio sobre los peligros y excesos que reinan en la actualidad. Basta con leer el apartado de cada país, para constatar que la lucha por el respeto de los derechos humanos sigue más vigente que nunca.
Foto: Ariana Cubillos/AP Prensa
“Nos enfrentamos a un mundo sumido en el caos. A estas alturas de la pandemia, hasta los dirigentes más ilusos tendrían dificultades para negar que nuestros sistemas sociales, económicos y políticos se han desmoronado”, sintetiza Agnès Callamard, nueva secretaria general de Amnistía Internacional, en el informe.
La pandemia del COVID-19 ha trastocado todos los órdenes sociales, políticos, económicos y, por supuesto, sanitarios. Las Américas son la región más afectada con más de 55 millones de casos y 1.3 millones de fallecimientos (hasta el 29 de marzo). Es como si Colombia y Panamá enteras se hubiesen contagiado. Como si la mitad de la población de Chicago falleciera.
Los expertos de AI no dudan en señalar las responsabilidades de los gobiernos regionales en el desastroso manejo de la pandemia. La misma que desnuda la desigualdad sistémica y las políticas predadoras que han afectado el crecimiento económico.
Antes del surgimiento del COVID-19, las Américas ya era la región más desigual del mundo. Esta situación, solo ha empeorado. Esto, porque 22 millones de personas cayeron en niveles de pobreza. Así mismo, la cifra de habitantes que viven en situación de pobreza extrema aumentó en 8 millones.
“Descubrimos que las víctimas de la COVID, ya fuera en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos, en India, en Oriente Medio, en Brasil, esas víctimas estaban principalmente entre los grupos más desarraigados y vulnerables”, explicó Callamard en una entrevista reciente. “Como comunidad global, como comunidad nacional, reprobamos la prueba que suponía la COVID-19”.
Vacunas desiguales
Se suele alabar la rapidez con la que se lograron desarrollar las vacunas contra el nuevo coronavirus —muchos procesos técnicos que normalmente llevan años solo tomaron meses— gracias a un financiamiento masivo de la Unión Europea y países como Estados Unidos e Inglaterra, entre otros.
Foto: Dallas Morning News
Pero hubo un lado oscuro de esa notable saga científica. Fue la asociación de los gobiernos de esos países con las empresas farmacéuticas a las que les reservaron millones de dosis de sus vacunas. Como resultado muchos países pobres tendrán que esperar largos periodos de tiempo, quizá años, para recibir sus dosis. Una investigación de The New York Times estima que los países más pudientes han recibido cerca del 90% de los casi 400 millones de vacunas que se han administrado hasta ahora.
“No sólo lo compramos todo, además impedimos que otros puedan producirlas. ¿En nombre de qué? En nombre del beneficio y en nombre de la codicia”, dijo Callamard. Esto, sobre la decisión de la Unión Europea y Estados Unidos de bloquear una propuesta que busca flexibilizar las restricciones de propiedad intelectual sobre las patentes de los tratamientos y las vacunas contra el coronavirus.
Países como Estados Unidos, Brasil y México lideran las cifras absolutas de víctimas mortales a nivel mundial. El informe afirma que, en parte, eso se debe a que sus gobiernos —al igual que los de Nicaragua y Venezuela— difundieron mensajes contradictorios sobre las medidas sanitarias y los peligros del virus. Además “no implementaron políticas para proteger a las personas que corren más riesgo, o no garantizaron una transparencia plena”.
Foto: Share America
“El año 2020 es la historia de quienes tienen menos y dieron más, pero recibieron nada de sus gobiernos”, aseveró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un encuentro con los medios.
“El verdadero liderazgo para responder a la pandemia de COVID-19 no vino de los líderes políticos o de los líderes de las empresas. Surgió de las personas trabajadoras de la salud, de los científicos, de quienes mantienen los hospitales y las calles limpias, de las personas trabajadoras en el campo (…). También, de muchas personas sin recursos ni poder político”, comentó Guevara.
Mención aparte merece la desprotección del personal sanitario. El mismo que, sin el equipamiento mínimo de bioseguridad, atiende todos los días a los pacientes que contrajeron el virus. Al menos 10,558 trabajadores del personal sanitario han muerto por COVID-19.
A continuación, enumeramos algunos de los señalamientos del informe sobre la situación de los derechos humanos en los países más afectados por el COVID-19.
ESTADOS UNIDOS
-El documento señala la importancia de las manifestaciones masivas realizadas en el país contra el racismo institucional y la violencia policial. Así mismo, resalta que las autoridades “emplearon de forma habitual fuerza excesiva “contra manifestantes y defensores y defensoras de los derechos humanos”.
-También se registran los intentos del Gobierno de Donald Trump por limitar o menoscabar los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTQ+, entre otras minorías.
Foto: Al Jazzera
-Además se señala la tendencia del Gobierno estadounidense a aprovechar las medidas y regulaciones. Esto, para controlar la pandemia con el fin de someter a las personas migrantes y solicitantes de asilo a diversos abusos. Como en el caso de las 8,000 personas que contrajeron el virus porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se negó a permitir que siguieran sus procesos legales en libertad.
Los expertos de AI denuncian que las autoridades detuvieron y expulsaron a “más de 330.000 migrantes y solicitantes de asilo entre marzo y noviembre [de 2020], incluidos más de 13.000 niños y niñas migrantes no acompañados”, sin tomar en consideración sus necesidades de protección especial y los riesgos que corren de sufrir “persecución, muerte, tortura u otros malos tratos” al ser retornados a sus países.
MÉXICO
-El informe recuerda la etapa previa al surgimiento de los brotes de COVID-19. Tiempos en el que el Gobierno mexicano impuso recortes del gasto público. Acción que, entre otras cosas, provocó la disolución de múltiples fideicomisos públicos como los que se enfocaban en el cambio climático. Así mismo, los se orientaban a “la protección de defensores de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos”.
Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador estigmatizó en diversas oportunidades a los medios de comunicación y personas defensoras de los derechos humanos. Según datos de organizaciones de la sociedad civil, 24 personas defensoras fueron asesinadas.
Foto: El Tiempo de Monclova
-En 2020 se denunciaron 3,752 asesinatos de mujeres, de los cuales 969 fueron investigados como feminicidios. El reporte consigna el incremento de las llamadas al número de emergencia 911 para denunciar situaciones violentas contra las mujeres que se ubicó en 260,067. Además, siguen vigentes un total de 21 alertas de violencia de género en 18 entidades federativas.
El año pasado se convocaron manifestaciones masivas contra los feminicidios. También, contra las diversas formas de abusos contra la mujer que, en varias ocasiones, desencadenaron episodios de represión por parte de las fuerzas de seguridad. Estos emplearon “fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, robo de teléfonos móviles, y ataques físicos, psicológicos y sexuales”.
-Las autoridades migratorias detuvieron a 87,260 personas migrantes, entre ellas más de 11,000 menores de edad, y deportaron a 53,891 personas. Un juez federal ordenó que las personas recluidas “por razones de inmigración” debían ser liberadas por la crisis sanitaria. Sin embargo, las autoridades no cumplieron con esa sentencia lo cual privó a los migrantes de su derecho a la libertad y la salud.
Foto: Foreign Affairs Latinoamérica
-Los investigadores de AL resaltan que el Gobierno actual ha incorporado más miembros de las Fuerzas Armadas a las estrategias de seguridad pública que las dos administraciones previas. Esas medidas se han tomado sin tener normativas que garanticen que el comportamiento de los efectivos militares cumple con las leyes internacionales.
-El personal sanitario del país expresó en repetidas oportunidades su preocupación por la carencia de equipos de protección para realizar sus labores diarias. Se estima que en 2020 fallecieron al menos 2,397 profesionales de la salud.
BRASIL
-El documento resalta que, a pesar de que la gestión de la emergencia sanitaria fue difícil en todo el mundo, el brote empeoró en Brasil. Esto, “por las continuas tensiones entre las autoridades estatales y federales. También por la carencia de un plan de acción claro fundamentado en la mejor información científica disponible y la falta de transparencia”.
Foto: OpenDemocracy
-Solo en el primer semestre de 2020, 1,861 mujeres fueron asesinadas y otras 648 fueron víctimas de feminicidios en 12 estados, además, en el mismo periodo se registraron más de 119,546 casos de violencia de género en el ámbito familiar “que ocasionaron lesiones físicas a mujeres, lo que equivalía a un promedio de 664 casos diarios”.
-También se resalta el incremento de la minería ilegal, los incendios forestales y la expansión de las tierras destinadas a las actividades agroindustriales. Estas consideradas como “una amenaza para los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales”. La destrucción de territorios selváticos aumentó un 9.5% entre agosto de 2019 y julio de 2020, en comparación con 2019. En ese periodo se devastaron más de 11,000 kilómetros cuadrados de selva.
-Según los especialistas de AI, entre enero y junio, los cuerpos policiales estuvieron involucrados en operativos que provocaron la muerte de unas 3,181 personas en el país. Esta cifra, promedia 17 fallecimientos diarios y un 7.1% más en comparación con 2019. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, el 79.1% de las personas que murieron en acciones de la policía eran negras. Así mismo, el 74.3% era menor de 30 años.
El aumento de la mortalidad materna en los hospitales públicos demuestra que sus derechos no han sido garantizados en pleno estado de emergencia.
El avance del coronavirus ha revelado que en el país es un privilegio que una madre y su bebé estén bien antes, durante y después del parto. El aumento de la mortalidad materna en los hospitales públicos demuestra que sus derechos no han sido garantizados en pleno estado de emergencia. La situación se complica cuando el factor clave y humano que transita por los pasillos -los y las obstetras- afronta también una crisis sanitaria.
Una mujer con 41 semanas de gestación fue llevada por su esposo al centro de salud Santa Julia en Piura, donde se realizaba todos los meses sus controles prenatales, en mayo pasado. Ella, además de estar embarazada, se había infectado de COVID-19. No la quisieron atender y la derivaron al Hospital Reátegui de EsSalud. Las horas avanzaban y ella tenía que hacer labor de parto, pero no había camillas ni doctores disponibles. Las vidas de esta madre y del bebé estaban en alto riesgo, incrementándose minuto a minuto.
Hospital Reátegui. Fuente: Cutivalú Radio, Piura
La mujer volvió al día siguiente, pero la situación seguía complicándose. Tuvo que esperar cinco horas más para ser trasladada al nosocomio Santa Rosa, también en la misma región, donde finalmente fue atendida tras la intervención de la Defensoría del Pueblo. En total, esperó más de dos días para su parto. Sin embargo, la muerte materna en los hospitales del Estado es un tema que no puede esperar. “Es un gran problema social, porque la mujer es el núcleo de la familia. Sin ella, se desintegraría”, señaló la decana del Colegio Nacional de Obstetras, Margarita Pérez.
La cifra de muerte materna se ha incrementado en los últimos meses durante la pandemia por el COVID-19, según la información reportada por el Despacho Viceministerial de Salud Pública. Hasta el 20 de junio pasado, La Antígona confirmó que se han registrado un total de 193 casos de madres gestantes muertas, 23 más que, hasta la misma fecha, se reportaron en el 2019. Nueve de las víctimas mortales tuvieron pruebas positivas de COVID-19.
Número de muertes maternas por semana epidemiológica. Se demuestra el aumento exponencial en 2020 en comparación a años anteriores. Fuente: Ministerio de Salud. Elaboración propia
Un informe presentado por la Defensoría del Pueblo en mayo alertó también que la normativa de salud impulsada por el Estado para manejar la pandemia a nivel nacional falló en no considerar a las madres gestantes y a los recién nacidos.
La normativa y los protocolos específicamente para gestantes durante la pandemia fueron publicados el 23 de abril, casi mes y medio después desde que se declaró el estado de emergencia por el avance del COVID-19. “Las medidas han sido muy tardías,” señaló Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer en la Defensoría del Pueblo.
Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer en Defensoría del Pueblo
Revollar indicó que dicha norma es “cuestionable”, debido a que establece que solo se le tome la prueba rápida a aquellas embarazadas que presentan síntomas de coronavirus. “Es un error porque todas deberían pasar por el triaje y la prueba para definir si van a un servicio COVID o un servicio normal. Aunque sean sintomáticas podrían contagiar a otras embarazadas, y al mismo personal asistencial”, remarcó a La Antígona.
«En esa misma línea se pronunció Margarita Pérez, decana del Colegio de Obstetras, quien afirmó que le preocupa haber atendido, hasta fines de junio, a 2300 gestantes positivas para COVID-19, así como no llevar una atención adecuada con las infectadas y las que no portan la enfermedad. “El haber interrumpido un control prenatal no permite haber identificado las complicaciones que pueden darse en un embarazo y/o parto, y derivarlas con tiempo para evitar una muerte materna”, advirtió.»
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió, en marzo de este año , cómo debe ser la experiencia de un parto seguro en medio de la pandemia. En sus lineamientos se estipula las mujeres deberán ser tratadas con respeto y dignidad; que se apliquen estrategias adecuadas para aliviar su dolor; que puedan elegir la postura del parto; que les permitan estar acompañadas; y que haya una comunicación clara del personal del servicio de maternidad. Si se sospecha o se ha podido confirmar que la embarazada está infectada de COVID-19, la OMS indica que el personal de salud debería tomar todas las precauciones.
Este último punto es vital al momento en que una mujer da a luz, debido a que si la paciente tiene infección de COVID-19, el riesgo de contagio de las personas que la atienden es alto. “Todo el personal está expuesto al contagio, y necesita tener equipo de protección personal. Es por ello que también empezó a incrementar el número de contagiados entre los obstetras”, subraya Pérez. Esto, por lo tanto, no garantiza que el personal de salud también pueda infectar a gestantes sanas.
A más obstetras seguras, menos mortalidad materna
“Mi mamá seguía atendiendo casos especiales [de gestantes, partos y puérperas], casos excepcionales que no podía decir ‘no los voy a atender’ porque los médicos hacen un juramento: bajo la circunstancia que sea, ellos van a velar por la vida del paciente”, relató Vanesa Vidal a La Antígona sobre la labor de su madre, la obstetra Rosa Quiroz. Ella fue la primera obstetra víctima del COVID-19 en el país. Rosa trabajaba en Centro Obstétrico Santa Rosa en Los Olivos. La pandemia no detuvo su labor. En una de las consultas que atendió de emergencia, una paciente gestante la contagió.
Vanessa recuerda que llevó a su mamá al Hospital Sergio Bernales, en Comas, pero no las quisieron recibir. “Los mismos doctores les decían a los pacientes que los iban a atender si es que ellos los veían moribundos. Les avisaban que no habían camas, que vayan buscando otros hospitales. Yo entiendo a los médicos, por una parte es su desesperación, pero también no deben perder ese lado humano”, enfatizó. Rosa Quiroz falleció el 27 de abril. Su caso marcó un punto importante en la lucha de los y las obstetras que dieron su vida por atender a las madres.
El caso de Rosa demuestra que las instalaciones de los hospitales se han convertido en un campo de batalla durante esta pandemia. Para una gestante, ir al nosocomio se vuelve recurrente, debido a los controles y exámenes requeridos antes de dar a luz. Si esto no se realiza, “las expone a situaciones de riesgo que pueden afectar sus derechos a la vida y a la salud, aumentando el riesgo de incrementar los índices de mortalidad materna”, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, ¿cómo acudir si los y las obstetras que las atenderán podrían tener COVID-19?
Obstetra con recién nacido. Foto: Essalud
Cifras de obstetras positivos y fallecidos por COVID-19 a nivel nacional. Elaboración propia
“A la fecha [fines de junio] tenemos 814 obstetras con diagnóstico de COVID-19 positivo y 10 fallecidos”, precisó Pérez. A esta baja de personal, se suma que aproximadamente el 40% de los obstetras del país están con licencia por ser mayores de 65 años. Además, la Decana indicó que no hay contratos para reponer esta cantidad de obstetras que ha disminuido.
Margarita Pérez, Decana del Colegio de Obstetras
Esta falta de personal se complica cuando la cantidad de gestantes con COVID-19 que reciben es alarmante. “De cada dos gestantes, una es ‘COVID positiva’ dentro del hospital”, explicó el director del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, Dr. Carlos Santillán para La Antígona. En este nosocomio del Ministerio de Salud (Minsa), uno de los principales centros maternos ubicado en Cercado de Lima, tuvieron que conseguir personal adicional para la atención. Hasta la fecha, precisó el médico, se han tratado unos 200 casos de madres diagnosticadas con el virus.
Con la experiencia que han adquirido en los últimos meses por esta alta cantidad de casos, los doctores del Hospital San Bartolomé buscan apoyar a sus colegas en otros centros de salud. “Nuestros ginecólogos capacitan a la gente de otros hospitales, porque los pacientes se contagian y los profesionales también. Debemos prevenir esto”, manifestó Santillán.
Asimismo, a pesar de seguir los protocolos dictados por el Minsa, el director del hospital reconoció la dificultad de conseguir equipos de protección para el equipo de obstetricia y para las áreas del establecimiento en general. “Mentiríamos todos los directores [de los hospitales] si es que no dijéramos que en algún momento hemos tenido dificultades para conseguir el material. Ha sido difícil porque los proveedores no tenían”, reveló.
Hospital Nacional Docente Madre- Niño San Bartolomé.Foto: El Comercio
Situación de obstetras peruanos durante la pandemia. Fuente: Colegio de Obstetras. Elaboración propia
Los materiales para atender a las gestantes son también clave para evitar las muertes maternas. En abril, el diario La Industria reportó el caso de una gestante que falleció en el Hospital Belén de Trujillo por falta de equipo y personal. “La entrega del respirador N° 95 y mandilón continúa siendo para 7 días, aún cuando atienden a todas las gestantes, partos y puérperas referidas de la región, sumándose a ello la carencia de personal técnico de enfermería en los diferentes turnos, a pesar de los requerimientos efectuados con antelación a la emergencia nacional, lo que agrava las condiciones de exposición al riesgo de las gestantes y obstetras”, se lee en un documento enviado por el Colegio Regional de Obstetras II de La Libertad a las autoridades regionales.
A través de la oficina de prensa, La Antígona buscó los descargos del Minsa para conocer la postura sobre las carencias que aqueja a los obstetras, madres de familia así como del aumento de muerte materna durante la cuarentena. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.
El 24 de abril, el Minsa y el Colegio Nacional de Obstetras firmaron un acta donde se reconoce la importancia del trabajo de los obstetras. El Ministro de Salud, Víctor Zamora se comprometió a ofrecer el equipo de protección personal necesario, incluir el pago del bono por trabajo, no haber contratos por terceros, que se les incluya en los comités de expertos y técnicos y a dar los equipos de monitoreo para gestantes positivas al COVID-19. “Esto no se ha cumplido. A la fecha [fines de junio] no hemos tenido comunicación con el ministerio. Todavía no hay una respuesta a lo que estábamos pidiendo”, remarcó Pérez.
Acta_pag2
Acta_pag1
Acta de reunión entre el Colegio de Obstetras del Perú y el Ministerio de Salud
El colapso del sistema de salud en el país ha hecho que las muertes por el COVID-19 sean inevitables, entre ellos los casos de las gestantes. Sin embargo, es un derecho exigir una atención de calidad para evitar que siga en aumento la mortalidad materna, que no son solo cifras: son vidas. En un país donde ser mujer es un riesgo, esta situación debe ser atendida como prioridad.
