El gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, no ha cumplido su promesa de impulsar la defensa de los derechos humanos. En otros temas, como la lucha contra la corrupción, ha habido algunos avances
Nueva York, Estados Unidos. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha fallado en cumplir con su promesa de fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas en el país.
Honduras sufre problemas estructurales desde hace años, incluyendo corrupción sistémica, interferencia política en el sistema judicial, inseguridad, un porcentaje muy elevado de su población en condiciones de pobreza y ataques letales contra defensores del medioambiente.
En febrero, el Congreso nombró una nueva composición de la Corte Suprema. Los 15 magistrados fueron elegidos a partir de una lista preparada por una junta en base al mérito. Sin embargo, como en el pasado, los partidos políticos se dividieron las vacantes entre ellos. A octubre, la elección de un nuevo fiscal general se encontraba retrasada en el Congreso mientras los partidos luchaban por nombrar a una persona afín a sus intereses.
A octubre, el gobierno continuaba negociando con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, la creación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras respaldada por la ONU.
Vista general de las entrevistas de la junta nominadora que eligió a los 15 magistrados de la Corte Suprema.
Independencia judicial y lucha contra la corrupción
En febrero, el Congreso nombró a los 15 magistrados de la Corte Suprema que ejercerán sus funciones por un periodo de siete años. Aunque los congresistas mantuvieron la práctica de repartir las vacantes proporcionalmente entre los partidos políticos, esta vez seleccionaron de una lista preparada por una junta nominadora en base al mérito, lo que supuso un avance en comparación con procesos anteriores. El Congreso también cumplió con el requisito legal de paridad de género y seleccionó al primer magistrado afrohondureño en la historia del tribunal.
El gobierno y el secretario general de la ONU se encontraban negociando la creación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, en el marco de un memorando firmado en diciembre de 2022. Entre julio y octubre, un grupo de expertos de las Naciones Unidas visitó Honduras en tres ocasiones para evaluar la viabilidad y el marco jurídico de una comisión.
En julio, el Congreso derogó el decreto 57-2020, que obstaculizaba la obtención de documentos clave por parte de fiscales en investigaciones por corrupción, y modificó el decreto 93-2021, que dificultaba la persecución por lavado de activos. En agosto, el Congreso derogó el decreto 116-2019, que impedía al Ministerio Público investigar el uso indebido de fondos públicos por parte de congresistas por hasta siete años, a la espera de una auditoría administrativa.
Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, una organización independiente creada por ley en 2005 para luchar contra la corrupción, salió de Honduras en junio tras recibir amenazas luego de publicar un informe sobre nepotismo en el gobierno. Castellanos regresó al cabo de un mes y continuó denunciando prácticas corruptas.
En 2018, Óscar Chinchilla fue elegido fiscal general a pesar de no encontrarse incluido en la lista preparada por una junta proponente, lo que constituyó una violación de la Constitución. El mandato de Chinchilla finalizó el 31 de agosto de 2023. Una junta proponente seleccionó a cinco candidatos para sustituir a Chinchilla en un proceso que, según algunas organizaciones de la sociedad civil, estuvo influido por intereses políticos. La disputa política continuó en el Congreso, que a octubre no había podido seleccionar a un nuevo fiscal general.
Defensores de derechos humanos
Entre enero y agosto, 236 defensores de derechos humanos sufrieron hostigamientos, amenazas o ataques. Al menos 13 fueron asesinados en ese período —mientras que 11 fueron asesinados en todo el 2022—, informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras. El 75 % de los defensores que sufrieron ataques y más del 90% de los defensores asesinados eran defensores del medioambiente y de la tierra.
En enero, los defensores del medioambiente Jairo Bonilla y Aly Domínguez fueron asesinados en Guapinol, departamento de Colón. Habían recibido amenazas por sus actividades en defensa de los ríos Guapinol y San Pedro. En junio, Oquelí Domínguez, hermano de Aly y quien también era defensor del medioambiente, fue asesinado en Guapinol.
El mecanismo creado por Honduras en 2015 para proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales del sistema de justicia tiene graves falencias. El mecanismo carece de autonomía financiera, de personal calificado con experiencia en derechos humanos y de la confianza de los defensores, quienes temen dar información personal que pueda acabar en manos de quienes los atacan.
Derechos económicos y sociales
Según los últimos datos oficiales de 2021, cerca del 80% de los hondureños de las zonas rurales vivían en condiciones de pobreza, con ingresos inferiores a 7 dólares diarios, y casi todos ellos en la pobreza extrema, con ingresos inferiores a 4 dólares diarios.
En marzo de 2023, datos oficiales mostraban que el 14% de los hondureños no sabía leer ni escribir. Esta tasa alcanzaba al 31% entre los mayores de 60 años. Sólo el 56% de los niños y niñas de entre 12 y 14 años, y el 29% de entre 15 y 17, asistía a la escuela.
Las remesas representaron casi el 8% de la fuente total de ingresos de los hondureños, según datos oficiales de marzo de 2023, y el 27% del producto interno bruto (PIB) del país, la tasa más alta de América Latina y el Caribe, según datos de 2022 del Banco Mundial.
Seguridad pública y condiciones en centros de detención
Honduras es uno de los países más violentos del mundo, con 3,661 homicidios reportados por la policía en 2022, una tasa de 38 homicidios por cada 100,000 habitantes. Según Insight Crime, un centro de estudios y medio de comunicación especializado en crimen y seguridad, Honduras tiene la segunda tasa de homicidios más alta de América Latina y el Caribe, tras Jamaica. Datos preliminares de la policía reportan 2,341 homicidios entre enero y septiembre de 2023, un descenso del 16% en comparación con el mismo periodo de 2022.
Desde diciembre de 2022, la presidenta Castro decretó el estado de excepción en distintas áreas del país, incluyendo el distrito central, lo que permite la suspensión de los derechos a la libertad de asociación y reunión, y a ser informado del motivo de una detención, entre otros. La Oacnudh en Honduras expresó su preocupación por el uso recurrente del estado de excepción sin una política integral de seguridad pública basada en los derechos humanos. El gobierno justificó el estado de excepción sobre la base de un aumento del crimen organizado.
Policías patrullan las calles durante el estado de excepción en Honduras.
En junio, se desataron hechos de violencia entre pandillas en una cárcel de mujeres, con el resultado de al menos 46 muertas. En respuesta, el gobierno de Castro puso las prisiones bajo control militar, una medida habitual en Honduras sin resultados claros y que puede incrementar las violaciones de derechos humanos.
En septiembre, las prisiones albergaban a casi 19,000 reclusos, un 72% más que su capacidad. Casi la mitad de las personas detenidas se encontraban en prisión preventiva, según estadísticas oficiales.
Derechos de mujeres y niñas
Según datos de 2021 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Honduras tiene la tasa más alta de feminicidios —definido como “el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres”— de América Latina. El Centro de Derechos de Mujeres, una organización no gubernamental hondureña que monitorea informes de medios, contabilizó 317 femicidios entre enero y septiembre de 2023.
El aborto es ilegal en Honduras en todas las circunstancias, y se prevén penas de hasta seis años de prisión para quienes se sometan a abortos y para quienes los practiquen. En marzo, los recién nombrados magistrados de la Corte Suprema confirmaron una sentencia anterior que rechazaba el argumento de que la prohibición era inconstitucional.
En marzo, el Congreso aprobó una ley que promovía y garantizaba la educación sexual integral para prevenir los embarazos adolescentes. Tras una fuerte reacción de grupos conservadores, la presidenta Castro anunció en julioque había vetado la ley.
En marzo, la presidenta Castro firmó un decreto ejecutivo que puso fin a la prohibición en el país del uso y la venta de anticoncepción de emergencia.
Migración, asilo y desplazamiento interno
Entre enero y septiembre, el gobierno mexicano reportó que 31,055 hondureños solicitaron asilo en México, sólo superados por los haitianos. Muchas más personas continúan el trayecto hacia los Estados Unidos. Los migrantes enfrentan serios riesgos durante el viaje, incluyendo secuestros, robos y discriminación.
Según el gobierno de Honduras, entre enero y julio 32,727 hondureños, de los cuales un 12% eran niños y niñas, fueron repatriados de forma forzosa, más de la mitad de ellos desde los Estados Unidos y más de un tercio desde México.
Autoridades estadounidenses en Texas reciben a ciudadanos centroamericanos en el avión que los devolvió a sus países.
Entre enero y septiembre, 340,611 migrantes ingresaron a Honduras sin la documentación adecuada o sin seguir los procedimientos establecidos, más que en todo 2022. Más del 45% de ellos eran venezolanos, seguidos de cubanos, ecuatorianos y haitianos, cada uno representando más del 10% del total.
En marzo, la presidenta Castro promulgó una ley para reforzar la ayuda gubernamental a las comunidades e individuos víctimas de desplazamiento interno. La violencia de pandillas y las violaciones de derechos humanos causaron el desplazamiento interno de unas 191,000 personas entre 2004 y 2018, según los últimos datos más completos del gobierno.
Orientación sexual e identidad de género
Las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) en Honduras continúan sufriendo un alto grado de violencia y discriminación en todos los aspectos de su vida, lo que empuja a algunas a abandonar el país. Cattrachas, una organización hondureña que monitorea información publicada por medios de comunicación, contabilizó 40 asesinatos por orientación sexual e identidad de género entre enero y octubre de 2023.
Marcha por los derechos LGBTIQ+ en Honduras.
Honduras ha incumplido medidas clave que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó en un fallo de 2021 por el asesinato durante el golpe militar de 2009 de Vicky Hernández, una mujer transgénero. Las medidas incluían la creación de un protocolo de investigación penal para casos motivados por prejuicios anti-LGBT y de un procedimiento mediante el cual las personas trans pudieran cambiar su nombre y género en documentos oficiales para reflejar su identidad de género. A octubre de 2023, ni el protocolo ni el procedimiento se habían creado.
Derechos de personas con discapacidad
Las deficiencias en la infraestructura pública, las dificultades para acceder a un puesto de trabajo, el maltrato en los servicios de transporte público y el escaso acceso a información forman parte de las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en Honduras, según un informe de la Defensoría del Pueblo de 2022, que estima que el 14 % de los hondureños tiene algún tipo de discapacidad física, sensorial, intelectual o psicosocial.
Actores internacionales clave
En marzo, Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y apoyó la política de “una sola China”, que sostiene que Taiwán es una parte inalienable de la República Popular China. Honduras y China acordaron que Honduras participaría en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un proyecto de un billón de dólares para impulsar la inversión china y promover sus intereses en materia de política exterior.
Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Honduras mantuvo una postura vacilante con respecto a los derechos humanos en 2023. Se abstuvo de votar una resolución para prorrogar el mandato de un grupo de expertos de la ONU que investiga violaciones sistemáticas de los derechos en Nicaragua, así como también para renovar los mandatos de los relatores especiales sobre la situación de derechos humanos en Rusia y en Bielorrusia. Por otro lado, votó a favor de renovar los mandatos de un grupo de expertos de la ONU que investiga abusos en Siria y del relator especial sobre la situación de derechos humanos en Irán.
Historias de mujeres en defensa del territorio, machismo, discriminación y lucha. Criminalización, afectación de la familia y el tremendo esfuerzo de cumplir con las labores de cuidado y también representar a su comunidad.
En dieciocho años desde que empezó a funcionar el proyecto minero Las Bambas, mucho se ha escrito sobre los problemas ambientales y sociales que rodean al proyecto. Esta vez son las mujeres las que tienen la palabra para contar cómo una de las minas de cobre más grandes y productivas del Perú tiene un tremendo impacto en sus vidas.
En la primera parte de este reportaje, conocimos las historias de Virginia y Lizbeth, dos mujeres luchadoras que representan la fuerza y el liderazgo de la población femenina de Las Bambas. En esta segunda entrega, conoceremos más sobre aquellas mujeres que son el rostro de la protesta social alrededor del proyecto Minero Las Bambas. En los comités de defensa ambiental y en las comunidades, muchas mujeres dirigentes han cumplido un rol fundamental en la lucha.
Ellas cuentan su historia.
Madres en solitario: la viudez
Isaura, Agustina y Antonia son viudas del conflicto social. Sus esposos son los fallecidos que se cuentan en la historia del desarrollo del proyecto minero Las Bambas. Ellos murieron en enfrentamientos con la policía en las protestas que se desarrollaron luego de los cambios en los Estudios de Impacto Ambiental.
Isaura Soti tiene 29 años, su esposo murió en 2015. Cuando sucedió, ella tenía una hija pequeña y una en el vientre. Han pasado casi ocho años, pero el día en que la muerte partió su vida en dos, está marcado en su memoria de forma indeleble. “Mi esposo fue a la protesta, era en principio por el paso de los camiones. Yo estaba embarazada y él no me avisó. Yo me enteré porque mi papá había ido a la protesta y vino a las siete de la noche y, llorando, me dijo. Cuando regresé me sentía como borracha, no sabía lo que pasaba”. Fue como una de esas escenas del cine en las que la protagonista deambula y el entorno es borroso e inaudible. “Me quedé viuda, embarazada y mi hija mayor estaba bien chiquita. Fue mi mamá la que me tuvo que ayudar con todo”.
Con la muerte de su esposo Alberto, Isaura se enfrentó a la realidad. No sabía leer, ni escribir, ni conocía oficio que le permitiera trabajar para mantener a sus hijas: “Yo como mujer me dedicaba a la casa, a cuidar a los hijos, cuando él muere tuve que vender los animalitos que quedaban, mis suegros no me dieron nada, solo mis padres me ayudaron. Ser madre soltera en la comunidad es muy difícil, no sabía trabajar, no tenía dinero, la platita no alcanza, las niñas crecen y crecen, y no hay para comprarles nada”.
Isaura dice que lo principal que quiere para sus hijas es que no sean como ella, que como ya tiene experiencia sabe que es importante estudiar, que va tratar de siempre estar cerca de ellas. “Yo también me tengo que sacrificar por mis hijas”, aunque confiesa que su actual esposo no acepta vivir con sus hijas.
“Su esposo actual no acepta a las niñas, nosotros nos hemos hecho cargo de las pequeñitas, ¿con quién van a estar? con nosotros. Ella no podía quedarse sola, es muy difícil estar sola en la comunidad”, relata el padre de Isaura y ella agrega: “Es muy triste que una mujer se quede solo con dos niñas, sin saber trabajar”.
Cuando fuimos a buscar a Agustina al distrito de Mara para concretar nuestra entrevista la encontramos en una actividad comunal del pueblo. Son esas actividades a las que se debe asistir de lo contrario pueden imponerles una multa. Con su bebé en la espalda pudo darnos unos minutos para contar su historia. Y aunque entiende y habla el español, es en su lengua materna -el quechua- en la que puede expresar sus emociones. Agustina prefiere darnos la entrevista en quechua. “Mi esposo fue a la protesta con los compañeros y regresó en un cajón. Él no estaba enfermo, no tenía nada, estaba sano y bueno ha ido y regresó así, en un cajón, yo no entiendo”. Agustina ya no llora, “seguro me olvidé cómo llorar ya”, reflexiona.
Cuando era niña Agustina tenía ilusión por ir al colegio pero su padre murió cuando era pequeña y eso nunca ocurrió. ”Mi mamá no sabía ni leer ni su nombre. Yo tenía que ayudarla, no había tiempo para el colegio tampoco”. No hubo tiempo para el colegio y tampoco para pensar en lo que querría hacer con su vida, Agustina se casó y tuvo hijos antes de ser mayor de edad. “Yo no he sabido cómo trabajar, me sentía perdida cuando me quedé viuda. Solo sabía cuidar a los animales y a los niños”
“Yo quiero que mis hijos estudien para que puedan tener mejores trabajos, yo no he sabido ni escribir, no quiero eso para ellos, quiero que sean mejores, ojalá sean profesionales”, dice mientras algo oscurece -sin remedio- su mirada. Ella añade “no quiero que sean como yo”, aunque ella sabe que todas esas cosas que no hizo fue porque estaban muy lejos de sus manos. Las enormes brechas de acceso a la educación que hay en el Perú, por ejemplo, se hacen infranqueables para las mujeres en casos como el suyo.
“Mi esposo me iba ayudar porque él sí sabía escribir y leer, yo ni eso, porque mi mamá me crió sola y ella tampoco sabía nada, y así yo no quiero que siga eso con mis hijos. Mi orgullo es que tres de mis hijos ya acabaron la secundaria y eso es un montón. Pero me falta su universidad, ojalá que se pueda”.
Antonia es quechuahablante, pero entiende el español perfectamente. Cuando llegamos a su casa la encontramos recortando la hierba con una hoz. La primera pregunta fue sobre su esposo y su rostro cambió de inmediato. “He sufrido mucho. Yo nunca pensé…Tampoco supe nunca lo que era estar sola, no entendía lo que era trabajar ni qué hacer,” recuerda.
Por sus hijos, Antonia se mantuvo en pie y aprendió a llevar sola su casa. Aunque poco a poco tuvo que ir vendiendo sus animales para cumplir con la más importante misión: educarlos. “Yo quería que mi hija estudie y por eso ha ido a Lima, aquí no ha podido entrar a la universidad.” Fue difícil entender que su hija había decidido irse lejos pero era una decisión, hacer lo necesario para que el camino de su pequeña fuera distinto al suyo. Las cifras del Ministerio de Educación indican que más del 5% de la población es analfabeta y según UNESCO más del 70% -de ese porcentaje- son mujeres. Por cada hombre analfabeto hay tres mujeres en nuestro país. “Cuando yo era niña casi ninguna chica iba al colegio. Yo ni un día he ido a la escuela. Me hubiera gustado estudiar”
La muerte de su esposo expuso a Antonia a percibir la realidad como nunca antes le había ocurrido. “Cuando yo me quedé viuda me di cuenta que no tratan bien a las mujeres, más cuando están solas. Siempre nos dejan atrás”. El Estado invisible y la comunidad muchas veces mirando con recelo a una viuda. Antonia decidió no volver a casarse, decidió resistir, decidió aprender a llevar su casa y encaminar a sus hijos para que estudien en la universidad. Reiteró que su “hija está en Lima y quiero que estudie, que gane su platita. Ya no va ser dominada por otros. Quiero que su vida sea diferente”.
Antonia nació en la década de 1970 y aunque sabe que la vida en el campo sigue siendo dura para las mujeres, también reconoce que algo está cambiando finalmente. “¿Ha cambiado en algo el machismo en la comunidad?” -se pregunta a ella misma- “Solo un poquito. Al menos un poquito. Los jóvenes han cambiado un poco y parece que si hay un poco más de respeto para las mujeres”.
Happy Together (1997) del director hongkonés Wong Kar-Wai y ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes narra la historia de dos jóvenes homosexuales hongkoneses que deciden emigrar hacia la caótica Argentina de los años noventa con la promesa de visitar la cataratas de Iguazú y así salvar su relación.
Buenos Aires, un auto varado, Iguazú y una única oportunidad para volver a empezar. Con estas palabras podríamos resumir el inicio de la película «Happy Together» (1997) de Wong Kar Wai. Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes esta película sumerge al espectador en un viaje nostálgico en la qué dos inmigrantes hongkoneses deciden viajar a Argentina para recomenzar su relación amorosa, qué como veremos está marcada por la dependencia emocional y el constante abandono de uno de ellos. Es precisamente el abandono y la ausencia el motivo de este viaje hacia Argentina en donde nuevamente ambos amantes se separarán. y tomarán caminos diferentes para poder sobrevivir en la caótica Buenos Aires de finales de los años noventa. Con la promesa de quizá, volver a ser felices juntos nuevamente.
En este film se confrontan la ausencia y la dependencia, desencadenando un viaje que se convierte en un acto político en un entorno machista que replica las dinámicas de violencia de su ciudad natal. La película desafía los convencionalismos narrativos occidentales y presenta sujetos complejos, cuya condición de migrantes afecta su vivencia de la sexualidad, como lo ejemplifica Po Win al refugiarse en la prostitución para sobrevivir. En tiempos donde la individualidad de los espacios, sujetos y emocionadas se encuentran sofocadas bajo el peso de la globalización, esta película demuestra qué el contexto, es decir, el pasado de una persona puede servir como una forma de resistencia simbólica frente a la diáspora del sujeto migrante que se enfrenta a nuevos códigos culturales de otro país.
Audrey Yue, investigadora de la Universidad de Singapur, usa el términoQueer Asian (inmigrants) para definir una dinámica de contextos locales específicos y discursos aparentemente subalternos. Es precisamente esta crítica la qué adapta Audrey Yue para proponer el término Queer (N) Asian el cual conecta con un nuevo horizonte qué críticamente desplaza las nociones aparentemente fijas de lo queer y lo asiático. Incluso, Yue sugiere qué el término produce una identidad queer asiática transnacional qué irrumpe con esa identidad post-Stonewall anglosajona la cual fue propuesta como un modelo narrativo para una identidad sexual queer. Es con estas características e influencias de lo Queer (N) Asian en las qué precisamente Happy Together transita. La intertextualidad entre la ciudad de Hong Kong y Argentina, así como la resistencia a un pink ending, tan particularmente registrado como parte del engranaje de los productos occidentales culturales.
Entre los fragmentos de ausencia: Yiu – Fai y Po-Wing
La primera vez que uno ve Happy Together no puede resistirse a su irresistible atracción, la combinación de la música y la riqueza de las imágenes. Cautiva profundamente, especialmente por su representación de Buenos Aires. La película nos sumerge en las dificultades que enfrentan Lai Yiu-Fai, interpretado por Tony Leung Chiu-Wai, y Ho Po-Wing, interpretado por Leslie Cheung, como una pareja gay de Hong Kong viviendo como expatriados en Buenos Aires.
La película se presenta como un collage de diversas situaciones y contextos, un mosaico de piezas que, de alguna manera, se conectan pero nunca se fusionan completamente. La primera parte se enfoca en el inevitable final de la relación de pareja entre Yiu-Fai y Po-Wing. En la segunda mitad, entra en escena un nuevo personaje: Chang, interpretado por Chang Chen, quien se convierte en amigo de Yiu-Fai. Mientras Yiu-Fai trabaja en diversos empleos con el objetivo de ahorrar lo suficiente para regresar a Hong Kong, Po-Wing se ve obligado a prostituirse como acompañante gay para mantenerse a sí mismo en las calles de Buenos Aires. Por otro lado, Yiu-Fai conseguirá trabajos en lugares predominantemente masculinos, como el matadero y el chifa, sin embargo esto refuerza la complejidad de definirse como migrante y sujeto queer. Yiu-Fai performa una personalidad de tipo duro, pero es quizás quien más en el fondo ha sentido el abandono, no solo de su amante, sino también de su patría pues para viajar a Buenos Aires tuvo qué robarle a su padre.
Ambos personajes son muy duros en el trato qué se dan uno a otro, sin embargo las voces en off revelan personalidades frágiles internas marcadas por el abandono, manifestándose en actos violentos como una forma de procesar sus emociones. La relación entre ellos, aunque llena de amor, se revela como perjudicial para ambos en el contexto del siglo XXI, caracterizado por la soledad y la agitación. En medio de esta dinámica, las historias de Yiu-Fai, Po-Wing y Chang se entremezclan en maneras diferentes y específicas, especialmente cuando desafían el marco heterosexual predominante de un Buenos Aires machista.
Aunque «Happy Together» aborda de manera sutil la cuestión de la homofobia, su presencia es palpable a lo largo de la trama. En una escena impactante, presenciamos a Po-Wing siendo brutalmente golpeado en un baño público, con sus manos y rostro sangrando y huesos rotos. Yiu-Fai lo lleva al hospital y luego a su hogar, donde Po-Wing debe refugiarse para su seguridad. La brevedad de la escena del ataque no disminuye su impacto, y es evidente que uno de los clientes ha perpetrado la violencia, forzando a Po-Wing a esconderse en casa de Yiu-Fai por seguridad.
La película destaca las agresiones físicas contra personas queer, una realidad no tan infrecuente en Buenos Aires. En muchos casos, estos crímenes motivados por el odio resultan en la muerte, y los perpetradores rara vez son identificados o procesados por la policía. «Happy Together» se aparta de las convenciones de las películas convencionales al ofrecer una constante renegociación de identidades transnacionales en una era de globalización. La narrativa presenta una perspectiva única sobre la vida queer al alejarse de los típicos «finales felices», explorando de manera más realista y cruda las complejidades y desafíos que enfrenta la comunidad queer en un contexto global.
Destaca notablemente la importancia de la música en la trama cinematográfica. A lo largo de toda la película se puede escuchar continuamente el tango piazzolla que dramatiza la compleja relación de dependencia qué hay entre los protagonistas. El tango ha sido parte de una cultura en donde se desarrolla bastante la sexualidad y el prototipo de hombre macho, sin embargo la película evoca sus comienzos homoeróticos. Desde un inicio el tango era un baile qué se desarrollaba entre hombres, es recién a partir de 1920 en donde se le permite el ingreso a las mujeres las cuales en su mayoría eran prostitutas. Wong Kar Wai evoca en su película esa raíz homoerótica y lumpen del tango. Primero, con la escena del baile entre ambos protagonistas en la destartalada cocina de la pensión. Luego, en el baile final entre Ho Po Win y un artista de tango. Cabe profundizar otro género musical en la película: la cumbia, esa qué suena cuando Chang y Yei están juntos, se ha convertido ahora en la música de la clase media y representa la apertura de la sociedad hacia el sujeto queer.
En este contexto de diversidad explorada por los aficionados, la escena de la danza entre Yiu-Fan y Chang lleva consigo las marcas inequívocas del homo-deseo. Chang expresa su aversión por las fotografías y, en cambio, le pide a Yiu-Fan que le grabe un mensaje en una grabadora. Mientras Chang se entrega a la danza de la Cumbia, Yiu-Fan comienza a grabar un mensaje que culmina en lágrimas. Posteriormente, Chang acompaña a Yiu-Fan a su habitación, buscando un lugar tranquilo para despedirse.
A diferencia del tono festivo del club de cumbia en su encuentro anterior, la habitación de Yiu-Fan está llena de melancolía. Sin embargo, esta tristeza no tiene nada que ver con la manipulación frustrante que caracterizaba la relación rota entre Yiu-Fan y Po-Wing. Contrariamente a las tensiones y conflictos presentes en la relación anterior, la escena de Yiu-Fan y Chang revela una conexión más auténtica y menos complicada. La tristeza en la habitación no surge de la ruptura de una relación, sino quizás de la inevitabilidad de la despedida entre dos personas que han encontrado un vínculo genuino en medio de sus propias luchas y complejidades personales.
Por Fernanda Canofre; Traducido por Valeria Malavolta para GLOBAL VOICES
Afiches de campaña por una mujer negra en la Corte Suprema aparecieron en 15 capitales brasileñas, con frases como «Mujeres negras al poder» y «Justicia para las mujeres negras en el Tribunal Supremo para ayer».| Imagen: Naetê Andreo/Igniz Filme/Publicity
Los brasileños están llevando a cabo una campaña que abarca desde Nueva Delhi a Times Square para presionar al presidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva a nombrar a la primer mujer negra para un asiento en el Tribunal Supremo.
Entre los 171 jueces en su historia, tres fueron mujeres: la primera, Ellen Gracie, que fue designada recién en 2000.
El siguiente lugar está ahora vacante con la jubilación de otra mujer, la jueza Rosa Weber. Con su salida a comienzos de octubre, solo queda una mujer entre los actuales diez jueces, Carmen Lúcia.
Una encuesta publicada recientemente por el Consejo Nacional de Seguridad (CNJ) mostró que solo el 1,7% de los jueces brasileños se identifica como negro, y el 12,8% se identifica se considera de etnia mixta (pardo, en portugués). Una aplastante mayoría, el 83,8% de los jueces en el país, se identifica como blanco.
«La cantidad de tuits que leo sobre «Joaquim Barbosa es negro y eso es lo que pasó» es extraña. Me pregunto si la gente lee lo que escribe, porque no puede ser posible… pero lo es. Hay mucho racista bueno, «paternalista», preocupado por el «bien» del país... ————- Jueza negra ahora. Queremos una jueza negra en el Supremo Tribunal Federal. Brasil no acepta un juez conservador más. Presionemos al presidente Lula».
Con etiquetas en redes sociales como #MinistraNegraJá (jueza negra ahora) y #PretaMinistra (jueza negra), la campaña busca enviar correos electrónicos al Gobierno federal como forma de presionar a Lula, líder de centro izquierda, para el próximo nombramiento.
Joel Luiz Costa, director del Instituto para la Defensa de la Población Negra (IDPN), una de las organizaciones involucradas en la campaña, dijo al portal de noticias G1:
«Es importante que avancemos en el entendimiento de la democracia en Brasil. Es imposible sostener que vivimos en total democracia cuando la comunidad negra, que representa al 56% del país y las mujeres negras, que son el 28% de la población nacional, jamás han sido representadas por una mujer negra en el Supremo Tribunal Federal en 132 años».
La decisión de Lula
En junio, cuando quedó libre otro asiento, Lula nombró a Cristiano Zanin como juez. Zanin, hombre blanco, fue el fiscal responsable de defender al actual presidente en el caso de corrupción conocido como Operación Lava Jato.
Lula fue condenado y encarcelado por más de un año, pero la sentencia fue luego anulada por el Supremo Tribunal, la mayoría de los jueces afirmó que el caso no debería haber avanzado en la primera instancia legal como avanzó.
Esto aumentó la presión sobre Lula para tener una designación más progresiva y diversa en la segunda banca libre.
Aunque el presidente no ha expresado públicamente sobre su decisión aún, no hay ninguna mujer mencionada entre las favoritas hasta el momento, según la prensa brasileña.
A finales de septiembre, al acercarse la decisión, Lula declaró que el criterio para su elección no estaría basado en el género o en la raza, y que esto no debería seguir cuestionándose. «Elegiré a alguien que pueda entender las expectativas de Brasil, que pueda servir a Brasil y que respete a las sociedad brasileña», manifestó.
El rastro de la campaña
El comediante Gregorio Duvivier, que apoyó a Lula en las elecciones pero criticó la designación de Zanin, hizo énfasis en su programa de HBO, Greg News, la importancia de sopesar la opciones.
Duvivier ha sido atacado por impulsar la campaña por una jueza negra, y recuerda la lista de tres candidatas propuesta por el movimiento Mulheres Negras Decidem (Mujeres negras deciden), que le pidieron a Lula reunirse para tomar un café. Las candidatas son: la jueza Adriana Cruz, la fiscal Livia Sant’Anna Vaz, y la abogada Soraia Mendes.
El teólogo y activista Ronilso Pacheco escribió en un articulo publicado por The Intercept Brasil que la discusión ahora está más concentrada en el acceso a las posiciones de poder y menos en la diversidad en si misma, lo que hace notar que Lula será recordado por no designar a una mujer negra para el Supremo Tribunal.
En el periódico Folha de S. Paulo, el columnista Celso Rocha de Barros, autor de »PT, una historia» (libro acerca de la historia del partido de Lula), argumenta que la razón por la cual algunos políticos de izquierda evitan las críticas dirigidas a Lula y al actual gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) puede deberse al miedo de encontrarse parte de la oleada contra el PT, como aquellos que protestaban en 2013. Pero destaca que la demanda del movimiento negro debería pesar más en esta situación:
«Simplemente no hay suficientes personas negras en los círculos legales en los que se insertan los presidentes brasileños, así que cuando se alza la pregunta: «¿a quién puedo designar que sea cercano a mí?», no viene el nombre de un hombre o mujer negro a la mente.
(…)
Una de las razones para luchar por la representatividad es neutralizar aquellos mecanismos que hoy crean subrepresentación y la perpetúan para el día de mañana»
El sitio web de la campaña destaca:
«Tener una jueza negra en el Supremo Tribunal es esencial para avanzar en la tan necesaria transformación del sistema de justicia brasileño, no solo por la importancia de ver representación en la esferas de poder, sino para que las estructuras en las que se aplica la justicia cambien. Y no hay mejor momento para avanzar que cuando hay un gobierno progresista. Pero esta batalla no ha terminado».
En el marco del Día Internacional de la Niña, a partir de este 11 de octubre el Movimiento latinoamericano Son Niñas, No Madres, conformado por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos como Planned Parenthood Global, el Centro de Derechos Reproductivos, Amnistía Internacional, el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Surkuna, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) y Mujeres Transformando el Mundo (MTM), invita a todas las personas a sumar su firma en la firmatón “Son Niñas, No Madres”, a favor de la defensa de los derechos de las niñas en América Latina y el Caribe.
Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad y a los gobiernos acerca de la imperiosa necesidad de proteger a las niñas en la región y garantizar su acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluyendo el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en un contexto marcado por alarmantes tasas de violencia sexual y embarazos infantiles como resultado de esa violencia.
“Queremos que seamos millones de personas firmando y así mostrar que si unimos nuestras voces somos más fuertes, y que la suma de todas estas firmas, que son demostraciones de solidaridad, también puede hacer resonar más fuerte el clamor de las miles de niñas que cada año ven truncada su infancia por una maternidad forzada, y a las cuales los Estados les deben proporcionar opciones concretas derivadas de políticas y programas de protección, para que superen la violencia y retomen su proyecto de vida”, explican las voceras del Movimiento Son Niñas, No Madres.
América Latina y el Caribe enfrenta un desafío alarmante: es la segunda región en el mundo con las tasas más altas de partos de niñas menores de 15 años, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2022). De acuerdo con estimaciones de la misma entidad, 5 de cada 100 niñas se convirtieron en madres en 2021.
Esta preocupante realidad se ve agravada por la escasez de servicios de salud sexual y salud reproductiva que sean accesibles para las niñas, y por otros factores como la falta de reconocimiento de las niñas como sujetas de derecho, capaces de tomar las mejores decisiones para su presente y futuro.
Además, América Latina y el Caribe tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas del mundo: 7 países lo prohíben totalmente (El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Jamaica y Surinam), y esa falta de opciones es también una manera de forzar a las niñas a la maternidad. Para seguir concientizando a toda la sociedad sobre esta grave problemática y alzar la voz por los derechos reproductivos de las niñas, el Movimiento Son Niñas, No Madres invita a hacer parte de la firmatón homónima a la cual pueden acceder a través de http://ninasnomadres.org/sumatufirma hasta el 30 de enero de 2024.
“Con esta firmatón queremos elevar la voz por las niñas, para que sus derechos sean plenamente respetados, y queremos que estas rúbricas se conviertan en un llamado colectivo a los Estados de la región para que tomen medidas inmediatas que permitan que las niñas sobrevivientes de violencia sexual no se vean forzadas a continuar con los embarazos que son resultado de esa violencia. Estas medidas van desde la promoción de la Educación Sexual Integral, la inversión en sistemas de protección que se centren en las necesidades de las niñas, hasta garantizar que tengan la opción de acceder a la interrupción del embarazo en condiciones legales y dignas. Todos estos elementos pueden devolver a las niñas la capacidad de soñar y forjar un futuro más prometedor”, afirma Marianny Sánchez, directora de Comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global, una de las organizaciones fundadoras del Movimiento Son Niñas, No Madres.
Las niñas deberían estar en, en los parques donde pueden jugar, las aulas de clase en hogares seguros en los que se las respete y cuide. Obligar a una niña a mantener un embarazo que afecta su salud física, mental y social equivale a privarla de su niñez de manera permanente. Es por esta razón que el Movimiento Son Niñas, No Madres persiste en su labor de buscar oportunidades y herramientas que permitan a las niñas gozar de sus derechos reproductivos, y construir su propio futuro.
En el proceso de hacer visible esta realidad, y avanzar hacia la construcción de un mundo libre de violencias para las niñas, entre 2019 y 2020, el Movimiento Son Niñas, No Madres presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas los casos de Norma (Ecuador), Fátima (Guatemala), Susana (Nicaragua) y Lucía (Nicaragua), quienes fueron víctimas de violencia sexual y tuvieron que llevar a término embarazos que no deseaban, y ante el Comité de los Derechos del Niño el caso de Camila (Perú), que luego de sufrir un aborto espontáneo fue criminalizada por las autoridades y pasó de ser víctima a victimaria.
Hasta ahora solo el caso de Camila ha sido decidido, y obtuvo un histórico dictamen el pasado mes de junio de 2023, en el que se instó al Estado peruano a despenalizar elaborto en todos los casos de embarazo infantil.
«Con esta firmatón queremos ampliar el alcance de las acciones legales que hemos tomado, buscando que las niñas puedan acceder a justicia. Esta lucha es para que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales de asegurar una protección especial a la niñez y comprendan que eso también pasa por la garantía de acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción voluntaria del embarazo», señaló Carmen Cecilia Martínez, directora asociada de Estrategias Legales para América Latina y el Caribe, del Centro de Derechos Reproductivos.
Ahora más que nunca es hora de seguir alzando la voz por ellas y por todas.
Para obtener más información y unirse a la firmatón “Son Niñas, No Madres”, a favor de los derechos de las niñas, visite https://www.ninasnomadres.org
Conoce más de los casos con el pódcast ‘Son Niñas, No Madres’:
*Sobre el Movimiento ‘Son Niñas, No Madres’: Son Niñas, No Madres es un movimiento regional a favor de los derechos de las niñas latinoamericanas, que ha liderado el innovador litigio estratégico de los casos de Norma, Fátima, Susana y Lucía ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y el caso de Camila ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, para evitar que se siga forzando a las niñas a ser madres, y generar las reparaciones correspondientes. Busca informar sobre las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en las niñas. Son Niñas, No Madres hoy suma a más de una decena de organizaciones de toda la región, para asegurar que todas las niñas puedan crecer sanas, fuertes y seguras, y puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su salud y su futuro.
En Honduras el aborto está penalizado en todas sus formas desde 1982, antes de este año el aborto terapéutico estaba permitido. Desde ese momento y hasta ahora las mujeres se enfrentan constantemente a vulneraciones de sus derechos sexuales y reproductivos.
En el 2021, se reformó el artículo 67 de la Constitución de la República, blindando la prohibición absoluta del aborto. Esta reforma tiene como objetivo impedir que el aborto pueda ser legalizado en un futuro.
El Centro de Derechos de Mujeres estima que en el país hondureño ocurren entre 50,749 y 82,135 abortos de manera anual. Es evidente que la penalización del aborto no impide que las mujeres aborten, sino que las orilla a hacerlo de manera insegura, exponiéndose a ser encarceladas. Una pena por aborto puede ser desde tres a seis años de prisión. La misma pena se aplica para los abortos espontáneos.
La negación del aborto se puede traducir en tortura. Esta situación se ve agudizada debido a que Honduras es un país con altas cifras de violencia sexual. El Centro de Derechos de Mujeres indica que cada día 8 mujeres denuncian una agresión sexual. Sin embargo, esta cifra podría ser mayor debido a la desactualización de información en los mismos entes públicos. Además, es importante tomar en cuenta que no todos los casos de agresión sexual son denunciados.
A pesar de este contexto, que muchas veces puede ser desalentador, existe la posibilidad de que Honduras tenga un amanecer verde. Según un estudio de opinión realizado por la plataforma Somos Muchas, espacio enfocado en la defensa del Derecho a Decidir en este país, la población hondureña está a favor del acceso al aborto bajo tres causales.
Encuentro Nacional por el Derecho a Decidir
Por primera vez en el año 2017 el Congreso Nacional de Honduras decidió debatir de forma pública la posibilidad de despenalizar el aborto bajo las mismas tres causales. En ese contexto es que Somos Muchas reconoce el trabajo para llegar a ese cambio legal. Así surge, en el año 2018, el primer Encuentro Nacional por el Derecho a Decidir, un espacio para encontrarse, abrazarse y sentir que la lucha por el Derecho a Decidir estaba más viva que nunca.
Desde ese entonces y hasta ahora en el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, se desarrolla de manera anual el Encuentro Nacional por el Derecho a Decidir. Tiene como objetivo el fortalecimiento de las alianzas feministas por la despenalización social de la apuesta política por el Derecho a Decidir.
En un país donde el aborto está absolutamente penalizado la realización del Encuentro es un riesgo para cada persona involucrada, porque puede ser objeto de persecución y criminalización. Sin embargo, uno de los principales criterios para desarrollar la jornada y garantizar la integridad y la libertad de cada una de las personas presentes es la seguridad.
Para Neesa Medina, integrante de Somos Muchas, su lucha por el Derecho a Decidir es sostenida desde la alegría y el merecer vivir en un país donde cada embarazo y maternidad sea deseada, donde las personas que tienen abortos espontáneos sean acompañadas y no juzgadas, donde exista la posibilidad de soñarse libres y felices. Para ella, abrir la conversación sobre el aborto conlleva a la interpelación y el cuestionamiento sobre las maternidades, vista desde la decisión y no por obligación. En sus palabras: “Defender el derecho a decidir es defender la alegría, el amor y las familias felices”.
Hace un año, Dariela Portillo, integrante de Somos Muchas, espera de manera entusiasta el Encuentro Nacional por el Derecho a Decidir. Menciona que la emoción, el acompañamiento y la construcción en colectivo del primer encuentro en el que participó le dio la posibilidad de ser y estar, sentirse parte y saber que hay otras personas que comparten sus mismas luchas.
“El Encuentro me reafirmó que no todo está perdido, que juntas podemos y que si seguimos juntas vamos a lograr esa libertad que tanto anhelamos, porque el Encuentro Nacional por el Derecho a Decidir es una recarga de esperanza”, expresó.
La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito es una deuda con generaciones pasadas, pero también es una promesa con las generaciones presentes y futuras. El encuentro es una oportunidad para cambiar la realidad actual y la vida de miles de niñas y mujeres hondureñas, quienes tienen derecho a elegir sobre sus cuerpos, sin ser obligadas a ser madres, a vivir libres de violencia y a tener condiciones dignas para su desarrollo.
