Históricamente, el modelo heteronormativo de la sociedad, califica y legitimiza las relaciones personales. Esta idea apoyada por diversos factores, como la construcción religiosa de lo que es una familia tradicional, y la asignación de roles, además de la falta de diferenciación entre sexo y género, son unas de las principales características que ha dado lugar al irrespeto, intolerancia, la discriminación y las fobias hacia la comunidad LGBTIQ+ y las personas trans.
A pesar de que los Estados y los organismos internacionales han brindado bases para la formulación de reglamentos para la aceptación por medio de cambios políticos y que amparen las libertades y diversidades sexuales y de género, trabajando en la ruptura y el quiebre de prejuicios, estigmas, discriminación, aún siguen cayendo en perjuicios sociales y lo que deviene de estos.
Ser trans en el país andino
En Bolivia, uno de los sectores más violentados y discriminados son los grupos sociales que conforman la comunidad LGBTIQ+, principalmente a las personas transexuales y transgénero. Haciendo referencia al primer término, como: persona que adquiere las características físicas de las personas del sexo contrario mediante tratamiento hormonal o quirúrgico y el segundo son aquellas personas cuya identidad y expresión de género se diferencia de las que están típicamente asociadas con el sexo que les fue asignado que al nacer.
La representante de Otraf-Bolivia, Luna Humerez Aquino habla sobre la situación en Bolivia y lxs trans: “Los estigmas sociales son pues muy religiosos. Tenemos cimientos patriarcales y machistas muy fuertes. Es difícil la vida para las mujeres por el tema del género, por eso existen tantos feminicidios. Es peor cuando hablamos de mujeres trans, es el doble de difícil. Entonces lo que nosotras buscamos es la plenitud de derechos como cualquier otra mujer. Ya después de ahí comienza la otra lucha de igualdad, de igualdad de género, de igualdad de oportunidades, igualdad en todo sentido”.
Tras la aprobación y la implementación de la Ley 807, reconocida como la Ley de Identidad, se abría paso a las cientos de rectificaciones que la comunidad habrían sufrido históricamente en el país. Dando la posibilidad a implementar otras normativas que apoyen a la igualdad de derechos de las personas con diversidad sexual y de género. Sin embargo, luego de manifestaciones por parte de grupos conservadores y religiosos, apelando desde la moralidad social ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, se tuvo un retroceso en la ley. Los Tiempos remarcaba que esta decisión “tácitamente prohibió, entre otras aspiraciones, el matrimonio, las adopciones a las parejas trans, la paridad política y la confidencialidad de estado anterior.” Con esta ley hasta la fecha se permite solo el cambio identidad en la documentación.
Aun así, el resultado no logra ser el esperado. En 2019 a través del diario ‘Los Tiempos’ Suanny Alexia, transexual y doctora comentaba los límites de la Ley 807: “No cambié ni mi nombre en los documentos. Supuestamente con esta ley el Gobierno nos garantizaba que podíamos hacer el cambio en toda la documentación. Nos anunciaron que podríamos renovar desde el certificado de nacimiento hasta el título de bachiller y las cuentas bancarias. Pero cuando lo intenté, los abogados me dijeron que sólo iba a recibir unos papeles de respaldo, no los títulos”.
El 2021 se registraron 101 solicitudes para el cambio de género en los documentos. Según el diario ‘DW’, los requisitos que se contemplan en el Tribunal Supremo Electoral para realizar este tipo de trámites son: una carta de solicitud que mencione el nombre y el sexo original de la persona, y la nueva información para el cambio. Pero además “se debe presentar el resultado de un examen psicológico «que acredite que la persona conoce y asume voluntariamente las implicaciones de su decisión».
En relación a los crímenes de odio y los transfeminicidios. Según el diario ‘Los Tiempos’ y a través de una investigación de la Defensoría del Pueblo se contabilizaba en los años 2001 y 2017 se registraron 55 casos de crimen de odio contra personas trans, de las cuales 37 eran hacia mujeres trans. En 2018 se recibieron 29 denuncias por parte personas de la comunidad. Mientras que en 2021 la defensoría del pueblo recibió 36 denuncias.
Un monitoreo sobre las diversidades sexuales y de género en Bolivia, realizado por la Fundación Construir, indicaba en su portal web en 2021 que: “Según datos de la Organización de Travestis, Transgéneros y Transexuales femeninas de Bolivia (Otraf), un 51 por ciento de las denuncias de agresión son de personas trans.” Y que según el informe del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM) entre los años 2008 y 2020, 20 personas trans fueron asesinadas.
En 2019 en el diario ‘Los Tiempos’ Humerez, comentaba: “Ahí suman casos como asesinatos, desapariciones, apuñalamientos y golpizas. No matan a una persona por ser gay o por ser lesbiana, ni siquiera por ser hombre trans, pero sí la matan por ser mujer trans. La transfobia aumenta con esas marchas que realizan las plataformas e iglesias que abogan por la familia. Ellos llaman al odio a que las personas tengan homofobia y transfobia y que vengan a asesinarnos. Les pido que no lo hagan porque nosotros, como personas trans, no organizamos marchas contras sus iglesias ni agrupaciones, pero tenemos derechos reconocidos internacionalmente”.
Muy pocas de las víctimas de transfeminicidios, han recibido justicia por el sistema. Solo hasta 2019 se tenía un solo caso que entraba dentro de las características de transfobia. Fue un Transfeminicidios al que el sistema de justicia categorizó como un feminicidio. Este representa el único caso que tuvo una sentencia condenatoria, en el que daban 30 años de cárcel a Alex Villca, asesino de Dayana Kenia Zarate; dicho caso se remonta a 2016.
En 2021, Alberto Moscoso, el director ejecutivo de la Asociación Civil de Desarrollo y Promoción Cultural (Adesproc) Libertad LGBT indicaba mediante el portal de Fundación Construir que: “el Estado no tiene disgregado por identidad u orientación los casos de agresión y hay un subregistro que no está siendo evidenciado.”
El seguimiento y los procesos de justicia, no otorgan protección, ni siquiera la disminución de actos de odio, hostilidad e intolerancia contra las personas pertenecientes a la comunicación LGBTIQ+, mas propiamente dicho personas trans. No existen leyes concretas, ni la tipificación específica que ayuden a combatir la intolerancia y velar por el respeto, protección y la igualdad en relación a este grupo social. Las personas de diversidades sexuales y de género, no se sienten protegidas, de hecho encuentran muchos abusos, agresiones y violencia por parte de aparatos del Estado. En 2019 la Defensoría del Pueblo, a través de su web mencionaba que: “identifica falencias en la obligación por parte del Estado en el cumplimiento del derecho al acceso a la justicia y en la persecución penal en casos cuyo móvil fue el odio, la discriminación e intolerancia.”. En este sentido la mayoría de los casos denunciados quedan impunes.
Una investigación por parte de: Fundación CONSTRUIR, Comisión Andina de Juristas (CAJ), Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES), Instituto Latinoamericano para una sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) y la Universidad de Chile, en 2015, recopilando y rescatando datos elaborados por EMCVDD TLGB en 2011, indicaba que la población trans era la que sufría en mayor porcentaje agresiones, tanto físicas como verbales, representaban el 11, 5% en las categorías de violencia, golpiza, humillación, amenaza e insultos. Dentro de un análisis más general, se determinó que al menos 73% de la población LGBTIQ+ entrevistada, habían sufrido agresiones.
Mientras las cifras cuantitativas alertaban sobre el mal trato de los funcionarios (principalmente policías) del Estado, convirtiéndose en el principal agresor de los grupos LGBTIQ+. Mostrando que un 80% habían sido agredidos verbalmente, físicamente, y psicológicamente por un policía. Lo que después se traduciría a una falta de confianza a este personaje estatal; por lo cual 74% de las personas que sufrieron estos abusos no realizaron denuncias, por la falta de confianza de este grupo social hacia las instituciones de justicia. En este sentido dentro de la investigación 50% creía que el mayor violador de los derechos humanos era la policía. Los datos también indicaban que los detenían sin justificación, hecho que normalmente ocurría mientras iban caminando por la calle, constituyen el 40%.
Al mismo tiempo consideraban que el acceso a la justicia era malo, y que el 93% era discriminadx por parte de la administración de justicia boliviana. Estos datos develaban la preocupante situación de los grupos LGBTIQ+, sobre todo de la población Trans, que constantemente ha sufrido vejámenes. Actualmente aún se puede mencionar la falta de compromiso, sensibilización y consciencia que colaboren a la lucha contra la discriminación, hostilidad y el velar por la igualdad, la justicia y el respeto.
Humerez, indica los obstáculos a atravesar en el contexto actual en relación a la justicia: “La justicia sabemos que está totalmente sucia, maleada y sabemos que no hay justicia para la gente que no tiene plata, no solamente para la población. En general, sin embargo, como la justicia es tan corrupta en nuestro país y se ha visto casos muy feos y fuertes de jueces, de fiscales, etc. Imagínate para la población trans se triplica porque son temas que no les interesan a los jueces y a los. Entonces la justicia todavía para la población trans es casi nula. Asesinan a una compañera, tarda años y no llegamos a una sentencia. Mira estamos en el 2022 y una sola ha llegado a sentencia por un crimen de odio de una mujer trans”
En 2021 una pequeña luz de esperanza, representaría la aprobación por el SERECI el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Lo que dio paso a repensar y plantear la posibilidad para permitir este tipo de uniones en el país y gozar de todos los derechos e igualdad.
“Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de inclusión y tolerancia, la situación de las personas homosexuales continúa siendo difícil en cuanto al acceso al trabajo, vivienda, servicios de salud y educación”, indicó Laura Álvarez, integrante de Otraf mediante el portal SWI.
¿Conocías el origen del Día del Poeta Peruano? Hoy te hablaremos sobre algunas poetas peruanas que están incursionando en el mundo de la literatura peruana.
El 15 de abril se celebra el Día del Poeta Peruano. Su origen recae en el fallecimiento del gran César Vallejo. El poeta y escritor liberteño dejó nuestra tierra el 15 de abril de 1938 en París, algunos dicen que la causa de su muerte fue un paludismo mal curado que contrajo en su infancia.
Vallejo es uno de los más grandes exponentes de la literatura nacional. Algunas de sus obras más resaltantes son Trilce (1922), Los heraldos negros (1919) oPoemas humanos(1939), aquellas con composiciones que varios peruanos hemos declamado en nuestros colegios. En su homenaje, el 29 de diciembre de 1985 se declaró esta especial fecha, conmemorando su trabajo y el de todos aquellos que compartan este arte.
En el Perú tenemos poetas mujeres que han sabido cautivar a la población con sus versos que atrapan por su facilidad de transmitir emociones como la soledad, tristeza o algarabía. Y son poetas, no poetisas. La Fundación de Español Urgente (Fundéu RAE), menciona que “poetisa lleva a veces asociada la connotación de ‘poeta menor’”, al tener un sentido despectivo, muchas poetas promueven el cese de su uso.
Entre las que destacan tenemos a Blanca Varela, ganadora del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca en el año 2006; Victoria Santa Cruz, quien fue condecorada póstumamente con el «Orden al Mérito de la Mujer» este año; o Magda Portal, escritora y feminista peruana.
Hoy en día existe una nueva ola de poetas peruanas que se abren paso en el mundo de la literatura, un lugar en el que el reconocimiento es difícil de conseguir. Tal como señaló Franco Osorio Paredes, fundador de La Feria Alternativa del Libro (AntiFil), al medio La Ninfa Eco: “Aquí te reconocen usualmente de manera tardía o cuando ya estás en otro plano”. Es por ello que aprovechamos este espacio para compartir la vida y el trabajo de tres jóvenes poetas que te pueden interesar.
Dina Ananco
Natural del pueblo wampis-awajún de Amazonas, Dina es egresada de la carrera de Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como traductora e intérprete wampis, pero su amor por las letras hace que la dedicación a este arte ocupe gran parte de su vida. En octubre del 2021 publicó su poemario Sanchiu, con 44 poemas escritos en wampis o awajún y su traducción al castellano.
La temática del texto es exponer la identidad, defensa del territorio, problemáticas y sentires de su comunidad mediante la reivindicación de su lengua nativa. Ese mismo año fue añadida en el Mapa de Escritoras Peruanas del Comando Plath, organización que desde el 2017 trabaja en la visibilización del trabajo de diversas escritoras nacionales.
Bachiller de Periodismo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, hoy en día ejerce su profesión en Mongabay Latam. No obstante, también se desenvuelve como poeta, sus poemas han sido publicados en la revista Ínsula Barataria y en la antología Liberoamericanas: 140 poetas contemporáneas.
En febrero del 2021 publicó Canción y vuelo de Santosa, su primer poemario. Se habla sobre la migración andina, las mujeres y la discriminación. El libro fue parte de las exposiciones en la Feria del libro de Guadalajara (2021) y cuenta con comentarios positivos por la crítica.
Más conocida en las redes sociales como Cho’cuidado, Leslie es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. Trabaja como escritora independiente y ya ha publicado dos poemarios: Octava (2018) y Pusaq, la nieta de Dios (2021).
Sus lectores señalan que suelen acompañar la lectura de sus textos con una copa de vino, esto porque el contenido transmite melancolía, del amor y la vida. Es un trabajo autogestionado en el que ella misma se encarga de la edición, registro en la Biblioteca Nacional del Perú y entrega de los libros.
Puedes adquirir el libro coordinando con su autora aquí.
El caso de las mujeres Achí ha logrado dar pasos importantes este 2022. Sus historias y denuncias nos dejan ver que en Guatemala, las mujeres fueron violentadas, torturadas y víctimas de genocidio.
El 24 de enero del 2022 un Tribunal de Guatemala condenó a cinco ex Patrulleros de Autodefensa civil (PAC) que violaron a un grupo de mujeres Achí durante el conflicto armado interno de ese país. Los jueces los consideraron culpables de delitos contra los deberes de la humanidad en su modalidad de violencia sexual y los condenaron a 30 años de prisión.
En este caso 36 mujeres mayas Achí denunciaron que fueron violadas sistemática y masivamente, además de ser torturadas física y psicológicamente, las víctimas en ese momento tenían entre 12 años a 40 años aproximadamente. Los denunciados ante el Tribunal presidido por la jueza Yassmin Barrios fueron Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Damián Cuxum Alvarado, Grabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado, originarios de la aldea Xococ y Chixim de Rabinal Baja Verapaz, que, en los años 81, 82 y 83 cometieron estas vejaciones a varias mujeres de sus propias comunidades o de zonas aledañas.
Pedrina López señaló ante el tribunal: “se ha quedado en mi cuerpo todo lo que pasó, con dolor. Yo soy mujer y he aguantado los dolores y las luchas”. Pedrina, es la menor de las víctimas, quien hoy tiene 52 años. A través de su relato, que lleva como una mochila en su memoria, su cuerpo y recuerdo de lo pasado en aquella época, nos retratará lo que muchas de ellas han padecido y sufrido.
Ser ciudadano guatemalteco durante los largos años de conflicto armado en Guatemala era estar en permanente peligro de sufrir algún crimen de lesa Humanidad. La guerra civil fue un proceso largo que duró desde 1960 al 1996, aunque esta crisis, violencia y delitos hacia las comunidades indígenas rurales se agudizaron a partir del 1980.
Hoy la memoria resurge en las víctimas de aquel estado criminal. El abuso, violación, asesinato, desaparición y en el caso de los niños, el sufrimiento de trata de personas en manos de familiares de ex presidentes y de personas que pertenecían a organismos internacionales que estaban ahí para cuidarlos.
En Rabinal, zona donde viven las comunidades Maya Achí hay un bufete de abogados popular, promovido por el abogado Jesús Tecú Osorio, quien también fue víctima en esos años de guerra.
La historia del bufete empieza en 1999, momento en que se comienza a dar acompañamiento a sobrevivientes, viudas y huérfanos del conflicto armado interno, se comenzó a denunciar cementerios clandestinos, y con el proceso de exhumación y el paso de los años se incrementaron demandas de mujeres que tenían la necesidad de denunciar violencia de género violencia sexual de niñas y adolescentes, pero ya de la coyuntura actual, como así también casos civiles.
Melisa González, psicóloga clínica e integrante del bufete popular, indicó que “en 2005 se iniciaron una serie de investigaciones en las comunidades para poder recabar pruebas y llevar estos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en 2008 se detectaron que había varios hechos que no habían agotado las instancias en la justicia interna, como violaciones sexuales contra mujeres y ejecuciones extrajudiciales. Entonces, se vio la necesidad que estos casos fueran conducidos en un órgano jurisdiccional y así se comenzó” manifestó González, quien además realizó el acompañamiento de algunas mujeres Achí en los últimos años.
En 2011 se comenzó con la investigación para tener datos más certeros de cuántos hechos de violaciones y abusos a mujeres se cometió durante el conflicto armado. Inicialmente fueron 11 mujeres que comenzaron con el proceso, y terminaron 36 a finales del 2013. Las mujeres presentaron la denuncia ante el ministerio público y así se inició este proceso.
“En 2018 se capturaron a siete ex patrulleros acusados de crímenes de lesa humanidad por violencia sexual, uno de ellos murió en la cárcel por problemas de salud. En junio de 2019 los seis acusados fueron puestos en libertad por la jueza Claudette Domínguez. Eso fue un golpe muy duro para las mujeres, porque tenían temor que ellos buscaran venganza”, relata Melisa, quien conoce la historia y las peripecias que pasan y pasaron las mujeres Achí. Ella también pertenece a esta comunidad, aunque es una joven profesional que reparte su tiempo entre su trabajo y este servicio.
El Ministerio público y el bufete impugnaron la decisión de la jueza Domínguez. El 9 de septiembre de 2019 se aceptó el cambio de juzgado y el caso fue trasladado al juez Miguel Ángel Gálvez. En marzo de 2019 fue detenido un octavo patrullero en EEUU, y en mayo de 2020 fue acusado por el Ministerio público y en septiembre se decidió enviarlo a juicio.
En marzo del 2021 se conoció la acusación de 3 ex patrulleros, los otros cuatro ex patrulleros que fueron nuevamente detenidos, en mayo fue arrestado un cuarto miembro que se había cambiado la identidad y también fue enviado a juicio por los graves delitos cometido en el conflicto armado.
Las abogadas querellantes que llevaron el caso en contra de cinco ex miembros de las PAC, a quienes señalan como culpables de cometer crímenes contra las 36 mujeres que eran en su mayoría menores en aquella época. Las abogadas pertenecen a la nación maya y se llaman Lucía Xiloj Cuin (maya quiché) Virginia Haydeé Valey Sis y Gloria Elvira Reyes (maya achí) y también pertenecen a este bufete social.
MUJERES QUE VIVEN EN LAS MONTAÑAS
Pedrina López cuenta que “antes vivía en Paoj, y ahora vivo en Guachipilin, por todo lo que nos pasó. En mi caso todo lo que me paso no es un juego. Me alegra porque ya ganamos el juicio, ya llegamos al tribunal, pero estamos un poco triste porque el tribunal se comprometió a una reparación y no ha llegado todavía”. Pedrina está resdescubriendo una justicia donde aún existen mecanismos que siguen retardando los procesos para una reparación completa.
“Me han violado de 12 años, después han matado a mis papas, ya no queremos acordar, pero todo lo que pasó no nos olvidamos, no es porque tenemos un papel, tenemos memoria”, remarca muy apenada Pedrina, quien para realizar la entrevista tuvo horas de caminata para llegar a la oficina del bufete, ya que en su hogar no cuenta con una computadora o señal de internet para poder comunicarnos.
“Tuvimos que salir de allá y venir con una tía pero no es igual. Como yo ahorita no tengo ni un estudio y no puedo tener un trabajo, no tengo un sueldo mensual. Esos hechores se ponen a reír de nosotros, se ponen a hablar de lo que hicieron, entonces yo ahora pienso que no hay justicia, yo busque desde los 12 años”, cuenta de a ratos con angustia, esta mujer Achí que reconoce que tuvo que ser muy fuerte para poder denunciar a sus agresores.
Otra de las batallas que han tenido que afrontar las víctimas, han sido las críticas respecto a una reparación económica. Melisa González establece que “hay muchas críticas comunitarias, muchas en el entorno, pero por mucho que critiquen definitivamente un aporte económico, se lo merecen. Pues es derecho de ellas por todo lo que han perdido, pero realmente si lo van o no a dar, está en duda todavía”.
Además, señaló que las mujeres han sufrido un destrato por parte de las mismas mujeres de su comunidad “las críticas han estado desde que ellas fueron víctimas de violaciones sexuales. Siempre ha habido personas en las comunidades que las tratan mal”.
“Lamentablemente a veces son las mismas mujeres las que las critican, las acusan a ellas de ser mujeres de militares. Les dicen que ellas se lo buscaron, que se fueron a meter con su gusto y con su gana con los soldados, entonces, desde que ellas fueron víctimas de estas violaciones fueron atacadas por personas de sus mismas comunidades”, explica Melisa, psicóloga y acompañante de Pedrina.
Además destaca que “siempre han recibido amenazas de familiares. De hecho, durante el desarrollo de la audiencia los familiares de los acusados se instalaron también afuera de los tribunales, alrededor de 15 o 20 personas estuvieron ahí protestando que era injusto, que ya habían pasado muchos años, que las personas eran inocentes. Entonces se coordinó el resguardo de ellas con apoyo del Ministerio Público acá en la ciudad. Todos estos años también estuvieron amenazándolas, intimándolas y ahora que estuvieron expuestas muchas de ellas, tienen temor por su integridad física”, asegura Melisa.
PERDER LA VERGÜENZA PARA GANAR JUSTICIA
Pedrina entiende y habla el español, pero de a ratos necesita que Melisa le repregunte en Maya Achí, su lengua natal, en un casi perfecto español nos dice: “gracias por estar preocupadas por lo que hicimos en enero. Perdimos la vergüenza, porque dar un testimonio de la violencia es una vergüenza, pero salimos adelante. Aquí tenemos levantada la cara y nuestra fé, porque eso es lo que no necesito ahorita. Y así como dijeron en el tribunal, hay reparación, pues que se vea. Están diciendo que estamos en el negocio, no, es un derecho”, indicó Pedrina tras las acusaciones de querer aprovechar su situación y tener rédito económico.
Sin embargo, desde el Tribunal manifestaron que se les debe proveer una reparación económica por tratarse de un delito de lesa humanidad.
“No es justicia cuando está todo escondido al público, usted está lejos y salen las noticias en el Facebook, pues nosotros estamos hablando con la verdad. Gracias a ustedes por el apoyo, por querer escuchar nuestra voz, pues aquí estoy. Lo que hemos sufrido, es lo que han sufrido nuestros padres y las violaciones, eso es lo que más nos duele que hicieron, y a las niñas. ¿Qué delitos tienen nuestros finados?”, se pregunta Pedrina, que en momentos se quiebra por el dolor que le causa tener en su memoria y cuerpo, presente esos momentos vividos hace cuarenta años atrás.
CEREMONIA ANCESTRAL
En fotografías que se compartieron por redes sociales, se ve a estas mujeres alrededor de una ceremonia con velas de colores y flores, pues se trata de una ceremonia de la cultura Maya. “Todo lo que estamos haciendo es para nuestros seres queridos que han muerto. Muchos han quedado colgados, han sido macheteados, así como mis finados padres no sabemos dónde están sus cuerpos, entonces nosotros siempre tenemos que pedir y luchar por ellos. Ellos murieron sin un delito, sin un problema, entonces quedamos nosotros para recordarlos. Les estamos agradeciendo y no nos olvidamos”. La ceremonia la hicieron también antes de comenzar la audiencia, y cuando terminó ya con la sentencia del tribunal.
La ceremonia es una forma de no olvidar a sus muertos y agradecerles, ya que al haber padecido tanta violencia y secuestros no tienen un lugar puntual dónde ir a llorar a sus familiares, por lo que creen que esa ceremonia es una forma de conectarse con ellos para también pedirles que las ayuden. En Pedrina aún vive el recuerdo de la muerte de sus padres como también el de la aberrante violación que padeció como algo difícil de dejar atrás. “Yo me quede triste de mi papá, de mi mamá. Eso nos duele porque no sabemos dónde están y la violación de 12 años ¿qué sentido tiene lo que nos hicieron nuestros hechores? Pedimos que nos ayuden los difuntos, que nos den fuerza”, cuenta con dolor esta mujer maya.
En aquellos años el ejército les dio el poder de reclutar y señalar a personas y estos miembros de las PAC ya con poder cometieron las más terribles de las masacres, robos e innumerables crímenes, que según Pedrina aún muchos no pueden contar.
“Las secuelas son demasiadas porque son físicas, emocionales, culturales, familiares y religiosas. También lo económico, porque en el caso de ella, se quedó sin casa. Por eso durante el juicio las abogadas plantean la responsabilidad del Estado. A nivel de la ideología militar, tomaron los cuerpos de las mujeres como armas de guerra, como una forma de mancharlas culturalmente, porque la mujer representa la transmisión de conocimiento. Al dañar sus cuerpos dañan a toda la sociedad” remarcó Melisa.
Pedrina cierra la entrevista diciéndole a las mujeres de otros lugares: “que denuncien. Lo que pido es que así como nosotras tenemos fuerza, que sigan y que no tengan miedo por lo que han pasado. Que se levanten, que hemos sufrido.Yo quiero que denuncien, que no se dejen guardar, que ya no es tiempo de guardarnos. Muchos me felicitaron, me abrazaron. Que se levanten si hay apoyo en grupo, no solo uno. En un grupito ya tenemos la fuerza, este es el mensaje de Rabinal. Ya luchamos en una audiencia y ya ganamos”.
En el idioma español, existen tres definiciones para la palabra felicidad. La primera es “estado de grata satisfacción espiritual y física”; la segunda, “persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a ser feliz”; y la tercera, “ausencia de inconvenientes o tropiezos”. Aunque para la Real Academia Española estas frases sean suficientes para enmarcarla, la realidad es que para cada persona tendrá un significado diferente y único.
La búsqueda de este estado de “plenitud” ha inspirado películas, libros, talleres, conversatorios, conferencias internacionales, apariciones de falsos gurús de la autorrealización, “ideas millonarias”, entre otros productos y acciones que lo enfocan como la meta al final de un largo camino de sacrificios. Bajo este contexto, la felicidad solo podría ser alcanzada por aquellas personas que tienen los medios suficientes para poder satisfacer sus necesidades y sus sueños.
Para sus practicantes, como Juan José Bustamante, quien es el director del Instituto Peruano de Estudios Budistas, el objetivo principal de esta religión es liberarse del sufrimiento y, aunque pueda parecer difícil de creer, despertar el potencial oculto dentro de cada una de las personas para alcanzar la plenitud.
Pero ¿cómo una religión originada hace más de 2,500 años y que se practica principalmente en países asiáticos llega al Perú y construye una comunidad?
Los primeros monjes
En un artículo publicado por el periodista Daniel Goya Callirgos en la revista Kaikan, de la Asociación Peruano Japonesa del Perú, se indica que la historia del budismo en el Perú inició en 1903, hace casi 120 años, con la llegada de la segunda embarcación de migrantes provenientes desde Japón. En ella llegó Taian Ueno, quien unos años después, en 1907, inauguraría el primer templo budista en la provincia de Cañete.
El último censo nacional realizado en 2017 registró a un total de 1 ‘115,872 ciudadanos que profesaban religiones agrupadas dentro de la categoría de “otras”, entre las cuales está incluida el budismo. Aunque no se tienen datos fiables sobre la cantidad total de practicantes de esta religión, en el 2013 la BBC indicó que el número era de 365 millones de seguidores a nivel mundial.
Una religión sin dios…
Pese a que muchas religiones sostienen la existencia de una entidad superior responsable no solo de la creación del universo y la vida, el budismo no considera que la presencia de un dios sea relevante para sus enseñanzas. Según Juan José Bustamante, “el budismo no se basa en una creencia, no es una religión de fe. Podríamos decir que se basa en la experiencia”.
La filosofía del budismo sostiene que el debate sobre la existencia de dioses o un dios único no es un problema tan grande como sí lo es el resolver o liberarse del sufrimiento que aflige a las personas actualmente.
“Se respetan las creencias de otras vías espirituales, pero [el budismo] propone una experiencia profunda de serenidad y calma en la mente”, dice Bustamante. “Tengo que ser feliz hoy. Todos sentimos angustias, pero si uno tuviera una forma de manejarla, aliviarla y superarla, entonces ya no hay sufrimiento”.
Ni profetas, ni mandamientos
La divinidad tampoco está presente en el budismo y sus practicantes no persiguen la santidad o un estado superior luego de la muerte. Según la tradición budista, Buda es un simple ser humano que alcanzó la paz interior por medio de una profunda meditación. Su imagen es más cercana a la de un ejemplo o un maestro espiritual antes que a la de un profeta o un evangelizador. Ni siquiera podría decirse que es un líder o un jefe.
Para Juan José Bustamante, la idea de convertir a otros al budismo no es compatible con la filosofía de su religión, pues otro de los pilares de ella es que todas las personas son libres de seguir los consejos o guías de los maestros espirituales. La libertad de elegir qué camino seguir también forma parte de las ideas del budismo, por lo que el concepto de mandamientos tampoco es aplicable.
Karma y Dharma
El uso de la palabra “karma” en la cultura popular se ha tergiversado al grado de que se le ha dado una connotación negativa. Llamamos así a “lo malo” que le puede ocurrir a una persona que sabemos que actuó mal, pero es una idea incompleta.
En el budismo, el karma es una energía que se genera en base a las actitudes de las personas, ya sean buenas o malas, conscientes o inconscientes. Cada acción nuestra genera una reacción en cadena que, eventualmente, puede generar perjuicios o beneficios en esta vida o la siguiente.
“No hay un ser que diga ‘te voy a castigar’, no hay un castigo al final de la vida. Si hago algo en esta vida, la consecuencia, buena o mala, será hoy o mañana según sea el caso”, afirma Bustamante.
El Dharma, por su parte, es el conjunto de enseñanzas del budismo que aconsejan a las personas para que eviten los actos dañinos en perjuicio de nadie, pero cada quien puede elegir no seguir ese camino si así lo desea.
Para Bustamante: “Esta vida tiene una realidad, pero no es absoluta porque tú puedes cambiar de opinión, puedes cambiar de humor, de ideología, de parecer, puedes olvidar tu memoria, entonces nada es absoluto. Si tú crees que todo esto que te rodea es absolutamente real y que siempre va a ser así, es como si estuvieses confiando en la realidad de un sueño”.
Todos somos Budas
Profesar otra religión no es un obstáculo para seguir las enseñanzas del budismo. Juan José Bustamante sostiene que cada persona es libre de seguir cuáles tomar en cuenta según el tipo de vida que llevas.
La liberación del sufrimiento tampoco está destinada exclusivamente a quienes siguen a maestros budistas, pues es un estado mental al que todos pueden llegar si despiertan el potencial en su interior.
“Todos somos budas que ignoramos serlo. Dentro de nosotros existe una potencialidad de inteligencia de liberación, pero nosotros estamos oscurecidos por nuestras deseos, nuestras ansias, nuestras experiencias negativas de sufrimiento, entonces si todo eso se asienta y nos deja ver claro, todos tendríamos paz”, finaliza.
Para las que no están pero viven en nuestra memoria: justicia paraLuzmila, Merary y Solange.
En el 2021, el Perú cerraba el año con 147 feminicidios y 5.000 mujeres desaparecidas, según la ONG Manuela Ramos. En lo que respecta a las regiones del Perú, como el caso de La Libertad, la segunda más poblada en el país, este 2021 se registraron más de 7.543 casos de violencia.
Además de esta cifra, en entrevista conLa Antígona, la Defensoría del Puebloseñaló que se reportaron 6 feminicidios y 22 intentos, lo que pone a la región en el segundo lugar más peligroso a nivel nacional. A continuación presentamos las historias de Luzmila, Merary y Solange, tres mujeres cuyos casos, desarrollados en La Libertad, tienen en común la búsqueda de justicia.
Luzmila
Al iniciar el 2022, Luzmila tenía ganas de volver a ver a estudiar a su hijo. Los vecinos del sector “Las Malvinas” en Huamachuco (La Libertad) indicaron que el amor que los dos se tenían era inexplicable. Fueron vistos por última vez con Onésimo Marino Barros Gómez, padre del niño. Él puso la denuncia tras la desaparición de su esposa e hijo.
A las pocas horas, las rondas campesinas y la policía lo detuvieron como sospechoso. Posteriormente, esta persona se fugó y no fue visto hasta ese entonces. Luego de 5 días de búsqueda por los caseríos, Luzmila fue hallada sin vida. Tenía en la mano un pequeño zapato.
Los familiares optaron por ofrecer una recompensa de 5.000 soles por dar con su paradero del presunto feminicida. Al pasar los días, las bases ronderiles reportaron la aparición de un niño sin un zapato puesto. Él llamaba a su madre en todo momento. Según la persona que lo encontró, dijo haber visto a un tipo en una moto roja, quien dejó al menor afuera de su casa y partió con rumbo desconocido.
El 18 de marzo, luego de 2 meses, se dio con el paradero de Onésimo. Fue capturado en Cachipampa en la provincia de Sánchez Carrión. Fue derivado a Trujillo para las investigaciones.
Para la psicóloga y docente universitaria, Dra. Geraldine Morales, el perfil psicológico es muy importante para detectar a un agresor. Lo común de estas actitudes es la agresión verbal que suele observarse: insultos, ofensas, apodos y dichos que se puede tomar al principio como una broma. Es por ello que recomienda a las familias estar atento ante cualquier indicio.
Merary
Merary Albarrán, natural del Valle Chicama, decidió viajar a la ciudad de Trujillo en La Libertad para buscar un futuro mejor para ella y sus cuatro hijos. Uno de sus sueños era que su segundo hijo se graduara como Licenciado en la Carrera de Ciencias de la Comunicación.
Allí conoció a Carlos Marcelino Horna Quinde, quién se convirtió en su pareja. El 21 de enero, Albarrán llega al hotel Alameda ubicado en el distrito de Laredo con uno de sus hijos. Él fue puesto en otra habitación para que pueda descansar, mientras Merary pueda encontrarse con Carlos. Las horas transcurrieron hasta que Horna se acercó a la comisaría para avisar a la policía que encontró a su pareja en el baño del hospedaje sin vida.
Dictan prisión preventiva contra Carlos Horna
Esto se le comunicó al hijo mayor de Merary. Él se acercó al distrito de Laredo para reconocer el cuerpo y proceder con las investigaciones. La PNP y la Fiscalía encontraron indicios que comprueban que Carlos fue el feminicida. A los pocos días, Horna Quinde fue capturado y de inmediato fue puesto a prisión preventiva de nueve meses en el Penal El Milagro mientras continúe el proceso.
Es importante recalcar que, para frenar los índices de violencia, debe haber un trabajo en conjunto con las instituciones públicas como comisarías, municipios o prefecturas. La ex prefecta regional Carolina Velasco manifestó su preocupación, puesto que no se estaría tramitando documentos al Ministerio de La Mujer ni se darían a conocer estos casos de violencia.
Solange
Solange Aguilar Vega tenía metas por cumplir. Ella estudiaba contabilidad en una universidad privada en Trujillo. Además, velaba por el cuidado de su pequeño hijo con Pedro Tacanga. Sol, como la llamaban de cariño, tenía un grupo en whatsapp donde comunicaba a sus amigos que era víctima de violencia física y psicológica de parte de Pedro.
Pedro Tacanga
En el Día Internacional de la Mujer, Solange se reúne con su feminicida, supuestamente para conmemorar este día. Pero al pasar las horas fue encontrada sin vida en la urbanización Luzisol, donde está su domicilio. Julio Aguilar, su hermano, al no tener respuesta de Solange, acude a buscarla a su casa. Al llegar a dicho lugar encontró a su familiar en la acera de la calle sin vida. Se presume que Tacanga la pudo haber lanzado desde un octavo piso.
Amistades y familiares convocan plantones en los exteriores de la Dirincri y Ministerio Público de La Libertad para exigir justicia para Solange. El 11 de marzo a las 6 a.m. Pedro Tacanga sale libre, ya que la fiscal a cargo detalló “no haber encontrado algún indicio”.
Al consultar con especialistas en el ámbito jurídico, el ex fiscal Dr. Alfredo Galindo indicó que la fiscal encargada del caso debió aprovechar el plazo de 48 horas. Así, ella pudo recopilar las declaraciones de testigos y pedir una orden de prisión preventiva. Sin embargo, esto no sucedió. Hasta el momento se desconoce el paradero del presunto feminicida.
Hace unas semanas se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora: unas en las calles, otras al lado de sus familiares o simplemente solas. Sin embargo, ¿cuál es la magnitud en la que el estado de emergencia sanitaria ha afectado a estas mujeres?
Kery Blanco (46) es una médico ocupacional que durante la pandemia ha tenido largas y exhaustivas jornadas laborales. Usualmente trabaja entre 8 y 12 horas, pero por la flexibilidad laboral puede tomarse algunos días libres.
Según el último informe “Estadísticas con Enfoque de Género” del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Kery formó parte del 64.4% de mujeres que pertenecieron a la PEA (población económicamente activa) en el país a finales del 2021. Esta cifra crece paulatinamente, pero no se iguala a la de los hombres, que representaron un 80.4%.
Una nota de prensa de la misma institución por el Día Internacional de la Mujer señaló que actualmente un 35,8% de las mujeres trabajan en actividades de servicios, 29,3% en agricultura, pesca y minería y 24,6% en comercio. Estos son los sectores que poseen más presencia femenina.
Volviendo a retomar el informe, este también indica que el ingreso promedio de las mujeres en el área urbana representó el 72% del ingreso de los hombres. La diferencia se mantuvo en todos los rangos de edad. El grupo de trabajadores de 45 años a más representó la mayor brecha salarial, siendo esta del 32.5%.
Cuadro: Informe técnico “Estadísticas con Enfoque de Género” (2021)
Esta brecha salarial siempre ha existido. Sin embargo durante la pandemia se ha agudizado. El Instituto Peruano de Economía (IPE) afirma que esto se debe a la menor participación de las mujeres por el cierre de sectores como los servicios y el comercio, sectores en los que más se desenvuelven. Otra razón que resaltan es el aumento de las labores domésticas.
Durante la pandemia los hogares se convirtieron en oficinas, aulas y centros de salud. Esta situación aumentó la carga histórica que, lamentablemente, asumimos las mujeres: las labores domésticas y de cuidados.
“Sí, también me dedico a la labor del hogar. Tengo que cocinar, tengo que preparar a los chicos para ir al colegio, poner la ropa en la lavadora, lo que se hace normalmente en casa. Tengo hijos que me ayudan también, sin embargo, sí, tengo que hacer algunas cosas del hogar”, señala Kery.
La encuesta realizada por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Instituto de Estudios Peruanos reveló que durante el año 2021 el 82% de familias del país dejaron el cuidado del hogar en manos de las mujeres. Aparte, las mujeres que generan ingresos dedican 52.8 horas semanales a las labores domésticas.
Mujeres y tareas del hogar
Muchos piensan que lavar los trastes o barrer son cosas sencillas, pero no es así. En el 2021, el 44% de las mujeres dejaron sus trabajos. Un 15% de ellas contestaron que fue para enfocarse en sus hogares. Del mismo modo, el 10% de las mujeres dejó sus estudios superiores para dedicarse al trabajo de cuidados (Flora Tristán/IEP, 2021).
Esta realidad influye en el proyecto de vida de las mujeres. Sus funciones laborales o académicas se ven interrumpidas por los trabajos domésticos y de cuidados. Kery es un claro ejemplo de ello, ya que puede notar cómo afecta en su desempeño laboral: “Tengo que priorizar la comida de los chicos antes de poder hacer algún informe o alguna actividad propia de mi trabajo. Si pongo en una balanza qué es más importante, en definitiva, mi familia lo es”, asegura.
Tampoco debemos ignorar que esa carga afecta su bienestar emocional. Esto puede crear cuadros de estrés o ansiedad que muchas veces son relativizadas.
La corresponsabilidad: solución colectiva
Aunque el problema de la doble explotación de la mujer es estructural, desde nuestros hogares podemos disminuir esta carga que enfrentan ellas con la corresponsabilidad, práctica que fomenta la organización y distribución igualitaria del trabajo doméstico no remunerado. Esto lo debemos de ver desde una perspectiva de responsabilidad mutua, más no de la idea de “hacerle un favor” a la mujer —o mujeres— de un hogar.
Si se inculca esta actividad se podrá reducir paulatinamente la reproducción de estereotipos de género. Ante ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en el año 2020 publicó el material informativo “La igualdad la construimos desde casa. Cartilla informativa para promover la corresponsabilidad del trabajo doméstico no remunerado”. Asimismo, se han lanzado videos educativos sobre esta práctica durante el año pasado.
En el webinar “Presentación de hallazgos del proceso participativo sobre necesidades y estrategias de cuidados” la viceministra de la Mujer María Pía Molero Mesia mencionó que esta política garantiza “el derecho de las personas a dar y recibir cuidados de calidad y en condiciones de igualdad. Permitiría que las mujeres recuperen el poder de decisión sobre sus tiempos”.
Asimismo, el Sistema de Cuidados (SDC) institucionaliza a la familia y ve a la corresponsabilidad a nivel macro. El cuidado de niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad pasan a ser responsabilidad también del Estado y del sector privado.
Los hallazgos señalaron que el 87% de las personas adultas cuidadoras eran mujeres y de estas el 80% interrumpió su vida laboral. En las cuidadoras adolescentes, el 69% interrumpió su trayectoria educativa. Estas cifras confirman que en la mayoría de los casos el trabajo de cuidados tiene un impacto en la realización personal de las mujeres. También se señaló que el 52% de cuidadores recurre a redes familiares para recibir apoyo, usualmente a una familiar mujer. Esto tiene que cambiar. Empecemos desde casa.
