Mujeres venezolanas caminan en el control fronterizo. Foto: REUTERS/Nacho Doce
Cuando la teoría dista de la práctica
“Creí que, por ser una persona de mi edad, mi jefe iba a ser una persona adecuada. Pero recibir sus insinuaciones era incómodo. No le iba a hacer caso porque, principalmente, no me gustan los hombres. Se convirtió en una relación muy incómoda y abusiva de su parte. No ganaba mal, pero dejé el trabajo y me fui a otro donde ganaba muchísimo menos, sólo por esa incomodidad”, relata Vanessa Armas, venezolana que radica en Lima. El tema legal no es lo único con lo que mujeres y poblaciones LGBTIQ+ migrantes tienen que lidiar cuando se trata de trabajo. El acoso y hostigamiento sexual también están presentes.
Esto empeora cuando, inclusive, recurren a dinámicas amenazantes que se asocian con la transfobia. Esto le pasó a un hombre trans migrante en Arequipa. “Había trabajado cerca de dos años para una empresa bastante conocida, pero le habían pagado menos de su sueldo y le hacían quedarse muchas horas. Soportaba una explotación grave. Él quería cambiar de trabajo y le dijeron que si se iba, ellos dirían que él es un hombre trans. No le iban a dar ninguna carta de recomendación”, asegura Fhran Medina, representante de la Red de Litigantes LGBTI de las Américas. Lo mismo sucedió con Dominic, quien a pesar de haber trabajado y apoyado a un club de esparcimiento en los momentos más críticos de la pandemia, fue despedido cuando sus superiores escucharon rumores sobre su identidad de género. “En ese momento dejé de ser útil para la empresa. Me despidieron de una forma triste. No me dieron ni siquiera un bono, una gratificación o compensación. El personal nunca me apoyó”, recuerda.
«El personal nunca me apoyó», enfatiza Dominic, quien fue despedido cuando sus superiores escucharon rumores sobre su identidad de género. Foto: Empleos y mucho más
Según el informe Mujeres migrantes contra la violencia en el mundo del trabajo: venezolanas viviendo y trabajando en Lima, Perú de Luis Enrique Aguilar, el común denominador de esta violencia de género es el abuso de poder. Dentro del Perú, contamos con una ley en contra del hostigamiento y acoso sexual (Ley 27942). Para mejorar su aplicación, se tienen una serie de requisitos. “Una empresa tiene una personería jurídica en el Perú y, por ende, debe cumplir obligaciones. Cuando tienes 20 trabajadores o más en planilla, deben tener un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Si tienen menos de 20 deben tener un delegado”, indica la abogada laboralista Ana Roque.
No obstante, la práctica y la norma distan mucho entre sí. “Algunos creen que la solución a algo es una norma, y muchas veces no es así. Está fomentando que se denuncie más, pero los casos de violencia aparecen, siguen existiendo”, asegura Roque. Como Vanessa, quien no supo a quién acudir por su situación migratoria irregular y porque no estaba en planilla. “Mis compañeros de trabajo prefirieron ser más reservados, no hablaban claramente de eso. (…) Ni siquiera el peruano trabajaba en planilla”, comenta. Ante estas problemáticas, inclusive, se evidencian las medidas a adoptar del Estado en su Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, pero ¿cuánto más se puede esperar por ellas?
Los estereotipos y la hipersexualización también están latentes. Por un lado, hay estereotipos positivos y negativos, así lo señala Care en la encuesta titulada Las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas y su inserción en el mercado laboral peruano: dificultades, expectativas y potencialidades. En el caso de las mujeres, los empleadores asocian su nacionalidad a competencias como la habilidad para los negocios, el manejo de redes sociales, el buen trato hacia clientes y un idóneo cuidado personal. En el caso contrario, los prejuicios negativos les imposibilitan acceder a empleos dignos. Las relacionan con la deshonestidad o la criminalidad. Esto puede venir de la experiencia propia, pero también de comentarios de personas cercanas y del tratamiento informativo de los medios de comunicación masivos.
Es en estos escenarios donde, a su vez, ocurre la hipersexualización. Esto se ha podido evidenciar más en Piura y La Libertad, regiones ligadas al turismo y que concentran mayor cantidad de ciudadanos venezolanos.Todo lo que engloba la frase “buena presencia” al realizar una venta o estar en negocios de diversión las cosifica y minimiza sus otras aptitudes para el trabajo. Inclusive, como analizó Aguilar, esta sexualización se valora en la atención al cliente. Coincide con la mayoría de puestos ocupados por mujeres en el Perú según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática): limpiadoras y asistentes domésticas, meseras y cocineras o ayudantes de cocina, a diferencia del hombre, que es más empleado como conductor de vehículos, albañil y portero. Estas labores acentúan y fomentan, aún más, los roles tradicionales de género.
¿Azul para hombres y rosado para mujeres? ¿Carros o muñecas? Preguntas así acentúan los roles tradicionales de género. IMAGEN: Libre Te Quiero
“Eso nos hace daño y tiene que ver con un tema de discriminación que los peruanos conocen”, puntualiza Marta Fernández, fundadora de la Asociación de Protección a la Población Vulnerable – APPV, “Yo siempre digo que los venezolanos somos los nuevos provincianos del país. Por años hubo discriminación hacia el peruano de regiones. Y ese peruano, en vez de ir en contra del que lo discriminó, se va en contra del venezolano. En algún momento los venezolanos que se queden van a empezar a ‘camuflarse’ – convertirse más en peruanos – porque van a tener hijos peruanos que lo único que van a conocer es la realidad del país”, asegura.
Cabe entonces pensar en el futuro. Sobre todo cuando, actualmente, hay una ‘feminización’ del proceso migratorio, como indica el gerente general de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Fernando Ríos. «Cada vez son más las mujeres, que son cabeza de familia, que migran a territorio nacional”, afirma. Además, existen ciudadanas venezolanas que dan a luz en Perú. Por ende, estos hijos son peruanos, pero, ¿qué garantías tienen de insertarse satisfactoriamente en el mercado laboral peruano más adelante?
“Dentro de 20 o 30 años le van a decir al Estado ‘ustedes no hicieron nada por mis padres’ y van a exigir derechos para los venezolanos que se quedaron, porque ellos son peruanos. Es como si hablamos de hijos de peruanos que nacieron en Venezuela. Ellos tienen derechos allá”, señala Fernández.
Por ello, y sin duda, las redes de apoyo juegan un factor clave al buscar alternativas laborales y hacer prevalecer sus derechos.
Desde la trinchera de lo diverso
El adverso escenario laboral al que se enfrentan los migrantes en nuestro país los ha llevado a buscar formas alternativas de obtener un sustento económico. Para Laura*, por ejemplo, la situación era tal que el aislamiento por la emergencia sanitaria la ayudó en lugar de perjudicarla, pues le permitió ejercer como psicóloga a distancia. Así, las mil entrevistas laborales que no llegaban nunca a buen puerto han quedado en el olvido. Ahora ofrece sesiones a sus pacientes de Colombia, donde sus años de estudio sí son válidos.
Como la unión hace la fuerza, muchos de los migrantes se han organizado y gestionado iniciativas para sacar de la precariedad a sus compatriotas. “Yo ‘comí las verdes’, pero aquí estoy para brindarle a ellos las maduras”, dice con orgullo Dominic. El compromiso que siente con su comunidad es evidente. Él cuenta que en la primera etapa del programa de emprendimiento de Lo Natural es Ser Diverso, ONG que lidera, podrá contribuir a la formación laboral de 30 personas trans, entre ellos migrantes venezolanos y colombianos.
El abanico de cursos por los que los beneficiarios pueden optar es diverso y tiene como objetivo desarrollar sus habilidades en actividades que les permita emprender de manera independiente. La ONG no solo se encarga de conseguir el apoyo internacional para costear las formaciones virtuales, sino que además garantiza mentoría gratuita a los estudiantes para el lanzamiento de sus emprendimientos.
Vives Emprende. VIDEO: Acción contra el Hambre
Después de dos años y medio de supervivencia, Alixe por fin ve una luz al final del túnel. “Ahora veo un cartel que dice que están buscando trabajo y yo ni pregunto (risas). No me interesa”, comenta ella con satisfacción. Gracias al apoyo de Lo Natural es Ser Diverso y el capital semilla que obtuvo a través del Programa Vives Emprendede Acción contra el Hambre, pudo recientemente certificarse, adquirir equipos y ejercer la cosmiatría. Hoy en día siente que su trabajo es valorado y sus clientas confían ciegamente en su talento.
No obstante, esa no es la realidad de la mayoría de migrantes. Es por ello que la ONG actualmente continúa en la búsqueda del apoyo económico de organismos internacionales para así poder llegar a cada vez más personas en Perú y Latinoamérica, e incluso a aquellos que siguen en Venezuela y temen salir del país sin tener un ingreso fijo.
Por su parte, la agencia humanitaria CARE Perú realiza, desde septiembre del 2019, elProyecto Alma Llaneraen Lima, Callao, La Libertad, Piura y Tumbes. Este programa brinda a hombres, niños y mujeres un mayor acceso a los servicios de protección y salud mental. Entre ellos se encuentran el aspecto laboral, donde, en el caso de las mujeres, buscan empoderarlas e impulsar, mediante un fondo semilla y talleres, sus propios negocios.
Proyecto Alma Llanera. VIDEO: Care Perú
La Asociación de Protección a la Población Vulnerable – APPV también busca empoderar a mujeres, sobre todo aquellas que han vivido violencia basada en género. A través de talleres de liderazgo y oratoria, grupos focales donde crean redes y capacitación financiera, ofrecen apoyo económico para que puedan empezar a trabajar.
La ayuda llega desde todas las trincheras. Veneactiva, por ejemplo, se formó con el objetivo de orientar y empoderar a la población migrante en el Perú. En ese sentido, ofrecen planes de salud, asesorías migratorias e incluso cuentan con un programa para cubrir los aranceles de aquellos migrantes que realicen trámites de regularización. Asimismo, han organizado talleres de bienestar psicoemocional y brindan sesiones psicológicas a través de Whatsapp para tratar el duelo migratorio y otros malestares.
“La idea es romper con ese patrón lastimero: formarse en algo para poder salir adelante y no depender de que alguien te quiera dar trabajo”, expresa Alixe, quien observa que más mujeres y hombres trans venezolanos y peruanos se están integrando a la iniciativa de Lo Natural es Ser Diverso. Asimismo, considera que su vida cambió positivamente tras obtener el capital semilla. “Actualmente estoy haciendo estética facial, limpieza facial profunda y soy experta utilizando un equipo muy novedoso para el rejuvenecimiento facial”, indica.
“No podemos cambiar el nombre, el género, no podemos ir al servicio de salud y que te atiendan dignamente, pero sí podemos formarnos y trabajar para llevar una vida más digna”, enfatiza. Para ellas, los problemas se han convertido en oportunidades caracterizadas por el trabajo conjunto y la independencia de un sistema que no las ha sabido acoger.
*Laura es un nombre ficticio para proteger la identidad de la persona
Caminantes venezolanos recorren las principales carreteras y atraviesan terrenos difíciles. FOTO: Muse Mohammed/ IOM – UM MIGRATION
AlixeSánchez tenía la vida que había planificado. Había seguido su pasión y estudiado periodismo, trabajaba en un canal de televisión en su natal Caracas y contaba con muchos años de experiencia en su carrera. Quería ser docente universitaria y soñaba con estudiar eventualmente un posgrado. A los 39 años parecía haber alcanzado una estabilidad digna de admirar. Pero en el 2018, se convirtió en una de las más de 5.9 millones de personas venezolanas que huyeron de la grave crisis humanitaria, de las que, actualmente y según Migraciones, más de un millón se encuentra en Perú.
Ella ya conocía este país. Además, el idioma era el mismo y la situación económica, mejor. Pasó siete días viajando por tierra rodeada de sus amigos. Sabía bien que ser una mujer transgénero la colocaba en una situación de vulnerabilidad particular. Llegar sana y salva parecía ser otra señal de buen augurio sobre su futuro aquí. Pero la realidad le explotó en la cara. Necesitaba trabajar para sobrevivir.
Qué difícil ser formal
“Migró mucha gente profesional. Para nosotros era muy beneficioso porque nos daba legalidad y la posibilidad de trabajar en la formalidad porque en Venezuela estamos acostumbrados a eso”, explica Nurys Morin, coordinadora de las áreas de Integración, Atención Psicoemocional y Vulnerabilidad en la ONG Veneactiva. Recordemos que Perú fue uno de los primeros países en la región en dar la bienvenida a los migrantes venezolanos al activar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP).
No obstante, con el paso del tiempo las exigencias empezaron a aumentar. Desde agosto del 2018, el pasaporte se convirtió en un requisito para ingresar al país. Posteriormente, desde junio del 2019, se añadió como condición la visa humanitaria, medida por la que los venezolanos se convirtieron en los únicos ciudadanos sudamericanos en necesitar visa para entrar a Perú.
Pero la realidad dista de lo legal. “La verdad es que se ha estado entrando por trochas, porque para acceder a una de esas modalidades el pasaporte tenía que estar vigente y eso es casi imposible en Venezuela”, indica Morin. Acertadamente, en octubre del 2020 el Estado peruano activó el Carné dePermiso Temporal de Permanencia (CPP), con el cual cualquier migrante, cuyo plazo de permanencia había vencido o que había ingresado de manera irregular hasta el 22 de ese mes, podía regularizar su situación migratoria.
Al cumplirse un año del PTP o durante la vigencia del CPP, los migrantes pueden optar por el cambio de calidad migratoria para obtener residencia y, por tanto, un carné de extranjería. Es así que solo existen tres vías para trabajar de manera formal en nuestro país: el carné de solicitante de refugio, el PTP o CPP, y el carné de extranjería. Sin embargo, el elevado costo de los trámites dificulta su realización. Por ejemplo, solo para conseguir el CPP se debe pagar S/ 47.30, y para tramitar el cambio de Calidad Migratoria, S/ 162.50.
Carné de Extranjería, documento que otorga residencia peruana a los no nacidos en el país. FOTO: Venezolanos En Perú.
Por si fuera poco, las resoluciones que suspendían el cobro de multas de parte de Migraciones durante el estado de emergencia fueron derogadas en agosto. “Cuando vencen los permisos temporales, la multa es de S/ 4.40 por día, pero cuando vence la residencia, asciende a S/ 44 diarios”, precisa Morin. “Díselo a alguien que gana 12 soles ocasionalmente”, protesta Alixe, quien después de mucho esfuerzo, tendrá su carné de extranjería en las manos pronto. “Lo que una persona cisgénero puede lograr en tres meses, yo lo he conseguido en casi tres años”, añade.
Consultamos sobre estas multas a Francisco Ríos, gerente general de la Superintendencia Nacional de Migraciones. “Si no hay para pagar, se puede solicitar calificación por vulnerabilidad. Toma 30 días una vez ingresada la solicitud. Se puede hacer a través de la agencia digital, pero debes tener paciencia porque hay sobrecarga de trabajo”, afirma.
Por su parte, Laura*, a diferencia de Alixe, no es una mujer trans y tampoco se fue de su país de origen por la crisis. Vino de Cartagena, Colombia en el 2019 por una oferta de trabajo que le hicieron a su ahora esposo. Pensó que aquí todo sería más fácil. Al ser su país parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la obtención del carné de extranjería le tomó solo un mes. Su siguiente meta era ejercer como psicóloga clínica aquí.
Para validar títulos obtenidos en Colombia, los ciudadanos de estados que tienen tratados suscritos al respecto con el Perú deben presentar su documento de identidad y su diploma original con la apostilla de La Haya, en caso de que su país sea parte de dicho convenio. Para los migrantes venezolanos, por ejemplo, obtener la apostilla para distintos documentos en su país de origen ha sido particularmente difícil debido a la dictadura. “Estamos cercenados de identidad para poder acreditar nuestros papeles”, expresa Morin.
Por ello, gracias al gobierno interino de Juan Guaidó, se activó en Perú la Embajada de Guaidó y con ella algunos mecanismos gratuitos para facilitar la legalización de títulos. No obstante, en la actualidad, la atención consular se encuentra suspendida luego de que Perú reestableciera relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro.
Centro de Atención al Venezolano en Perú, a cargo del ex embajador Carlos Scull. FOTO: Redes de Representación AN en Perú.
Para Laura*, por su nacionalidad, no fue tan difícil hacerlo. Sin embargo, las actitudes del personal de una universidad peruana a la que asistió la llevaron al llanto. “Hasta el día de hoy yo no soy psicóloga aquí”, lamenta ella. Asimismo, conseguir trabajo es enfrentarse a actitudes machistas de parte del personal en las entrevistas. “Me dijeron ‘¿Usted tiene esposo?’, y les dije ‘Sí, soy casada’. Luego me preguntaron ‘¿Y su esposo la deja trabajar?’. Me quedé asombrada”, menciona. Además, su carrera, como muchas otras, necesita de una habilitación a cargo de los colegios profesionales que, relata Morin, son costosos y colocan diversas trabas.
Todo esto, sumado a los S/ 325.10 que son necesarios para revalidar los títulos profesionales, coloca a los migrantes entre la espada y la pared. Por tal motivo, muchos de ellos optan por realizar labores ajenas a su profesión y al margen de lo legal. De hecho, de acuerdo con la Encuesta Población Migrante y Refugiada Venezolana en Perú realizada por la organización Equilibrium CenDe en septiembre, el 89% de venezolanos en Perú no ha convalidado sus títulos profesionales y el 79% no trabaja en algo relacionado a su profesión.
Aún cuando sí lo consiguen, las leyes peruanas dificultan la formalidad de la fuerza laboral migrante. Así, el Decreto Supremo Nº 014-92-TR establece que las empresas pueden contar con un máximo de 20% de trabajadores extranjeros. Además ellos no podrán percibir remuneraciones que superen el 30% del monto total pagado. En aquellas cifras no se incluye a los ciudadanos con cuyos países existe un convenio de reciprocidad laboral, como el Mercosur. Ese no es el caso de los venezolanos, pese a que resultan ser los principales migrantes en territorio peruano actualmente.
En la opinión de la abogada laboralista Ana Roque, la normativa del 20% no es coherente al contexto peruano actual. “La norma de contratación de extranjeros es del año 90. No está actualizada, sigue pensando que en nuestro país la cantidad de extranjeros es mínima, que sólo vienen para ciertas cosas y no considera que estamos en un ambiente de globalización donde ya entran personas de todos los países y una cantidad de migrantes enorme”, explica.
Si para un migrante es difícil trabajar legalmente y enviar remesas a su país de manera formal, la situación se agrava cuando entran a tallar factores de género. Dominic Orduz, hombre trans venezolano que llegó a Perú en 2018, aprovechó la carta de trabajo que obtuvo al iniciar su solicitud de refugio para conseguir empleo. El documento consignaba su nombre social. “Nunca pude firmar un contrato, porque al momento de hacerlo sí iba a revelar mi identidad y ya no me iban a contratar, entonces preferí trabajar sin beneficios”, cuenta.
Dominic no es el único que percibe estos tratos. Alixe, durante dos años y medio, ha pasado madrugadas enteras en mercados cargando cajas y limpiando locales, en pleno frío y bañada en tierra. A cambio, obtenía lo que llama “propinitas”, que no superan los 15 soles o a veces promesas de pagos que nunca llegaban.
Al no acceder a derechos laborales básicos, estas poblaciones quedan mucho más expuestas a situaciones de explotación e injusticia. “Las personas que han notado mi necesidad me han puesto en jornadas más largas que las del común. Si la remuneración a los migrantes ya es mínima, a mí me pagan por debajo de eso”, manifiesta Alixe. Para ella, la supervivencia no era una opción, era la regla.
Las historias de Laura, Vanesa y Dominic no son las únicas que reflejan un trato hostil hacia las mujeres y poblaciones LGBTIQ+ migrantes en espacios de trabajo. Diseño e ilustración: Adriana Velázquez, Mya Sánchez y Zoila Antonio
El trabajo textil es una práctica que las mujeres de culturas ancestrales han desarrollado para preservar la identidad de los pueblos. En Bolivia, especialmente, forma parte del tejido social en el territorio. Sin embargo, del paso de los telares a las máquinas de coser y con los cambios capitalistas de sentido del trabajo, este rol, generalmente ocupado por mujeres, ha tomado características de explotación: bajos salarios, interminables jornadas y pésimas condiciones laborales. Si a la tarea feminizada se le suma el ser migrante en contexto de pandemia, el escenario empeora.
Sin embargo, en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio Padre Rodolfo Ricciardelli -antes conocido como Villa 1.11.14, la más grande en extensión de la ciudad-, un grupo de mujeres trabajadoras textiles y migrantes de países andinos comenzaron a reunirse para compartir cafés y mundos y, entre viernes y viernes, empezaron a pensar en la posibilidad de crear una alternativa comunitaria en un sector laboral de condiciones deshumanizantes. Estas son sus historias.
“La costura es lo primero en un mundo que se hace pedazos”, canta la artista mexicana Laura Murcia. Así es para Yeni Chambi, una trabajadora textil boliviana de 29 años. Además de coser “lo que venga”, Yeni pone sus manos a trabajar por la transformación social como militante de género en la organización popular Barrios de pie, con la cual camina el barrio que aún llama con los números “1.11.14”. Según cuenta, allí la mayoría de las personas son migrantes y lo que abunda son talleres textiles, porque “afuera no te dan trabajo si no cumplís con los requisitos”, como lo es una dirección postal fuera de la villa.
Lo que dice hace eco en las respuesta de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA, 2020), que concluyó que el 37% de les migrantes señaló que su situación laboral es inestable, mientras que el 51% de la actividad laboral realizada por migrantes no pareciera estar registrada, principalmente para personas que no cuentan con documento nacional. A esto se le suma que, en el contexto de pandemia, el 53% de las personas migrantes perdió parcial (17%) o totalmente (36%) sus ingresos.
Para Yeni, la pandemia fue una oportunidad, a pesar de que los talleres cerraron sus puertas. Desde su casa, cosió barbijos, muchísimos, llegando a 5 mil por semana. Con una máquina prestada por una amiga, trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, junto a su marido. “Si no hubiera tenido una máquina, no sé qué hubiera hecho. Fue horrible por la cantidad de trabajo, pero sí pude ahorrar”, cuenta a Revista Colibrí. Para alimentar a sus dos hijos, iba al comedor del barrio, porque no tenía tiempo para cocinar, ni tampoco para comer.
“Si a mí me agarró COVID, yo no le di importancia, me preparé un mate con jengibre y limón y seguí trabajando”, dice Yeni. Llegó de Bolivia en 2005 y a los 16 años empezó a trabajar de costurera. Una vez, un argentino le dijo: “A ustedes (las personas bolivianas), les gusta ser explotados, dan hasta la fuerza que no tienen”. Ella cree que en parte tuvo razón, porque por el miedo a perder el trabajo, ha llegado a aceptar quedarse después de hora, aunque llegue “muerta a casa”. Aún así, lucha por hacer valer sus derechos.
En Argentina, la mayoría de les trabajadores textiles son migrantes de Bolivia, Perú y Paraguay. Según el último censo realizado en Argentina (2010), las personas de estos tres países suman casi el 60% de la población del país nacida en el extranjero. Algunas llegan engañadas con promesas de mejorar sus condiciones de vida y se encuentran con talleres clandestinos. Es muy común que se les retengan sus documentos y vivan bajo la amenaza de la deportación.
“Las mujeres suman a las dificultades el desafío de maternar sin dejar de trabajar”, cuenta Camila Ibáñez, docente integrante de la Asamblea Feminista del Bajo Flores, nacida en noviembre de 2018 y de la Red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores. Se debe amamantar, criar, y cuidar frente a la máquina y si el niñe ya es grande y puede caminar, más vale que no circule por el taller, que no llore, que no distraiga a la mamá u otres trabajadores, porque puede causar problemas que resultan muchas veces en despidos.
Si el taller es legal, el trabajo está más regulado, pero las condiciones de explotación son generales: las jornadas siempre superan las 10 horas diarias. En blanco, sí tienen descansos y comidas aseguradas por la ley. En cambio, en el ámbito clandestino se sostiene la modalidad de “cama caliente”, en la que se duerme en el lugar donde son explotadas, sin descanso ni cobro asegurado.
En cooperativas textiles, maternar no debería devenir en posible despido y son las compañeras de trabajo las que colaboran con esa crianza, también están quienes arman taller en el domicilio. “Aún así el trabajo es muy sacrificado, para hacer prendas que finalmente compitan en el mismo mercado que las confeccionadas en talleres tradicionales, las jornadas son muy extensas y el sueldo, bajo”, dice la docente feminista. La modalidad de pago es a “destajo”, es decir que se cobra por prenda realizada. Esta se paga el 10% del precio de venta y el resto es ganancia para las marcas millonarias.
El rubro textil plantea un sistema productivo de explotación. Cuenta con una maquinaria similar a la desarrollada en 1800 que no se actualiza porque sigue siendo más rentable mantener las formas de producción y de contratación actuales que costear los gastos del desarrollo tecnológico. Las condiciones casi esclavas se mantienen con la dificultad de las personas del rubro para acceder a recursos: ni vivienda ni redes de contención y ayuda.
En el Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, la pandemia trajo reducción de jornadas laborales y de salario por la poca demanda de cortes y la presencia de niñes que bajaron el ritmo del trabajo al no haber clases presenciales. Trabajar en el hogar también fue un problema por no tener máquinas o por el poco espacio físico para ubicarlas. Contraer el virus de la COVID-19, en algunos casos, implicaba no poder trabajar y estar todo el día en la casa llevó a que incrementen exponencialmente situaciones de violencia de género.
El espacio de encuentro surgió en el Bachillerato Popular del barrio, cada viernes. A través de un relevamiento convocado por la Red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores en articulación con otras organizaciones para atender las problemática sociales que se agravaron en la pandemia, como las habitacionales, alimentarias y de escolaridad. Se abrió una convocatoria para hacer un relevamiento puerta a puerta y entregar a quien lo necesite bolsones de comida, ayuda y orientación en situaciones de violencia de género, tramitación para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia al que el 82% de las personas migrantes no accedió, según la ENMA.
En ese caminar del relevamiento, la Red tocó la puerta de Lucía, de 53 años. Ella había llegado de La Paz, Bolivia, en 1994, buscando un trabajo con el cual mantener a su hija a distancia. Con sus conocimientos de costura y confección, comenzó a trabajar en un taller textil coreano, que describe como explotador. Según cuenta, para entrar al taller, tenían que pasar una prueba de rapidez. “Prueban de a cinco trabajadoras y la más rápida se queda”, comenta.
“Sufrí y viví tantas cosas, trabajando con coreanos, con paisanos (personas bolivianas), en muchos lugares”, recuerda Lucía en conversación con Revista Colibrí. Hace tres años, le diagnosticaron “artritis reumatoide”, lo que le impidió seguir trabajando en el rubro textil. Según un médico que la atendió, la enfermedad puede estar relacionada con el trabajo de alto esfuerzo físico que realizó durante tantos años en los talleres.
En el espacio de los viernes, Lucía encuentra esperanza, contención y apoyo: “Nos fuimos uniendo una a una, para mí es un encuentro en el cual nos ayudamos mutuamente. Como que vas ahí y todo tu estrés y tu preocupación se borran. Es como si cargaras pilas. Realmente conocí gente muy buena, que se convirtieron en mis amigas”. En los encuentros de los viernes, sentadas en círculo en el Bachillerato popular, debaten sobre su trabajo en el rubro y muchos otros aspectos de la vida.
A pesar de que las emergencias vinculadas al aislamiento preventivo mermaron, la Red decidió mantener el espacio de diálogo de los viernes para las mujeres del barrio que, desde realidades sociales similares y voces diversas, conversan entre café y café sobre la desigualdad de género en los hogares y desnaturalizan la explotación laboral. Atravesadas por necesidades económicas y con un sentido común de saberes textiles, incluso, empezaron a pensar un proyecto productivo de confección de apósitos menstruales de tela.
“La tecnología avanza pero el tejido resiste”, afirma Tatiana, una joven trabajadora textil organizada en la Asamblea del Bajo Flores. Ella cose desde los 15 años, cuando empezó como ayudante de un taller. Luego pasó por otros trabajos y en la pandemia volvió al trabajo textil en febrero de 2021. Su familia también se dedica al trabajo textil y participa activamente en la asamblea. Lucha porque las condiciones del trabajo textil se sigan nombrando para no naturalizar la explotación. También para visibilizar que los allanamientos agresivos de la policía en los talleres clandestinos perjudican a las trabajadoras, porque secuestran sus herramientas de trabajo.
Tatiana piensa en la labor de coser como “resistencia cultural”, propone tomar conciencia de la fuerza de la tradición que está en sus cuerpos y hacerla herramienta para empoderarse y organizarse. Aunque actualmente, muchas se dedican a prendas de moda que las grandes marcas solicitan confeccionar, desde siempre en su cultura estuvo presente la costura y el tejido.
Madres, abuelas y ancestras trabajaron con máquinas y telares en la confección de aguayos, prendas de vestir típicas de las comunidades de sus pueblos. Por lo cual, en cada prenda trabajada, están sus manos y sus voces. Para ellas, realizar este trabajo es continuar una tradición de saberes acumulados y experiencias ancestrales. Hacerlo en colectivo es recuperar retazos para coser un nuevo mundo juntas, respetuoso con la diversidad que hay en cada una de sus historias y libre de violencias.
Ante el incremento de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres, la impunidad y de tantos otros delitos que diariamente dejan a miles de víctimas en todo México, manifestantes caracterizadas de Catrinas-el símbolo que honra a la muerte en México-aprovechan la popular festividad del Día de los Muertos para exigir justicia.
#LaMarchaDeLasCatrinas2021, convocada desde el 2016 y llevada a cabo durante los últimos cinco años por el colectivo feminista de “Las del Aquelarre”, se desarrolló el día lunes primero de noviembre en la Glorieta de las Mujeres que Luchan rumbo a La Antimonumenta para dar lectura a su pronunciamiento para exigir justicia en nombre de todas las mujeres, niñas y adolescentes asesinadas, además de colocar una ofrenda en su memoria.
Hacía un poco de frío por el reciente cambio de horario, se comenzaba a ver que el sol bajaba. La hora del encuentro era a las cinco de la tarde. Desde distintos puntos del Monumento a la Revolución y la avenida Paseo de la Reforma, empiezan a verse a lo lejos las convocadas. Es el Día de Muertos, tradicional festividad mexicana celebrada el 1 y 2 de noviembre, donde se honra a los que ya no nos acompañan. En esta marcha en específico, se hace memoria a aquellas que han sido asesinadas por feminicidios, acto de violencia extrema contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres.
«Estamos haciendo la convocatoria de la marcha de las catrinas porque quisimos levantar la voz en contra de los feminicidios de mujeres y de niñas. Participan a lo largo del 2016 al 2021 diferentes colectivos feministas, madres de víctimas, sobrevivientes de intento de feminicidio y defensoras de derechos humanos” -Ana Elena Contreras, fundadora de la colectiva “Las del Aquelarre”.
FOTO: Arleth García/ La Antígona
Se les diferenciaba porque llegaban caracterizadas de Catrinas, personaje creado por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada como una burla a las personas clasistas de México, haciendo referencia a que al final todas las personas éramos lo mismo por dentro: puros huesos, y que acopló el término de «La Catrina» en 1947 mediante la obra del muralista Diego Rivera Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Además, conforme llegaban, se les entregaba un carné para poder identificarlas.
Había mujeres de todas las edades. Algunas venían con la cara cubierta de pintura de colores diversos, había otras que maquillaron su rostro todo de negro en protesta por las mujeres que ya no están, un grupo cubría la mitad de su faz con la caracterización y la otra con un cubrebocas a juego. En el parque que daba frente a La Glorieta de las mujeres que luchan ubicada en la intersección del Paseo de la Reforma y la avenida Morelos en la Ciudad de México, habían compañeras del colectivo feminista “Las del Aquelarre” que estaban maquillando a cualquiera que lo solicitara.
Amontonadas en los pequeños pasillos de La Glorieta, se comenzaban a formar aquellas personas que iban a documentar la marcha, tomando fotografías de la ofrenda y de los nombres escritos alrededor de una valla de metal que el Gobierno de la Ciudad de México colocó el pasado septiembre, después de que diversos colectivos feministas instalarán una estatua en honor a “las mujeres que luchan”, donde se encontraba el monumento a Cristóbal Colón, y que fue retirado el año pasado.
Marisela, Fátima, Norma, Lidia, Karen, Marcela, Areli, Sandra, Ingrid… la lista de nombres continuaba y llenaba la valla. En medio, estaba la ofrenda adornada por la típica flor de la festividad, el cempasúchil, utilizada en los senderos que van desde el camino principal hasta el altar con la finalidad de guiar a las almas hacia allá. También se podían observar veladoras, pan de muerto y cruces de papel color rosa en representación de los feminicidios.
“Yo pude haber sido una foto de las que están aquí” -Becky, víctima de tentativa de feminicidio.
FOTO: Arleth García/ La Antígona
Alrededor de las cinco y media llegó la batucada feminista, que comenzó a practicar en una esquina de La Glorieta mientras las mujeres asistentes, feministas, convocantes, personas de prensa, familias de víctimas de desaparecidas, sobrevivientes de feminicidio, activistas, defensoras de derechos humanos, delegadas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, personal de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y PC se iban agrupando detrás de ellas para dar inicio a la Marcha de las Catrinas 2021.
Los tambores empezaron a sonar y en fila, a paso lento y con el puño adornado de un pañuelo verde o morado, comenzamos a caminar por avenida Reforma rumbo a ‘La Antimonumenta’, memorial levantado por feministas para pronunciarse en contra de los feminicidios, ubicada en Bellas Artes. De forma pacífica, aunque rodeadas por policías, se lanzó el primer “Porque vivas se las llevaron”, que gritó por un megáfono una integrante de la batucada; “Vivas las queremos”, coreamos las asistentes.
“Las participantes sienten rabia e indignación, pero también mantienen el espíritu de lucha para manifestarse en contra de la nula respuesta del gobierno al problema de feminicidios y desapariciones en México.”
-Marcela, integrante del colectivo La Antimonumenta
“De Juárez a Chiapas, ¿qué buscan las madres?…justicia, justicia, justicia”.Al borde del llanto, con rabia y abrazadas por compañeras que nos veían vulnerables, es como transitamos el camino. Algunas chicas levantaban carteles que decían “ni todo el cempasúchil del mundo alcanza para guiar a nuestras muertas”. Otras compañeras se tenían que cubrir el rostro con el antebrazo de aquellas personas que querían grabarlas para “exhibirlas”, según decían. A paso firme, con una veladora entre manos, prendiendo bombas de humo de color rosa y gritando “Ni una menos” es que se recorrieron las calles.
Al llegar a La Antimonumenta, todas las personas que asistieron rodearon la ofrenda en un espacio de calle fuera de un restaurante, que fue cerrado por lazos, con personal de seguridad a los lados evitando que cualquier transeúnte intentara ingresar. La prensa se colocó al frente para escuchar las intervenciones de familiares de desaparecidas y víctimas de feminicidio, así como el pronunciamiento del colectivo feminista “Las del Aquelarre”.
Entre el ruido de la gente que estaba celebrando el Día de los Muertos pidiendo su calaverita, caracterizada por seres mitológicos, algunas otras personas que asistían a las maxi ofrendas colocadas en el Zócalo capitalino por la calle Madero, a unos metros de la ofrenda, se hizo un llamado al gobierno y a la sociedad para frenar el alarmante incremento de violencia de género.
Entre gritos de “No están solas”, después de las intervenciones de las madres y padres que piden justicia por su hijas, abrazos y la prendida de velas de la ofrenda fue como finalizó la marcha, con el recordatorio de que los feminicidios, asesinatos por razón de género, aumentaron en México en el primer semestre de 2021, lapso en el que se registraron 508 casos, un 3,25% más que los 492 del mismo periodo del año anterior.
En México, solo el 26,4% de los asesinatos de mujeres son tipificados como feminicidio. La impunidad en esos casos alcanza el 89,6%; es decir, que solo uno de cada 10 casos queda resuelto.
"Estamos conmemorando en el Día de Muertos a mujeres que fueron asesinadas a mano de sus parejas. Yo, en lo particular, busco reivindicar este día de tanta tradición, pero dándole ese trasfondo para sensibilizar sobre la violencia hacia las mujeres. Cada día en México son asesinadas más de 11 mujeres”.
Retratos de enfermeras de diversas especialidades en Trujillo. FOTO: Arturo Gutarra/ La Antígona
A pesar de las dolorosas pérdidas suscitadas durante la primera y segunda ola de coronavirus, el personal de salud continúa de pie ante las adversidades. En esta ocasión, La Antígona retrata los rostros de seis valientes mujeres que combaten contra esta peligrosa enfermedad en primera línea: enfermeras con especialidades distintas que laboran en la ciudad de Trujillo, una de las ciudades más afectadas por el virus.
Hasta el último reporte dado por la Gerencia Regional de Salud La Libertad (GERESA) este último 29 de octubre, son 128,271 los casos positivos a la COVID-19 en la región, de los cuales, un total de 10,125 fallecieron entre la 1ʳᵃ y 2ᵈᵃ ola. Seis testigos de estos trágicos hechos nos revelan las vivencias íntimas a las que se enfrentan a diario para contener esta pandemia mundial.
Enfermera Giovanna Trujillo. FOTO: Arturo Gutarra/ La Antígona
1. “TUVIMOS QUE AMPLIAR NUESTRA SALA”, Giovanna Trujillo (47).
Giovanna lleva 15 años en la sala de hemodiálisis, al grado de conocer de memoria las transfusiones de sangre que con mucho cuidado y profesionalismo viene ejerciendo. Con la llegada de la COVID-19 a la ciudad, el hospital donde labora tuvo que ampliar el espacio mediano para mantener la distancia recomendada; es decir, el metro y medio.
“Al inicio hubo contagio entre pacientes y enfermeras; sin embargo, gracias a la vacuna, ha disminuido la alta demanda de contagiados en esta área”, indica Giovanna.
Enfermera Bety Cruzado. FOTO: Arturo Gutarra/ La Antígona
2. “SOMOS DOS MUJERES EN UNA OBRA DE 60 OBREROS”, Bety Cruzado (34).
Existen ocasiones en las que el personal masculino toma una actitud de fortachón cuando de obras se trata. En el área de enfermería, específicamente en el tópico, se encuentra laborando Bety, quien —hasta el momento— atendió a ocho obreros con cortes de riesgo menor, y malestares propios del trabajo. Sin embargo, trabajar con 60 obreros no es nada fácil: «Es complicado manejar el carácter y actitudes de los caballeros, pero se trata de lidiar con ello», señala con cautela Cruzado.
Aunque Bety no se encuentra en primera línea, para ella, el área de salud es muy bonita, la enfermería ocupacional es muy amplia, y no solo se trata de curar heridas en obra: es poder cuidar y prevenir.
Enfermera Yessenia Rosario. FOTO: Arturo Gutarra/ La Antígona
3.“80 A 120 PACIENTES POR DÍA HEMOS ESTADO ATENDIENDO”, Yessenia Rosario (47).
Por su parte, Yessenia solía escuchar los llamados de los pacientes internos luego de operaciones exitosas en los hospitales antes que inicie la pandemia. Pese a que era difícil dar un alto a los contagios por varios motivos, entre ellos la desobediencia, los centros de salud optaron por poner en carpas oscuras el triaje diferenciado contra la COVID-19.
«Nuestro objetivo era atenderlos y derivarlos al hospital regional. Los síntomas de los pacientes son dolor de cabeza, garganta y fiebre”, puntualiza Yessenia.
Enfermera Cindy Acosta. FOTO: Arturo Gutarra/ La Antígona
4. “NO ABRAZAR A MI HIJA ERA UNA TORTURA”, Cindy Acosta (36)
Cuando se dio la inmovilización social a nivel nacional, no había transporte para movilizarse. Y aunque algunos taxistas consiguieron permiso laboral, muchos no se atrevían a trasladar al personal de salud a sus centros de atención por temor al contagio. Tal fue el caso de Cindy.
En una conversación con La Antígona, ella manifestó que tenía que caminar una distancia aproximada de 8,9 kilómetros desde su vivienda hacia la salida de Trujillo para el distrito de Moche. Aunque, confiesa, lo peor de todo fue continuar sin abrazar a su hija de cuatro años por temor a que se contagie. Fueron días sumamente inciertos los que se vivieron durante las primeras olas de la COVID-19 para Cindy.
Enfermera María Marín. FOTO: Arturo Gutarra/ La Antígona
5. “MAMITA, RENUNCIA, NO VAYAS”, María Marín (54).
Con más de cinco décadas en su haber, Maria no imaginaba que tendría que convivir con un virus tan mortal como el SARS-CoV-2. Sin embargo, su vocación por salvar vidas le animó a continuar con sus labores en su centro de salud en el distrito de Moche: “Solía ver jovencitos sin mascarilla deambulando por las calles, pero cuando decimos algo nos insultan”, manifiesta con dolor.
A pesar del gran riesgo al que estaba expuesta, haber seguido los cuidados de bioseguridad mantuvieron a salvo a Marin. “Mis hijos me rogaban, hasta lloraban cuando salía de casa a dirigirme a acompañar a vacunar casa por casa”, recuerda con claridad Maria.
Enfermera Mercedes Almendras. FOTO: Arturo Gutarra/ La Antígona
6. “LAS SECUELAS DEL COVID SON MORTALES”, Mercedes Almendras (46).
Las recomendaciones de la enfermera Almendras para atención en vivienda por COVID-19 fueron en aumento durante la segunda ola: a diario tenía a cargo un promedio de 18 pacientes no mayores de 35 años. Aunque hoy en día los casos por COVID-19 han descendido, las secuelas son muy peligrosas, advierte Mercedes. “Me ha tocado atender pacientes en estado crítico, con daños neurocerebrales, insuficiencia renal y, en oportunidades, a pacientes con pre-infarto”.
No había un día de descanso. Las llamadas por la madrugada de desesperadas familias con pacientes infectados en casa aumentaban debido a que los hospitales COVID se encuentran en colapso. No había camillas, ni personal de salud suficiente para atender la alta demanda de contagio.
La recomendación de las protagonistas de este informe a la ciudadanía y a futuros y futuras profesionales de la salud es seguir cuidándose de las nuevas variantes. Ellas no descartan que el virus pueda continuar mutando, por lo cual se pide el uso correcto de la mascarilla y mantener el distanciamiento.
*Se prefirió mantener en anonimato los centros de salud.
Esposos beneficiados en la 1ra Reforma Agraria. FOTO: Arturo Gutarra/ La Antígona
“La tierra es para quien la trabaja”. Bajo ese lema se inició la 1ʳᵃ Reforma Agraria por el ya lejano 1968. En aquel entonces, el presidente Juan Velasco Alvarado anunció esta medida. La misma que permitió beneficiar a las y los campesinos. Ellos que eran sometidos a largas horas de jornada laboral.
Los esposos Catalina Serin y Román Pastor tienen 54 años de casados. “Nos veíamos muy seguido a la hora del almuerzo luego de cosechar papa en el caserío, hoy distrito de Sarín, en Huamachuco. Teníamos un lindo vínculo, y a los 17 años decidimos juntarnos”, recuerdan con alegría.
La falta del crecimiento de los frutos hizo que decidieran partir hacia el convento de Santo Domingo para poder vivir. Don Pastor consiguió un trabajo y Catalina se dedicó al sembrado de maracuyás, palta, mango, plátano, carambola y maíz en sus chacras.
Sin embargo, en la arrienda SantaVictoria, donde los dueños eran la familia Ganoza, ganaba ocho soles de plata semanales en una jornada laboral de 24 horas. Esto animó a los esposos a organizar un sindicato y reclamar al patrón que se les aumente el salario. Con ello lograron que se les incremente el sueldo a 15 soles de plata.
La reforma puesta en marcha benefició a cientos de campesinos del sector. Aun cuando los precios de compra en las tierras se basaban en un kilo de maracuyás a un sol. O un ciento de paltas a 200 soles, precio que no era suficiente para sustentar diariamente a la familia. Cuando los cultivos no daban fruto los animales también eran puestos en venta
Luego del anuncio en Cusco por parte del presidente Pedro Castillo sobre la 2ᵈᵃ Reforma Agraria, Katalina no pierde las esperanzas de que puedan mejorar sus ingresos. Es necesario un mercado en donde puedan poner el precio real de sus cultivos. “Si hay facilidad para poder vender, nos ayudará a todos los campesinos. El negociante gana el doble de lo que siembra; por ejemplo, la palta dura un año para que coseche, el negociante viene, se lo lleva y al día siguiente ya lo está vendiendo”, relata Catalina para La Antígona.
Al cierre de esta nota, Román Pastor se encontraba internado en el hospital. El amable hombre fue operado de emergencia. Actualmente, se encuentra en recuperación.
A continuación, imágenes de los esposos y sus vivencias.
